Micaela Judith Pizaña Aragón

Expediente 2386/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2386/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Micaela Judith Pizaña Aragón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Visto el estado de los autos, de los que se advierte que las autoridades responsables no han dado total cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, de la cual el efecto es el siguiente: "a) Las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias deberán brindar la atención médica completa e integral que requiere la parte quejosa, proporcionando los medicamentos e insumos asociados a su padecimiento; en el entendido que deberá llevar a cabo las acciones necesarias para su tratamiento, de manera oportuna y eficaz, lo anterior durante el tiempo y con la periodicidad que indique el médico tratante; incluso de ser necesario, en forma subrogada. b) Garantizar que la parte quejosa continúe recibiendo la atención médica, tratamiento, medicamentos e insumos que requiere por lo que respecta a los padecimientos sufridos y aquellos que deriven del mismo; incluso de forma subrogada, y la cual deberá ser acorde a los criterios sustentados por el Alto Tribunal, esto es, deben garantizarse de forma oportuna, permanente y constante. En el entendido que para efectos de cumplimiento de esta sentencia, se centrará en que le sean proporcionados los medicamentos recetados por el médico tratante, así como que siga recibiendo sus tratamientos y terapias de rehabilitación por la fractura de tibia derecha que sufrió y con motivo de la cirugía que le fue practicada. c) Por último, con las constancias justificativas respectivas, deberán informar a este órgano de control constitucional las gestiones realizadas para lograr el cumplimiento del fallo concesorio. Sin que lo anterior, exima a las autoridades responsables de continuar brindando la atención médica de manera debida para la atención de la enfermedad que padece el quejoso, pues de lo contrario, se incurriría en la repetición del acto reclamado previsto en los numerales 199 y 200 de la Ley de Amparo, el cual prevé sanción penal y separación del cargo del titular de la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. LXVIII/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, (registro: 165826), que dice: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4º.| de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica." En consecuencia, con apoyo en el último párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiéraseles, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, den cumplimento a la sentencia concesoria de amparo o bien informe las gestiones que están realizando fin de dar cumplimiento a la misma. Apercibidas que de no hacerlo así, en el lapso señalado para ello, se procederá conforme lo estatuye el artículo 193 Ley de Amparo y se les impondrá, a cada una, en vía de apremio, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, glósese al sumario el escrito signado por el quejoso, y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en el párrafo precedente. Notifíquese.

  2. Incidental

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas en este juicio interpusieran recurso de revisión contra la sentencia por la se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA. Requerimiento de cumplimiento Por tanto, con apoyo en el último párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, como se encuentra indicado en el fallo respectivo requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia ejecutoria, en los siguientes términos: "a) Brinden la atención médica completa e integral que requiere la parte quejosa, en el entendido que deberán llevar a cabo las acciones necesarias para aplicar el tratamiento que resulte necesario para su padecimiento, de manera oportuna y eficaz. b) Garanticen que la parte quejosa continúe recibiendo la atención médica, tratamiento, medicamentos e insumos, e intervenciones quirúrgicas que requiere por lo que respecta al diagnóstico sufrido y aquellos que deriven del mismo, con un trato preferencial y un enfoque integral para su protección, precisamente en función de su situación vulnerable, En caso de que las autoridades responsables, no cuente con la infraestructura y personal necesarios para tales efectos, deberá subrogar dicho servicio médico en una clínica pública o particular." Por ende, de incumplir las autoridades responsables sin causa justificada en los términos ya indicados (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a su titular una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se requiere a superior jerárquico. De igual manera, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con asiento la Ciudad de México, en su calidad de superior jerárquico de las referidas autoridades, para que las requiera a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias que acrediten el requerimiento realizado a sus subordinadas, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia estableció los lineamientos bajo los cuales se debe requerir a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables para lograr el cumplimiento de las sentencias definitivas, a saber: - Que el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo es oficioso, lo que implica que la labor de la persona juzgadora de amparo debe ir más allá que una mera expectación de lo que informen las autoridades responsables, las vinculadas al cumplimiento y sus superiores jerárquicos, sino que merece una actitud proactiva que conduzca al eficaz cumplimiento de lo ordenado en la ejecutoria. - Que resulta insuficiente que la autoridad superior jerárquica de la responsable manifieste que giró oficio para instarles a cumplir con la ejecutoria de amparo, pues debe acreditar que ejerció verdaderamente sus facultades como superior jerárquica para vencer la renuencia. - Que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance como la imposición de medidas de apremio de índole interno y disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del Juzgado de Distrito en el cumplimiento, a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario, la persona juzgadora de amparo, debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica, y por tanto acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. - Lo anterior, porque el régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo conduce a considerar que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. Por tanto, su actuación debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a/J 58/2008 y tesis P. CLXXV/2000 de la Primera Sala y Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro Digital 169286 y 190902, que establecen: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO. Para que en los incidentes de inejecución se actualice la sanción establecida en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario agotar previamente el procedimiento previsto en la Ley de Amparo; de manera que si al examinar de oficio el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se verifica que se requirió al superior jerárquico de las autoridades responsables a fin de conminarlo, al igual que a éstas, a dar cumplimiento a la sentencia de garantías, pero no han llevado a cabo todas las diligencias necesarias dentro del ámbito de sus facultades legales para hacerlo, es evidente que han incurrido en contumacia, retrasando el debido cumplimiento, por lo que debe estarse a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual dispone que las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo. En ese sentido, el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin enterarlo de que uno de sus subordinados ha incumplido con una sentencia de amparo y se concrete únicamente a enviarle una comunicación en la que le solicite obedezca el fallo federal, sino que el requerimiento de que se trata debe involucrar a tal grado al superior, que si la sentencia no se cumple, procede separarlo de su cargo y consignar los hechos directamente ante el juez de distrito que corresponda, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 105 y 107 de la Ley de Amparo. De ahí que un requerimiento de esa naturaleza, tiene por efecto que el superior jerárquico quede vinculado con las responsables a fin de hacer uso de todos los medios legales a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda hacer e imponer, para conseguir el cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del juez federal." "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer." Apercibimiento. Se apercibe que de no hacerlo en el plazo de tres días, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se aplicará en su contra una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, que de una búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que en dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se recibió la promoción remitida por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, sin que la misma se haya registrado por parte de la Oficialía de Partes de este Juzgado. En consecuencia, se conmina a la oficial de partes adscrita de este Juzgado, a efecto de que bajo su más estricta responsabilidad, desempeñe las funciones a su cargo de manera diligente. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, son residencia en esta ciudad, y en atención a lo que solicita, en obvio de mayores dilaciones procesales, remítase el legajo de pruebas formado por separado en un tomo en el presente juicio. Notifíquese.

  4. Incidental

    Se notifica por medio de lista el auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés a la parte quejosa que en lo conducente dice: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que el quejoso no hizo manifestación alguna respecto de la vista concedida en auto del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Efectos de la sentencia definitiva. El veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: ".( Dentro del plazo legal, sustancie la solicitud de prórroga de derechos de título, presentada por el quejoso el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, a la cual se le asignó el número de expediente administrativo ******************** En caso de que la petición sea improcedente, deberá notificar personalmente a la parte quejosa tal determinación. ( Si la solicitud resulta procedente, deberá turnar la autorización respectiva a la autoridad competente ." Para lo cual, una vez que la autoridad Registral provea lo conducente respecto y en su caso, deberá remitir la información respectiva a la Dirección Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad a fin de notificar personalmente al aquí quejoso la resolución que recaiga, con lo cual se tendrá por cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo. En el entendido de que deberán remitir constancias que acrediten lo anterior a este órgano de control constitucional. sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que respecto a la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México, no haya sido designada como autoridad responsable virtud a que está obligada en su carácter de ejecutora a cumplir la sentencia de amparo Causa ejecutoria. El veintisiete de abril de dos mil veintitrés la sentencia de mérito causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Cumplimiento. Mediante oficio BOO.906.00.1.-3321, el Director Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la Resolución dictada el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés en el expediente administrativo ********************por el que declaró procedente la solicitud de prórroga del título de concesión ********************, la notificación electrónica, así como la inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua. En consecuencia, al apreciarse por parte de este órgano jurisdiccional que al llevar a cabo lo anterior, la responsable no incurrió en exceso o defecto, ni tampoco existió imposibilidad para su cumplimiento, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ******************** se acuerda lo siguiente. Conservación íntegra del expediente principal, Transfiérase una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: [.] III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: a) Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional;". Una vez cumplido el término a que se refiere la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Además, se precisa que en el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua · 16,277 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano