Micaela Bautista Sotelo

Expediente 7/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
7/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
08/06/2016

Partes del expediente

  • Micaela Bautista Sotelo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a las partes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de seis de mayo de dos mil dieciséis (fojas 70 a 72), en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizaran manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196 párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. En cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración, después de transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo; por tanto, se ordena que previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte tercero interesado no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el once de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de seis de mayo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, por conducto de su Presidenta, informó el cumplimiento al fallo protector; por lo que, en acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciséis (fojas 65 y 66), se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados por el término de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Ahora, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, feneció el plazo de tres días concedido a las partes para que realizaran manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo que dio la autoridad responsable, por lo que este Juzgado Federal procede a pronunciarse de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, marzo de 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese contexto, se hace relación de los antecedentes correspondientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo: El diecisiete de marzo de dos mil dieciséis (fojas 36 a 44), se dictó sentencia definitiva, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Micaela Bautista Sotelo, para los efectos siguientes: 1. De inmediato distribuya entre cada uno de los miembros de la Junta el proyecto de laudo elaborado, otorgándoles un término de cinco días en el cual, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad; 1.1 En caso de que se hubiera solicitado la práctica de diligencias por alguno de los miembros de la Junta, ésta, con citación a las partes, señalará día y hora para su desahogo, ello dentro de un plazo de ocho días; 2. Transcurrido el término de cinco días concedido a los integrantes de la Junta o, el correspondiente al desahogo de las diligencias solicitadas, el Presidente de la Junta citará a una audiencia para la discusión y votación del proyecto de laudo, la cual se deberá realizar dentro de los diez días siguientes, en la que se fallará el asunto." En proveído de doce de abril del año en curso (fojas 50 y 51), se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo a la autoridad responsable. Por oficio STyPS/SSTZS/JLCA/385/2016 de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, la autoridad responsable remitió copia certificada del proyecto de resolución en forma de laudo, audiencia de discusión y votación de catorce de abril de dos mil dieciséis y laudo número 18/2016 emitido en autos del juicio laboral DI-352/2014 el catorce de abril del año en curso (foja 55 a 64), esto es, en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos siguientes: "L A U D O NÚMERO: 18/2016 H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A CATORCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. - - - [.] - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se declara PROCEDENTE la ACCIÓN de REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO promovida por la ciudadana MICAELA BAUTISTA SOTELO en contra de LUIS GAMERO CASTILLO en su carácter de propietario de la fuente de trabajo denominada FUNERARIA GAMERO en virtud de los razonamientos expuestos en esta resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se CONDENA a la parte demandada LUIS GAMERO CASTILLO en su carácter de propietario de la fuente de trabajo denominada FUNERARIA GAMERO a pagar a favor de la ciudadana MICAELA BAUTISTA SOTELO todas y cada una de las prestación (sic) citadas en el CONSIDERANDO III de esta resolución, con base en los razonamientos expuestos en el considerando II. TERCERO.- Se concede a la demandada la parte demandada LUIS GAMERO CASTILLO en su carácter de propietario de la fuente de trabajo denominada FUNERARIA GAMERO el término improrrogable de QUINCE DÍAS para que dé cumplimiento a la presente resolución contadas a partir del momento de que surta efectos la notificación de la presente, apercibiéndolo que de no ser así correrán a su cargo los gastos de ejecución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [.]" De lo transcrito, se advierte que la autoridad responsable el catorce de abril del año en curso emitió dentro del juicio de origen el laudo número 18/2016, en ese tenor, se advierte que acató los lineamientos establecidos, ya que puso fin a la controversia laboral al haber pronunciado el laudo correspondiente y, por ende, restituyó a la parte quejosa en el derecho fundamental tutelado en el artículo 17 de la Carta Magna. Conviene precisar que a las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de un documento público, ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese contexto, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo al satisfacer sus efectos y, con ello, restituyó a la parte quejosa en el derecho fundamental contemplado en artículo 17 constitucional, que le había sido vulnerado. Luego, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector y, por tal motivo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el párrafo cuarto del numeral 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    (CITATORIO) (auto) Toda vez que la parte tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de veintidós de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veinte de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguense a los presentes autos el oficio y anexos de cuenta, signado por el Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese orden, dése vista a la parte quejosa y terceros interesados por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se resolverá respecto al cumplimiento de la ejecutoria con los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Octubre 2001, tomo XIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Marzo 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  4. Principal

    Vistas las certificaciones de cuenta de las que se advierte que ha transcurrido el plazo que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa en el presente juicio sin que las partes hayan hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA EJECUTORIADA, para todos los efectos legales. Así, toda vez que en la aludida sentencia se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por ********, para los efectos precisados en el considerando sexto de la citada resolución, esto es, para que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: "1. De inmediato distribuya entre cada uno de los miembros de la Junta el proyecto de laudo elaborado, otorgándoles un término de cinco días en el cual, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad; 1.1 En caso de que se hubiera solicitado la práctica de diligencias por alguno de los miembros de la Junta, ésta, con citación a las partes, señalará día y hora para su desahogo, ello dentro de un plazo de ocho días; 2. Transcurrido el término de cinco días concedido a los integrantes de la Junta o, el correspondiente al desahogo de las diligencias solicitadas, el Presidente de la Junta citará a una audiencia para la discusión y votación del proyecto de laudo, la cual se deberá realizar dentro de los diez días siguientes, en la que se fallará el asunto." Por tanto, requiérase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, para que dentro del término de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, cumpla con la sentencia o, bien, los actos tendentes a ello, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, lo anterior, en términos de los artículos 192, 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Turno, para iniciar el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto y su consignación. En la inteligencia que de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si la autoridad responsable demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contrae el citado artículo 192 de la Ley de la materia. Cabe precisar, que dada la naturaleza autónoma que le reviste a la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional no requiere agotar mayores diligencias para dar inicio al trámite de ejecución y destitución de cargo que refiere el diverso numeral 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en armonía con el diverso 193 de la ley de la materia.

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