Micaela Alvarado Jiménez

Expediente 876/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
876/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
09/07/2021

Partes del expediente

  • Micaela Alvarado Jiménez
  • Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México
  • Indira Nieto López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en la cual se negó el amparo a la parte quejosa ------------- y -----------------------, en su carácter de Presidenta y apoderado legal (respectivamente) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y glósese a los autos únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b), que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y (.) EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. (...) Por tanto, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, debiéndose dejar únicamente la demanda y sentencia, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia, en tanto el original del incidente de suspensión al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, es susceptible de depuración, por tanto, se deben dejar únicamente la demanda y determinación en la que fue concedida la suspensión, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia; mientras que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, en términos del acuerdo general previamente transcrito. Asimismo, sin que se ordene glosar el original y duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Por otra parte, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, capítulo tercero, artículo décimo primero, párrafo tercero, se deja a disposición de la parte quejosa el documento que ofreció durante la tramitación del presente juicio de garantías, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada del mismo; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlo en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Se precisa que para poder acudir a recoger dicho documento, conforme a los artículos 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio Servicios jurisdiccionales, en el que encontrará el sistema Agenda OJ, a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, debiendo precisar si pretende comparecer a recoger el aludido documento, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, en los términos que al efecto establece el artículo 211 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: VISTOS para dictar sentencia los autos del juicio de amparo 876/2020-VIII, promovido por ---------- y ----------, en su carácter de Presidenta y apoderado legal (respectivamente) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, contra actos del Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Estado de México y otra autoridad. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitido ese mismo día, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ---------- y ----------, en su carácter de Presidenta y apoderado legal (respectivamente) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, demandaron el amparo y la protección de la justicia federal en contra de los siguientes actos y autoridades: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- PRESIDENTE DE LA SALA AUXILIAR DE TLALNEPANTLA DE BAZ DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, . AUTORIDAD ORDENADORA 2.- DELEGACIÓN FISCAL DE TLALNEPANTLA DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE CRÉDITOS DE LA SECRETARIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS "VICENTE GUERRERO", . AUTORIDAD EJECUTORA. IV.- ACTO RECLAMADO 1.- La determinación de imponer multa a los suscritos mediante acuerdo de fecha 23 de octubre del 2020.". SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil vente, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito quien no formuló pedimento. TERCERO. Terceros interesados. El diecisiete de marzo de esta anualidad se emplazó al Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y el diecinueve de abril de dos mil veintiuno se emplazó a juicio a la tercero interesada ----------. Finalmente se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio en donde este juzgador ejerce jurisdicción, concretamente dentro del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la Litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, y de las diversas constancias que obran en él, se advierte que la parte quejosa reclamó: El proveído de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, emitido en el expediente laboral SAT 987/2009, del índice de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en donde se les impuso a los quejosos una multa de diez veces el salario mínimo general vigente, las cuales ascienden a la cantidad de $1,026.80 (un mil veintiséis pesos 80/100), cada una, así como su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto atribuido. Por su parte, la Delegada de Asuntos Contenciosos Naucalpan de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en representación de la Delegación Fiscal Tlalnepantla de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretearía de Finanzas del Gobierno del Estado de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, en virtud de que la Sala ordenadora, aceptó el acto a ella atribuido. Además, de la determinación reclamada, se advierte que la Sala responsable libró un oficio correspondiente a dicha autoridad, para que hiciera efectivo el cobro de las multas a los quejosos; por tanto, la Delegada responsable en su carácter de autoridad ejecutora, en cualquier momento puede ejecutar el acto combatido; de ahí, que se tenga por presuntivamente cierto el acto a ella reclamado; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo. Finalmente, la existencia del acto señalado en el considerando anterior, se corrobora con las copias certificadas del expediente laboral SAT 987/2009, que remitió el Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, las cueles merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Antes de proceder al estudio de las causales de improcedencia, se considera importante hacer referencia a ciertos antecedentes que dieron lugar a la emisión del acto reclamado, los cuales derivan del juicio de amparo 159/2020-II, del índice de este órgano jurisdiccional, que se trae como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, formado con motivo de la demanda de amparo que promovió la ahora tercero interesada ----------: 1.- Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ----------, por propio derecho, demandó el amparo y la protección contra de la omisión del Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, de ejecutar el laudo dictado el catorce de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente SAT 987/2009, al no acordar sus escritos que presentó el veintitrés de agosto y diez de diciembre, ambos del dos mil diecinueve, encaminados a impulsar el cumplimiento del laudo condenatorio, con el requerimiento de ley respectivo para la parte demandada. 2.- Por auto de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, se registró la demanda con el número de amparo 159/2020-II, y se admitió a trámite. 3.- Seguido el trámite en sus etapas, el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección constitucional a la quejosa (hoy tercero interesada) ----------, contra actos del Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, para los siguientes efectos: "Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, de manera inmediata, se pronuncie sobre la ejecución del laudo condenatorio; es decir, sobre la actualización de la cuantificación de la cantidad que debe pagar la autoridad demandada a la aquí quejosa, para lo cual deberá atender el ocurso de diez de diciembre de dos mil diecinueve, donde se advierte la plantilla más reciente ofrecida por la actora, con fundamento en el precepto 17, constitucional; efectúe los apercibimientos de ley; y, analice si en el caso, la parte demandada se ha conducido con evasivas para dar cumplimiento al laudo y de ser así, imponga la medida de apremio correspondiente; y, requiera nuevamente a las demandadas para que estas procedan al cumplimiento del laudo condenatorio.". 4.- En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada, mediante el oficio registrado con el número de folio 8973, el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada de la determinación de veintitrés de octubre de dos mil veinte de la cual se advierte lo siguiente: "TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE ME´XICO, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto, La ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 159/2020 por el juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, el requerimiento realizado mediante oficio 14138/2020 y el escrito presentado ante la oficialía de partes de esta Sala, así como el diez de diciembre de dos mil diecinueve, atento a su contenido, SE PROVEE. * I.- (.) II.-(.) III.- (.) IV.- En cumplimiento a la ejecutoria de cuenta, esta autoridad procede analizar si la parte demandada se ha conducido o no con evasivas en el cumplimiento del laudo de catorce de agosto de dos mil dieciocho. Como se advierte de autos, en especial en la diligencia de requerimiento y embargo celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, la parte demandad fue omisa en exhibir el total del crédito laboral requerido, en razón de que únicamente exhibe la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/10 M.N), asimismo señala como bienes a embargar cuatro vehículos de los cuales no acredita debidamente la propiedad y la desincorporación como bienes muebles de la institución pública, puesto que solo exhibe copias simples de las facturas, lo que denota una conducta evasiva en el cumplimiento del laudo, lo que contraviene lo previsto en el artículo 17 constitucional, en incurrir en el retraso de la solución de conflicto por causas ajenas a este órgano jurisdiccional, mismas que son atribuibles en este caso a la demandada, cuyo interés particular no puede estar por encima de del interés público, dejando de dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por esta autoridad, por lo anterior, al titular del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Cuautitlán Izcalli y al licenciado ---------- se les aplica una medida de apremio consistente en una multa de diez veces el salario mínimo general vigente, en el lugar y tiempo en que se cometió la infracción (22 de agosto de 2019), que haciendo a la cantidad de "1,026.80 (un mil veintiséis pesos 80/100), que resulta de multiplicar los días de multa impuestos de 10 por $102.68 que corresponde al valor del salario mínimo en el año 2019, por lo que se comisiona al C. Actuario para que se constituya en el domicilio del ayuntamiento demandado en donde previamente fue emplazado a juicio, y proceda a notificar al titular del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli y al licenciado ---------- el presente acuerdo, corriéndoles traslado con copia simple, por lo que una vez que causa ejecutoria el presente proveído, se ordena girar atento oficio a la Delegación Fiscal de Tlalnepantla dependiente de la Subdirección de Control de Créditos de la Secretaria de Finanzas de Tlalnepantla, dependiente de la Subdirección de Control de Créditos de la Secretaria de Finanzas del estado de México, para que en auxilio de sus funciones de esta Sala, haga efectiva la multa impuesta al titular del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Cuautitlán Izcalli y al licenciado ---------- a cada uno por la cantidad de $1,026.80 (un mil veintiséis pesos 80/100, debiendo acompañar en copias certificadas los siguientes documentos (.) Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo merece estudio preferente, por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo. El Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, refirió que el acto reclamado se emitió en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Cuestión que se desarrolla a continuación: I. Resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La responsable considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues a su consideración el acto reclamado se emitió en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 159/2020-II, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por ----------, contra la omisión del Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, de ejecutar el laudo dictado el catorce de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente SAT 987/2009, al no acordar sus escritos que presentó el veintitrés de agosto y diez de diciembre, ambos del dos mil diecinueve, encaminados a impulsar el requerimiento del cumplimiento del laudo condenatorio, con el requerimiento de ley respectivo para la parte demandada. Ahora, para que se actualice esta causa de improcedencia invocada se requiere a) la existencia previa de un juicio de amparo; b) que en él se haya emitido una resolución; c) que se esté ejecutando una resolución dictada en dicho juicio; y d) que el acto reclamado sea una resolución o su ejecución. Dependerá de los términos en que se haya concedido el amparo para estar en condiciones de evaluar si es un tema concerniente a un trámite posterior a la sentencia de amparo, pero dentro del mismo expediente, o si es materia de otro amparo. Si en los efectos de la sentencia se dejó a la autoridad libertad de jurisdicción para valorar determinado elemento probatorio, resolver algún agravio que haya omitido estudiar, ocuparse de aspectos que le eran obligatorios conforme a las normas aplicables, por citar algunos, el particular podrá promover otro amparo sin que se actualice la causa de improcedencia analizada, pues son temas que ya no corresponden al primer juicio. A efecto de corroborar lo anterior, debe precisarse que en el juicio de amparo 159/2020-II, del índice de este órgano jurisdiccional, se concedió el amparo y la protección a ----------, para el efecto de que el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México se pronunciara sobre la ejecución del laudo condenatorio; es decir, sobre la actualización de la cuantificación de la cantidad que debe pagar la autoridad demandada a la ahí quejosa, para lo cual debió atender el ocurso de diez de diciembre de dos mil diecinueve, donde se advierte la plantilla más reciente ofrecida por la actora; así como para que efectuara los apercibimientos de ley; y, analizara si en el caso, la parte demandada se ha conducido con evasivas para dar cumplimiento al laudo y de ser así, imponga la medida de apremio correspondiente. En ese contexto, si bien la resolución reclamada se emitió en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el diverso juicio de amparo 159/2020-II, del índice de este órgano jurisdiccional, cierto es que, atendiendo a los efectos del fallo protector, esta se emitió con plenitud de jurisdicción, al requerir a la autoridad responsable que analizara si en el caso, la parte demandada se ha conducido con evasivas para dar cumplimiento al laudo condenatorio y de ser así, imponga la medida de apremio correspondiente. Esto es, que el presidente responsable se encontraba en plenitud de determinar si se actualizaba o no la evasiva en el cumplimiento del laudo, y con ello, la imposición de la medida de premio correspondiente. Por tal motivo, debe concluirse que la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable, resulta infundada, ya que la resolución combatida se emitió con plenitud de jurisdicción. Finalmente, en atención a que las partes no hicieron valer alguna otra causal de improcedencia, ni el suscrito advierte de oficio su actualización, a continuación se procede al estudio de fondo del asunto. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación de los quejosos se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias; sin embargo, es conveniente referir que, en su demanda de amparo, en síntesis, hizo valer lo siguiente: En el primer concepto de violación manifiesta: a) Que se afecta su garantía constitucional consagrada en el artículo 16 ya que se les está imponiendo una multa de manera indebida, pues ni el auto ni los requerimientos realizados por el Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Tlalnepantla, Estado de México, tendientes a realizar el cobro del auto dictado en el expediente laboral, les han sido notificados de manera personal como personas físicas, sino que se han hecho del conocimiento a la demandada Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, además de que no son parte en el citado juicio por lo que estima que se encontraban imposibilitados para atender los requerimientos. b) Arguye que lo anterior denota falta de fundamentación y motivación por el hecho de que los quejosos personalmente no fueron condenados en el auto dictado en el expediente número SAT/987/2009, ni tampoco tienen facultades para asignar, reasignar y/o modificar el presupuesto para pagos ya que ello es atribución y de personas diversas a ellos según lo dispone el artículo 4 y 8 de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados 'SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA', que en lo sustancial precisa que el presupuesto de egresos le será asignado por el Ayuntamiento lo cual es robustecido por el artículo 13 bis - E de dicha ley, que precisa las atribuciones y obligaciones de la presidenta del 'DIF', del cual en ninguna parte se desprende que sea atribución o facultad de la Presidencia la asignación de presupuesto de egresos, actualizándose en el presente caso el criterio presentado por la tesis con registro digital 187083, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO." c) Señala que por cuanto hace a ---------- no aparecen sus atribuciones en la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y entonces le causa agravio una sanción decretada por omisión a obligaciones que no se le atribuyen en la ley mencionada y al hacerles del conocimiento la licenciada ---------- el contenido del auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte la autoridad señalada como ordenadora precisa que se haga efectiva la multa por diez veces el salario mínimo vigente en el año dos mil diecinueve que previa operación aritmética resulta la cantidad de $1,026.80 (mil veintiséis pesos 80/100 moneda nacional) sin considerar las gestiones realizadas por parte de los quejosos e incluso del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Estado de México a través de sus diferentes oficios (los detallan) los cuales le han hecho del conocimiento a la responsable. d) Agrega que el cargo que desempeña ---------- dentro del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México no se encuentra remunerado, ya que se encuentra desempeñándolo de manera honorífica, por lo que es improcedente la sanción a la cual la están haciendo acreedora y violenta en su perjuicio sus garantías individuales. e) Manifiestan que se viola en su perjuicio los artículos 16 y 17 de la Constitución ya que el acto de autoridad está produciendo un acto de molestia en perjuicio de particulares de manera indefinida y se les deja en estado de indefensión, por lo que está en presencia de actos de imposible reparación que no se estaría en posibilidad de restituir los derechos que se consideran transgredidos. Cita en apoyo la tesis de rubro: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN; QUE DEBE ENTENDERSE COMO, EN EL JUICIO DE AMPARO." Agrega que cuando se está ante un funcionario que no fundamenta su actuar y no se le otorgan facultades para emitir ese acto de molestia se estará ante un acto ilegal desde su origen y que si bien es cierto la autoridad no puede revocar sus determinaciones, sí tiene la facultad de ordenar reponer el procedimiento. Cita la tesis de rubro: "FRUTO DE ACTOS VICIADOS." En el segundo concepto de violación refiere medularmente lo siguiente: a) Que no existe congruencia y fundamentación aplicable para que le sea impuesta la multa referida por la autoridad señalada como ordenadora y por tanto es aplicable el criterio de rubro: "FRUTO DE ACTOS VICIADOS" porque de ejecutar una multa en sus personas sería un acto viciado por ser un acto emitido con iguales características. En el tercer concepto de violación manifiesta: a) Que se viola en su perjuicio el principio de congruencia y exhaustividad que debe de revestir toda resolución judicial dictada en los procedimientos judiciales, violando con ello los artículos relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles en relación con los artículos 14 y 16 constitucionales. Cita en apoyo de sus aseveraciones las tesis de rubro "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL."; "SENTENCIAS. SU CONGRUENCIA." y "SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA." b) Que existe falta de congruencia en la aplicación de la multa que les fue impuesta por una indebida interpretación del artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, pues va dirigido a las autoridades que tienen las atribuciones necesarias para asignar y/o reasignar o incluso modificar un presupuesto destinado para el pago de una cuestión determinada que en el caso concreto es el pago del laudo SAT/987/2009, mismo que al no haberse previsto ni asignado en el presupuesto por parte del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México al Sistema Municipal de dicha localidad, que resulta ser un organismo público descentralizado de asistencia social de carácter municipal el cual se encuentra a expensas del presupuesto asignado por el Ayuntamiento. c) Agrega que el artículo 126 constitucional señala que no se podrá hacer ningún pago que no esté expresamente previsto en el presupuesto de egresos, por lo que estima que la omisión de realizar el pago del laudo ordenado por la responsable no debe interpretarse en el sentido de que se oponen a la ejecución del laudo, pues es la constitución la que determina la omisión de hacer pago alguno si no se encuentra en el presupuesto de egresos y que los quejosos no tienen las facultades para redireccionar o reasignar el presupuesto asignado al sistema municipal para el desarrollo integral de Cuautitlán Izcalli. Cita en apoyo de sus aseveraciones la tesis con registro digital 187083 de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPETRACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO." Hasta aquí los motivos de disenso de la parte quejosa. Ahora, el acto reclamado lo constituye el proveído de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, emitido en el expediente laboral SAT 987/2009, la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, determinó lo siguiente: "Visto, La ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 159/2020 por el juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, el requerimiento realizado mediante oficio 14138/2020 y el escrito presentado ante la oficialía de partes de esta Sala, así como el diez de diciembre de dos mil diecinueve, atento a su contenido, SE PROVEE. * I.- (.) II.-(.) III.- (.) IV.- En cumplimiento a la ejecutoria de cuenta, esta autoridad procede analizar si la parte demandada se ha conducido o no con evasivas en el cumplimiento del laudo de catorce de agosto de dos mil dieciocho. Como se advierte de autos, en especial en la diligencia de requerimiento y embargo celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, la parte demandada fue omisa en exhibir el total del crédito laboral requerido, en razón de que únicamente exhibe la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/10 M.N), asimismo señala como bienes a embargar cuatro vehículos de los cuales no acredita debidamente la propiedad y la desincorporación como bienes muebles de la institución pública, puesto que solo exhibe copias simples de las facturas, lo que denota una conducta evasiva en el cumplimiento del laudo, lo que contraviene lo previsto en el artículo 17 constitucional, en incurrir en el retraso de la solución de conflicto por causas ajenas a este órgano jurisdiccional, mismas que son atribuibles en este caso a la demandada, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, dejando de dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por esta autoridad, por lo anterior, al titular del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Cuautitlán Izcalli y al licenciado ---------- se les aplica una medida de apremio consistente en una multa de diez veces el salario mínimo general vigente, en el lugar y tiempo en que se cometió la infracción (22 de agosto de 2019), que haciendo a la cantidad de "1,026.80 (un mil veintiséis pesos 80/100), que resulta de multiplicar los días de multa impuestos de 10 por $102.68 que corresponde al valor del salario mínimo en el año 2019, por lo que se comisiona al C. Actuario para que se constituya en el domicilio del ayuntamiento demandado en donde previamente fue emplazado a juicio, y proceda a notificar al titular del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli y al licenciado ---------- el presente acuerdo, corriéndoles traslado con copia simple, por lo que una vez que causa ejecutoria el presente proveído, se ordena girar atento oficio a la Delegación Fiscal de Tlalnepantla dependiente de la Subdirección de Control de Créditos de la Secretaria de Finanzas de Tlalnepantla, dependiente de la Subdirección de Control de Créditos de la Secretaria de Finanzas del estado de México, para que en auxilio de sus funciones de esta Sala, haga efectiva la multa impuesta al titular del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Cuautitlán Izcalli y al licenciado ---------- a cada uno por la cantidad de $1,026.80 (un mil veintiséis pesos 80/100, debiendo acompañar en copias certificadas los siguientes documentos (.) En ese contexto, de una confrontación entre los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa y las consideraciones que sustentan el acto reclamado, se estima que los motivos de inconformidad resultan infundados en una parte e inoperantes en otra como enseguida se explica. En efecto, de la transcripción del proveído impugnado se deduce que la Sala responsable justificó la imposición de las multas teniendo como base que de la diligencia de requerimiento y embargo celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, la parte demandada, hoy quejosa, fue omisa en exhibir el total del crédito laboral requerido, en razón de que únicamente exhibió la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/10 moneda nacional); asimismo señaló como bienes a embargar cuatro vehículos de los cuales no acreditó debidamente la propiedad y la desincorporación como bienes muebles de la institución pública, puesto que solo exhibió copias simples de las facturas, sosteniendo que ello denotaba una conducta evasiva en el cumplimiento del laudo, lo que contravino lo previsto en el artículo 17 constitucional, en incurrir en el retraso de la solución de conflicto por causas ajenas a la autoridad responsable, mismas que refirió le eran atribuibles en este caso a la demandada, aquí quejosa, cuyo interés particular no podía estar por encima de del interés público; sin que esas manifestaciones hayan sido combatidas por la parte quejosa o controvertidas de tal forma que pudiera llevarse a cabo el análisis de esa consideración, por ser la materia que rige el acto de estricto derecho, de lo que los conceptos de violación resultan inoperantes en ese aspecto. Por otra parte, tocante a los argumentos del primer concepto de violación reseñados en los incisos a) a f) se procede a dar contestación de manera conjunta dada su estrecha relación, los cuales se estiman infundados en una parte e inoperantes en otra como se explica a continuación. En primer término son infundados los argumentos en el sentido de que la parte quejosa estima que la autoridad responsable debió notificarles de manera personal como personas físicas y no como se realizó, esto es, al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, pues no son parte en el juicio del que emana el acto y que ellos no fueron condenados; ello es infundado porque la autoridad responsable determinó que la parte demandada, quien es una persona moral oficial (representada por ---------- y ----------, en su carácter de Presidenta y apoderado legal (respectivamente) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México) es quien se había conducido con evasivas y no había dado cumplimiento al laudo de catorce de agosto de dos mil dieciocho y en consecuencia, les impuso en su oportunidad una multa económica, por virtud del cargo que ostentan, que se origina con motivo del cargo público del funcionario y del ejercicio de sus funciones públicas y en el caso del apoderado, la autoridad que representa. Es por esa razón que la autoridad responsable aplicó el citado medio de apremio a la funcionaria y apoderado referidos a fin de que dejen de actuar con evasivas por los actos u omisiones contumaces que la originaron, ello a fin de vencer su resistencia, por lo que no es dable que fueran llamados previamente a juicio como personas físicas para determinar si la responsable debía imponerles una medida de apremio, sino que esa garantía de audiencia le fue concedida al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México en el juicio laboral burocrático. Además, respecto a las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido de que no tienen facultades para asignar, reasignar y/o modificar el presupuesto para pagos ya que es atribución de personas diversas a ellos y que el cargo que desempeña ---------- como presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, es un cargo honorífico y no cobra por ello, es una cuestión que debió haberse probado ante la autoridad responsable para efecto de poder determinar lo atinente sobre el cumplimiento al laudo a que fue condenada o bien, su imposibilidad, por lo que no es factible ocuparse de ese argumento en el presente juicio constitucional, pues de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, de lo que el mismo resulta inoperante. También los propios argumentos son infundados porque contrario a lo que sostiene la parte quejosa, en la diligencia de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, que llevó a cabo la Actuaria adscrita a la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en la cual se constituyó en el domicilio de la parte demandada Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, requirió la presencia de la presidenta de dicha dependencia y/o del representante o apoderado legal, compareciendo el hoy quejoso ----------, en su carácter de apoderado de la misma, llevándose a cabo la reinstalación de ---------- en su trabajo y posterior a ello se llevó a cabo el requerimiento de pago y embargo, en apego al numeral 252, fracción I2 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México, que entre otras cuestiones estipula que el actuario requerirá el pago a la persona con quien atienda la diligencia y si no efectúa el mismo procederá al embargo y para tal efecto, requerirá al compareciente por la demandada para que señale bienes tangibles de fácil realización o exhiba el título de crédito suficiente que garanticen el crédito laboral y en caso de no hacerlo, dicho derecho se transfiere al actor. En esa tesitura, de dicha diligencia se desprende que el hoy quejoso ----------, en su carácter de apoderado del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, manifestó no contar con la cantidad que le fue requerida como pago de lo condenado en el laudo, sin embargo, para mostrar disposición de pago, señaló como pago parcial lo que obraba en caja de su poderdante que lo fue por $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) y señaló como bienes para la debida garantía cuatro facturas de vehículos descritos en la citada actuación en copia simple, a lo cual su contraria se opuso en el acto. De lo anterior se desprende, que contrario a lo que sostiene la parte quejosa, en el sentido de que no tienen facultades para asignar, reasignar y/o modificar el presupuesto para pago; lo cierto es que en la diligencia de la que deriva el acto reclamado ------------------ 2 ARTÍCULO 252.- En caso de incumplimiento del laudo o convenio en los términos o modalidades establecidas en el artículo 251 de esta ley, el Tribunal o Sala, a petición de la parte interesada, dictará auto de requerimiento de pago y embargo, estableciendo los medios de apremio que podrán ser empleados para su cumplimiento y realizará las diligencias necesarias para su ejecución. La diligencia de requerimiento de pago y embargo se practicará en el domicilio de la institución pública, dependencia demandada, nuevo domicilio o denominación del deudor, misma que se realizará con su titular o su representante legal; si estos no estuviesen el día y hora fijados la diligencia se practicará con el servidor público que se encuentre presente. En las diligencias de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes: I. El actuario asociado personalmente con el actor, requerirá el pago a la persona con quien atienda la diligencia y si no efectúa el mismo procederá al embargo; para tal efecto, requerirá al compareciente por la demandada para que señale bienes tangibles de fácil realización o exhiba el título de crédito suficiente que garanticen el crédito laboral y en caso de no hacerlo, dicho derecho se transfiere al actor; -------, en su carácter de apoderado del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se dispuso a realizar pagos parciales e incluso dispuso de numerario que obraba en la caja de su mandante, de ahí que resulte infundado su argumento. A la misma conclusión se arriba respecto a que no aparecen las atribuciones de ---------- en la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y entonces le causa agravio una sanción decretada por omisión a obligaciones que no se le atribuyen en la ley mencionada y al hacerles del conocimiento la licenciada ------------- el contenido del auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte la autoridad señalada como ordenadora precisa que se haga efectiva la multa por diez veces el salario mínimo vigente en el año dos mil diecinueve que previa operación aritmética resulta la cantidad de $1,026.80 (mil veintiséis pesos 80/100 moneda nacional) sin considerar las gestiones realizadas por parte de los quejosos e incluso del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Estado de México a través de sus diferentes oficios (los detallan) los cuales le han hecho del conocimiento a la responsable. En ese sentido, se consideran infundados los argumentos del quejoso ---------- en el sentido de que sus atribuciones no aparecen en la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y por ello no se le debió imponer la multa; en relación a ello, lo cierto es que a éste se le otorgó por parte de ----------, en su carácter de Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, poder para representar a dicha dependencia, cargo que se advierte ejerció en el juicio burocrático del que emana el acto reclamado, según se desprende de las constancias que fueron remitidas por la responsable en su informe justificado y por tanto, las facultades que le fueron delegadas se ven ejecutadas incluso en la diligencia de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, que llevó a cabo la Actuaria adscrita a la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a la cual ya se ha hecho referencia en donde pretendió realizar pagos parciales en representación de su mandante del laudo a que fue condenada su poderdante. Además, el artículo 8 de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, dispone: "Artículo 8.- Los Organismos Municipales, deberán elaborar sus presupuestos anuales de operación y de inversión, especificándose los ingresos que espera recibir y la forma en que ejercerá sus recursos disponibles. Estos presupuestos debidamente autorizados por la Junta de Gobierno, serán sometidos a la consideración del H. Ayuntamiento, quien en su caso podrá modificarlos o aprobarlos." De lo que se desprende que la parte quejosa se encontraba en posibilidad de prever el pago del laudo a que fue condenada, ya que entre sus facultades se encuentra la de elaborar sus presupuestos anuales de operación y de inversión, especificándose los ingresos que espera recibir y la forma en que ejercerá sus recursos disponibles; de lo que se evidencia la posibilidad de incluir las erogaciones por el concepto que se le reclama; de ahí que sean infundados esos argumentos. Respecto a las gestiones que arguye estuvo realizando para poder realizar el pago a la ahí actora, para lo cual refiere diversos oficios, lo cierto es que del juicio burocrático del que emana el acto, no existe constancia de que hubiera obtenido el presupuesto relativo para afrontar el pago del laudo al que fue condenada, de ahí que esos argumentos sean ineficaces. Por otra parte, también son inoperantes los argumentos reseñados en los incisos e) y f) del primer concepto de violación e inciso a) del segundo motivo de disenso, porque no explica a este Juzgador de qué manera la autoridad responsable al producir el acto de molestia les dejó en estado de indefensión, cuáles son los fundamentos que omitió en señalar, porqué carecía de facultades para emitirlo, lo cual es indispensable para abordar el estudio de la cuestión planteada. Además, resultan inoperantes los argumentos reseñados en los incisos a) al c) del tercer concepto de violación, en donde arguye que se vulneró el principio de congruencia porque el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios va dirigido a autoridades que tienen las atribuciones necesarias para asignar, reasignar o incluso modificar el presupuesto destinado para el pago de una cuestión determinada, que el caso concreto es el laudo en el expediente SAT/987/2009, y que el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli no previó esa circunstancia para el Sistema Municipal de dicha localidad; porque esas aseveraciones debieron someterse al arbitrio del Tribunal responsable y probarse, en aras de cumplir con el laudo con el que fue condenada la persona moral oficial que representan, de lo que no es jurídicamente correcto ocuparse de esa cuestión en el presente juicio de amparo, máxime que la responsable determinó que actuó con evasivas respecto del cumplimiento del laudo y ello no lo controvirtió. A la misma conclusión se arriba respecto a que el artículo 126 constitucional señala que no se podrá hacer ningún pago que no esté expresamente previsto en el presupuesto de egresos, por lo que estima que la omisión de realizar el pago del laudo ordenado por la responsable no debe interpretarse en el sentido de que se oponen a la ejecución del laudo, pues es la constitución la que determina la omisión de hacer pago alguno si no se encuentra en el presupuesto de egresos y que los quejosos no tienen las facultades para redireccionar o reasignar el presupuesto asignado al sistema municipal para el desarrollo integral de Cuautitlán Izcalli; pues la parte quejosa tampoco expone a este Juzgador de qué manera, a efecto de cumplir con el laudo, gestionaron con quien correspondiera, la obtención de los recursos en su presupuesto de egresos, para afrontar la cantidad a que fue condenada su representada durante el procedimiento de ejecución, ni las acciones encaminadas para con el Ayuntamiento aludido para ese fin y lo que tuvo a bien determinar el tribunal responsable en lo atinente; de lo que esas manifestaciones son inoperantes. En ese sentido, es evidente que ante lo infundado en una parte e inoperante e ineficaz en otra, de las manifestaciones de la parte quejosa como ya se ha explicado, procede negar el amparo solicitado. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a la autoridad Delegación Fiscal Tlalnepantla de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretearía de Finanzas del Gobierno del Estado de México, por no reclamarse por vicios propios, sino que su actuar se hace depender de la autoridad ordenadora. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ---------- y ----------, en su carácter de Presidenta y apoderado legal (respectivamente) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, contra los actos señalados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos establecidos en el sexto considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en unión de José Manuel Garibay Zepeda, hasta hoy dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS para dictar sentencia los autos del juicio de amparo 876/2020-VIII, promovido por ---------- y ----------, en su carácter de Presidenta y apoderado legal (respectivamente) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, contra actos del Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Estado de México y otra autoridad. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitido ese mismo día, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ---------- y ----------, en su carácter de Presidenta y apoderado legal (respectivamente) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, demandaron el amparo y la protección de la justicia federal en contra de los siguientes actos y autoridades: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- PRESIDENTE DE LA SALA AUXILIAR DE TLALNEPANTLA DE BAZ DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, . AUTORIDAD ORDENADORA 2.- DELEGACIÓN FISCAL DE TLALNEPANTLA DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE CRÉDITOS DE LA SECRETARIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS "VICENTE GUERRERO", . AUTORIDAD EJECUTORA. IV.- ACTO RECLAMADO 1.- La determinación de imponer multa a los suscritos mediante acuerdo de fecha 23 de octubre del 2020.". SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil vente, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito quien no formuló pedimento. TERCERO. Terceros interesados. El diecisiete de marzo de esta anualidad se emplazó al Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y el diecinueve de abril de dos mil veintiuno se emplazó a juicio a la tercero interesada ----------. Finalmente se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio en donde este juzgador ejerce jurisdicción, concretamente dentro del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la Litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, y de las diversas constancias que obran en él, se advierte que la parte quejosa reclamó: El proveído de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, emitido en el expediente laboral SAT 987/2009, del índice de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en donde se les impuso a los quejosos una multa de diez veces el salario mínimo general vigente, las cuales ascienden a la cantidad de $1,026.80 (un mil veintiséis pesos 80/100), cada una, así como su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto atribuido. Por su parte, la Delegada de Asuntos Contenciosos Naucalpan de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en representación de la Delegación Fiscal Tlalnepantla de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretearía de Finanzas del Gobierno del Estado de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, en virtud de que la Sala ordenadora, aceptó el acto a ella atribuido. Además, de la determinación reclamada, se advierte que la Sala responsable libró un oficio correspondiente a dicha autoridad, para que hiciera efectivo el cobro de las multas a los quejosos; por tanto, la Delegada responsable en su carácter de autoridad ejecutora, en cualquier momento puede ejecutar el acto combatido; de ahí, que se tenga por presuntivamente cierto el acto a ella reclamado; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo. Finalmente, la existencia del acto señalado en el considerando anterior, se corrobora con las copias certificadas del expediente laboral SAT 987/2009, que remitió el Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, las cueles merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Antes de proceder al estudio de las causales de improcedencia, se considera importante hacer referencia a ciertos antecedentes que dieron lugar a la emisión del acto reclamado, los cuales derivan del juicio de amparo 159/2020-II, del índice de este órgano jurisdiccional, que se trae como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, formado con motivo de la demanda de amparo que promovió la ahora tercero interesada ----------: 1.- Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ----------, por propio derecho, demandó el amparo y la protección contra de la omisión del Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, de ejecutar el laudo dictado el catorce de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente SAT 987/2009, al no acordar sus escritos que presentó el veintitrés de agosto y diez de diciembre, ambos del dos mil diecinueve, encaminados a impulsar el cumplimiento del laudo condenatorio, con el requerimiento de ley respectivo para la parte demandada. 2.- Por auto de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, se registró la demanda con el número de amparo 159/2020-II, y se admitió a trámite. 3.- Seguido el trámite en sus etapas, el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección constitucional a la quejosa (hoy tercero interesada) ----------, contra actos del Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, para los siguientes efectos: "Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, de manera inmediata, se pronuncie sobre la ejecución del laudo condenatorio; es decir, sobre la actualización de la cuantificación de la cantidad que debe pagar la autoridad demandada a la aquí quejosa, para lo cual deberá atender el ocurso de diez de diciembre de dos mil diecinueve, donde se advierte la plantilla más reciente ofrecida por la actora, con fundamento en el precepto 17, constitucional; efectúe los apercibimientos de ley; y, analice si en el caso, la parte demandada se ha conducido con evasivas para dar cumplimiento al laudo y de ser así, imponga la medida de apremio correspondiente; y, requiera nuevamente a las demandadas para que estas procedan al cumplimiento del laudo condenatorio.". 4.- En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada, mediante el oficio registrado con el número de folio 8973, el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada de la determinación de veintitrés de octubre de dos mil veinte de la cual se advierte lo siguiente: "TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE ME´XICO, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto, La ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 159/2020 por el juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, el requerimiento realizado mediante oficio 14138/2020 y el escrito presentado ante la oficialía de partes de esta Sala, así como el diez de diciembre de dos mil diecinueve, atento a su contenido, SE PROVEE. * I.- (.) II.-(.) III.- (.) IV.- En cumplimiento a la ejecutoria de cuenta, esta autoridad procede analizar si la parte demandada se ha conducido o no con evasivas en el cumplimiento del laudo de catorce de agosto de dos mil dieciocho. Como se advierte de autos, en especial en la diligencia de requerimiento y embargo celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, la parte demandad fue omisa en exhibir el total del crédito laboral requerido, en razón de que únicamente exhibe la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/10 M.N), asimismo señala como bienes a embargar cuatro vehículos de los cuales no acredita debidamente la propiedad y la desincorporación como bienes muebles de la institución pública, puesto que solo exhibe copias simples de las facturas, lo que denota una conducta evasiva en el cumplimiento del laudo, lo que contraviene lo previsto en el artículo 17 constitucional, en incurrir en el retraso de la solución de conflicto por causas ajenas a este órgano jurisdiccional, mismas que son atribuibles en este caso a la demandada, cuyo interés particular no puede estar por encima de del interés público, dejando de dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por esta autoridad, por lo anterior, al titular del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Cuautitlán Izcalli y al licenciado ---------- se les aplica una medida de apremio consistente en una multa de diez veces el salario mínimo general vigente, en el lugar y tiempo en que se cometió la infracción (22 de agosto de 2019), que haciendo a la cantidad de "1,026.80 (un mil veintiséis pesos 80/100), que resulta de multiplicar los días de multa impuestos de 10 por $102.68 que corresponde al valor del salario mínimo en el año 2019, por lo que se comisiona al C. Actuario para que se constituya en el domicilio del ayuntamiento demandado en donde previamente fue emplazado a juicio, y proceda a notificar al titular del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli y al licenciado ---------- el presente acuerdo, corriéndoles traslado con copia simple, por lo que una vez que causa ejecutoria el presente proveído, se ordena girar atento oficio a la Delegación Fiscal de Tlalnepantla dependiente de la Subdirección de Control de Créditos de la Secretaria de Finanzas de Tlalnepantla, dependiente de la Subdirección de Control de Créditos de la Secretaria de Finanzas del estado de México, para que en auxilio de sus funciones de esta Sala, haga efectiva la multa impuesta al titular del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Cuautitlán Izcalli y al licenciado ---------- a cada uno por la cantidad de $1,026.80 (un mil veintiséis pesos 80/100, debiendo acompañar en copias certificadas los siguientes documentos (.) Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo merece estudio preferente, por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo. El Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, refirió que el acto reclamado se emitió en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Cuestión que se desarrolla a continuación: I. Resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La responsable considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues a su consideración el acto reclamado se emitió en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 159/2020-II, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por ----------, contra la omisión del Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, de ejecutar el laudo dictado el catorce de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente SAT 987/2009, al no acordar sus escritos que presentó el veintitrés de agosto y diez de diciembre, ambos del dos mil diecinueve, encaminados a impulsar el requerimiento del cumplimiento del laudo condenatorio, con el requerimiento de ley respectivo para la parte demandada. Ahora, para que se actualice esta causa de improcedencia invocada se requiere a) la existencia previa de un juicio de amparo; b) que en él se haya emitido una resolución; c) que se esté ejecutando una resolución dictada en dicho juicio; y d) que el acto reclamado sea una resolución o su ejecución. Dependerá de los términos en que se haya concedido el amparo para estar en condiciones de evaluar si es un tema concerniente a un trámite posterior a la sentencia de amparo, pero dentro del mismo expediente, o si es materia de otro amparo. Si en los efectos de la sentencia se dejó a la autoridad libertad de jurisdicción para valorar determinado elemento probatorio, resolver algún agravio que haya omitido estudiar, ocuparse de aspectos que le eran obligatorios conforme a las normas aplicables, por citar algunos, el particular podrá promover otro amparo sin que se actualice la causa de improcedencia analizada, pues son temas que ya no corresponden al primer juicio. A efecto de corroborar lo anterior, debe precisarse que en el juicio de amparo 159/2020-II, del índice de este órgano jurisdiccional, se concedió el amparo y la protección a ----------, para el efecto de que el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México se pronunciara sobre la ejecución del laudo condenatorio; es decir, sobre la actualización de la cuantificación de la cantidad que debe pagar la autoridad demandada a la ahí quejosa, para lo cual debió atender el ocurso de diez de diciembre de dos mil diecinueve, donde se advierte la plantilla más reciente ofrecida por la actora; así como para que efectuara los apercibimientos de ley; y, analizara si en el caso, la parte demandada se ha conducido con evasivas para dar cumplimiento al laudo y de ser así, imponga la medida de apremio correspondiente. En ese contexto, si bien la resolución reclamada se emitió en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el diverso juicio de amparo 159/2020-II, del índice de este órgano jurisdiccional, cierto es que, atendiendo a los efectos del fallo protector, esta se emitió con plenitud de jurisdicción, al requerir a la autoridad responsable que analizara si en el caso, la parte demandada se ha conducido con evasivas para dar cumplimiento al laudo condenatorio y de ser así, imponga la medida de apremio correspondiente. Esto es, que el presidente responsable se encontraba en plenitud de determinar si se actualizaba o no la evasiva en el cumplimiento del laudo, y con ello, la imposición de la medida de premio correspondiente. Por tal motivo, debe concluirse que la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable, resulta infundada, ya que la resolución combatida se emitió con plenitud de jurisdicción. Finalmente, en atención a que las partes no hicieron valer alguna otra causal de improcedencia, ni el suscrito advierte de oficio su actualización, a continuación se procede al estudio de fondo del asunto. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación de los quejosos se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias; sin embargo, es conveniente referir que, en su demanda de amparo, en síntesis, hizo valer lo siguiente: En el primer concepto de violación manifiesta: a) Que se afecta su garantía constitucional consagrada en el artículo 16 ya que se les está imponiendo una multa de manera indebida, pues ni el auto ni los requerimientos realizados por el Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Tlalnepantla, Estado de México, tendientes a realizar el cobro del auto dictado en el expediente laboral, les han sido notificados de manera personal como personas físicas, sino que se han hecho del conocimiento a la demandada Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, además de que no son parte en el citado juicio por lo que estima que se encontraban imposibilitados para atender los requerimientos. b) Arguye que lo anterior denota falta de fundamentación y motivación por el hecho de que los quejosos personalmente no fueron condenados en el auto dictado en el expediente número SAT/987/2009, ni tampoco tienen facultades para asignar, reasignar y/o modificar el presupuesto para pagos ya que ello es atribución y de personas diversas a ellos según lo dispone el artículo 4 y 8 de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados 'SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA', que en lo sustancial precisa que el presupuesto de egresos le será asignado por el Ayuntamiento lo cual es robustecido por el artículo 13 bis - E de dicha ley, que precisa las atribuciones y obligaciones de la presidenta del 'DIF', del cual en ninguna parte se desprende que sea atribución o facultad de la Presidencia la asignación de presupuesto de egresos, actualizándose en el presente caso el criterio presentado por la tesis con registro digital 187083, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO." c) Señala que por cuanto hace a ---------- no aparecen sus atribuciones en la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y entonces le causa agravio una sanción decretada por omisión a obligaciones que no se le atribuyen en la ley mencionada y al hacerles del conocimiento la licenciada ---------- el contenido del auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte la autoridad señalada como ordenadora precisa que se haga efectiva la multa por diez veces el salario mínimo vigente en el año dos mil diecinueve que previa operación aritmética resulta la cantidad de $1,026.80 (mil veintiséis pesos 80/100 moneda nacional) sin considerar las gestiones realizadas por parte de los quejosos e incluso del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Estado de México a través de sus diferentes oficios (los detallan) los cuales le han hecho del conocimiento a la responsable. d) Agrega que el cargo que desempeña ---------- dentro del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México no se encuentra remunerado, ya que se encuentra desempeñándolo de manera honorífica, por lo que es improcedente la sanción a la cual la están haciendo acreedora y violenta en su perjuicio sus garantías individuales. e) Manifiestan que se viola en su perjuicio los artículos 16 y 17 de la Constitución ya que el acto de autoridad está produciendo un acto de molestia en perjuicio de particulares de manera indefinida y se les deja en estado de indefensión, por lo que está en presencia de actos de imposible reparación que no se estaría en posibilidad de restituir los derechos que se consideran transgredidos. Cita en apoyo la tesis de rubro: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN; QUE DEBE ENTENDERSE COMO, EN EL JUICIO DE AMPARO." Agrega que cuando se está ante un funcionario que no fundamenta su actuar y no se le otorgan facultades para emitir ese acto de molestia se estará ante un acto ilegal desde su origen y que si bien es cierto la autoridad no puede revocar sus determinaciones, sí tiene la facultad de ordenar reponer el procedimiento. Cita la tesis de rubro: "FRUTO DE ACTOS VICIADOS." En el segundo concepto de violación refiere medularmente lo siguiente: a) Que no existe congruencia y fundamentación aplicable para que le sea impuesta la multa referida por la autoridad señalada como ordenadora y por tanto es aplicable el criterio de rubro: "FRUTO DE ACTOS VICIADOS" porque de ejecutar una multa en sus personas sería un acto viciado por ser un acto emitido con iguales características. En el tercer concepto de violación manifiesta: a) Que se viola en su perjuicio el principio de congruencia y exhaustividad que debe de revestir toda resolución judicial dictada en los procedimientos judiciales, violando con ello los artículos relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles en relación con los artículos 14 y 16 constitucionales. Cita en apoyo de sus aseveraciones las tesis de rubro "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL."; "SENTENCIAS. SU CONGRUENCIA." y "SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA." b) Que existe falta de congruencia en la aplicación de la multa que les fue impuesta por una indebida interpretación del artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, pues va dirigido a las autoridades que tienen las atribuciones necesarias para asignar y/o reasignar o incluso modificar un presupuesto destinado para el pago de una cuestión determinada que en el caso concreto es el pago del laudo SAT/987/2009, mismo que al no haberse previsto ni asignado en el presupuesto por parte del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México al Sistema Municipal de dicha localidad, que resulta ser un organismo público descentralizado de asistencia social de carácter municipal el cual se encuentra a expensas del presupuesto asignado por el Ayuntamiento. c) Agrega que el artículo 126 constitucional señala que no se podrá hacer ningún pago que no esté expresamente previsto en el presupuesto de egresos, por lo que estima que la omisión de realizar el pago del laudo ordenado por la responsable no debe interpretarse en el sentido de que se oponen a la ejecución del laudo, pues es la constitución la que determina la omisión de hacer pago alguno si no se encuentra en el presupuesto de egresos y que los quejosos no tienen las facultades para redireccionar o reasignar el presupuesto asignado al sistema municipal para el desarrollo integral de Cuautitlán Izcalli. Cita en apoyo de sus aseveraciones la tesis con registro digital 187083 de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPETRACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO." Hasta aquí los motivos de disenso de la parte quejosa. Ahora, el acto reclamado lo constituye el proveído de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, emitido en el expediente laboral SAT 987/2009, la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, determinó lo siguiente: "Visto, La ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 159/2020 por el juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, el requerimiento realizado mediante oficio 14138/2020 y el escrito presentado ante la oficialía de partes de esta Sala, así como el diez de diciembre de dos mil diecinueve, atento a su contenido, SE PROVEE. * I.- (.) II.-(.) III.- (.) IV.- En cumplimiento a la ejecutoria de cuenta, esta autoridad procede analizar si la parte demandada se ha conducido o no con evasivas en el cumplimiento del laudo de catorce de agosto de dos mil dieciocho. Como se advierte de autos, en especial en la diligencia de requerimiento y embargo celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, la parte demandada fue omisa en exhibir el total del crédito laboral requerido, en razón de que únicamente exhibe la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/10 M.N), asimismo señala como bienes a embargar cuatro vehículos de los cuales no acredita debidamente la propiedad y la desincorporación como bienes muebles de la institución pública, puesto que solo exhibe copias simples de las facturas, lo que denota una conducta evasiva en el cumplimiento del laudo, lo que contraviene lo previsto en el artículo 17 constitucional, en incurrir en el retraso de la solución de conflicto por causas ajenas a este órgano jurisdiccional, mismas que son atribuibles en este caso a la demandada, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, dejando de dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por esta autoridad, por lo anterior, al titular del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Cuautitlán Izcalli y al licenciado ---------- se les aplica una medida de apremio consistente en una multa de diez veces el salario mínimo general vigente, en el lugar y tiempo en que se cometió la infracción (22 de agosto de 2019), que haciendo a la cantidad de "1,026.80 (un mil veintiséis pesos 80/100), que resulta de multiplicar los días de multa impuestos de 10 por $102.68 que corresponde al valor del salario mínimo en el año 2019, por lo que se comisiona al C. Actuario para que se constituya en el domicilio del ayuntamiento demandado en donde previamente fue emplazado a juicio, y proceda a notificar al titular del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli y al licenciado ---------- el presente acuerdo, corriéndoles traslado con copia simple, por lo que una vez que causa ejecutoria el presente proveído, se ordena girar atento oficio a la Delegación Fiscal de Tlalnepantla dependiente de la Subdirección de Control de Créditos de la Secretaria de Finanzas de Tlalnepantla, dependiente de la Subdirección de Control de Créditos de la Secretaria de Finanzas del estado de México, para que en auxilio de sus funciones de esta Sala, haga efectiva la multa impuesta al titular del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Cuautitlán Izcalli y al licenciado ---------- a cada uno por la cantidad de $1,026.80 (un mil veintiséis pesos 80/100, debiendo acompañar en copias certificadas los siguientes documentos (.) En ese contexto, de una confrontación entre los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa y las consideraciones que sustentan el acto reclamado, se estima que los motivos de inconformidad resultan infundados en una parte e inoperantes en otra como enseguida se explica. En efecto, de la transcripción del proveído impugnado se deduce que la Sala responsable justificó la imposición de las multas teniendo como base que de la diligencia de requerimiento y embargo celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, la parte demandada, hoy quejosa, fue omisa en exhibir el total del crédito laboral requerido, en razón de que únicamente exhibió la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/10 moneda nacional); asimismo señaló como bienes a embargar cuatro vehículos de los cuales no acreditó debidamente la propiedad y la desincorporación como bienes muebles de la institución pública, puesto que solo exhibió copias simples de las facturas, sosteniendo que ello denotaba una conducta evasiva en el cumplimiento del laudo, lo que contravino lo previsto en el artículo 17 constitucional, en incurrir en el retraso de la solución de conflicto por causas ajenas a la autoridad responsable, mismas que refirió le eran atribuibles en este caso a la demandada, aquí quejosa, cuyo interés particular no podía estar por encima de del interés público; sin que esas manifestaciones hayan sido combatidas por la parte quejosa o controvertidas de tal forma que pudiera llevarse a cabo el análisis de esa consideración, por ser la materia que rige el acto de estricto derecho, de lo que los conceptos de violación resultan inoperantes en ese aspecto. Por otra parte, tocante a los argumentos del primer concepto de violación reseñados en los incisos a) a f) se procede a dar contestación de manera conjunta dada su estrecha relación, los cuales se estiman infundados en una parte e inoperantes en otra como se explica a continuación. En primer término son infundados los argumentos en el sentido de que la parte quejosa estima que la autoridad responsable debió notificarles de manera personal como personas físicas y no como se realizó, esto es, al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, pues no son parte en el juicio del que emana el acto y que ellos no fueron condenados; ello es infundado porque la autoridad responsable determinó que la parte demandada, quien es una persona moral oficial (representada por ---------- y ----------, en su carácter de Presidenta y apoderado legal (respectivamente) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México) es quien se había conducido con evasivas y no había dado cumplimiento al laudo de catorce de agosto de dos mil dieciocho y en consecuencia, les impuso en su oportunidad una multa económica, por virtud del cargo que ostentan, que se origina con motivo del cargo público del funcionario y del ejercicio de sus funciones públicas y en el caso del apoderado, la autoridad que representa. Es por esa razón que la autoridad responsable aplicó el citado medio de apremio a la funcionaria y apoderado referidos a fin de que dejen de actuar con evasivas por los actos u omisiones contumaces que la originaron, ello a fin de vencer su resistencia, por lo que no es dable que fueran llamados previamente a juicio como personas físicas para determinar si la responsable debía imponerles una medida de apremio, sino que esa garantía de audiencia le fue concedida al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México en el juicio laboral burocrático. Además, respecto a las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido de que no tienen facultades para asignar, reasignar y/o modificar el presupuesto para pagos ya que es atribución de personas diversas a ellos y que el cargo que desempeña ---------- como presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, es un cargo honorífico y no cobra por ello, es una cuestión que debió haberse probado ante la autoridad responsable para efecto de poder determinar lo atinente sobre el cumplimiento al laudo a que fue condenada o bien, su imposibilidad, por lo que no es factible ocuparse de ese argumento en el presente juicio constitucional, pues de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, de lo que el mismo resulta inoperante. También los propios argumentos son infundados porque contrario a lo que sostiene la parte quejosa, en la diligencia de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, que llevó a cabo la Actuaria adscrita a la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en la cual se constituyó en el domicilio de la parte demandada Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, requirió la presencia de la presidenta de dicha dependencia y/o del representante o apoderado legal, compareciendo el hoy quejoso ----------, en su carácter de apoderado de la misma, llevándose a cabo la reinstalación de ---------- en su trabajo y posterior a ello se llevó a cabo el requerimiento de pago y embargo, en apego al numeral 252, fracción I2 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México, que entre otras cuestiones estipula que el actuario requerirá el pago a la persona con quien atienda la diligencia y si no efectúa el mismo procederá al embargo y para tal efecto, requerirá al compareciente por la demandada para que señale bienes tangibles de fácil realización o exhiba el título de crédito suficiente que garanticen el crédito laboral y en caso de no hacerlo, dicho derecho se transfiere al actor. En esa tesitura, de dicha diligencia se desprende que el hoy quejoso ----------, en su carácter de apoderado del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, manifestó no contar con la cantidad que le fue requerida como pago de lo condenado en el laudo, sin embargo, para mostrar disposición de pago, señaló como pago parcial lo que obraba en caja de su poderdante que lo fue por $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) y señaló como bienes para la debida garantía cuatro facturas de vehículos descritos en la citada actuación en copia simple, a lo cual su contraria se opuso en el acto. De lo anterior se desprende, que contrario a lo que sostiene la parte quejosa, en el sentido de que no tienen facultades para asignar, reasignar y/o modificar el presupuesto para pago; lo cierto es que en la diligencia de la que deriva el acto reclamado ------------------ 2 ARTÍCULO 252.- En caso de incumplimiento del laudo o convenio en los términos o modalidades establecidas en el artículo 251 de esta ley, el Tribunal o Sala, a petición de la parte interesada, dictará auto de requerimiento de pago y embargo, estableciendo los medios de apremio que podrán ser empleados para su cumplimiento y realizará las diligencias necesarias para su ejecución. La diligencia de requerimiento de pago y embargo se practicará en el domicilio de la institución pública, dependencia demandada, nuevo domicilio o denominación del deudor, misma que se realizará con su titular o su representante legal; si estos no estuviesen el día y hora fijados la diligencia se practicará con el servidor público que se encuentre presente. En las diligencias de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes: I. El actuario asociado personalmente con el actor, requerirá el pago a la persona con quien atienda la diligencia y si no efectúa el mismo procederá al embargo; para tal efecto, requerirá al compareciente por la demandada para que señale bienes tangibles de fácil realización o exhiba el título de crédito suficiente que garanticen el crédito laboral y en caso de no hacerlo, dicho derecho se transfiere al actor; -------, en su carácter de apoderado del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se dispuso a realizar pagos parciales e incluso dispuso de numerario que obraba en la caja de su mandante, de ahí que resulte infundado su argumento. A la misma conclusión se arriba respecto a que no aparecen las atribuciones de ---------- en la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y entonces le causa agravio una sanción decretada por omisión a obligaciones que no se le atribuyen en la ley mencionada y al hacerles del conocimiento la licenciada ------------- el contenido del auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte la autoridad señalada como ordenadora precisa que se haga efectiva la multa por diez veces el salario mínimo vigente en el año dos mil diecinueve que previa operación aritmética resulta la cantidad de $1,026.80 (mil veintiséis pesos 80/100 moneda nacional) sin considerar las gestiones realizadas por parte de los quejosos e incluso del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Estado de México a través de sus diferentes oficios (los detallan) los cuales le han hecho del conocimiento a la responsable. En ese sentido, se consideran infundados los argumentos del quejoso ---------- en el sentido de que sus atribuciones no aparecen en la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y por ello no se le debió imponer la multa; en relación a ello, lo cierto es que a éste se le otorgó por parte de ----------, en su carácter de Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, poder para representar a dicha dependencia, cargo que se advierte ejerció en el juicio burocrático del que emana el acto reclamado, según se desprende de las constancias que fueron remitidas por la responsable en su informe justificado y por tanto, las facultades que le fueron delegadas se ven ejecutadas incluso en la diligencia de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, que llevó a cabo la Actuaria adscrita a la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a la cual ya se ha hecho referencia en donde pretendió realizar pagos parciales en representación de su mandante del laudo a que fue condenada su poderdante. Además, el artículo 8 de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, dispone: "Artículo 8.- Los Organismos Municipales, deberán elaborar sus presupuestos anuales de operación y de inversión, especificándose los ingresos que espera recibir y la forma en que ejercerá sus recursos disponibles. Estos presupuestos debidamente autorizados por la Junta de Gobierno, serán sometidos a la consideración del H. Ayuntamiento, quien en su caso podrá modificarlos o aprobarlos." De lo que se desprende que la parte quejosa se encontraba en posibilidad de prever el pago del laudo a que fue condenada, ya que entre sus facultades se encuentra la de elaborar sus presupuestos anuales de operación y de inversión, especificándose los ingresos que espera recibir y la forma en que ejercerá sus recursos disponibles; de lo que se evidencia la posibilidad de incluir las erogaciones por el concepto que se le reclama; de ahí que sean infundados esos argumentos. Respecto a las gestiones que arguye estuvo realizando para poder realizar el pago a la ahí actora, para lo cual refiere diversos oficios, lo cierto es que del juicio burocrático del que emana el acto, no existe constancia de que hubiera obtenido el presupuesto relativo para afrontar el pago del laudo al que fue condenada, de ahí que esos argumentos sean ineficaces. Por otra parte, también son inoperantes los argumentos reseñados en los incisos e) y f) del primer concepto de violación e inciso a) del segundo motivo de disenso, porque no explica a este Juzgador de qué manera la autoridad responsable al producir el acto de molestia les dejó en estado de indefensión, cuáles son los fundamentos que omitió en señalar, porqué carecía de facultades para emitirlo, lo cual es indispensable para abordar el estudio de la cuestión planteada. Además, resultan inoperantes los argumentos reseñados en los incisos a) al c) del tercer concepto de violación, en donde arguye que se vulneró el principio de congruencia porque el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios va dirigido a autoridades que tienen las atribuciones necesarias para asignar, reasignar o incluso modificar el presupuesto destinado para el pago de una cuestión determinada, que el caso concreto es el laudo en el expediente SAT/987/2009, y que el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli no previó esa circunstancia para el Sistema Municipal de dicha localidad; porque esas aseveraciones debieron someterse al arbitrio del Tribunal responsable y probarse, en aras de cumplir con el laudo con el que fue condenada la persona moral oficial que representan, de lo que no es jurídicamente correcto ocuparse de esa cuestión en el presente juicio de amparo, máxime que la responsable determinó que actuó con evasivas respecto del cumplimiento del laudo y ello no lo controvirtió. A la misma conclusión se arriba respecto a que el artículo 126 constitucional señala que no se podrá hacer ningún pago que no esté expresamente previsto en el presupuesto de egresos, por lo que estima que la omisión de realizar el pago del laudo ordenado por la responsable no debe interpretarse en el sentido de que se oponen a la ejecución del laudo, pues es la constitución la que determina la omisión de hacer pago alguno si no se encuentra en el presupuesto de egresos y que los quejosos no tienen las facultades para redireccionar o reasignar el presupuesto asignado al sistema municipal para el desarrollo integral de Cuautitlán Izcalli; pues la parte quejosa tampoco expone a este Juzgador de qué manera, a efecto de cumplir con el laudo, gestionaron con quien correspondiera, la obtención de los recursos en su presupuesto de egresos, para afrontar la cantidad a que fue condenada su representada durante el procedimiento de ejecución, ni las acciones encaminadas para con el Ayuntamiento aludido para ese fin y lo que tuvo a bien determinar el tribunal responsable en lo atinente; de lo que esas manifestaciones son inoperantes. En ese sentido, es evidente que ante lo infundado en una parte e inoperante e ineficaz en otra, de las manifestaciones de la parte quejosa como ya se ha explicado, procede negar el amparo solicitado. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a la autoridad Delegación Fiscal Tlalnepantla de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretearía de Finanzas del Gobierno del Estado de México, por no reclamarse por vicios propios, sino que su actuar se hace depender de la autoridad ordenadora. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ---------- y ----------, en su carácter de Presidenta y apoderado legal (respectivamente) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, contra los actos señalados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos establecidos en el sexto considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en unión de José Manuel Garibay Zepeda, hasta hoy dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por el Subdirector de Atención a Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio del cual, informa la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiséis de marzo del año en curso, respecto al posible domicilio de la tercera interesada --------. En mérito de lo anterior, agréguense a los autos sin mayor pronunciamiento al respecto, dado que de las constancias del expediente se advierte que fue emplazada a juicio la referida tercera interesada el diecinueve de abril de la presente anualidad; asimismo, se deja insubsistente el apercibimiento decretado en el proveído de referencia a las autoridades oficiantes. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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