Micaela Aguilar Aguilar
Expediente 1323/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1323/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Micaela Aguilar Aguilar
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, tomando en consideración que el día dieciocho de octubre de dos mil veintitrés fue declarado inhábil por el titular del juzgado, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, fracción XIV y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, data prevista para la celebración de la audiencia de ley. Por tanto, toda vez que la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en el expediente en que se actúa, fue el dieciocho de octubre del año en curso, a efecto de no violar las normas que rigen el procedimiento se difiere la celebración de la audiencia constitucional y se fijan las once horas con veinticinco minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de la delegada de la Subdirectora de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual, informa que se realizó el pago vía nómina por la cantidad de ********************, a la parte quejosa, cantidad que se determinó en oficio ******************** de nueve de junio de dos mil veintitrés. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, con copia simple del oficio de cuenta, dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida que, en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se acordará lo que en derecho corresponda con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa (o en forma electrónica, de así haberse acordado).
- Principal
Vistas las demandas de amparo presentadas por ********************, contra actos de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fórmese el expediente electrónico respectivo con el número 1323/2023; háganse en la misma forma las anotaciones respectivas en los Libros Electrónicos de Gobierno del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); e infórmese a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente y que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de los interesados. Con motivo de lo anterior, se exhorta a las partes a que inicien, migren o continúen la tramitación del juicio, según sea el caso, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual podrán consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones electrónicas, mediante la utilización de una firma electrónica vigente; y se les invita a proporcionar medios digitales de contacto, como número de teléfono o correo electrónico, a fin de agilizar la comunicación con este órgano jurisdiccional. Del estudio integral de la demanda de amparo y anexos se advierte que este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México carece de competencia legal por razón de grado, pues procede, la vía directa para conocer de esta demanda de amparo respecto del acto consistente en: "(.) RESOLUCIÓN DE FECHA TRECE DE JUNIO DEL 2023, EMITIDA CONTRA EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, PRESENTADO EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA INICIAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y SILENCIO ADMINISTRATIVO POR DAÑO MORAL Y FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BAJO EL EXPEDIENTE ********************. (.)". El juicio de amparo directo es un proceso constitucional autónomo que compete a los Tribunales Colegiados de Circuito, que procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, que no admitan recurso ordinario alguno por virtud del cual puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos, bien sea que la violación que en su caso se reclame se cometa en los mismos, o durante el procedimiento afectando la defensa del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, lo anterior, en términos de los artículos 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 34 y 170 de la Ley de Amparo. Para efectos del juicio de amparo y, en términos del párrafo segundo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, se entiende por sentencia definitiva la que decida el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Se considera también como sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio, aquellas que puedan ser modificadas o revocadas, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia, tal como precisa el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 39, tomo 87 Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "SENTENCIA DEFINITIVA, QUE DEBE ENTENDERSE POR, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO." Es aplicable también la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 466, tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO." En ese orden, el artículo 38, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que los Tribunales Colegiados de Circuito, son competentes para conocer de los juicios de amparo directo en materia administrativa promovidos contra sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales. En este caso, el acto reclamado consiste en la resolución de la sentencia definitiva de trece de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************del índice de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que se resolvió confirmar el auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés; en consecuencia: se confirma en todos sus términos el acuerdo recurrido de fecha catorce de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó por improcedente la demanda; por tanto, el acuerdo reclamado se trata de una determinación con la que se da por concluido el juicio de referencia; por lo que, corresponde su estudio a un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, que dispone lo siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por los motivos señalados, el conocimiento de este asunto no corresponde a este órgano de control constitucional; por ende, con fundamento en el artículo 47, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente por razón de grado, pues procede la vía directa para el trámite de la demanda de amparo de cuenta únicamente respecto del acto señalado, esto es la resolución de la sentencia de trece de junio de dos mil veintitrés y se ordena remitir este expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en la materia y circuito inmediatamente citados. Solicitándole atentamente que de no tener inconveniente legal alguno, remita el acuse de recibo correspondiente; y, se sirva informar la determinación que asuma sobre el particular. Sin que se ordene formar cuaderno de antecedentes, toda vez que el presente juicio de amparo obra en su totalidad en el expediente electrónico para consulta de las partes, y en caso de recibir una promoción física, fórmese la carátula respectiva glosándola al original una vez que sea devuelto. Asimismo, sin que haya lugar a notificar personalmente la presente determinación a la parte promovente, en atención a la Jurisprudencia 12/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sección primera, página cincuenta y cinco, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece que: "... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado.". Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Se autoriza la consulta del expediente electrónico al usuario: ******************** el cual corresponde a******************** Se autoriza en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a la persona que menciona la parte quejosa en su escrito de demanda; en la inteligencia de que si acredita encontrarse legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciados en Derecho, se entenderá que gozarán de todas las atribuciones que señala el precepto legal invocado. En cuanto hace, al correo electrónico y teléfono que precisa en su demanda, únicamente se tienen para el efecto de que sean considerados como medios de contacto para comunicaciones no procesales, por lo que póngase a disposición de los actuarios adscritos a este Juzgado, para que de ser necesario faciliten las diligencias que se encomienden. Al respecto, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto; y, con apoyo en el acuerdo general inicialmente mencionado, se habilita también a dichos funcionarios para emplear medios tecnológicos como opción para la práctica de comunicaciones procesales, debiendo en esos casos certificarse la confirmación de la identidad de la persona involucrada, así como la recepción de la comunicación respectiva. Por otro lado, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de las copias simples o certificadas de las constancias físicas que obren en autos y sus anexos (para lo cual bastará que las soliciten a la Secretaría responsable del expediente; que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado; y que se deje en el expediente constancia legal de su recepción); el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello; y se recuerda a las partes que conforme a la normatividad antes referida, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél con el carácter de copias certificadas electrónicamente. Finalmente, en atención a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en las leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en tales ordenamientos; que las resoluciones que se emitan en el este asunto estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten; y que cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese.
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