Miariam Soledad Alcala Mijangos

Expediente 191/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
191/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
11/03/2015

Partes del expediente

  • Miariam Soledad Alcala Mijangos

Actuaciones

  1. Principal

    MES VI B Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintiséis de febrero de la presente anualidad (fojas 25 a 28), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por la quejosa MIRIAM SOLEDAD ALCALÁ MIJANGOS; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA VI B Visto el escrito de la quejosa MIRIAM SOLEDAD ALCALÁ MIJANGOS, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de doce de febrero del año en curso (fojas 17 a 19), pues otorga la protesta de ley respecto a los antecedentes del acto reclamado, y precisa los que reclama a las autoridades responsables. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora bien, el análisis integral de la demanda y del escrito aclaratorio que se acuerda, permite conocer que la quejosa Miriam Soledad Alcalá Mijangos, en esencia reclama la falta de pago del sueldo y demás prestaciones económicas a la que dice tener derecho como empleada de base de la entonces Contaduría Mayor de Hacienda, ahora Auditoria Superior del Estado perteneciente al Congreso del Estado de Oaxaca; así como el no haber sido beneficiada al igual que el resto de los trabajadores de base de tal dependencia con diversas mejoras salariales directas y en prestaciones (compensación, pasajes, despensa, canasta navideña y aumento económico). En ese tenor, el suscrito juzgador advierte que en contra el precisado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con 1°, fracción I, y 5°, fracción II, los dos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De la transcripción anterior, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos para que el juicio de amparo sea procedente, como lo es el caso de la falta de pago de salario y demás prestaciones a las que tenga derecho un trabajador con motivo de los servicios proporcionados a un patrón, cuando tal acto le es imputado al empleado, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad, o en su caso, a un particular que lo realice de manera equivalente, en razón a facultades determinadas por una norma general. "SALARIO MÍNIMO. ES INEMBARGABLE POR SER UN DERECHO SOCIAL TUTELADO POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y REFLEJADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La Ley Federal del Trabajo, publicada el uno de abril de mil novecientos setenta en el Diario Oficial de la Federación, en su artículo 82, define al salario como la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por virtud del contrato de trabajo; no sólo se trata de una contraprestación por el servicio personal subordinado que se presta, sino que es un derecho que se genera por razón de la relación laboral, como se advierte del artículo 99 del mismo ordenamiento. Máxime que el artículo 90 del referido texto normativo dispone que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo y suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. De esa guisa, se colige que el salario tiene una cobertura constitucional y legal que impide su embargo, como lo prevé el artículo 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, al indicar que el salario mínimo queda exceptuado de embargo, compensación o descuento. Así, el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo establece la inembargabilidad de los salarios y con esa disposición expresa extiende un derecho social tutelado por el citado artículo 123. Entonces, prevalece la regla general de que el salario mínimo es inembargable por encontrar un sustento constitucional y reflejo en la ley laboral, y aunque en ésta no se alude al salario mínimo, sino únicamente se utiliza la locución "salario", no es obstáculo para concluir que se hace referencia al salario mínimo y se trata del reflejo del goce de un derecho social que tiende a proporcionar como cuestión básica a los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinción alguna, según se reconoce en el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo." De donde se sigue que los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal, tanto en virtud de su origen como en atención a su naturaleza, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, por lo que resulta indispensable que el acto reclamado haya sido emitido por un ente en su calidad de autoridad o actuando de manera equivalente, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último. Ahora, es conveniente definir si la autoridad señalada como responsable Auditor Superior del Estado de Oaxaca, dependiente del Congreso del Estado de Oaxaca, en el caso, al omitir pagar su salario a la quejosa, actúa como una persona de derecho público, o de derecho privado. Para ello, es indispensable distinguir entre los actos que realizan los órganos del Estado como entidad soberana, esto es, en un nivel de supraordinación, por medio de dictados imperativos cuya observancia es obligatoria; de los actos que realizan como entidad jurídica, esto es, en un nivel de coordinación con los particulares, sin atributos de autoridad, atendiendo a los derechos que deriven de relaciones de naturaleza civil, mercantil o laboral, pues en el primer caso, sus actos son actos de autoridad, y contra ellos procede el juicio de amparo; en el segundo supuesto, no son actos de autoridad para los efectos del amparo, y contra ellos no cabe el juicio constitucional, sino su impugnación ante los tribunales de instancia (civil, laboral, etc.). Asentado lo anterior, si bien el Auditor Superior del Estado de Oaxaca dependiente del Congreso del Estado de Oaxaca -autoridad señalada como responsable-, es un órgano del estado y por ende, autoridad para efectos del juicio de amparo, también lo es que, el acto que le reclama la quejosa -falta de pago del salario que percibe como empleada de la entonces Contaduría Mayor de Hacienda, ahora Auditoría Superior del Estado, desde el uno de noviembre de dos mil siete- no se sustenta en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, sino en el marco de la relación laboral que la promovente sostiene con aquélla en su carácter de patrón equiparado, en virtud de su cargo, que requiere de la intervención de un tribunal ordinario con competencia para dirimirse. Ello, además por así establecerse legalmente por los artículos 2 y 3 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio del Estado de Oaxaca que señalan: "Artículo 2.- Empleado de los Poderes del Estado de Oaxaca es toda persona que presta sus servicios a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, bien sean de carácter material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido y previa la protesta de Ley. Artículo 3.- La relación jurídica de servicio reconocida por esta Ley, se entiende establecida, para todos los efectos legales, entre los empleados de base y los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Oaxaca, representados por sus titulares respectivos." Lo cual se confirma, con la aclaración a la demanda que formuló la quejosa, de donde asevero que no fue objeto de un procedimiento administrativo de responsabilidad que originara su cese, que no ha sido despedida, separada o suspendida de su empleo de servidor público de base, que actualmente continua activa en su puesto y que extra oficialmente sus compañeros le han manifestado que se ha dispuesto no se le pagara su sueldo porque no ha laborado en la Auditoria Superior del Estado de Oaxaca sino que ha cumplido su horario de trabajo en la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Estado, lo que evidencia la naturaleza laboral del reclamo que inexactamente pretende realizar ante esta instancia constitucional, en vez de ante la Junta de Arbitraje respectiva. Bajo tales premisas es incuestionable concluir que si el acto que ahora reclama la quejosa, omisión al pago del sueldo al que dice tener derecho con motivo de su empleo público, el cual imputa al Auditor del Estado de Oaxaca dependiente del Congreso de Estado de Oaxaca, no se sustenta en una relación de supra a subordinación, sino que se originó en una relación de coordinación entre particulares (patrón-trabajador), por no reunir las características de unilateralidad e imperio requeridas para impugnarse mediante la vía constitucional, es que el presente juicio de amparo resulta improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas y al actualizarse en el caso un motivo manifiesto e indudable de improcedencia SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA VI B Agréguese el oficio sin número, suscrito por el presidente Municipal, síndico Procurador y tesorero Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, por el que en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del acuse de recibo por el que se presentó ante el Congreso del Estado de Oaxaca el anteproyecto de la Ley de Ingresos del Ejercicio fiscal 2015, e informa que mediante sesión extraordinaria de cabildo de quince de diciembre de dos mil catorce, fue sometido a consideración de su representado y aprobado por unanimidad el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015, en el cual se incluye la partida para el pago de pasivos laborales (por considerar dicho mecanismo como el pertinente para cumplir con la ejecutoria de amparo). Por tanto, con fundamento en el artículo 104 de la anterior Ley de Amparo, requiérase al Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, para que en el término de tres días, remita copia certificada del acuse de recibo del oficio por el que haya presentado la iniciativa correspondiente ante la auditoria superior del Gobierno del Estado; apercibida que de no cumplir con lo anterior, o en su caso informe la imposibilidad que se tenga para ello, se remitirán las actuaciones al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este circuito, con arreglo al Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que, en su caso, sea separado de su cargo y consignado al juez de Distrito que corresponda, conforme a lo establecido en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal.

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