Mía Macías Muñoz y Otros.

Expediente 975/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
975/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Mía Macías Muñoz y Otros.
  • Verónica Muñoz Espinosa y Otros.
  • Verónica Muñoz Espinosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de diez de marzo del año en curso, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido y fue valorado como destruible. Sin embargo, en acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se decretó la suspensión de plano solicitada en favor de la directa quejosa. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que refiere: "[.] 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano. Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables"." Se modifica el destino del presente expediente y se determina que el mismo es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de quince de febrero del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por **************, en representación de su menor hija de iniciales M.M.M.; en atención a su contenido, se acuerda: Téngasele informando que el nueve de febrero del año en curso, se aplicó a su menor hija la segunda dosis de la vacuna Pfizer. En lo que atañe a su solicitud, en el sentido que si la suspensión de plano otorgada comprende la aplicación de una tercera dosis, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de quince del presente mes y año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio y anexos remitidos por el apoderado legal de la Secretaria de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG); en atención a su contenido, se acuerda: Téngasele comunicando a este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada, que el nueve de febrero del año en curso, se aplicó la segunda dosis de la vacuna Pfizer a la menor de iniciales M.M.M. Ahora bien, del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, así como a las que remite la autoridad oficiante, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: A) *************, en representación de su menor hija de iniciales M.M.M., reclamó: La omisión de aplicarle a su menor hija la vacuna Pfizer/BioNTech. B) De acuerdo con las constancias que remitió el apoderado legal de la Secretaria de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, se desprende que: El once de enero de dos mil veintidós, se le aplicó la primera a dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech a la menor de iniciales M.M.M. El nueve de febrero del año en curso, se aplicó la segunda dosis de la citada vacuna a dicha menor. En tales condiciones, es incuestionable que la omisión de aplicar la vacuna Pfizer a la menor de edad, a que se hace referencia en el párrafo que antecede y que reclamó en el presente juicio de amparo, cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la menor que representa la parte quejosa ya fue vacunada, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Por tanto, es evidente que el acto que tilda de inconstitucional, consistente en la omisión de aplicar la vacuna Pfizer a la menor de referencia, cesó en sus efectos, ya que con las constancias que remite la autoridad responsable se acredita que las recibió, por lo que ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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