Mia Alessandra Rosales López
Expediente 1305/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1305/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Mia Alessandra Rosales López
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Firmeza de auto. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por ****************, en representación de su menor hija de iniciales M.A.R.L. por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Partido Judicial de Mexicali, Baja California; fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 1305/2023, que es el que le corresponde. Improcedencia. Ahora, una vez analizado en forma íntegra el escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo legal transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo indirecto tiene la obligación de estudiar la demanda y de encontrar causas manifiestas e indudables de improcedencia debe desecharla de plano, en el entendido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. De los preceptos reproducidos se advierte que el juicio de amparo es improcedente, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, cuando la ley que lo rige, conceda algún recurso o medio de defensa idóneo para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Desde luego, el amparo constituye un medio extraordinario de defensa que por regla general, procede solamente hasta que la potestad común se pronuncia de manera definitiva; de ahí que sea una exigencia indispensable el agotamiento de cualquier recurso o medio de defensa ordinario previsto en la Ley, que sea apto para generar alguno de los efectos anunciados en el párrafo anterior. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/2015 suscitada entre la Primera y la Segunda Sala del más Alto Tribunal el siete de septiembre de dos mil diecisiete, refrendó el criterio en el sentido de que debe acatarse el principio de definitividad previo a la interposición del juicio de amparo, aun cuando se trate de actos de imposible reparación -salvo las excepciones previstas en la ley o en la interpretación jurisprudencial-. Así, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, debe cumplirse antes de que éste se promueva y consiste en que previa tramitación del juicio constitucional, se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama. Esto es así, ya que al ser el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que sólo puede acudirse a él cuando previamente se ha agotado el recurso previsto en la ley ordinaria, pues de lo contrario se provocaría que la Justicia Federal se pronunciara respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto que aún es susceptible de modificarse, revocarse o anularse, haciendo con ello ocioso e innecesario su trámite. Por tanto, previo a la promoción del juicio constitucional, la peticionaria de amparo tuvo que haber promovido el recurso de revocación, en contra del acto reclamado consistente en el proveído [auto] de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio 1169/2022, del índice del Juez Primero de lo Familiar del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, el cual fue notificado el tres de octubre del año en curso, en el que no pronunció sobre la solicitud de otorgamiento de pensión provisional de alimentos a favor de la parte quejosa, dicho acto reclamado se fijó de esa manera ya que en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa expuso lo siguiente: "(.) 2.1. El 03 de octubre de 2023 se publicó el proveído de 27 de septiembre de 2023 en donde la autoridad demandada omitió pronunciarse sobre la solicitud descrita en segundo párrafo del numeral que precede. No fijó la pensión alimenticia que se le volví a solicitar en esa fecha; porque me dio vista con diversos documentos exhibidos por la parte demandada, aquí tercero interesado." (lo subrayado y destacado en segundo lugar con negritas es por parte de este órgano jurisdiccional). Se afirma que se materializa tal supuesto, ya que el numeral 670 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, establece: "ARTÍCULO 670.- Los autos que no fueren apelables y los Decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." De acuerdo, a lo reproducido, los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados, salvo que la ley disponga expresamente que no sean recurribles. El precepto 674 del mismo ordenamiento señala expresamente cuáles determinaciones son apelables, por lo que resulta necesaria su transcripción: "ARTÍCULO 674.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II.- Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la Ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable; III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este código y también lo fuera la sentencia definitiva, y IV.- Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo Juez o se levante por éste." De la lectura del precepto anterior, se advierte que son apelables, las sentencias definitivas (salvo disposición expresa en contrario), las sentencias interlocutorias (excepto las que sean expresamente irrecurribles o la definitiva no fuere apelable), los autos cuando expresamente lo disponga la propia ley y la sentencia definitiva fuera apelable, y las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios. Ahora bien, dado que el acto reclamado es el proveído [auto] de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio 1169/2022, del índice del Juez Primero de lo Familiar del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, en el que no pronunció sobre la solicitud de otorgamiento de pensión provisional de alimentos a favor de la parte gestora del amparo; es claro que resulta revocable, puesto que no se da el supuesto previsto en la fracción III del artículo 674 del ordenamiento en consulta, ya que no se trata de un auto que sea expresamente apelable. Así las cosas, resulta evidente que previamente a promover el presente juicio de garantías, la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional, esto es, debió combatir el proveído [auto] de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el recurso de revocación, previsto por en el 670 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, lo que en la especie no aconteció. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizado. Se tiene como autorizada en términos del artículo 12 de ley de amparo a la profesionista Rafael Obregón Orendain e Ignacio Avilés Soto, toda vez que se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como las personas que autoriza para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo la parte gestora del amparo. Consulta electrónica. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, como se solicita, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio al usuario con denominación ********************. Notificaciones personales por vía electrónica. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, y como lo solicita expresamente la parte quejosa, proceda el Actuario de la adscripción a este Juzgado a realizar las notificaciones personales a la parte quejosa, vía electrónica, con el nombre de usuario indicado en párrafo que precede. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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