México Víctor Manuel Nieto Ocampo

Expediente 821/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
821/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
29/11/2016

Partes del expediente

  • México Víctor Manuel Nieto Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y en su caso al tercero interesado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el diez de octubre de dos mil dieciséis por este juzgado, se concedió el amparo para los siguientes efectos: -lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso México Víctor Manuel Nieto Ocampo para el efecto de que la juez responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente jurídicamente el auto de formal prisión dictado el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, en la causa penal ...., en contra del quejoso; 2. En su lugar, dicte otra resolución en la que, conforme a lo expuesto en este fallo, defina nuevamente la situación jurídica del inculpado aquí inconforme con plenitud de jurisdicción; en su caso, de considerarlo procedente, reclasifique el delito por el cual se ejerció la acción penal. El efecto protector no implica que con ello se agrave la situación del inculpado, habida cuenta que este órgano jurisdiccional de amparo no vincula a la responsable a dictar un nuevo auto de formal prisión, debidamente fundado y motivado, sino que sólo reconoce la eventual reclasificación del delito, de así considerarse. Mediante proveído de diez de noviembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector, así como a su superior jerárquico. Por oficio recibido en este Juzgado, el dieciséis de noviembre del año que transcurre, el Juez Tercero de lo Penal del Estado, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora y remitió copia certificada de la resolución con lo que se dio vista. De la documental que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: El catorce de noviembre de la presente anualidad, la autoridad responsable dictó resolución en la que dejó insubsistente el acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis; Asimismo, dictó nueva resolución en la que reclasificó el delito, decretando auto de formal prisión al aquí quejoso por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión simple de cannabis sativa en agravio de la sociedad. En otro aspecto, de los autos del presente juicio de amparo se advierte que el Delegado de la Procuraduría General de la República, en esta ciudad, instruyó al agente del Ministerio Público Federal, Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata, para que iniciara la correspondiente carpeta de investigación a fin de proceder como corresponda, en relación con las manifestaciones del quejoso, respecto a que fue objeto de tortura. En tales condiciones este Juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. 1. El expediente principal es depurable ....Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.IV

  2. Principal

    Visto el oficio de la autoridad responsable Juez Tercero Penal en el Estado, por medio del cual informa que da cumplimiento al fallo protector y exhibe los documentos respectivos. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y al tercero interesado en su caso, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos.IV.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede que el plazo para recurrir la sentencia dictada por este juzgado ha transcurrido sin que se haya hecho valer el recurso de revisión; con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Por ende, con apoyo en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Estado, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia, o bien, informe los actos realizados para ese efecto. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el plazo fijado, o de no manifestar la causa justificada que tuviese para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización en términos de los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Precisando que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En el entendido que dicha autoridad ordenadora jurisdiccional no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de ejecutorias de amparo, de conformidad a la tesis de jurisprudencia de registro 2007295, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el 29 de agosto de 2014 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época que dice: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Por tanto, dése cuenta con todo el expediente una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad en comento para los efectos a que hubiere lugar. Finalmente, devuélvase a la Juez Tercero de lo Penal del Estado, el anexo que acompañó a su informe justificado y el cual se formó en tomo por separado.(IV)

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado, en el que informa que instruyó al Agente del Ministerio Público Federal Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata para que proceda a dar inicio a la correspondiente carpeta de investigación, en relación con los hechos posibles de tortura en contra del aquí quejoso.(IV)

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