Merly María Iñiguez Ortíz

Expediente 1216/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1216/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Merly María Iñiguez Ortíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, con apoyo en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquélla, se declara que la expresada resolución que en su punto resolutivo primero concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra del acto reclamado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo al agraviado en el goce del derecho humano violado como lo dispone el artículo 77, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 1216/2019-III-B, promovido por ********************, en contra del acto que reclama de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en Mérida; y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el mismo día al Juzgado Tercero de Distrito en esta entidad, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que atribuye a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de cinco de septiembre siguiente, el Juez Tercero de Distrito en el Estado, recepcionó la demanda de amparo y al considerar que los actos reclamados se encuentran desvinculados entre sí, determinó la separación de juicios, para que sean substanciados en forma autónoma; por lo cual se avocó al conocimiento del primer acto reclamado y respecto a los dos restantes, ordenó el envío de copias certificadas de la demanda y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para que procediera a su registro y remisión al Juzgados en turno correspondiente. TERCERO. En fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, turnó a este Juzgado Segundo de Distrito la demanda correspondiente, misma que fue recepcionada por acuerdo de diez de septiembre siguiente, y se admitió a trámite, la que se registró con el número de expediente 1216/2018-III-B; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual, previo diferimiento, tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: La omisión de remitir diversos documentos y videos ofrecidos por la quejosa como material probatorio, en la carpeta de investigación ********************, lo cual fue requerido por oficios 948/2018, de dos de octubre de dos mil dieciocho y 31/2019, de once de enero de dos mil diecinueve, por la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes Número 35, adscrita a la Fiscalía General del Estado, para la integración de la citada carpeta de investigación que interpuso ante dicha Fiscalía. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues así lo admitió el Director Jurídico, al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que remitió en apoyo a su informe. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Son fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, por lo que deberá concederse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. En efecto, la parte quejosa reclama en esencia, que la autoridad responsable transgrede en su perjuicio lo preceptuado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que ha pasado por alto lo solicitado por el Fiscal en Jefe de la Agencia Periférica Número Tres de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, en la carpeta de investigación ********************, mediante oficios 948/2018 y 31/2019, de dos de octubre de dos mil dieciocho y once de enero de dos mil diecinueve, respectivamente, que recepcionó dicha autoridad al día siguiente de su emisión, sin que haya atendido a cabalidad lo que se le solicitó. Asiste razón a la parte quejosa y a efecto de evidenciar lo anterior, se estima necesario transcribir el artículo de mérito. El artículo 17 de la Constitución Federal, en lo conducente dispone: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. - - - Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos y del contenido del informe justificado rendido por la responsable, al que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley, se advierte que por oficios 948/2018 y 31/2019, de dos de octubre de dos mil dieciocho y once de enero de dos mil diecinueve, respectivamente, dictados en la carpeta de investigación ********************, el Fiscal en Jefe de la Agencia Periférica Número Tres de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, solicitó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, lo siguiente: 1. Si en sus registros los ciudadanos ******************** y RAÚL ENRIQUE CEBALLOS HAAS, el día 30 treinta de septiembre del presente año, fueron detenidos por elementos de su corporación, en caso afirmativo informe el motivo por el cual fueron detenidos, así como remita copia certificada del informe policial homologado, junto con toda la documentación correspondiente derivado de la detención. 2. Y en consecuencia de lo anterior informar si el vehículo de la marca Volkswagen, de color dorado, tipo Vento, con placas de circulación ******************** del Estado de Yucatán, se encuentra relacionado con la detención de los citados ********************. En respuesta a dicha solicitud, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, por oficio SSP/DJ/29781/2019, de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, recepcionado en la Fiscalía General el veintiséis de agosto siguiente, atendió parcialmente lo solicitado por el Fiscal en Jefe de la Agencia Periférica Número Tres de la Fiscalía General del Estado, ya que proporcionó la información de mérito y remitió el informe policial homologado número ********************. De lo anterior, se concluye que la autoridad responsable vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental que consagra el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, y que la misma sea pronta y expedita. Derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y promover la actividad jurisdiccional, que una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Estimación que se hace, en virtud de que de los autos en consulta se advierte que tal como lo admitió la responsable al rendir su informe justificado, si bien es verdad que por oficio SSP/DJ/29781/2019, de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, atendió parcialmente lo solicitado por el Fiscal en Jefe de la Agencia Periférica Número Tres de la Fiscalía General del Estado, en cuanto a la información y el informe policial homologado, lo cierto es que omitió remitir la documentación derivada de la detención que también le fue requerida. Por tanto, se estima que la autoridad responsable ha incumplido con su obligación de atender la solicitud que le realizó oportunamente la autoridad ministerial, ocasionando con ello un perjuicio a la quejosa, debido a que su omisión ha generado un retardo en la debida integración de la carpeta de investigación ********************, formada con motivo de la denuncia interpuesta por la aquí quejosa. Esto es así, ya que dicha disposición constitucional, garantiza a cualquier persona el derecho de acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, con prontitud y expedites en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 5, Tomo XIX, Septiembre del 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 188804, que establece: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLAS SE ADMINISTRARÁ NO ES LIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE EL TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecido por el legislador ordinario se apega a lo dispuesto en la norma fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que se derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En consecuencia, al ser el acto reclamado, violatorio de los principios de prontitud y expedites en la administración de justicia establecidos en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede esta ciudad, de inmediato remita la documentación requerida por el Fiscal en Jefe de la Agencia Periférica Número Tres de la Fiscalía General del Estado, en la carpeta de investigación ********************. SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra del acto que reclama de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en Mérida; para los efectos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda este expediente SE ACUERDA: agréguese a este juicio el oficio SSP/DJ/38451/2019, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, con el que, en cumplimiento a la solicitud que se le hizo por auto de veinticinco de octubre de esta anualidad, remite copia certificada de las constancias conducentes, derivadas de la carpeta de investigación UNATDGC-2375/2018. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Por lo anterior, téngase por cumplido el requerimiento de mérito y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el citado auto de veinticinco de octubre del año en curso Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta, remitido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, en el que, con relación al requerimiento que se le hizo por auto de dieciocho de octubre de esta anualidad, refiere que la información solicitada está relacionada con los diversos oficios solicitados a la Coordinación de Asuntos Internos e Información Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que la queja interpuesta por la aquí quejosa ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, emerge de los mismos hechos de los que deriva la carpeta de investigación UNATDGC-2375/2018, siendo que sigue en espera de la documentación solicitada a la Coordinación de Asuntos Internos e Información Policial de dicha Secretaría. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto se reclama la omisión de remitir diversos documentos y videos ofrecidos por la quejosa como material probatorio, en la carpeta de investigación UNATDGC-2375/2018, mismos que le fueron requeridos por oficios 948/2018, de cuatro de octubre de dos mil dieciocho y 31/2019, de once de enero de dos mil diecinueve, por la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes Número 35, y los oficios que envió con su informe justificado aluden únicamente a la queja 210/2018. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, para que en el término de tres días hábiles, remita a este Juzgado de Distrito, copia certificada y legible de la totalidad de las constancias que se encuentran relacionadas con la solicitud que le hizo la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes Número 35, en la carpeta de investigación UNATDDGC-2375/2018. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del término otorgado para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Lo anterior, toda vez que las referidas actuaciones se consideran necesarias para resolver adecuadamente en el presente asunto. Notifíquese y cúmplase.

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