Merit Araceli Chávez Domínguez
Expediente 1027/2013 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2013.
Datos del expediente
- Expediente
- 1027/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2013
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Merit Araceli Chávez Domínguez
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
A sus autos la copia certificada de la ejecutoria de catorce de noviembre del año en curso, mediante la cual se declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por ****, contra el acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil trece; en tal virtud, dicho acuerdo ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo anterior, devuélvanse los autos del expediente laboral 102/2012, a la Junta Especial Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, solicitando el respectivo acuse de recibo, y en su oportunidad archívese el presente asunto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio JE51-AD/3133/2013, del Presidente de la Junta Especial Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 6094/2013; mediante el cual rinde informe justificado, remite original de la demanda de amparo promovida por Merit Araceli Chávez Domínguez, a la que acompaña una copia de la misma; emplazamiento en dos fojas y expediente laboral 102/2012; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, de la demanda de amparo promovida por ***, en contra del acto que de la Junta Especial Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo reclama, consistente en el laudo de nueve de agosto de dos mil trece, dictado en los autos del expediente laboral remitido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 en relación con el diverso 62 del cuerpo de leyes indicado, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público. Primeramente, cabe apuntar que el ordinal 17 de la Ley de Amparo vigente, establece como término para la interposición del juicio constitucional el de quince días, los cuales se computarán de acuerdo a lo que dispone el diverso numera 18 que textualmente refiere lo siguiente: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De lo anterior, se deduce que dicho término debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rige, o a aquél en que haya tenido conocimiento o sabedor del acto reclamado; es decir, para realizar el cómputo mencionado en el caso a estudio, la ley aplicable resulta ser la Ley Federal del Trabajo, ya que el acto reclamado se hace consistir en el laudo de nueve de agosto de dos mil trece, dictado por la Junta Especial Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, dentro del expediente laboral 102/2012; toda vez que la notificación del acto reclamado fue realizada al amparista el veintiséis de agosto del año en curso, tal como advierte en la foja doscientos setenta y cinco vuelta del expediente remitido, haciéndose necesario reproducir lo que dispone la Ley Federal del Trabajo en su numeral 747, que a la letra establece: Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la ley; y II. Las demás; al día siguiente al de su publicación en el Boletín o en los estrados de la Junta. De lo antes expuesto, se desprende que las notificaciones personales surten sus efectos el día y hora en que se practicó, en este caso, que a la parte quejosa, Merit Araceli Chávez Domínguez, le fue notificado el laudo que ahora combate personalmente el veintiséis de agosto de dos mil trece, notificación que surtió efectos ese mismo día. No obstante, la demanda de amparo se presentó ante la autoridad responsable hasta el dieciocho de septiembre del año en curso, según se observa del sello de recibido estampado en la demanda de garantías, así como de la certificación que obra al reverso de la misma conforme al texto del artículo 178, fracción I, de la ley de la materia en vigor, por tanto, de conformidad con el diverso 747 de la Ley Federal del Trabajo, el cómputo para su presentación transcurrió del veintisiete de agosto al diecisiete de agosto de dos mil trece, siendo inhábiles en ese lapso los días tr5einta y uno de agosto, uno, siete, ocho, catorce, quince y dieciséis de septiembre del referido año; razón por la cual, si la demanda de amparo se presentó hasta el dieciocho de septiembre del año en curso, es evidente que la misma resulta extemporánea, habiendo transcurrido el término para la presentación de la misma, por lo que el acto reclamado fue tácitamente consentido por el promovente, y toda vez que no se encuentra en ninguno de los casos excepcionales contenidos en el numeral 17 de la Ley de Amparo vigente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 en relación con el diverso 62 del cuerpo de leyes indicado. En mérito de lo anterior, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 de la nueva Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Resulta aplicable al caso el criterio que este tribunal federal comparte, sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en la tesis visible a página ochenta y nueve, Tomo Primero, Segunda Parte-Uno, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ... Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo vigente, notifíquese el presente acuerdo a las partes para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, los indicados en la demanda de amparo. Por otra parte, como lo solicita la quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, en el momento procesal oportuno, expídase a su costa copia certificada de la ejecutoria que se diste en el presente asunto y, entréguese previa razón que por su recibo otorgue en autos para constancia. En su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuatro transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; en concordancia, con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; de la misma manera, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
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