Meridian México, INC.

Expediente 222/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
222/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Meridian México, INC.
  • Juez Primero de lo Civil del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual declaró firme el proveído de diez de junio del año en curso, por el que desechó por improcedente el recurso de revisión 323/2022, interpuesto por Sergio Enrique González Rocha, representante de la parte quejosa Meridian México, INC, contra el auto de cuatro de marzo del año en curso. En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, el cual contiene inserto el proveído emitido el uno de junio del presente año, dictado en el amparo en revisión 323/2022, relativo al presente juicio de amparo, de cuyo contenido esencial se desprende que se desechó el citado recurso interpuesto por el Sergio Enrique González Rocha, representante de la parte quejosa Meridian México, INC, contra el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós. quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por representante de Meridian México, INC, en el que interpone recurso de revisión contra la resolución dictada el dos de mayo del presente año, en la que se desechó en el presente juicio de amparo. Por tanto, téngase por interpuesto tal medio de impugnación, intégrese debidamente el expediente electrónico y agréguese también a éste el escrito de agravios, comisionándose al actuario de la adscripción notifique según corresponda el presente proveído. De igual manera, se instruye al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este Juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes en dicho sistema, con el propósito de que el expediente electrónico del juicio de amparo 222/2022-V-A, sea vinculado en el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para su debida integración a las actuaciones de su amparo en revisión; y, una vez hecho lo anterior, le sea enviado e informado al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito. En el entendido de que el envío del expediente físico será realizado únicamente en caso de que así lo requiera el órgano jurisdiccional revisor, previo tramite que corresponda para tal efecto, tal como lo establece el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

  4. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, a trece de mayo de dos mil veintidós, en virtud de no haberse presentado la promovente por conducto de quien se ostenta como su representante, a notificarse personalmente el auto de dos de mayo de dos mil veintidós, previo aviso que se le dejó, de acuerdo con los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29, de la ley de amparo, se le notifica dicha determinación por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, así como en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, auto que dice: CUMPLE PREVENCIÓN Vista la comparecencia de cuenta, a través de la cual el promovente, representante de ***********, ratificó el escrito aclaratorio de demanda presentado en este órgano jurisdiccional el once de abril del año en curso; en consecuencia, se tiene por cumplida la prevención realizada en auto de veintiocho de marzo de la presente anualidad. DESECHAMIENTO ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita, solo en la idea sustancial y jurídicamente conducente, la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Sergio Enrique González Rocha, representante de México INC, al actualizarse de manera manifiesta e indudable una hipótesis de inejercicio de la acción constitucional, en tanto que el acto reclamado no es la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia. Para evidenciar tal aserto, se impone realizar una interpretación sistemática de los dispositivos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." De la interpretación teleológica de los preceptos transcritos se advierte -entre otras disposiciones- que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además, establecen que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos emitidos en ejecución de sentencia, siempre y cuando sea la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. A contrario sensu, será improcedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado no constituya la última resolución en el procedimiento de ejecución. Al respecto, se invoca la tesis en materia común III.2o.C.18 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIII, febrero de 2006, página 1827, registro 175910, que refiere: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." Entonces, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Ahora bien, como se precisó en líneas que anteceden, el acto impugnado se hace consistir -en síntesis- en el auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente 1301/2016, de la estadística del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, en el que se ordena requerir a la parte quejosa para que dentro del término de tres días realice el pago de la condena impuesta en resolución de siete de octubre de dos mil veintiuno. De lo anterior, se desprende que los elementos de la definición de última resolución, no se actualiza en el acto reclamado, por lo siguiente: Tal acto no constituye la última resolución en la etapa de ejecución de la sentencia, dado que no es la resolución terminal con la que culmina el procedimiento de ejecución de sentencia, pues no trata de la resolución que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente, que es en contra de la cual procede el juicio de protección de derechos humanos en términos del ordinal 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que persigue se evite la obstaculización del cumplimiento de las resoluciones que constituyen cosa juzgada. Luego las violaciones que se estimen cometidas durante el procedimiento de ejecución, deben invocarse como agravios en el juicio de amparo que se promueva contra el auto definitivo que determine el cumplimiento total de la sentencia del juicio de origen, o la imposibilidad jurídica y material para ello, u ordene el archivo definitivo del expediente, que es la resolución culminatoria de dicho procedimiento y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia en materia civil 1a./J. 28/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 60, registro 164639, que expone: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." También cobra aplicación, la tesis en materia común 2a. VII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 230, de rubro y texto: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Así como la tesis en materia constitucional, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación quinta época, tomo LXXVI, página 6181, que informa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, AMPARO CONTRA LA. Conforme al artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, si se trata de actos de ejecución de sentencias, sólo podrá interponerse amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiendo reclamarse en la misma demanda, las violaciones cometidas durante ese procedimiento, si hubieren dejado sin defensa al quejoso; respecto aplicable cuando se trata de diligencias de ejecución en la vía de apremio." En consecuencia, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia del juicio constitucional que prevén los ordinales 107, fracción IV, y 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente; lo que además tiene el objeto de que el justiciable tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo, y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución General de la República, lo que incluso permite que el peticionario acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia en materia común VII.2o.C. J/23, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, registro 174737, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Finalmente, se tienen por señalados el correo electrónico y el número telefónico que indica en el escrito once de abril del actual, ello a efecto de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo.

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