Mérida Maribel Quintero Ríos
Expediente 301/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 301/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/02/2022
Partes del expediente
- Mérida Maribel Quintero Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 18 del Acuerdo de que se trata, al tomar en consideración que dentro del juicio en que se actúa, se presentaron documentos originales, se requiere a la parte correspondiente, para que acuda al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubiere exhibido en el expediente, apercibiéndole de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GRCG/CEPM
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual, se le tiene solicitando acceso al expediente electrónico y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su oficio. Ahora, toda vez que de la certificación de cuenta se obtiene que de la revisión del módulo de consulta de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró en el juicio de amparo en que se actúa, registro de coincidencia del usuario "CLPR8'' correspondiente a Claudia Leticia Plascencia Romero. Por tanto, se acuerda favorablemente la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se instruye a la Analista Jurídico SISE de la adscripción que lleve a cabo las gestiones necesarias para conceder el permiso de acceso al expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Julián Ramón Arellano Ávila, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que aún no transcurre el plazo de tres días otorgado en auto de siete de julio pasado, a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, para que informe si ya resolvió el incidente de reposición en comento y en caso afirmativo, remita copia certificada de dicha determinación. Aunado a que, como se advierte de la certificación de cuenta, dicha autoridad se encuentra gozando de su segundo periodo vacacional del día doce al treinta de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con diez minutos del tres de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, en específico la demanda de amparo, de la que se obtiene que el acto reclamado lo constituye la omisión de proveer acerca del ocurso de demanda que presentó el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, tal como se desprende del anexo que exhibió, que se registró con el consecutivo 2429/2020, ante el Juzgado Tercero de lo Familiar, con sede en esta ciudad. Por su parte, del contenido del informe justificado y constancias remitidas en apoyo, se infiere que la autoridad del conocimiento, manifiesta que, previa búsqueda que realizó en el recinto judicial de la demanda y anexos, cuya falta de pronunciamiento se duele la quejosa, sin haber obtenido resultado positivo, a través de la determinación de diez de mayo del año que transcurre, dictada en el incidente de reposición de autos, y con el objeto de integrar el expediente, requirió a Mérida Maribel Quintero Ríos (quejosa), a fin de que exhiba cualquier constancia, copia simple o sellada de recibido para los efectos conducentes en el mencionado cuaderno. En consecuencia, requiérase a la Juez Tercero de lo Familiar, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada de las constancias relativas al requerimiento que formuló a la actora en el procedimiento natural 2429/2020, de su índice, así como el acuerdo o determinaciones pronunciados a partir de ese momento procesal, a la fecha; apercibida que de no cumplir, o de no informar el impedimento legal que tuviera para hacerlo, se sancionará con el medio coactivo establecido en el auto de admisión de treinta de abril último, consistente en cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, establecido en el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia. Lo anterior, en virtud que tales constancias resultan necesarias para el análisis del acto reclamado y por tanto para resolver el juicio. Sirve de apoyo, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, septiembre de 1995, página: 570, tesis: III.1o.C.2 K, materia común, novena época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. OBLIGACIÓN DE RECABAR DE OFICIO CONSTANCIAS RELATIVAS AL ACTO RECLAMADO, OMITIDAS EN EL. El juez de Distrito al interpretar el artículo 149 de la Ley de Amparo debe relacionarlo con el párrafo tercero del artículo 78 de esa misma legislación, ya que este último precepto al haber sido reformado en dos ocasiones (dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro y diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro), con la finalidad, primero, de permitir al juez recabar de oficio pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto y, luego, para imponerle la obligación de hacerlo, permiten concluir que la intención del legislador y, por ende, el espíritu que anima ahora la Ley de Amparo, fue el de evitar que una controversia constitucional deje de resolverse por una cuestión técnica, como es que la quejosa omita desahogar pruebas en el juicio de garantías que ya obren ante la autoridad responsable; por ejemplo, si la omisión en que se incurrió consistió en la falta de exhibición de las constancias que acrediten la ilegalidad del acto reclamado, aun cuando algunas de éstas no tengan la naturaleza de pruebas desahogadas ante la autoridad responsable, a las cuales alude el artículo 78 citado, el juzgador federal está obligado a recabarlas, porque respecto de ellas existe la misma razón que hay para obligar al juez a obtener las pruebas desahogadas ante la responsable, y así evitar que se deje de resolver una supuesta violación a las garantías individuales por falta de elementos de juicio. Por ello, al interpretar el mencionado artículo 78 debe entenderse que el juzgador de la misma manera que tiene la obligación de recabar pruebas que se hayan rendido ante la responsable también debe allegarse todas las constancias relativas al acto reclamado. A la anterior conclusión se llega también tomando en cuenta que el aparente sentido antagónico de los artículos 78 y 149 de la Ley de Amparo no permite su interpretación gramatical; y ante esa circunstancia, lo debido es investigar la intención que tuvo el legislador al reformar el artículo 78 en dos ocasiones, para luego tratar de encontrar el espíritu que ahora anida a la legislación de amparo; y si ello no fuese suficiente, tener en cuenta el tiempo en que fueron emitidas ambas normas, para considerar que la posterior modifica a la anterior, además, deberá interpretarse en la forma en que causen menores perjuicios al fin que se persigue, como es lograr el respeto a las garantías individuales y por ende a la Constitución". Asimismo, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por el Pleno del Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, página: 108, tesis: P./J. 17/97, materia común, de la novena época, que reza: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada y se fijan las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de julio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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