Mericia Susana Estrada Granados
Expediente 357/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Mericia Susana Estrada Granados
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo; por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por el quejoso y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE. Por tanto, previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de octubre de dos mil veinte. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por ......... quien se ostenta como apoderado de Mericia Susana Estrada Granados, contra actos del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 1, 8, 14 y 16 constitucionales, regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado Federal bajo el número 357/2020 y atento a su contenido se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, se advierte que la quejosa señaló como autoridades responsables al Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con sede en esta ciudad y Actuario de su adscripción, y como acto reclamado la resolución interlocutoria de dos de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 356/2019-1 Civil, relativo al juicio ordinario civil que por nulidad absoluta plena y de contrato de compraventa, promovió en contra del Ingenio Plan de San Luis, Sociedad Anónima de Capital Variable, y otros, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación, que aduce el promovente, interpuso en contra del auto de veintiocho de agosto del propio año, en el que se ordenó dar vista al representante social para que éste procediera conforme a sus atribuciones, en virtud del incidente criminal interpuesto por el representante legal del demandado, por supuestos hechos con apariencia de delito nacientes según de la confesional judicial desahogada por su representada, aquí quejosa. Bien, en los artículos 61, fracción XXlll y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) En la especie, el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de garantías biinstancial. Se afirma lo anterior, en razón de que la parte quejosa, reclama del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con sede en esta ciudad, la resolución interlocutoria de dos de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 356/2019-1 Civil, relativo al juicio ordinario civil que por nulidad absoluta plena y de contrato de compraventa, promovió en contra del Ingenio Plan de San Luis, Sociedad Anónima de Capital Variable, y otros, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintiocho de agosto del año en curso, en el que se admitió a trámite un incidente criminal planteado por el representante legal del demandado, por supuestos hechos con apariencia de delito nacientes de la prueba confesional judicial desahogada por su representada, aquí quejosa y ordenó dar vista al representante social para que éste procediera conforme a sus atribuciones, en virtud del incidente criminal interpuesto. Por lo que al ser ello así, la resolución que por esta vía de amparo se combate, en todo caso, constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, pues del análisis de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el juicio de origen se encuentra en etapa de desahogo y recepción de pruebas, por ende, su consecuencia es una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal; es decir, este tipo de violaciones son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable, dado que en este caso se trata de cuestiones que tienen que ver con el desahogo de una prueba confesional. Aunado a que con la admisión del incidente criminal planteado por la parte enjuiciada en el contradictorio de origen, no se causa a la quejosa una afectación material a los derechos sustantivos que tutela la Ley Suprema, ya que el perjuicio que alega en todo caso se materializaría hasta el dictado del fallo que resuelva el incidente planteado, pues éste puede quedar subsanado de obtener una resolución favorable a sus intereses. Apoya lo expuesto, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 216, tomo IX, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE UN INCIDENTE, POR NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION. Como el auto admisorio de un incidente, por su naturaleza jurídica procesal no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, el juicio de garantías que se promueve en su contra es improcedente, de conformidad con el artículo 114, fracción VI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 73, fracción XVIII, del mismo ordenamiento, pues la determinación judicial combatida no tiende a privar al quejoso de un derecho, bien o posesión, ya que sería hasta el dictado del fallo que resuelva el incidente planteado cuando podría darse el perjuicio derivado por su admisión." Asimismo, es aplicable al caso por las razones que la informan, la jurisprudencia número 2058, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 2362, tomo II, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - 2011, que dice: "INCIDENTE PENAL, EL DESECHAMIENTO, ADMISIÓN O RESOLUCIÓN DEL, NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Entendido el concepto de acto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, como aquel acto que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio, debe concluirse que tal supuesto no se da cuando se reclama el desechamiento, admisión o resolución de un incidente penal, pues cualquiera de esas hipótesis únicamente afecta los derechos adjetivos o procesales del amparista, que sólo tienen consecuencias de carácter formal o intraprocesal, no afectando por sí mismas, directa e inmediatamente, ninguno de los derechos fundamentales del gobernado, y en todo caso, la afectación procesal que pudiera sufrir la parte quejosa puede quedar subsanada con el solo hecho de que obtenga un fallo benéfico a sus intereses, ya sea porque de acuerdo con determinadas razones que le favorezcan, el acto o la prueba impugnados de delictuosos sean o no tomados en cuenta, que existan pruebas diversas que revelen la ineficacia probatoria o corroboren el valor del acto o prueba combatidos, o motivos que se relacionen con la procedencia de la acción o con la personalidad de los litigantes, entre otros supuestos que beneficien las pretensiones del peticionario de garantías." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en los artículos 12 y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda, como autorizado en términos amplios al licenciado José Octaviano Aguilera Calderón, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a la diversa persona indicada, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que la autorice a ejercer la profesión de abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...el auto de veintidós de octubre del año en curso que die: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de octubre de dos mil veinte. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por... quien se ostenta como apoderado de..., contra actos del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad y otra autoridad:.. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, se advierte que la quejosa señaló como autoridades responsables al Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con sede en esta ciudad y Actuario de su adscripción, y como acto reclamado la resolución interlocutoria de dos de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 356/2019-1 Civil, relativo al juicio ordinario civil que por nulidad absoluta plena y de contrato de compraventa, promovió en contra del Ingenio Plan de San Luis, Sociedad Anónima de Capital Variable, y otros, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación, que aduce el promovente, interpuso en contra del auto de veintiocho de agosto del propio año, en el que se ordenó dar vista al representante social para que éste procediera conforme a sus atribuciones, en virtud del incidente criminal interpuesto por el representante legal del demandado, por supuestos hechos con apariencia de delito nacientes según de la confesional judicial desahogada por su representada, aquí quejosa. Bien, en los artículos 61, fracción XXlll y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de garantías biinstancial. Se afirma lo anterior, en razón de que la parte quejosa, reclama del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con sede en esta ciudad, la resolución interlocutoria de dos de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 356/2019-1 Civil, relativo al juicio ordinario civil que por nulidad absoluta plena y de contrato de compraventa, promovió en contra del Ingenio Plan de San Luis, Sociedad Anónima de Capital Variable, y otros, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintiocho de agosto del año en curso, en el que se admitió a trámite un incidente criminal planteado por el representante legal del demandado, por supuestos hechos con apariencia de delito nacientes de la prueba confesional judicial desahogada por su representada, aquí quejosa y ordenó dar vista al representante social para que éste procediera conforme a sus atribuciones, en virtud del incidente criminal interpuesto. Por lo que al ser ello así, la resolución que por esta vía de amparo se combate, en todo caso, constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, pues del análisis de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el juicio de origen se encuentra en etapa de desahogo y recepción de pruebas, por ende, su consecuencia es una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal; es decir, este tipo de violaciones son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable, dado que en este caso se trata de cuestiones que tienen que ver con el desahogo de una prueba confesional. Aunado a que con la admisión del incidente criminal planteado por la parte enjuiciada en el contradictorio de origen, no se causa a la quejosa una afectación material a los derechos sustantivos que tutela la Ley Suprema, ya que el perjuicio que alega en todo caso se materializaría hasta el dictado del fallo que resuelva el incidente planteado, pues éste puede quedar subsanado de obtener una resolución favorable a sus intereses. Apoya lo expuesto, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 216, tomo IX, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE UN INCIDENTE, POR NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION. Como el auto admisorio de un incidente, por su naturaleza jurídica procesal no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, el juicio de garantías que se promueve en su contra es improcedente, de conformidad con el artículo 114, fracción VI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 73, fracción XVIII, del mismo ordenamiento, pues la determinación judicial combatida no tiende a privar al quejoso de un derecho, bien o posesión, ya que sería hasta el dictado del fallo que resuelva el incidente planteado cuando podría darse el perjuicio derivado por su admisión." Asimismo, es aplicable al caso por las razones que la informan, la jurisprudencia número 2058, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 2362, tomo II, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - 2011, que dice: "INCIDENTE PENAL, EL DESECHAMIENTO, ADMISIÓN O RESOLUCIÓN DEL, NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Entendido el concepto de acto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, como aquel acto que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio, debe concluirse que tal supuesto no se da cuando se reclama el desechamiento, admisión o resolución de un incidente penal, pues cualquiera de esas hipótesis únicamente afecta los derechos adjetivos o procesales del amparista, que sólo tienen consecuencias de carácter formal o intraprocesal, no afectando por sí mismas, directa e inmediatamente, ninguno de los derechos fundamentales del gobernado, y en todo caso, la afectación procesal que pudiera sufrir la parte quejosa puede quedar subsanada con el solo hecho de que obtenga un fallo benéfico a sus intereses, ya sea porque de acuerdo con determinadas razones que le favorezcan, el acto o la prueba impugnados de delictuosos sean o no tomados en cuenta, que existan pruebas diversas que revelen la ineficacia probatoria o corroboren el valor del acto o prueba combatidos, o motivos que se relacionen con la procedencia de la acción o con la personalidad de los litigantes, entre otros supuestos que beneficien las pretensiones del peticionario de garantías." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en los artículos 12 y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda, como autorizado en términos amplios al licenciado José Octaviano Aguilera Calderón, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a la diversa persona indicada, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que la autorice a ejercer la profesión de abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y personalmente."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 4,820 expedientes
- Meri Hazael Rodríguez517/2015
- Mericia Susana Estrada Granados438/2016
- Mericia Susana Estrada Granados492/2021
- Mericia Susana Estrada Granados390/2022
- Mericia Susana Estrada Granados218/2016
- Mericia Susana Estrada Granados232/2015
- Michael Bautista Rodríguez103/2021
- Micheas Lárraga Betancourt313/2016
- Michelle Anhí Cruz Ramírez585/2021
- Miguel Alexander Rodríguez Castro757/2022
- Miguel Alonso Ávila108/2018
- Miguel Alonso Melendrez Compean514/2014