Mercedes Rubio Hernández

Expediente 959/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
959/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Mercedes Rubio Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Segundo Circuito, acusando de recibo de las constancias que le fueron enviadas para resolver el recurso de revisión interpuesto en autos, el cual fue registrado con el número 531/2023, mismo que fue desechado mediante auto del veinticuatro de noviembre dos mil veintitrés, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por hecha la certificación de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, atento al ocurso de cuenta, se tiene a la quejosa ********** interponiendo recurso de revisión contra la sentencia emitida el veintiséis de septiembre del año en curso. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente; asimismo, en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes del presente incidente de suspensión, con las constancias correspondientes. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítasele vía interconexión las constancias que integran este juicio, así como el escrito de agravios, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito por el que se formulan agravios. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el escrito del tercero interesado ***********, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que el veintiséis de septiembre del año en curso, se resolvió en definitiva el presente sumario constitucional. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    III. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las diez horas con dos minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 959/2023-III, promovido por **********, por derecho propio, ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Período de pruebas. Abierto este período, el secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y por el Tribunal Agrario responsable; asimismo, se da cuenta con la prueba que ofreciera la parte quejosa en el presente asunto, consistente en la inspección ocular. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas que obran en autos; así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, que ofrece la quejosa, las que se tomarán en consideración al dictar la sentencia correspondiente. Por otra parte, con relación a la prueba consistente en la inspección ocular, no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que la promovente no cumplió con los requisitos que establece el artículo 119 de la Ley de Amparo, dado que al ofrecer dicha prueba, no adjuntó el pliego respectivo, así como las copias correspondientes para correr traslado a las partes, lo que resulta indispensable para llevar a cabo su desahogo, ya que éstos delimitan el objeto de dichos medios probatorios y su contenido constituye la materia sobre la cual versará la prueba ofrecida; de ahí que, ante la falta de dicho elemento medular, no puede considerarse debidamente formulado su ofrecimiento. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. Al no existir más alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo 959/2023-III; y, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este órgano jurisdiccional el veintisiete del mismo mes y año, *************, por derecho propio, demandó el amparo y protección contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y otra autoridad. II. Previa aclaración, por auto del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado registró la demanda de amparo con el número 959/2023-III del índice de este Órgano Jurisdiccional, admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, se emplazó a la parte tercero interesada; y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; dado que la quejosa se ostenta como tercera extraña a un juicio, en un procedimiento seguido ante un tribunal judicial, cuya ejecución se realizara dentro del territorito donde este órgano de control de la constitucionalidad. SEGUNDO. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, es necesaria la fijación clara y precisa de ellos, con el objeto de resolver efectivamente la litis constitucional planteada por la parte quejosa. De la lectura integral del escrito de demanda, se observa que los actos reclamados consisten en: La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio agrario 268/2014, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, con sede en Tlalnepantla, Estado de México, relativo al juicio agrario promovido por José Carmen Pallares Valencia, así como su ejecución. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Magistrada y Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, por lo que se tienen por ciertos los actos que se les atribuyen. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó la Magistrada Presidenta del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México al rendir su informe, consistente en copia certificada del expediente 268/2014 de su índice, documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su dispositivo legal 2°. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la controversia constitucional que nos ocupa, se deben analizar las causales de improcedencia, sea que lo hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, el suscrito resolutor advierte de oficio la actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con el ordinal 5, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo que hace inviable el estudio de los conceptos de violación aducidos. A efecto de informar el sentido que ha de regir en la presente resolución, es necesario establecer que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico de la parte quejosa; es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal situación acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos. Si los actos reclamados no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica del quejoso, éste carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo. En ese sentido, conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución federal de la Republica y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo siempre se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, que como presupuesto de procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde con relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, lo que implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, por lo tanto, el interés del impetrante de amparo sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le causa molestias en su esfera jurídica. Por tanto, el interés jurídico debe entenderse como el cúmulo de derechos subjetivos tutelados por la ley a favor de una persona, ya sea de hecho o de derecho. Así, la afectación al bien jurídico se externa cuando un acto de autoridad se traduce en una disminución o privación de la libertad, patrimonio y/o derechos. Esto es, para pedir amparo, el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de la aplicación de la ley; lo que vislumbra de manera general, lo siguiente: El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y, No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. En conclusión, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, es decir, asiste interés jurídico al quejoso cuando es titular de un derecho subjetivo público o privado que resulte lesionado por el acto de autoridad reclamado. En el caso, el juicio de amparo es promovido por Mercedes Rubio Hernández, por propio derecho, esto es, se ostenta como titular del derecho subjetivo que consideró afectado por un acto de autoridad; específicamente, las actuaciones practicadas en el juicio de origen y que concluyeron con el dictado de la sentencia de siete de marzo de dos mil veintidós, en el expediente agrario TUA/DTO.10/268/2014, que decretó mejor derecho para poseer la parcela número 286 del Ejido de San Mateo Iztacalco, Municipio de Cuautitlán, de la que se ordenó su desocupación por la parte demandada en tal juicio y su entrega a la parte actora José Carmen Pallares Valencia -aquí tercero interesado; y, a fin de acreditar su dicho, anexó a su demandada las documentales en copia simple, consistentes en: 1) Contrato de compraventa de doce de abril de dos mil seis, celebrado por José Manuel Pallares Valencia como vendedor y por otra, Rubio Hernández Mercedes, como adquiriente del terreno número 4 de la manzana número 1 de la calle Iztacalco, Fracción el Tejocote. 2) Puntos resolutivos de la sentencia dictada el siete de marzo de dos mil veintidós, en el juicio TUA/DTO.10/268/2014, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, con sede en Tlalnepantla, Estado de México y acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el citado expediente. 3) Credencial expedida a favor de Rubio Hernández Mercedes, por el INAPAM de la Secretaría del Bienestar. Sin embargo, dichos medios de convicción no tienen el alcance de demostrar la propiedad que señala ostentar respecto del predio que por esta vía defiende; por tanto, el interés jurídico de la solicitante del amparo no está demostrado plenamente, ya que no es parte en el juicio de origen. En ese contexto, es inconcuso que carece de interés jurídico para instar el juicio constitucional pues las actuaciones practicadas en el juicio de origen no afectan su esfera de derechos al no ser parte en el mismo. Ello es así, porque conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, la exhibición de un contrato privado -pacto locativo- carente de fecha cierta, cuya calidad la tienen aquellos documentos desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio, de ahí que si el documento privado que contiene un acto jurídico -compraventa- es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si esa fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho de propiedad y posesión hechos valer. En efecto, los documentos privados en los que se hacen constar actos cuya posesión es derivada, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales, pues sólo de esta manera se podrá garantizar la autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, evitando que contengan fechas anteriores o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros, circunstancia que en la especie no aconteció, tal como se precisó en párrafos precedentes. Máxime que la documental (contrato de compraventa) ofrecida en el sumario en que se actúa fue exhibida en copia simple; por ende, carece de pleno valor probatorio; así como las diversas, consistentes en copia simple de la identificación y actuaciones que adjuntó, no tienen el alcance de acreditar el justo título de los derechos que refiere detentar del bien inmueble que defiende en la presente instancia constitucional. Por tanto, al no ser parte Mercedes Rubio Hernández en el juicio de origen y no existir certeza jurídica respecto de la propiedad que aduce tener sobre el predio en que se podría llevar a cabo el acto reclamado, se concluye que el acto reclamado no afecta en modo alguno el interés jurídico que justifique el ejercicio de la acción de amparo, ya que tal extremo debe acreditarse fehaciente y plenamente y no con base en presunciones. Luego, si la parte quejosa no ofreció prueba idónea y suficiente que acreditara la titularidad del derecho que afirma tener, ni mucho menos, cualquier acto de molestia que alegue estar sufriendo respecto a la habitación o uso de dicho predio cuenta habida que no acreditó que cuenta con un título justo que la legitime para acudir a esta instancia constitucional, es inconcuso que no existe infracción a sus derechos subjetivos, pues no le causa daño, perjuicio o menoscabo alguno en sus derechos, y por ende, que el acto reclamado afecte su interés jurídico, por lo que no se configura el supuesto de agravio personal y directo del juicio amparo. En consecuencia, al no existir en perjuicio de Mercedes Rubio Hernández, algún derecho subjetivo protegido por la norma, que sea afectado, ni exista ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses, el juicio de amparo resulta improcedente, por no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa; por ello, conforme a lo dispuesto en el ordinal 63, fracción V de la Ley de Amparo, se impone SOBRESEER en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, toda vez que no se impugnaron por vicios propios, sino en vía de consecuencia de los actos reclamados a la autoridad ordenadora. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ***********, por derecho propio, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese; por lista electrónica a la parte quejosa, tercero interesada y representante social adscrito, así como por oficio a las autoridades correspondientes. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe

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