Mercedes Mendoza Martínez

Expediente 1088/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1088/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Mercedes Mendoza Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte actora no recurrió el auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó la demanda propuesta; por tanto, con fundamento en los preceptos 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara firme dicho auto. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De conformidad con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo general, el expediente principal es destruible, transcurridos tres años de haberse ordenado el archivo como asunto concluido, al haberse desechado el juicio en que se actúa. Aunado a que este asunto no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Asimismo, no obran documentos originales que devolver a las partes. Por tanto, una vez transcurridos tres años de haberse ordenado el archivo como asunto concluido, el presente expediente deberá transferirse íntegramente al depósito documental que designe el Área coordinadora de archivos. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por *******************************, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada con iniciales D.P.O.M, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos con residencia en Tlapa de Comonfort Guerrero. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 1088/2023-A que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que se examinará ante todo el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Analizada la demanda de amparo en su integridad, se advierte que la parte quejosa hace consistir su acto reclamado en el auto de doce de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente incidental ********************, por el cual el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos con residencia en Tlapa de Comonfort Guerrero, no acuerda favorable su petición (resolver sobre las excepciones perentorias) dado que ya se había pronunciado sobre dicho tema, en el diverso auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, auto en el cual la responsable tuvo a la suscrita aquí quejosa por opuestas sus excepciones y ordenó dar vista a la parte contraria. Al respecto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación sistemática y armónica de dichos normativos, se llega a la reflexión que el juicio de amparo procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sean de imposible reparación; irreparabilidad que se refiere a una verdadera ejecución material que debe perdurar independientemente y a pesar del sentido del fallo final; destacándose que los actos de carácter procesal sólo tiene una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente algunos de los llamados derechos fundamentales, como lo es, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, ya que esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente solamente con el hecho de que quien la sufra obtenga sentencia favorable en sus pretensiones en el juicio. En el caso propuesto, el acto reclamado por la quejosa constituye una violación procesal cometida dentro de la secuela del proceso, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos con el hecho de no resolver sobre las excepciones perentorias propuestas por la quejosa, no afecta ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, dado que con la violación reclamada, por el momento ni siquiera se está en posibilidad de saber si habrá o no de trascender al resultado del fallo. Lo anterior es así, puesto que en el diverso auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, le precisó que estás serian resueltas en la sentencia que al efecto recayera a la tercería opuesta. Además, contra el acto reclamado de doce de julio de dos mil veintitres, dictado en el expediente ********************, la parte quejosa tuvo la oportunidad de combatirlo a través de un medio de defensa ordinario, por lo que se considera que también resulta improcedente la demanda al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Así, el texto del precepto legal transcrito, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, como puede apreciarse en el criterio contenido en la tesis aislada número LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Esos medios de defensa deben estar previstos en la ley que rige el acto o los actos reclamados, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa sea eficaz para anularlo, revocarlo o modificarlo. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Dichas hipótesis no se ajustan al tema propuesto por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, pues de la demanda de amparo se desprende que se reclama el proveído de doce de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, por el cual el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos con residencia en Tlapa de Comonfort Guerrero, no acuerda favorable resolver de plano las excepciones perentorias y reservó su emisión para la resolución que decida la tercería opuesta en autos. Sin embargo, en la especie, surge a la vida jurídica la causa de improcedencia señalada, porque en contra de la determinación reclamada procede el recurso de reconsideración, previsto en los artículos 381, 382 y 383 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, el cual es válidamente aplicable por ser el ordenamiento legal que rige el procedimiento del juicio de donde emana el acto reclamado, porque la aquí quejosa, es parte demandada incidentada dentro del juicio de génesis, por ende, al ser parte en ese procedimiento está en aptitud de deducir sus derechos dentro de él. Luego, los artículos citados en párrafos precedentes establecen lo siguiente: "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles. Artículo 382.- Substanciación del recurso de reconsideración. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de reconsideración deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en las audiencias y deberá contener la expresión de los agravios; III. No se concederá término de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalan al pedirla; y IV. La reconsideración no suspende el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible. Artículo 383.- Procedencia del recurso de reconsideración en segunda instancia. Procede la reconsideración de los decretos y autos que se dicten en el trámite de segunda instancia, siendo aplicables a su tramitación las mismas reglas que se establecen en el artículo anterior." De lo anterior, se advierte que, a fin de agotar el principio de definitividad rector del juicio de amparo, el aquí quejoso debió impugnar el auto que considera le causa perjuicio a través del recurso de reconsideración establecido en los numerales antes transcritos, medio de defensa legal a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado ese acto, y, de no resultarle favorable tal resolución, será hasta entonces que esté en aptitud de accionar el juicio de amparo biinstancial. En efecto, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente para impugnar el acuerdo de que se queja la promovente, pues éste debió ser previamente recurrido a través del medio de defensa legal apuntado, el cual resulta obligatorio agotar antes de acudir a esta instancia constitucional, pues la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, siendo suficiente que la ley que rige el acto los contenga para estar a disposición del interesado y éste pueda ejercerlos. De manera que no es optativo para la parte afectada cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo y al no haberlo hecho así, es evidente que el acto de molestia impugnado carece de dicho principio que rige el juicio de amparo, de donde deviene la causal de improcedencia señalada, pues como se dijo, la quejosa, es parte dentro del juicio de origen, lo cual lo obliga a agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley que rige el acto reclamado. Así, se estima dable que, en su caso no resultaría una excepción al principio de definitividad, el hecho de reclamarse un auto dictado en un juicio de controversias del orden familiar en el que se encuentra involucrado menores de edad, pues la característica de irreparabilidad de ese acto no está comprendido entre las excepciones que impera en el juicio de amparo. Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10ª.), con registro 2005039, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 350, Libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, Décima Época, con el rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En mérito de lo expuesto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha la demanda de amparo. Domicilio. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que refieren para tal efecto. Autorizados. Téngase únicamente como sus autorizados para oír y recibir notificaciones a ******************** toda vez que no cuentan con sus registros de cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta y para los mismos efectos a las personas que indica por así haberlo solicitado expresamente. ( Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. ( Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia. De conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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