MERCEDES MAGDALENA SOTO RAMIREZ y Otros.
Expediente 69/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- JOSE LUIS LOPEZ CRUZ y Otros.
- MERCEDES MAGDALENA SOTO RAMIREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la primera certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra el auto dictado el veinticinco de febrero del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por lo que con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d) y 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que en el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, atendiendo a la segunda certificación de cuenta, y en términos de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de la materia y 25 del aludido Acuerdo General, se instruye al actuario de la adscripción que vincule las notificaciones que deriven de este proveído en el expediente electrónico, a fin de que coincida en su totalidad, con el expediente físico y de fe de lo anterior en el expediente. NOTIFÍQUESE. Lo provee y firma electrónicamente, la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; con el(la) Secretario(a) licenciado(a) JOSÉ ERNESTO SALINAS PÉREZ, quien autoriza y da fe.
- Principal
MESA VI ". San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; para que surta sus efectos legales correspondientes. Dése vista a las partes por el término genérico de ocho días. Con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, reformado en cuanto a su periodo de vigencia por los diversos 25/2020 y 37/2020 del mismo Pleno, se le tiene señalando el correo electrónico y el número de teléfono que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia, toda vez que en términos del artículo 28 fracción II de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables se harán por oficio en el lugar que ocupan sus oficinas principales, además de que no refiere tener convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que sus notificaciones se realicen conforme al artículo 30 fracción I de la Ley en cita, 65 y 66 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y tampoco se trata de un asunto tramitado en línea como lo establece el artículo 23, fracción III del Acuerdo General citado en primer término. Ahora, de las constancias que remite la autoridad oficiante, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente por ser cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 814, consultable en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a continuación se transcribe: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es así, porque la parte promovente del amparo en esencia reclama la omisión de la junta responsable de dictar el laudo respectivo en el expediente laboral 1386/2018 (4). Mientras que de las constancias que la citada autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el diez de febrero del año en curso, dictó el laudo en el citado expediente laboral. Bajo ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia invocada porque se destruyeron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En ese orden de ideas, sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la jurisprudencia número 415, visible en la página trescientos cincuenta y seis, de la primera parte del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete, dos mil, del tenor literal: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Asimismo, tiene aplicación la tesis número 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuatro minutos del once de marzo del año en curso. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. queda debidamente notificada la parte quejosa en terminos de ley
- Principal
MESA VI ". San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; para que surta sus efectos legales correspondientes. Dése vista a las partes por el término genérico de ocho días. Con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, reformado en cuanto a su periodo de vigencia por los diversos 25/2020 y 37/2020 del mismo Pleno, se le tiene señalando el correo electrónico y el número de teléfono que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia, toda vez que en términos del artículo 28 fracción II de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables se harán por oficio en el lugar que ocupan sus oficinas principales, además de que no refiere tener convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que sus notificaciones se realicen conforme al artículo 30 fracción I de la Ley en cita, 65 y 66 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y tampoco se trata de un asunto tramitado en línea como lo establece el artículo 23, fracción III del Acuerdo General citado en primer término. Ahora, de las constancias que remite la autoridad oficiante, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente por ser cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 814, consultable en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a continuación se transcribe: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es así, porque la parte promovente del amparo en esencia reclama la omisión de la junta responsable de dictar el laudo respectivo en el expediente laboral 1386/2018 (4). Mientras que de las constancias que la citada autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el diez de febrero del año en curso, dictó el laudo en el citado expediente laboral. Bajo ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia invocada porque se destruyeron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En ese orden de ideas, sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la jurisprudencia número 415, visible en la página trescientos cincuenta y seis, de la primera parte del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete, dos mil, del tenor literal: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Asimismo, tiene aplicación la tesis número 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuatro minutos del once de marzo del año en curso. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Atento al estado de autos se advierte que transcurre el término concedido a la autoridad responsable a fin de que rinda su informe justificado; por tanto, para dar oportunidad a lo anterior la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.
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