Mercedes Lima Hora

Expediente 818/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
818/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Mercedes Lima Hora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la que por una parte se determinó sobreseer y por otra se decretó negar el amparo y protección constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por haberse negado la protección constitucional, en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido dicho termino, dentro del pazo de noventa días hágase la depuración del mismo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, toda vez que en el incidente de suspensión fue concedida la medida definitiva, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar en autos. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, actuando en funciones de juez de control, un disco versátil digital (DVD), que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, uno de febrero de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio y anexos signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el mediante remite copia certificada de la resolución de trece de enero del año en curso, en el recurso de revisión ******************** de su índice; en consecuencia, comuníquese a las partes que la Superioridad confirmó la resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno y los puntos resolutivos en el recurso de revisión en cita establecen lo siguiente: "PRIMERO. En la materia del recurso se confirma la resolución incidental recurrida. SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva del acto reclamado, en términos del considerando sexto del fallo incidental impugnado. TERCERO. Se concede la suspensión definitiva respecto del acto reclamado y autoridad responsable precisados en la resolución incidental impugnada" Asimismo, se le tiene devolviendo el original del incidente de suspensión 818/2021-III de este índice; en consecuencia, acúsese recibo de estilo. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mercedes Lima Horta, respecto del acto precisado en el punto 3 del considerando segundo, por los motivos expuestos en diverso quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Mercedes Lima Horta, contra los actos y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expuestos en el considerando último.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Mercedes Luna Hora, el contenido de la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós: S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 818/2021-III, promovido por Mercedes Lima Horta; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado a este órgano jurisdiccional el día hábil siguiente, Mercedes Lima Horta demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: "(.) III.- AUTORIDAD RESPONSABLE JAVIER QUIROZ RUÍZ, EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA, EN FUNCIONES DE JUEZ DE CONTROL." ACTOS RECLAMADOS "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La resolución en forma de auto de vinculación a proceso, dictado el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la continuación de la audiencia inicial dentro de la causa penal 134/2021 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala. La determinación en forma de resolución de fijar un mes como plazo de cierre de investigación complementaria. La medida cautelar impuesta dentro de la continuación de audiencia inicial dentro de la causa penal 134/2021 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, que consiste en la supervisión vía telefónica por parte de la unidad de medidas cautelares a la imputada." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte promovente del amparo manifiesta que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 13 a 17), este órgano jurisdiccional registró la demanda bajo el expediente 818/2021-III, la admitió a trámite, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía) Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que se reclaman actos con ejecución en el territorio sobre el cual este juzgado ejerce jurisdicción. Vía y procedencia La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa, en su calidad de imputada, reclama la resolución relativa al auto de vinculación a proceso decretado en su contra, la relativa al plazo de cierre de investigación complementaria, así como la medida cautelar impuesta -supervisión vía telefónica por parte de la unidad de medidas cautelares-, lo que considera puede afectar sus derechos sustantivos. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, así como a las constancias integrantes del presente juicio de amparo y de la causa penal de origen -remitidas en fotocopia auténtica por las autoridades responsables, las que constituyen documento público por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, al que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se concluye que la parte quejosa reclama: La resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal 134/2021 del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala. Al respecto, es menester precisar que en dicha determinación se resolvió lo relativo al: Auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal citada, en contra de la quejosa por su probable intervención como autora material en la comisión de los hechos que la ley considera como delito de usurpación de profesión, previsto y sancionado en el artículo 250, fracción II, inciso b) del Código Penal Federal; La medida cautelar consistente en la presentación periódica mensual (artículo 155, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales); y, El plazo fijado -un mes- para el cierre de investigación complementaria. Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, actuando en funciones de juez de control, aceptó la existencia de los actos que se le reclaman (fojas 21 a 24), por lo que se tienen por ciertos. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que corrobora la copia auténtica de la causa penal 134/2021; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Igual consideración debe hacerse en cuanto al disco óptico en formato de videograbación (DVD), que fue enviado por el juez de control responsable con su informe justificado, ya que éste es considerado como prueba documental pública y se tiene por desahogada sin necesidad de una audiencia especial. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que señala: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Oportunidad. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender al acto reclamado, el cual en el presente caso consiste en: La resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal 134/2021 del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala. Posteriormente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Al respecto debe indicarse que el acto reclamado (resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal 134/2021) se notificó a la parte quejosa en la audiencia de la misma fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno; actuación que surtió efectos al día siguiente de conformidad con el numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 17 fracción I, 18 y 22 de la Ley de Amparo, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del veinticinco de agosto al diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, previo descuento de los días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 de la ley de la materia. De ahí que, al haberse presentado la demanda el trece de septiembre de dos mil veintiuno, debe estimarse oportuna, pues fue presentada dentro del plazo genérico de quince días. AGOSTO DE 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 23 Notifica acto 24 Surte efectos 25 Día 1 26 Día 2 27 Día 3 28 Inhábil 29 Inhábil 30 Día 4 31 Día 5 SEPTIEMBRE DE 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día 6 2 Día 7 3 Día 8 4 Inhábil 5 Inhábil 6 Día 9 7 Día 10 8 Día 11 9 Día 12 10 Día 13 11 Inhábil 12 Inhábil 13 Día 14 Presentación de la demanda de amparo 14 Inhábil 15 Inhábil 16 Inhábil 17 Día 15 18 19 QUINTO. Causas de improcedencia Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así como, la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Improcedencia de la acción de tutela constitucional, respecto del acto precisado en el punto 3) del considerativo segundo. La parte quejosa, no agotó el recurso ordinario que tenía a su alcance contra la resolución emitida por el juez responsable, en la audiencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, a través de la cual fijó el plazo de un mes para la investigación complementaria. En otras palabras, ejerció la acción de tutela constitucional con la demanda que originó este juicio, sin haber agotado en forma previa el recurso ordinario de revocación, contra la resolución oral relativa al plazo fijado para la investigación complementaria, razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad. Para demostrarlo, basta indicar que la resolución oral de un juez de control, sobre el plazo para la investigación complementaria, tiene una vía ordinaria de impugnación en las causas del sistema penal acusatorio: el recurso de revocación previsto en los artículos 465 y 466, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese recurso fue dispuesto por el legislador, contra las resoluciones de mero trámite que emita la autoridad judicial, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal. La única salvedad que se introdujo para la procedencia de ese recurso, quedó circunscrita a las resoluciones emitidas sin sustanciación, esto es, que hubieran sido pronunciadas por la autoridad judicial durante una audiencia o en un proveído escrito, sin haber seguido un procedimiento específico en el cual se hubiera emplazado a las partes y otorgado plazos. Así lo interpretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 331/2019, que generó la tesis jurisprudencial 35/2020 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2760, con el texto siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." Esa interpretación orienta a subsumir la resolución sobre el plazo de cierre para la investigación complementaria, en la hipótesis de "resoluciones de mero trámite", pues el juez de control decide ese plazo de manera oral en la audiencia relativa a la vinculación a proceso, sin haber seguido un procedimiento específico en el cual hubiera emplazado a las partes y otorgado plazos. Cierto, la autoridad judicial fija el plazo para la investigación complementaria, con una resolución oral que emite de plano, esto es, en forma inmediata al momento que escuchó la propuesta de la fiscalía y la postura asumida por la defensa de la imputada -sobre esa propuesta-. Además, esa resolución no comprende aspectos sustantivos en el procedimiento, porque de ninguna forma aborda la oportunidad de recabar datos de prueba, tampoco los hechos por los cuales habrá de formularse la acusación, ni siquiera las medidas cautelares decretadas a la imputada. De ahí que la resolución oral sobre el plazo para la investigación complementaria, pueda clasificarse en la hipótesis de una resolución de mero trámite que emite el juez de control sin sustanciación; y sólo puede ser impugnada a través de la revocación, porque no está contemplada entre los supuestos de apelación, previstos en el numeral 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, la parte quejosa omitió interponer la revocación en la audiencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, desahogada en la causa, aunque estuvo presente en la referida audiencia y escuchó las consideraciones con las que el juez responsable, decidió fijar el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. En efecto, decidió promover este juicio de amparo indirecto contra esa resolución -acto precisado en el punto 3 del segundo punto considerativo-, aun cuando tuvo la posibilidad de que el juez responsable efectuara un nuevo análisis sobre el plazo para la investigación complementaria, si hubiera interpuesto la revocación en la mencionada audiencia. Dicho de otro modo, promovió este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 465 y 466, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que tuvo a su alcance ese medio ordinario de impugnación, en la audiencia donde el juez responsable decidió el plazo para la investigación complementaria. Por consiguiente, opera la improcedencia en este juicio de amparo por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que la copia auténtica de la videograbación donde consta la audiencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, desahogada en la causa, refleja la participación de la defensa particular de la quejosa, desde el momento cuando la fiscalía propuso un número de meses para la investigación complementaria, hasta el instante cuando el juez responsable terminó de exponer las razones por las cuales fijó el plazo de un mes, tan es así que en la parte final de dicha grabación el defensor de la quejosa refiere que la fiscalía había hecho alusión a dos meses y el juez de control, expresamente determina que efectivamente, la fiscalía peticionó dos meses, pero él autorizó un mes hasta el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Lo cual evidencia la oportunidad que tuvo aquella de interponer la revocación, con el carácter de parte formal en la causa. De donde se colige que la omisión de impugnar el plazo de dos meses, fijado por el juez responsable para la investigación complementaria, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Todo lo cual robustece la aplicación de la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, respecto del acto mencionado, pues la parte quejosa debió agotar el recurso ordinario antes de acudir a este juicio constitucional, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde intervengan como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". De ahí que la violación del derecho humano de defensa de la imputada -derivada de la reducción del plazo de dos meses solicitado por la fiscalía reduce el tiempo en el que pueda proponer y solicitar actos de investigación tendientes a esclarecer los hechos y demostrar su inocencia- sea insuficiente para considerar una excepción al principio de definitividad. La afirmación previa atiende a un hecho trascendental: la participación de la defensa particular de la quejosa, desde el inicio de la audiencia de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno y su continuación el veintitrés siguiente, desahogadas en la causa, razón por la cual quedó sujeta a la obligación de interponer la revocación en esa misma audiencia, para cuestionar la resolución del juez responsable sobre el plazo fijado para la investigación complementaria. Aunado a que ningún dato existe para considerar en este juicio, las excepciones dispuestas al principio de definitividad, que comprenden: actos de peligro a la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada, actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, entre otros de similar impacto a los derechos de libertad e integridad personal. Todo lo cual justifica la aplicación del principio de definitividad, pues la audiencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, refleja que el plazo para la investigación complementaria, nunca se impuso con el alcance de generar un peligro a la vida de la quejosa, ataques a su libertad personal ni algún diverso acto que encontrara alguna excepción al referido principio. Por tanto, se concluye que el plazo -un mes- fijado por el juez responsable para la investigación complementaria -acto precisado en el punto 3 del segundo punto considerativo-, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa desatendió la obligación de agotar el recurso ordinario existente -en forma previa a la acción de derechos fundamentales- aun cuando ello resultaba indispensable para generar un acto definitivo y susceptible de analizarse en el terreno de control constitucional. En tales condiciones, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, dada la improcedencia materializada en el acto precisado en el punto 3 del segundo considerativo. Por último, se deja establecido que el sobreseimiento hace improcedente el análisis de los conceptos de violación formulados en la demanda, respecto del citado acto, pues ello implicaría examinar los aspectos de fondo contra lo determinado en el numeral 65 de la citada legislación. Expuesto lo anterior, se analizaron las constancias de autos, y de las mismas no se advierte la actualización de alguna otra causa de improcedencia, ni las partes las hicieron valer; por lo que, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. SEXTO. Estudio del asunto. Al respecto, se procede al análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, dado que la Ley de Amparo no obliga a transcribirlos; lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". Así, la litis se constriñe en determinar si la determinación reclamada en este asunto, es o no violatoria de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, a la luz de los conceptos de violación hechos valer, pues no se advierte materia para su suplencia. En el caso a estudio, los conceptos de violación son infundados sin que se advierta materia para suplir su deficiencia, conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. I. Estudio Auto de vinculación a proceso Los motivos de inconformidad expresados por la peticionaria contra el acto reclamado consistente en la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal 134/2021, relativa al auto de vinculación a proceso en su contra, por el delito de usurpación de profesión, previsto y sancionado en el artículo 250, fracción II, inciso b), del Código Penal Federal, los hace consistir en que la resolución impugnada es contraria a los derechos humanos y garantías previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando en esencia lo siguiente: Que la determinación de vinculación a proceso no cumple con los requisitos legales que para tal efecto exige el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; en concreto, no se ha cumplido con el tercer punto (fracción III), esto porque de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y debatidos por su defensa, no se establece, en grado de probabilidad que haya participado en su comisión, pues no se cumple con los extremos previstos en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, no resultan ser idóneos y pertinentes para establecer razonadamente la probable participación en algún hecho con apariencia de delito. Se atenta a lo contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, adminiculado con el diverso 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que se refiere a la exacta aplicación de la ley y de la congruencia con la que deben contar los autos y resoluciones emitidas por los jueces de control al momento de resolver la solicitud de vinculación a proceso, pues resulta erróneo asemejar a un licenciado en enfermería con un técnico en enfermería, pues solo el primero de los mencionados es profesionista mientras que el último en su dicho, es quien crea y denomina el puesto de trabajo; por lo que a la plaza de enfermera general titulada "A" no solo pueden acceder personal profesional, con lo que se actualiza una causal de excluyente de delito (en específico la prevista en el artículo 15, fracción II, del Código Penal Federal. Que el juez de control responsable realiza manifestaciones tendientes a prejuzgar a la imputada, lo que resulta violatorio del derecho humano de presunción de inocencia, ya que para la etapa procesal en la que se actuó, se debe tener en grado de indicio y no de plena responsabilidad, lo que resulta violatorio del derecho humano de acceder a la justicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues la carga de la prueba y argumentación de ésta corresponde al Agente del Ministerio Público. Ahora bien, como se señaló, los anteriores conceptos de violación son infundados, mismos que se estudiarán en su conjunto por razón de técnica, para lo cual, es menester precisar que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como eje toral del nuevo proceso penal mexicano, en su primer párrafo establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.).". Conforme al aludido texto Constitucional, se tiene que los principios rectores del sistema de justicia penal acusatorio son: la oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, cuyas características definen detalladamente los artículos 4°. a 9°. del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, con la aplicación de dichos principios se cumple con los objetivos del sistema penal acusatorio que son: determinar la verdad real, histórica o procesal, determinar la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, resolver el conflicto suscitado entre las partes, procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. Ahora, para efectos de la presente resolución conviene aludir al esquema del sistema penal acusatorio, contenido en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de identificar la naturaleza jurídica y la fase procesal en que fue dictada la resolución reclamada en la presente instancia constitucional, mismo que comprende las siguientes etapas: I. Etapa de investigación, que corre a cargo del Ministerio Público y comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para que se le formule imputación. En esta fase, el Juez de Control informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiesen informado con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. II. Etapa intermedia o de preparación de juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. Etapa de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Cabe resaltar que el proceso se tendrá por concluido cuando la referida sentencia quede firme. Como puede apreciarse, la vinculación a proceso se decreta dentro de la etapa de investigación. Asimismo, el auto de vinculación a proceso, homólogo al de formal prisión en el anterior sistema penal, cuya denominación denotaba justamente una coacción que por lo general llevaba aparejada alguna afectación a derechos (privación provisional de la libertad), alude a la información formal que el Ministerio Público realiza al indiciado para los efectos de que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el Juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental. Dicha figura jurídica se encuentra regulada por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que en lo conducente señala: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (...)." La redacción del numeral transcrito revela, en atención a los objetivos perseguidos por la reforma constitucional en materia penal, no sólo la modificación en la denominación del auto de formal prisión, ahora llamado auto de vinculación a proceso, sino un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. Por lo que, de la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A), del Pacto Federal, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Legislador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido, y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho o hechos que la ley señale como delitos (hecho ilícito, núcleo del tipo), y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Luego, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de Control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. En esa línea, al igual que en una orden de aprehensión, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, debiéndose incluir las modificativas o calificativas del hecho delictuoso; máxime que tiene como efecto procesal establecer el ilícito por el cual habrá de seguirse la formal investigación. Ello, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Sin embargo, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio (oral). En ese orden de ideas, para el dictado de una orden de aprehensión o de un auto de vinculación a proceso, el Juez de Control debe analizar y resolver, según sea el caso, únicamente con base en los datos de prueba que en la solicitud de una orden de aprehensión o en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en la aludida audiencia. Establecida la fase del procedimiento en que se pronuncia el auto de vinculación a proceso, así como su naturaleza jurídica; a efecto de determinar los requisitos de forma y fondo necesarios para emitir un auto de vinculación a proceso se encuentran previstos en el artículo 19 de la Carta Magna y en el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este sentido, dichos numerales, en su orden, establecen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De la trascripción de los preceptos legales que anteceden, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso se deben expresar, de manera indefectible, como elementos de forma y fondo, los siguientes: a) Que se haya formulado la imputación (formalización o judicialización del procedimiento). b) Que se haya escuchado en declaración preparatoria al imputado (o que éste haya manifestado su deseo de no declarar). c) Que se haya precisado el delito que se le imputa. d) Que el auto de vinculación a proceso, se dicte solo por los hechos motivo de la formulación de la imputación. e) Que se expresen las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución. f) Que se expresen los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión (requisitos de fondo). g) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En el caso en estudio, están satisfechos los requisitos de forma, dado que en la audiencia celebrada ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, el agente del Ministerio Público formuló imputación en contra de la ahora quejosa, cumpliéndose así el inciso a), de los requisitos individualizados, tal y como se advierte de la reproducción del disco respectivo, en la que la fiscalía refirió: ".Señora Mercedes Lima Horta, esta fiscalía federal ha iniciado una investigación en su contra toda vez que desde el día dieciséis de septiembre de dos mil diez a las catorce horas, hasta el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se desempeñó como enfermera general titulada "A", adscrita al servicio de hemodiálisis del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala, ocupando el número de plaza 219254, clave de adscripción 02753, usando para tales efectos el título de licenciada en enfermería y obstetricia de fecha tres de mayo de dos mil dos, (Juez: licenciada en qué perdón) Fiscalía: licenciada en enfermería y obstetricia, de fecha tres de mayo de dos mil dos, así como la cédula profesional número dos millones trescientos catorce mil setecientos veintiocho -2314728- (Juez: me repite la cédula) Fiscalía: dos millones trescientos catorce mil setecientos veintiocho -2314728-, de cinco de marzo de dos mil cuatro, mismos que nunca fueron expedidos en su favor, teniendo pleno conocimiento de ello, situación que se evidenció mediante el oficio OICR/613/2019, de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, en el que el Órgano Interno de Control, a través del área de auditoría interna remitió el informe de la auditoría practicada, así como la cédula de observaciones, de la cual se desprende que incumple con el perfil de puestos del catálogo institucional poniendo en riesgo la salud de los derechohabientes de dicho nosocomio al obtener un registro en la bolsa de trabajo sin reunir los requisitos que exige el profesiograma, vulnerándose con su conducta, el bien jurídico tutelado que es la seguridad jurídica y el derecho a la salud. Los hechos que se le imputan, son constitutivos del delito de usurpación de profesión, previsto y sancionado en el artículo 250, fracción II, inciso b), del Código Penal Federal, siendo su forma de intervención en el delito que se le imputa, como autor material en términos del artículo 13, fracción II, bajo el medio de comisión doloso en términos de los artículos 8 y 9, del Código Penal Federal. Depone en su contra el licenciado Alfredo Paúl Ramírez, Apoderado legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala, mediante escrito de denuncia de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Es cuanto su Señoría (Juez: me repite el nombre del denunciante Alfredo Paul que). Fiscalía: Ramírez. (Juez: me repite nada más para corroborar el nombre del instituto). Fiscalía: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala (Juez: Ya, ISSSTE por sus siglas). Fiscalía: Así es su Señoría. " También consta en la audiencia referida, que la quejosa tuvo la oportunidad de emitir su declaración, ya que se le preguntó si deseaba contestar a los cargos formulados, manifestando que se reservaba su derecho de declarar, lo cual se advierte del contenido del disco óptico remitido en vía de prueba; por tanto, se cumple a cabalidad el requisito señalado en el inciso b) antes mencionado. Igualmente, conforme al inciso c), se precisó en la resolución que ahora se analiza, que el delito que se le atribuye es el de usurpación de profesión. Por otro lado, del disco versátil que contiene el audio y video del auto de vinculación a proceso se desprende que dicho auto se dictó precisamente por los hechos a que se refiere la formulación de imputación, sin que hubiera introducido algún hecho diverso a los narrados en la formulación de imputación, por lo que se encuentra igualmente colmado el inciso d) de la relación correspondiente. En este orden, también fueron colmadas las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de la comisión de los antijurídicos atribuidos a la hoy quejosa, conforme al inciso e), dado que, del disco óptico que contiene la resolución impugnada, por lo que concierne al delito en cuestión, señaló la responsable que de los datos de prueba expresados por la fiscalía, son suficientes para establecer que la imputada, aquí peticionaria de amparo, desplegó la conducta previamente descrita, actualizándose así el hecho punible que se le atribuye. De igual forma, se encuentran colmados los requisitos de fondo, consistentes en la existencia de datos (pruebas no formalizadas) que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión, tal como lo determinó el juez de control responsable. En efecto, para el dictado de la vinculación a proceso, el Juez tomó en consideración los datos de prueba a que hizo referencia la fiscalía en la siguiente forma: ". En primer término los elementos que integran el delito de usurpación de profesión son los siguientes: 1. que el sujeto activo no tenga título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, 2. que dicho sujeto activo realice actos propios de una actividad profesional. En estos términos, tenemos que el primero de los elementos mencionados se acredita de la siguiente manera: En principio esta fiscalía estima que debe ponderarse que se trata de un elemento de carácter negativo esto es, no obra en la carpeta de investigación dato alguno que implique al menos indiciariamente que la imputada Mercedes Lima Horta, en la época de los hechos contara con título profesional para desempeñarse como enfermera general titulada "A" adscrita al servicio de hemodiálisis del Hospital General del IMSS, Delegación Tlaxcala. Por el contrario obran datos de pruebas que demuestran que la imputada no cumplía con el perfil establecido en el profesiograma del catálogo institucional de puestos del ISSSTE, Tlaxcala al carecer de título profesional de enfermería a nivel técnico de educación media superior o licenciatura en Enfermería ambas con reconocimiento de validez oficial de estudios ni cédula profesional, por lo que es incuestionable que la imputada no contaba con el respectivo título profesional lo que se demuestra con el escrito de denuncia de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, signado por el licenciado Alfredo Paúl Ramírez, en su carácter de Apoderado legal del ISSSTE Tlaxcala, quien en lo que interesa refirió: "con fecha siete de marzo del año dos mil dos, Mercedes Lima Horta obtuvo su registro de candidato a bolsa de trabajo en lo que conoció lista de bolsa de trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Tlaxcala. Posteriormente y con registro de candidata Mercedes Lima Horta fue dada de alta por interinato de fecha dieciséis de octubre al quince de noviembre del año dos mil cinco y del uno de enero al treinta y uno de marzo de dos mil seis, más adelante y con fecha dieciséis de septiembre del año dos mil diez Mercedes Lima Horta fue designada para presentar sus servicios en el Hospital General ISSSTE Tlaxcala, con número de placa 219254, clave de adscripción 02753, en el horario de catorce a veinte treinta horas, con fecha de inicio de labor el día dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, tal y como se desprende de la constancias de nombramiento y/o movimiento de personal que obra en su expediente personal. Con fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve y en cumplimiento con el programa anual de auditoría dos mil diecinueve, el contador público Alejandro ininteligible Cornejo titular del Área de Auditoría Interna del órgano interno de control en el IMSS de Tlaxcala, corrijo su señoría ISSSTE, con sede en Veracruz, emitió la orden de auditoría número 90/2019, en la que se notificó el día veinticuatro de junio de dos mil diecinueve al contador Público Julio César ininteligible Guerrero, Subdelegado de Administración y encargado por suplencia en ausencia del Delegado Estatal del ISSSTE Tlaxcala, emitió la auditoría número ininteligible durante el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. La Auditoría se efectuó en la Delegación Estatal del ISSSTE Tlaxcala, y su objetivo general fue verificar que los servicios médicos proporcionados por las unidades médicas sean proporcionados adecuada y oportunamente bajo los criterios de economía, eficacia y eficiencia a través de los estándares de calidad implementados para la atención ininteligible y objetivos institucionales ininteligible entre ellos, comprobar el cumplimiento de perfil, horarios laborales y compatibilidad de horarios del personal médico de enfermería y administrativo, la adecuada atención al derechohabiente por parte del personal médico y administrativo adscrito a las unidades médicas, lo anterior en estricto apego con el marco jurídico ininteligible. Mediante oficio número O101CR/0613/2019, recibido en la Delegación del ISSSTE Tlaxcala, el día veintinueve de agosto de dos mil diecinueve (Juez: ¿Qué día?) Fiscal: veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, el órgano interno de control en el ISSSTE a través del área de auditoría interna remite el informe de la auditoría practicada así como la cédula de observaciones de la cual se desprende lo siguiente: Personal que incumple con el perfil de puestos del catálogo institucional, del análisis de integración de los expedientes del personal de una búsqueda de setenta y tres casos activos de la plantilla presupuestal del servicio dos mil dieciocho del hospital general ISSSTE Tlaxcala, se determinó lo siguiente: 1. Acreditación de estudios con documentación apócrifa de la ciudadana Mercedes Lima Horta, que el expediente personal de Mercedes Lima Horta con número de empleado U312826, con el puesto M02035 enfermera general titulada "A", adscrita al servicio de hemodiálisis, se observó que no cumple con el perfil establecido en el profesiograma del catálogo institucional de puestos del ISSSTE toda vez que carece del título de enfermería a nivel técnico de educación media superior o licenciatura en enfermería, ambas con reconocimiento con validez oficial de estudios ni cédula profesional, tomando en consideración que el expediente personal de Mercedes Lima Horta, cuenta con fotocopias del título o cédula profesional con número 2314728, el órgano interno de control realizó una validación del número 2314728 de cédula profesional en la página del registro nacional de profesiones constatando que los datos no corresponden a Mercedes Lima Horta, sino a la ciudadana Esther Robles Corral, con profesión en licenciatura como profesor de educación media en el área de español, de igual manera el órgano interno de control solicitó al secretario académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la confirmación respecto a que si Mercedes Lima Horta fue alumna de la facultad de enfermería y obstetricia solicitándole que remitiera el título que la acreditara como profesionista, por lo que en respuesta mediante oficio número UT/247/C8/2019, de fecha quince de agosto de dos mil diecinueve, la jefa de investigación institucional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala informa que el estatus académico de Mercedes Lima Horta es de egresada sin que exista registro en esa unidad de la elaboración de un título profesional a su favor. Cabe hacer mención que en la copia simple del título profesional que Mercedes Lima Horta anexó a su expediente personal se puede apreciar en la parte inferior la leyenda título de licenciado en enfermería y obstetricia expedido a favor de la C. María de Lourdes Salazar Quintero, Departamento de Ciencias de la Salud, Coordinación de Ciencias ininteligible confirmando la jefa de unidad de investigación institucional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala que María de Lourdes Salazar Quintero, obtuvo el título con número de folio 8149, registrado en el libro 07, a foja 112 y con fecha de examen tres de mayo de dos mil dos. De igual manera se cuenta con el oficio número: CTT/AJ/3874/2019, de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, signado por el licenciado Nan Gutiérrez López, subdirector de colegios Profesionistas de la Dirección General de Profesiones, quien informó que no se localizó registro profesional de Mercedes Lima Horta para ejercer una profesión y que la cédula profesional 2314728 se encuentra a nombre de Esther Robles Corral, expedida en mil novecientos noventa y seis que la acredita para ejercer la licenciatura como profesor de educación media en el área de español, quien es egresada de la Escuela Normal Superior de Jalisco. Aunado a la entrevista rendida por Linda Aurora ininteligible Gómez, en su carácter de Jefa de Departamento de Recursos Humanos del ISSSTE Tlaxcala, del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, ante esta representación social de la federación (Juez: ¿De qué fecha?) Fiscalía: diecisiete de septiembre de dos mil veinte (Juez: Ya, esta, todos estos datos son fiscal, eh adjuntos o son mencionados en la denuncia o son datos de prueba independientes?) Fiscalía: este ya es un dato de prueba independiente su señoría (Juez: ¿Todo lo anterior?, el contenido de la denuncia, el dato de prueba referente a la denuncia) Fiscalía: a partir del oficio CCP, ya es dato independiente su señoría. (Juez: ah bien, o sea el UT/247, ese si es parte de la denuncia), Fiscalía: así es su señoría: (Juez: Ya, o sea es nada más una referencia en la denuncia todavía no lo cita usted como dato de prueba, el que sí está citando como un dato distinto es el oficio CTT/AJ/3874, correcto?) fiscalía: es correcto su señoría. (Juez: Ya, bien, entonces este, la entrevista de la jefa de departamento sería el tercer dato de prueba). Fiscalía: así es su señoría. (Juez: ya, adelante) fiscalía: bueno, esa entrevista dio lugar al siguiente cuestionamiento: ¿En qué fecha fue contratada Mercedes Lima Horta como personal activo y para qué puesto? Respondiendo que el dieciséis de septiembre de dos mil diez fue contratada como enfermera general titulada "A", ¿Qué nivel académico se debe desempeñar para el puesto de enfermera general? respondiendo la entrevistada que el título de enfermería a nivel técnico de Educación Media Superior o licenciatura en Enfermería, ambas con reconocimiento de validez oficial de estudios y cédula profesional, tal y como lo especifica el profesiograma del catálogo institucional de puestos del ISSSTE, el cual exhibió y solicitó se agregara a la carpeta de investigación. Continuando con decir que para efectos de contratación debe presentar original y copia. ¿Cómo se realiza el cotejo de los documentos para la contratación? Respondiendo que con el original y copia de los documentos que presenta en interesado de manera personal debe cumplir hechos que se constatan con el sello plasmado al reverso de cada documento con la leyenda: "Este documento es copia fiel del original, debidamente cotejado y validado." El original le es devuelto al interesado precisando que todos los trámites son personales. ¿Con qué perfil académico se ostentó Mercedes Lima Horta para efectos de contratación y qué documentos presentó? respondiendo que en el expediente laboral, obra su constancia de nombramiento y/o movimiento de personal de dieciséis de septiembre de dos mil diez, que es el documento de contratación oficial y especifica escolaridad como licenciado en Enfermería y obstetricia, también se aprecian las firmas de Mercedes Lima Horta y de la Delegada estatal en ese entonces, así como el sello del subdirector de personal del ISSSTE. Aunado a que presentó su título y cédula profesional aparentemente originales, aclarando cuando la persona no cuenta con título o cédula ser licenciado se coloca que el nivel académico es el de pasante de la licenciatura o de enfermería y obstetricia. Como dato de prueba más se cuenta también con el oficio número AC/590/2020 del nueve de septiembre de dos mil veinte, signado por la licenciada Cinthia Chavez Palma en su carácter de Apoderada Legal de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quien informó que Mercedes Lima Horta si fue de la Facultad de Ciencias de la Salud cursando la Licenciatura en Enfermería y obstetricia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el periodo escolar mil novecientos noventa y seis-dos mil, al que adjuntó copia certificada del certificado de estudios número UATX número 17866, de fecha cinco de marzo del año dos mil veinte, así como copia certificada del título número cuarenta mil seiscientos setenta y uno registrado en el libro treinta y nueve (Juez: Cuarenta mil que) fiscalía: cuarenta mil seiscientos setenta y uno, registrado en el libro treinta y nueve, a fojas trescientos dos de la Unidad de Titulación Institucional de la Secretaría Académica, con fecha de examen tres de marzo de dos mil veinte, fecha de expedición del título profesional cuatro de mayo de dos mil veinte. Haciendo especial mención que no le fue posible validar los datos del título profesional de fecha veintiocho de mayo de dos mil dos en razón de la información contenida, no coincide con los registros que se encuentran resguardados en los libros de la unidad de investigación institucional de la Secretaría Académica. Seguidamente se dispone del oficio FA-CRH-1438/2021, de once de julio de dos mil veintiuno signado por la contador público Linda Aurora ininteligible Gomez, jefa del Departamento de Recursos Humanos del ISSSTE Tlaxcala, agregando a dicho escrito el dictamen de documento para integrar el expediente del personal de nuevo ingreso al Instituto, concretamente para el puesto de enfermera titulada "A" en el año dos mil diez, exigiendo entre otros comprobante máximo de estudios y/o cédula profesional, copia cotejada. Finalmente, con el informe de investigación criminal con número de oficio SGR/ANT/CSN/20MMJ/UAIORGNRTLAX/1413/2021 de once de junio de dos mil veintiuno, signado por el oficial de la Policía Federal Ministerial, Juan Carlos Cerón Hernández, quien tuvo a la vista el expediente laboral de Mercedes Lima Horta, dando cuenta de la existencia de las copias de la cédula profesional de dos mil cuatro y título profesional de dos mil dos, a nombre de la imputada sin que se adviertan las inconsistencias ya descritas título profesional que fue ininteligible fotográficamente por la perito en fotografía forense Kenia Elizabeth Carrillo Ortiz a través de su dictamen con folio dos mil cincuenta y siete de diez de junio de dos mil veintiuno. Por cuanto hace al segundo de los elementos consistente (Juez: el dictamen en fotografía es relativo al título nada más o también a la cédula) fiscalía: al título únicamente su señoría (Juez: mjmmm, sí) fiscalía: por cuanto hace al segundo de los elementos consistente en que realice actos propios de una actividad profesional, este se acredita con los siguientes datos de prueba: constancia del nombramiento y/o movimiento de personal referente a la plaza de nueva creación a favor Mercedes Lima Horta de fecha dieciséis de septiembre de dos mil diez, en la que se le asigna el servicio 09410 hemodiálisis, adjuntando la orden de presentación con folio 2910138 del dieciséis de septiembre de dos mil diez, en el que se hace constar el inicio de funciones de Mercedes Lima Horta en el Hospital General "A", con el número de plaza 219254, clave de adscripción 02753 firmando ella de conformidad al reunir los requisitos que establece el instituto seguido de la propuesta de designación número 2910137 de la misma fecha, con el puesto de MO2035-076 enfermera general titulada "A". (Juez: Titulada verdad o titular?) Fiscalía: titulada, su señoría. Continuamos con la inspección de doce en octubre de dos mil veinte por el oficial Juan Carlos Cerón Hernández, de la Policía Federal Ministerial (Juez: doce de octubre de que año?) Fiscalía: dos mil veinte. Quien tuvo a la vista la constancia de la plaza de nueva creación a favor de Mercedes Lima Horta, con las características ya referidas. También se dispone de la entrevista realizada por el oficial de la Policía Federal Ministerial, Juan Carlos Cerón Hernández, a la ciudadana Mabel Carmen Castillo ininteligible, de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte (Juez: Me repite el nombre) Fiscalía: Si su señoría (Juez: de la entrevistada) Fiscalía: Mabel Carmen Castillo Xoquiantzi. (Juez: si). Fiscalía: quien manifestó fungir como jefa de servicio de hemodiálisis del Hospital General del ISSSTE Tlaxcala y que en relación a los hechos que se investigan que efectivamente se conoció a Mercedes Lima Horta desde hace aproximadamente diez años. Desde que tenía el cargo de suplente hasta el momento en que le dieron su base, con quien coincidía en el enlace de turno de servicio de hemodiálisis. También se dispone de la entrevista realizada por el mismo investigador y en la misma fecha a la ciudadana Margarita González ininteligible quien del Hospital General del ISSSTE Tlaxcala, manifestando que en relación a los hechos que se investigan que sí conoció a Mercedes Lima Horta, desde hace aproximadamente 10 años como personal suplente, siendo que la última vez que la vio en el año pasado no recordando la fecha exacta realizando un servicio de tratamiento de hemodiálisis, ignorando las funciones específicas que realizaba así como el motivo por el que ya no labora en el hospital. Datos de prueba que para el estadio procesal que nos ocupa son suficientes para tener por acreditado el ilícito de usurpación de profesión previsto y sancionado en el artículo 250, fracción segunda, inciso b), del Código Penal Federal. Además, en la carpeta de investigación se encuentra acreditada la participación de la imputada como autor material en términos del artículo 13, fracción segunda y bajo el medio de conducción doloso previsto en los artículos 8 y 9, párrafo primero del Código Penal Federal. Conducta delictiva que realizó como autor material y de manera dolosa, pues la imputada tenía conocimiento del hecho y quiso la realización del mismo. Pues tenía la capacidad de conocer los alcances de su actuar por tratarse de una persona adulta que tiene la experiencia necesaria que le permite decidir respecto de las conductas que lleva a cabo, actuando por sí, porque incluso como se advierte del expediente laboral que generó en dicho nosocomio, se encuentra la solicitud de empleo de catorce de septiembre de dos mil diez, firmada por la imputada quien refiere que en dicha época ya disponía del certificado de estudios expedido por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Aunado al curriculum vitae que presentó ante el ISSSTE Tlaxcala de fecha catorce de septiembre de diez, en el que según la inspección de doce de octubre de dos mil veinte, realizada por el oficial de la Policía Federal Ministerial Juan Carlos Cerón Hernández, se advierte que refiere tener la escolaridad de Licenciatura en Enfermería, al que agregó el certificado de estudios número 14831, expedido el diez de enero de dos mil uno, la cédula profesional número 2314728 y que realmente corresponden a la ciudadana Esther Robles Corral con profesión en licenciatura como profesor de educación media en el área de español. Por otro lado, y como bien lo refirió la Secretaria Académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, mediante oficio número UE/247/08/2019 del quince de agosto de dos mil diecinueve, que el estatus académico de la ciudadana Mercedes Lima Horta, es egresada (Juez: este oficio ya lo está citando ahora como dato de prueba) Fiscalía: así es su Señoría (Juez: o solamente está argumentando) fiscalía: lo estoy citando como dato de prueba (Juez: ya, bien, si adelante) fiscalía: ininteligible que obra como copia en la denuncia (Juez: ya), fiscalía: cabe hacer mención que el título profesional presentado por Mercedes Lima Horta y al que anexó a su expediente personal, se puede apreciar en la parte inferior la leyenda título de Licenciado en Enfermería y Obstetricia expedido a favor de María de Lourdes Salazar Quintero, Departamento de Ciencias de la Salud Coordinación de Ciencias Biológicas, confirmando la Jefa de Unidad de titulación institucional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que la ciudadana María de Lourdes Salazar Quintero, obtuvo el título con número de folio 8149 registrado en el libro 7 a foja ciento doce y con fecha de examen tres de mayo de dos mil dos, documentales que presentó a modo de obtener la plaza 219254, clave de adscripción 02753 con el puesto de NO2035-076 enfermera general titulada "A" para así realizar actos propios de licenciada en enfermería y obstetricia desde el día dieciséis de septiembre de dos mil diez, hasta la fecha en que renunció siendo el día nueve de septiembre de dos mil diecinueve, pues en dicho lapso se encontró adscrita al servicio de hemodiálisis del Hospital General del ISSSTE en Tlaxcala, poniendo en riesgo la salud de los derechohabientes al realizar las actividades para las cuales evidentemente no gozaba de título ni cédula profesional, tal y como lo exige el profesiograma así informado por la contador público Linda Aurora ininteligible Gómez, mediante oficio SA-TRH-1438/2021 de ocho de julio de dos mil veintiuno, agregando a dicho escrito el listado de documentos para integrar el expediente de personal de nuevo ingreso al instituto exigiendo comprobante máximo de estudios y/o cédula profesional copia cotejada, así como el profesiograma para el puesto de enfermera general titulada "A", que desde fecha cuatro de agosto de dos mil diez, se requería título de enfermería a nivel técnico de educación media superior o enfermería, ambas con reconocimiento de validez oficial de estudios y cédula Profesional, sin que en la época de los hechos investigados dispusiera de autorización para ejercer la multicitada profesión y por el contrario, si realizaba los actos propios de tal actividad profesional. Cabe señalar su Señoría, que hasta el momento no se actualiza causa de exclusión de la acción penal o excluyente del delito señalado, por lo que se estima que los datos de prueba y argumentos expuestos son congruentes, idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para establecer razonablemente la existencia de los hechos que la ley señala como delito de usurpación de profesión, previsto y sancionado en el artículo 250, fracción II, inciso b), del Código Penal Federal, siendo su forma de intervención como autor material en términos del artículo 13, fracción II, bajo el medio de comisión doloso, en términos de los artículos 8 y 9, del Código Penal Federal. En consecuencia, esta representación social de la Federación reitera a su Señoría se dicte auto de vinculación a proceso solicitado, es cuanto su señoría." Los referidos datos de prueba el juzgador de origen les otorgó valor, lo que se estima jurídicamente correcto acorde a las reglas de valoración que para tal efecto establecen los artículos 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal, así como los numerales 259, 260, 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en esencia facultan a los tribunales para apreciar las pruebas con libertad, con la limitante de no poder contradecir los principios de la lógica. Ahora bien, como correctamente lo señaló el juez responsable, los reseñados datos de prueba, son aptos para establecer la comisión del hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que la inculpada los cometió o participó en su comisión, ello, en razón que de aquellos se desprende que la quejosa, a manera de probabilidad, fue quien desde el dieciséis de septiembre de dos mil a las catorce horas y hasta el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, la imputada (aquí quejosa) se desempeñó como enfermera general titulada "A", adscrita al servicio de hemodiálisis del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala, ocupando el número de plaza y clave de adscripción correspondientes, usando para ello un título de licenciada en enfermería y obstetricia de tres de mayo de dos mil dos, así como la cédula profesional respectiva. Teniendo la imputada pleno conocimiento de esa situación, tan es así que se desempeñó como enfermera en la categoría indicada, hasta que, de una auditoría interna se desprendió que no existen expedidos a su favor ni el título ni la cédula. Esos hechos imputados a la quejosa fueron debidamente clasificados por el juez, pues consideró que actualizaba el delito por el que la fiscalía solicitó se vinculara a proceso a la imputada; esto es, usurpación de profesión, previsto y sancionado en el artículo 250, fracción II, inciso b), del Código Penal Federal. Señalando lo previsto en la Ley Reglamentaria de lo que establece el artículo 5° Constitucional, en el transitorio segundo el que dispone que en tanto se expidan las leyes a que se refiere el artículo 2o. reformado, las profesiones que en sus diversas ramas necesitan título para su ejercicio son las siguientes y entre ellas está el de enfermera. Asimismo, atendió a los argumentos vertidos por la defensa, en el sentido de que el propio instituto establece que puede ser técnica o profesionista; es decir, que se puede tener un título a nivel técnico o título profesional, para lo cual destacó que no nada más existe la licenciatura, en cuanto a una carrera amparada con título y cédula, pues existen carreras técnicas que se encuentran amparadas con dichos documentos, incluso de una consulta a la página de la Secretaría de Educación Pública, se establecen los requisitos para obtener el registro de título y expedición de cédula profesional para mexicanos con estudio en México en los niveles: técnico, técnico superior universitarios y licenciatura; es decir en los tres niveles se puede obtener cédula y título. Lo anterior, relacionado con la consulta en la página del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en la cual existe la clasificación de carreras: técnicas o comerciales, profesionales, maestrías y doctorados; y en esa clasificación, se prevé a la enfermería como clasificada tanto en las carreras técnicas o comerciales de nivel básico, como en las carreras técnicas o comerciales de nivel medio superior y en la clasificación de carreras profesionales, es decir, puede obtenerse el título y cédula en cualquiera de estas categorías, de manera que no hay alguna incongruencia o inconsistencia con el hecho de que el propio instituto señale en su profesiograma que puede llegarse al puesto de enfermera titulada "A", con carrera técnica o profesional. Pues lo que refirió la fiscalía es que atendiendo a ese profesiograma el requisito es que se tenga título y cédula, siendo éste el requisito con el que no se cuenta. Así, los datos de prueba valorados de forma libre y lógica, permitieron establecer al juez natural la existencia legal del hecho que la ley señala como delito y que probablemente la quejosa Mercedes Lima Horta, lo cometió o participó en su comisión, como autor material, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal. Bajo esa óptica jurídica, se encuentran colmados por parte del ente judicial responsable, los requisitos previstos en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que señala que deberá entenderse que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, de ahí que, el Juez de Control estuvo en lo correcto al ponderar los datos de prueba aportados por la fiscalía, sin que la defensa o el propio imputado ofreciera dato alguno, y determinar que se podía establecer la existencia de los hechos legalmente señalados como delito. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 23/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares como la confesión, testimonio o inspección, sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, que parte de datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión.". Esto es así, puesto que conforme a las disposiciones que orientan el proceso penal de corte acusatorio y oral, para la emisión de un auto de vinculación a proceso no es necesario acreditar los elementos del cuerpo del delito, ya que basta que obren datos que establezcan la comisión de un hecho con apariencia de delito y la probable participación de la imputada, para su validez y legal emisión. Asimismo, para el dictado del auto de vinculación a proceso, no es necesario que se encuentre acreditada la probable responsabilidad de la imputada (como lo era antes para el dictado del auto de formal prisión), pues como quedó establecido, basta que los datos establezcan la probable participación del imputado en el hecho con apariencia de delito. En este sentido, acorde al nuevo paradigma que conlleva el sistema penal de corte acusatorio y oral, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, resultando que ese nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada; es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Al caso resulta aplicable el siguiente criterio: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". (1a./J. 35/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, correspondiente a Agosto de 2017, número de registro 2014800). Además, debe indicarse que para el dictado del auto de vinculación a proceso se requiere acreditar el supuesto material -lo que es materia de inconformidad por la parte quejosa-, a cuyo efecto el estándar probatorio, se rige por el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho ilícito (núcleo del tipo) y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Esos datos, no constituyen prueba como tal, sino una mera referencia a las diligencias practicadas por el Ministerio Público en el ejercicio de su función persecutora del delito, las que, en la postura asumida por la propia fiscalía, resultan idóneas, pertinentes y suficientes para justificar el sometimiento del imputado a un plazo mayor, siempre razonable, de investigación supervisada por la autoridad judicial. La prueba, por su parte, será exclusivamente aquella desahogada en la audiencia principal de juicio oral, tal y como lo estatuye el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante lo anterior, el dato de prueba debe reunir las características de idoneidad (que sea adecuado y apropiado), pertinencia (conducente o concerniente), y suficiencia (bastante). En esa lógica, la vinculación a proceso encuentra sustento en los elementos recolectados por la Agente del Ministerio Público en una primera etapa de investigación que por la cercanía temporal con el hecho delictivo le compete exclusivamente a éste, y con los cuales acude a formular la imputación como acto de comunicación con el indiciado respecto de la labor que desarrolla en su contra. En tales condiciones, el Juez de Control debe resolver la situación jurídica del imputado con base en los datos de prueba que en la audiencia de vinculación a proceso refiera la representación social obran en la carpeta de investigación respectiva, sin que pueda acceder a la misma para verificar la certeza de las manifestaciones vertidas por la fiscalía, a no ser que exista controversia entre los intervinientes respecto de su contenido, toda vez que la defensa sí tiene acceso a la misma; en estos casos, excepcionalmente el Juez podrá tenerla a la vista, con el único fin de resolver el punto discutido. Lo anterior encuentra razón, en el hecho de que en el sistema penal acusatorio el diseño de la representación social, es el de una institución que rige su actuación bajo el principio de objetividad y lealtad para con el imputado y su defensor, el ofendido y demás involucrados, lo cual supone el deber de no ocultar los elementos recabados en la investigación, particularmente los no incorporados al proceso y que beneficien a la posición asumida por las partes. Ello, aunado a que el principio de contradicción permite el control horizontal de los actos desplegados por los contendientes en un plano de igualdad procesal, de manera tal que para resolver sobre la vinculación a proceso la autoridad judicial se encuentra impedida para allegarse oficiosamente de la carpeta de investigación. Por tanto, es de suma importancia reiterar y hacer hincapié en que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del imputado, pues de acuerdo al primer párrafo del artículo 19 Constitucional y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, basta con que se encuentre justificada la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo; esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que en realidad sólo debe fijarse la materia de la investigación y el eventual juicio. El anterior razonamiento encuentra sustento además, en la jurisprudencia 35/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 87/2016 -también referida por la sala responsable en la resolución reclamada-, de contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.". Por consiguiente, quien esto resuelve advierte que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa el juez responsable realizó un análisis completo y sistemático de los datos de prueba referidos por la fiscalía, así como de sus argumentos, aunado a que los mismos se refieren única y exclusivamente a la licitud de las pruebas aportadas por la representación social. Es así, pues como se dijo en líneas precedentes, la fase procesal que corresponde al dictado de un auto de vinculación a proceso, dado su estándar probatorio bajo, es suficiente que los datos de prueba narrados, aun cuando no se encuentren perfeccionados, generen suficientes indicios al juzgador de la existencia de una conducta delictiva, para que proceda a decretar el mismo, máxime que tal faceta se traduce en la permisibilidad de seguir investigando los hechos, lo cual se encuentra perfectamente previsto en los artículos 211, fracción I, inciso b) y 321 a 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales al prever la investigación complementaria dentro del sistema penal acusatorio y oral, preceptos legales que establecen la etapa que concierne a su inclusión, su plazo y formas de terminación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada 1a. CCCXLIII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, publicada en la página 313, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación interpretada en sentido contrario que dice: "DETENCIÓN O RETENCIÓN ARBITRARIA DEL IMPUTADO. LAS DILIGENCIAS IRREGULARES PRACTICADAS POR LA POLICÍA SIN AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO GENERAN LA INVALIDEZ DE LAS PRUEBAS DERIVADAS DE AQUÉLLAS. Las diligencias irregulares practicadas por la policía sin autorización del Ministerio Público generan la invalidez de las pruebas derivadas de la detención o retención arbitraria del imputado. Así, la retención policiaca del detenido para su identificación o reconocimiento -sostenida luego como consecuencia directa e inmediata ante el Ministerio Público- no forma parte de las facultades conferidas a la policía, pues la exigencia constitucional es que éstas y las demás tareas indagatorias se efectúen bajo el control y la supervisión del fiscal como órgano encargado de la investigación, así como en respeto y protección de los derechos humanos del imputado a la libertad personal, a una defensa adecuada, al debido proceso y de obtención lícita de la prueba. En este sentido, este Tribunal Constitucional ha sostenido la invalidez de la prueba ilícita, independientemente de su contenido, lo que debe vincularse con sus efectos derivados directa e inmediatamente con la violación de que se trate, en el caso, que devengan de la retención policiaca. Por lo anterior, se reitera, que en todo caso, el estudio de la ilicitud de las pruebas será materia de análisis en un diverso momento procesal, como lo es, la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, ya que en este momento la admisión de tales medios de prueba no le causa un perjuicio dado que en la audiencia intermedia puede controvertirse la prueba considerada ilícita, a efecto de que se excluya y no la aporte en juicio, de ahí que resulte infundado lo alegado por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada página: 1480, XIII.P.A.33 P (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación: "DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE NO EXCLUIR LOS QUE SE OBTUVIERON CON VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la determinación del Juez de control emitida en la etapa de investigación complementaria del proceso penal acusatorio y oral, de no excluir datos de prueba que se aduce se obtuvieron con violación de derechos fundamentales, es improcedente el juicio de amparo indirecto, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que no constituye un acto de imposible reparación, pues no afecta actual y materialmente y por sí, algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, como la vida, la dignidad, el patrimonio, la familia, la libertad personal, de conciencia, de expresión, etcétera; sino que dicha negativa constituye simplemente un acto que no rebasa lo puramente procesal, porque puede suceder que, una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público decida no formular acusación, o que, haciéndolo, no señale dichos datos como medios de prueba que pretenda ofrecer en juicio, supuestos en los que desaparecerá el perjuicio que cause la negativa referida; en caso contrario, en la audiencia intermedia puede controvertirse la prueba considerada ilícita, a efecto de que se excluya y no la aporte en juicio. Por tanto, es evidente que los datos probatorios ofrecidos por la representación social la vinculan, a título probable, en los hechos ilícitos en estudio; pues de lo investigado y expuesto tanto por la representación social como por el juez de origen, se advierte la probable participación de la quejosa imputada en los hechos delictivos atribuidos. Sin que se encontrara demostrado a favor de la imputada que operara alguna causa de inimputabilidad, extinción de la acción penal o una excluyente de delito; esto por cuanto al último requisito para el dictado del auto de vinculación a proceso. Ahora, por cuanto a los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, como se señaló, los mismos resultan infundados, pues en el presente caso, la determinación de vinculación a proceso cumple con los requisitos legales que para tal efecto exige el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y debatidos por su defensa, se obtiene en grado de probabilidad la participación de la imputada en su comisión, los cuales resultan ser idóneos y pertinentes para establecer razonadamente su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de usurpación de profesión. De igual forma, sí existe congruencia y suficiencia para establecer que se acredita un hecho que la ley considera como delito, y que la imputada lo cometió o participó en su ejecución; ello, pues los datos de prueba señalados por la fiscalía son suficientes para establecer la participación de la quejosa Mercedes Lima Horta, en la comisión del hecho, como ha quedado evidenciado. En otro aspecto, resulta infundado lo manifestado por la parte quejosa, en el sentido de que el juez de control responsable realiza manifestaciones tendientes a prejuzgarla, lo que resulta violatorio del derecho humano de presunción de inocencia, ya que para la etapa procesal en la que se actuó, se debe tener en grado de indicio y no de plena responsabilidad, lo que resulta violatorio del derecho humano de acceder a la justicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues la carga de la prueba y argumentación de ésta corresponde al Agente del Ministerio Público. Ciertamente, la circunstancia de que los principios de presunción de inocencia, debido proceso legal y pro persona, no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en los tratados internacionales, en el caso, en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no significa que no pueda justificarse un auto de vinculación a proceso, o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del imputado, como su libertad, trastoquen esos principios. Ello, porque si en los datos de prueba reseñados por la fiscalía se desprenden hechos probados idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo, así como la probable participación de la imputada, se obtiene que su afectación, se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia II.2o.P. J/20, del tenor literal siguiente: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran." Por lo anterior, esta potestad federal estima ajustadas a derecho las consideraciones vertidas por el juez responsable y a través de las cuales justificó la existencia de datos que establecen la comisión del hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que la imputada aquí quejosa lo cometió o participó en su comisión. II. Estudio de la medida cautelar de presentación periódica mensual -de manera telefónica- Finalmente, demostrada la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso reclamado, resulta necesario emprender el análisis de la determinación del juez de control, a través de la cual impuso a la quejosa la medida cautelar prevista en la fracción I del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales consistente en su presentación periódica mensual, cuya vigilancia quedaría a cargo de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, esto de manera mensual, durante todo el tiempo que dure el procedimiento. De igual forma, precisó que derivado del estado de emergencia de salud pública respecto a la propagación y contagio del virus denominado Covid-19, dicha supervisión debería ser de manera telefónica, mediante la utilización de medios electrónicos y/o de comunicación, como puede ser teléfono celular o a través de las aplicaciones digitales que suelen utilizarse en dichos dispositivos, incluso se le podrá pedir su ubicación en tiempo real. Al respecto, la parte quejosa alude: Que la imposición de la medida cautelar consistente en la supervisión de manera telefónica por parte de la autoridad administrativa de medidas cautelares, resulta carente de idoneidad y desproporcionado conforme a la normativa procesal prevista en los artículos 153, 156 y 157. Pues el Agente del Ministerio Público no justificó a través de dato de prueba sí existía riesgo de que la imputada no se presentara al procedimiento, así como sí existía riesgo para la víctima o testigos o en su caso que pudiera obstaculizar el procedimiento; por lo que no se justificó la idoneidad y proporcionalidad de la imposición de cualquier medida cautelar. Aunado a que se presentó desde el primer momento en fue citada a audiencia, compareciendo a la inicial y su continuación; por tanto, si el representante social o no cumplió con los requisitos exigidos en la ley procesal y no se advirtiera alguno de los supuestos que deben cumplirse para la fijación de una medida cautelar, al fijarse así se transgrede el derecho humano a la libertad y privación de la imputada. Dicha manifestación es infundada, en razón que el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las reglas generales de las medidas cautelares, de las que se desprende que éstas serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para: I. Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento; II. Garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o; III. Evitar la obstaculización del procedimiento. Hipótesis que son alternativas, por lo que basta que se satisfaga cualquiera de las tres, ya sea de manera única o conjunta, para que se estime la necesidad de decretar a la imputada una medida cautelar de las que se enuncian en el catálogo del numeral 155 de la codificación adjetiva aplicable. Apoya lo anterior la tesis I.1o.P.119 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Penal, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2961, de rubro y texto siguientes: "MEDIDAS CAUTELARES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA QUE PUEDAN DECRETARSE MEDIANTE RESOLUCIÓN JUDICIAL, BASTA QUE SE SATISFAGA ÚNICA O CONJUNTAMENTE CUALQUIERA DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 153 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE ESTABLECE LAS REGLAS GENERALES PARA SU IMPOSICIÓN. El precepto mencionado establece las "reglas generales de las medidas cautelares", de las que se advierte que serán impuestas mediante resolución judicial "por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.". En este sentido, el vocablo "o" inmerso en la redacción normativa, no implica que las tres hipótesis mencionadas sean excluyentes entre sí, aunque sí son alternativas, por lo que basta que se satisfaga cualquiera de las tres, ya sea única o conjuntamente, para que se estime la necesidad de decretar al imputado una medida cautelar de las que se enuncian en el catálogo del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es así, porque de la redacción que guarda el artículo 153 del propio código, y ante la falta de disposición normativa expresa que así lo indique, con independencia de que lingüísticamente "o" es una conjunción disyuntiva que denota diferencia, separación, pero también alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas, que a su vez "alternar" significa variar las acciones diciendo o haciendo ya unas cosas, ya otras, y repitiéndolas sucesivamente; lo cierto es que debe situarse la interpretación de este numeral a las circunstancias fácticas que pueden o no acontecer en cada caso concreto, en las que es posible que puedan actualizarse una, algunas o todas las hipótesis citadas, verbigracia, que se observe la necesidad de imponer una medida cautelar contra el imputado: i) para garantizar su presencia en el proceso, porque se observa riesgo de que pueda sustraerse de la acción de la justicia; ii) garantizar la seguridad de las víctimas, ofendidos o testigos, porque hay datos que denotan animadversión o posible peligro contra dichos entes ante la naturaleza del ilícito imputado; y, iii) evitar que se obstaculice el procedimiento, ante la probabilidad de que puedan destruirse, modificarse, ocultarse o falsificarse elementos de prueba, o que el imputado pueda influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente, entre otros escenarios. Hipótesis que pueden converger entre sí, aunque como se dijo, no es imperioso que en todos los casos los tres supuestos deban actualizarse para la imposición de una medida cautelar, porque habrá casos que aunque algunos de ellos no se configuren, otro sí, y por lo cual, sea necesario y suficiente decretar la medida que se trate. Situación que no es arbitraria, porque para decretar una o varias de las medidas cautelares, la autoridad judicial deberá hacer un ejercicio de proporcionalidad, tomando en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, sin dejar de ponderar tanto la naturaleza, gravedad y circunstancias en que se llevó a cabo el hecho que la ley señala como delito, y el grado de la probable participación que tuvo el imputado en su comisión. Esto, siempre con base en el criterio de mínima intervención, según las circunstancias particulares de cada persona, en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo establece el artículo 156 del código referido." Así, el numeral 154 del cuerpo normativo aludido dispone que el juez podrá imponer medidas cautelares a petición, ya sea del Ministerio Público, o de la víctima u ofendido, cuando: I. Se haya formulado la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional (setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro), o; II. Se haya vinculado a proceso al imputado. Siguiendo esa línea, para decretar una o varias de las medidas cautelares previstas en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad judicial deberá hacer un ejercicio de proporcionalidad, tomando en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, sin dejar de ponderar tanto la naturaleza, gravedad y circunstancias en que se llevó a cabo el hecho que la ley señala como delito, y el grado de la probable participación que tuvo el imputado en la comisión del mismo. Ello, siempre con base en el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución, como lo establece el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, en el caso concreto, de la reproducción de los registros audiovisuales relativos a la audiencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se aprecia que la representación social solicitó la imposición de la medida cautelar con fundamento en lo dispuesto en los artículos 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó la imposición de la medida cautelar establecida en el artículo 155, fracción I y II, consistente en la exhibición de una garantía económica así como presentación periódica (49:33) Motivo por el cual, el juez de control responsable cuestionó a la defensa respecto a su conformidad con dicha solicitud. A lo que dicha parte procesal indicó que la fiscalía no justificó con datos de prueba la imposición de dichas medidas, pues únicamente es una apreciación, ya que la quejosa se presentó de forma voluntaria a las audiencias desahogadas en el procedimiento de origen. En ese contexto, el juez de control responsable estimó que en el caso concreto, debía ponderarse la naturaleza y la constitución jurídica de los hechos por los cuales se vinculó a proceso a la imputada, por lo que cerrado el debate, resolvió que existe una necesidad de cautela mínima en el proceso, así como la proporcionalidad de la misma, determinó que con la sola presentación periódica de la quejosa se tiene la certeza de su disposición para el proceso, precisando que derivado del estado de emergencia de salud pública respecto a la propagación y contagio del virus denominado Covid-19, dicha supervisión debería ser de manera telefónica, mediante la utilización de medios electrónicos y/o de comunicación, como puede ser teléfono celular o a través de las aplicaciones digitales que suelen utilizarse en dichos dispositivos, incluso se le podrá pedir su ubicación en tiempo real. Ya que la misma era acorde con las circunstancias que imperaban en el caso concreto, era la menos lesiva y garantizaría su presencia al procedimiento penal de origen. Bajo dichas consideraciones, quien resuelve el presente contradictorio considera ajustada a derecho la imposición de la medida cautelar de mérito, ya que en primer lugar, se cumplieron todos los presupuestos indispensables para la imposición de la mencionada medida cautelar: 1. La medida fue solicitada por el Ministerio Público; 2. Se solicitó con el fin de garantizar la presencia del quejoso en el procedimiento, y; 3. En esa misma data se vinculó a proceso al imputado. En segundo término, la imposición de la medida cautelar de referencia se encuentra justificada, puesto que tomando en consideración el hecho con apariencia de delito por el cual se vinculó a proceso a la imputada (usurpación de profesión), se estima que la misma es proporcional e idónea para asegurar su presencia en el procedimiento de origen. En efecto, la medida cautelar de mérito resulta idónea en razón que se ajusta a la finalidad que persigue; es decir, asegurar la presencia del imputado al proceso; además es necesaria, pues del catálogo de medidas cautelares previsto en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es la que mejor se ajusta para garantizar de manera eficaz tal presencia al procedimiento de mérito. Es proporcional, en razón que por una parte, en el caso resulta indispensable asegurar su presencia al proceso de origen, y por otro lado, es la menos lesiva, ya que únicamente trae como consecuencia constreñir a la quejosa a que se le pueda localizar; por tanto, le permite continuar con su vida cotidiana sin alterar sus actividades laborales y familiares, por ser de mínima intervención en cuanto a su libertad. En razón de lo expuesto, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, y dado que este órgano de control constitucional no advierte deficiencia en la queja que sea necesaria suplir, en términos de la fracción III, inciso a) del artículo 79 de la ley de la materia, ni tampoco se advierte transgresión alguna al orden constitucional, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 76 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mercedes Lima Horta, respecto del acto precisado en el punto 3 del considerando segundo, por los motivos expuestos en diverso quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Mercedes Lima Horta, contra los actos y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expuestos en el considerando último. Notifíquese personalmente a las partes.

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