Mercedes Leonela Chiriguayo Pereira

Expediente 801/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
801/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Mercedes Leonela Chiriguayo Pereira
  • Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado, en Ciudad Valles

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que en proveído de veinte de enero del año en curso se determinó que el presente expediente era susceptible de destrucción dado que este órgano jurisdiccional declinó la competencia para conocer del juicio de amparo; sin embargo, el veinticinco de diciembre de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano. Valoración documental. se regulariza el procedimiento en el presente sumario para el único efecto de precisar que, de conformidad con el punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de depuración, teniendo en consideración que en este asunto se concedió la suspensión de oficio y de plano. De conformidad con el punto 7.6 del citado Manual, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de haberse ordenado el archivo como asunto concluido este expediente debe ser depurado, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse concedido la suspensión de plano del acto reclamado a la parte quejosa; amén de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que deba conservarse en su integridad por su valor histórico o relevancia documental. En la inteligencia que deberán conservarse la resolución en la que se concedió la suspensión de plano, el proveído en que se acuerda el archivo del expediente y los demás documentos que se consideren importantes al estar vinculados con aquélla. Anotaciones de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Inscríbase tales datos, así como la fecha de este acuerdo en la carátula de este expediente, en observancia al segundo párrafo del ordinal 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese.

  2. Principal

    agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, mediante el cual acusa recibo y comunica que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en virtud de que no se encuentra trámite pendiente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental del presente expediente. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de tres años, este expediente debe ser susceptible de destrucción, toda vez que no cuenta con valor jurídico al haberse determinado que este órgano jurisdiccional no es competente para conocer de la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Temporalidad para la destrucción de expediente. Transcurrido el plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del referido artículo 21 del Acuerdo General en Comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el número 24 del mismo ordenamiento. Orden de archivo. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción; así como la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, téngase recibido el oficio que remite el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, capital, mediante el cual devuelve el exhorto 489/2022-I, orden 1032/2022, del índice de este Juzgado. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; sin que sea necesario ordenar el acuse de recibo relativo toda vez que, como lo refiere la autoridad exhortada, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), lo generó al momento de su remisión. Quejosa aclara su apellido paterno. Ahora, de las constancias que se reciben se advierte que la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado oficiante, localizó en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, capital, a la directa quejosa ... quien refirió que es su nombre completo y correcto, y no como se estableció en la demanda. Al respecto, se tiene a la directa quejosa por aclarando su apellido paterno, para los efectos legales conducentes, en relación con la prosecución del presente sumario; al respecto, instrúyase a la Oficial Judicial "A", para que realice la anotación respectiva en el sistema a su cargo. Estado físico y de salud de la quejosa, así como de las condiciones del lugar en que se encuentra retenida. Por otra parte, en la diligencia actuarial referida, se obtiene que la fedataria hizo constar el buen estado físico y de salud de la quejosa circunstancia apreciada a simple vista, además por el propio dicho de la agraviada, encontrándola consiente y coherente, así como de las condiciones del lugar en que se encuentra retenida, describiendo para tal efecto las características del módulo ******************** de la Unidad de Alojamiento, la cual cuenta con dos literas, dos colchonetas, cobijas térmicas y de tela, que el piso se encuentra limpio con pertenencias de las alojadas, cuenta con baño, lavabo, retrete y regadera, con puerta de privacidad para su aseo personal, con una temperatura "normal, no fría", con ventanas cerradas en la parte superior. Aunado a lo anterior, se obtiene que la Actuaria hizo entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables para los efectos precisados en el acuerdo de veinticinco de diciembre del año en curso, ordenados en este sumario. Ratificación de la demanda. Por otra parte, de la diligencia actuarial referida, se obtiene que la solicitante del amparo ratificó la demanda de amparo promovida a su favor; sin embargo, éste Juzgado se reserva hacer pronunciamiento en torno a la admisión de la demanda de derechos fundamentales que dio origen a este juicio, con motivo del pronunciamiento de incompetencia que se abordará en párrafos siguientes. Determinación de Incompetencia. En el caso, del análisis integral de la diligencia remitida por el órgano jurisdiccional exhortado, se advierte que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por la promovente del amparo, conforme con lo dispuesto en el artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que disponen: .... De lo anterior se pone de manifiesto, que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: .... Ahora, en la demanda de amparo se señaló como actos reclamados los siguientes: .... Con motivo de lo anterior, y dada la naturaleza de los actos reclamados, a efecto de lograr la localización de la directa quejosa, este Juzgado procedió a su búsqueda en la estación migratoria de este Circuito Judicial, atento a las denominaciones que refirió la parte promovente, pero con sede en la ciudad de San Luis Potosí, a saber: 1. Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado San Luis Potosí, San Luis Potosí; 2. Sub Representante del Instituto Nacional de Migración en el Estado San Luis Potosí, San Luis Potosí; 3. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado San Luis Potosí, y con dichas denominaciones se solicitó el informe con motivo de la suspensión de plano decretada en ese mismo proveído. Luego, tal como se advierte de lo reseñado en párrafos que anteceden, en especial lo asentado por la Actuaria adscrita al Juzgado exhortado, derivado de la comunicación oficial de cuenta, queda de manifiesto que la directa quejosa se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de San Luis Potosí. Bajo ese contexto, se colige que no se surte la competencia para conocer de los actos que por esta vía se combaten, sino en todo caso, su conocimiento corresponde al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad de mismo nombre, que se encuentre en turno, conforme al Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados tendrán ejecución en el lugar en donde se encuentra la quejosa. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, se ordena remitir la misma a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad de mismo nombre, en virtud de que es el órgano jurisdiccional que se encuentra de turno, como se advierte del Sistema de Turno de Guardias de los Órganos Jurisdiccionales. Por tanto, remítanse los presentes autos, solicitando el acuse de recibo respectivo, así como el informe relativo a si acepta o no la competencia planteada. Se recibe informe a suspensión de plano. Por otra parte, téngase recibido el oficio ********************, signado electrónicamente por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, a través del cual da constatación a los oficios ********************, ******************** y ********************, del índice del este órgano jurisdiccional, y por medio del cual informa en primer orden, que la directa quejosa no es de Nacionalidad ********************, sino ********************; de lo que toma conocimiento este Juzgado Federal para los efectos conducentes. Asimismo se le tiene por autorizada la consulta del expediente electrónico a través del usuario "********************", de conformidad con los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase al Secretario de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia que su representado se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de "Representante de persona jurídica pública", por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. Por otra parte, en relación con la suspensión de plano decretada en auto de esta misma data, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, lo siguiente: .... Para apoyar su informe, remite copia certificada de las constancias que obran en el expediente admirativo de la quejosa con la protesta de decir verdad que los documentos digitalizados son copia íntegra e inalterada del documento impreso; las cuales, atento a su solicitud, se clasifican como confidenciales, en términos del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En diverso aspecto, señala que existe diverso juicio de amparo, registrado bajo el número ********************, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, promovido por la misma quejosa y por los mismos actos reclamados, el cual se encuentra pendiente de resolución, y al efecto hace referencia la autoridad oficiante a la figura de acumulación. De todo lo anterior este Juzgado de Distrito toma conocimiento para los efectos legales conducentes, y en atención al pronunciamiento de incompetencia realizado en párrafos que anteceden, se ordena remitir el oficio de cuenta al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad de mismo nombre, para que, de aceptar la competencia planteada, realice el pronunciamiento concerniente al contenido de la comunicación referida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por conducto de sus autorizados, y mediante oficio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad de mismo nombre.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de diciembre de dos mil veintidós. Firma electrónica. De inicio, debe decirse que no se inadvierte que la demanda de derechos fundamentales promovida por ********************, a favor de ********************, únicamente contenga la firma electrónica del primero de los mencionados; sin embargo, dicha circunstancia no impide el pronunciamiento que se efectuará en el presente proveído, de conformidad con el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, pues no se requiere la firma electrónica cuando el amparo se promueve en los términos del artículo 15 de la mencionada legislación. Identificación promoventes y registro. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por ******************** en representación de ********************, contra actos del Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Ciudad Valles, y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16 y 21 Constitucionales, en contra de los actos y autoridades siguientes: .. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 801/2022-I. Ahora, es necesario puntualizar que se tiene como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el contenido de la página oficial del Instituto Nacional de Migración, del que se advierte un enlace denominado "Ubica nuestras oficinas en toda la República", y del mismo se advierte la información concerniente a que dicho Instituto cuenta con treinta y dos oficinas de representación, ubicadas a lo largo del territorio Mexicano, entre ellas, el Estado de San Luis Potosí, y una vez que se apertura el contenido de ese sub-apartado, se advierte que la oficina de representación del Instituto en cita, en San Luis Potosí, tiene su domicilio en ... Aspecto que se corrobora además, con el punto identificado como "2" de la certificación de cuenta, de la que se obtiene que previa comunicación al número de teléfono ********************, atendió quien dijo llamarse ********************, Agente de Turno del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, quien señaló, previa interrogante, que en Ciudad Valles, San Luis Potosí, no existe autoridad migratoria. Lo anterior, permite concluir a este órgano jurisdiccional que las autoridades señaladas como responsables en esta sede no existen; sin embargo, dada la naturaleza del acto reclamado, este Juzgado de Distrito, a efecto de lograr la localización de la directa quejosa, procede a su búsqueda en la estación migratoria de este Circuito Judicial, atento a las denominaciones que refirió la parte promovente, pero con sede en la ciudad de San Luis Potosí, a saber: 1. Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado San Luis Potosí, San Luis Potosí; 2. Sub Representante del Instituto Nacional de Migración en el Estado San Luis Potosí, San Luis Potosí; 3. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado San Luis Potosí. Suspensión de plano. La parte quejosa reclama como actos urgentes el aseguramiento, alojamiento y detención administrativa en la estación migratoria de esta ciudad que, como se precisó, se abordará su localización en la estación migratorio con sede en San Luis Potosí, por los motivos ya precisados, incomunicación, amenaza de deportación y traslado a otra ciudad sin juicio previo ni oportunidad de tener una defensa adecuada y retención de los documentos de identidad; por ende, a fin de salvaguardar los derechos humanos de la quejosa, se procede a realizar el pronunciamiento de la suspensión de plano. De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del País, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. Por otra parte, este órgano jurisdiccional atiende al contenido del "Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional", publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de dos mil veintiuno. Es necesario establecer que, aunque dicho protocolo no sea vinculante, sí constituye una herramienta que da pauta para guiar a los Juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, ya que se adecúa a los criterios Nacionales e Internacionales, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, de forma tal que establece prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del Estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además que la propia ley establece que la situación migratoria irregular en ningún caso configura por sí misma la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el Estado Mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige de quienes imparten justicia, conocer las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Efectos. Por lo anterior, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados para los siguientes efectos: I. La directa quejosa ********************, de nacionalidad ********************, no sea deportada o expulsada del País, hasta en tanto se resuelva su situación migratoria, o bien, se le notifique a la autoridad responsable la sentencia ejecutoria que se dicte en este juicio de amparo. II. La autoridad responsable instruya la inmediata libertad de la parte quejosa, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando se satisfagan los supuestos para que tal medida pueda llevarse a cabo por la autoridad migratoria, mismos que enseguida se precisan: a. Deberá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá y no se ausente sin autorización. b. Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sea requerida, para la continuación del procedimiento administrativo de migración. c. Deberá presentarse ante la autoridad migratoria a firmar cada ocho días, obligación a la que deberá ajustarse a partir del día siguiente en que obtenga su libertad, para el efecto de su registro en el libro correspondiente y estampar su primera firma. En ese sentido, requiérase a las autoridades responsables para que informen y acrediten ante este Juzgado Federal con las constancias idóneas, si la parte quejosa ha cumplido con estampar su rúbrica ante ella en el período señalado cada ocho días. Los requisitos señalados en los incisos a) y b) deben ser satisfechos ante la autoridad responsable, quien cuenta con facultades para proceder en la forma indicada. En el entendido de que la suspensión concedida no implica que la agraviada pueda circular libremente por todo el territorio Nacional, pues de permitirse esa circunstancia se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el País, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá. Condicionante. Lo anterior, siempre y cuando la parte quejosa no se ubique en alguna de las excepciones que prevén las cinco fracciones del citado artículo 111 de la Ley Migratoria, para lo cual, si fuera el caso, la autoridad deberá de acreditar ante este órgano jurisdiccional, de manera fundada y motivada dicha circunstancia, con las documentales que así lo demuestren, en un plazo improrrogable de veinticuatro horas, a partir de que tenga conocimiento de este auto. Cumplimiento. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del término de veinticuatro horas informen la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión aquí decretada, en la inteligencia que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito conforme a lo dispuesto por el artículo 262 de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, se dará vista de inmediato al Fiscal de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. III. Por otra parte, si la privación de libertad de la parte quejosa está relacionada con la comisión de un delito, y la detención fue ejecutada por una autoridad distinta al Ministerio Público, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 164 de la ley de la materia, deberá de inmediato poner en libertad a la quejosa, o a disposición del Ministerio Público correspondiente. En cambio, si la privación de libertad de la quejosa está relacionada con un delito, pero no fue detenida en flagrancia, urgencia o por orden de autoridad judicial, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la ley de la materia, se decreta la suspensión de plano en favor de la parte quejosa para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad. En caso de existir flagrancia o urgencia respecto a su detención, el efecto de la suspensión decretada será para que la misma no exceda de cuarenta y ocho horas o noventa y seis, según sea el caso, a partir del momento en que la justiciable fue puesta a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerlo a disposición de la autoridad competente; en la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesto a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Derechos de las personas migrantes a disposición de las autoridades migratorias. En otro orden de ideas, los artículos 107 y 109 de la Ley de Migración establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las estaciones migratorias, así como los derechos que se otorgan a los migrantes desde su ingreso, entre los que destacan, los siguientes: ... Por su parte, el artículo 226 del Reglamento de la Ley de Migración establece los derechos de las personas extranjeras presentadas ante las estaciones migratorias, como lo son, entre otros, los siguientes: ... En esas consideraciones, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para que las autoridades responsables, en términos de los artículos 107 y 109 de la Ley de Migración y 226 del Reglamento de la Ley de Migración, otorgue a la parte quejosa los derechos de una debida defensa, asesoría legal (le informe su situación migratoria y el motivo de su presentación y le dé acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio), asistencia consular; asimismo, le otorgue durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal, atención médica, psicológica, entre otros; en la inteligencia que deberá cesar cualquier tipo de incomunicación. Hágase del conocimiento de las autoridades migratorias responsables deberán observar las medidas y garantizar los cuidados a la quejosa debido a la contingencia sanitaria del Covid-19. REQUERIMIENTO. Por tal motivo, de conformidad con el artículo 158 de la Ley de Amparo en consonancia con el diverso numeral 262, fracción III, de la norma citada, requiérase a las autoridades: 1. Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado San Luis Potosí, San Luis Potosí; 2. Sub Representante del Instituto Nacional de Migración en el Estado San Luis Potosí, San Luis Potosí; y, 3. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado San Luis Potosí, para que informen el cumplimiento y ejecución de la suspensión de oficio y de plano decretada en favor de la parte quejosa; en el entendido que, de no obedecer tal medida precautoria, se hará acreedora a la pena de prisión y multa económica que la ley de la materia establece al respecto. En la inteligencia de que dicho informe deberá realizarlo en un plazo de veinticuatro horas contado a partir de la legal notificación de este proveído; por tanto, se pone a su disposición el correo electrónico oficial 5jdo9cto@correo.cjf.gob.mx, de este órgano jurisdiccional. Dicha medida se considera procedente en este momento, toda vez que la suscrita Juzgadora atiende únicamente a lo expuesto en la demanda de derechos fundamentales, sin contar con mayores elementos para realizar un pronunciamiento en diverso sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I. 3o. A. J/7 publicada en la página 951, del Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 229397, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. ... NOTIFICACIÓN A LA AGRAVIADA DIRECTA Y CERTIFICACIÓN DE SU ESTADO FÍSICO. Dado que los promoventes señalan que a la quejosa directa ********************, no se le permite gozar de la libertad y se presume (por las razones señaladas en párrafos que anteceden) que se encuentra en las instalaciones de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto electrónico al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, Capital, que se encuentre en turno, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda: 1. Notifique personalmente el presente proveído a la directa quejosa en el lugar en el que se encuentra. 2. De ser posible o en su caso, levantar el acta respectiva en la que se haga constar el motivo que impide dicha circunstancia, certifique el estado físico y de salud de la quejosa ********************; así como de las condiciones del lugar en que se encuentra retenida, es decir, si cuenta con los servicios básicos de salubridad. 3. Toda vez que la demanda se presentó de manera electrónica (en línea) por persona diversa a la directa quejosa, el fedatario encargado de llevar acabo las diligencias precisadas, deberá requerir a la quejosa ********************, a efecto de que en el acto de la diligencia ratifique la demanda entablada a su favor, o bien el término de tres días comparezca ante el órgano jurisdiccional que continúe conociendo del presente asunto, a ratificar la misma, apercibida que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efecto las providencias dictadas. 4. Haga entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables para los efectos precisados en el presente acuerdo. Hecho lo cual, deberá devolver todo lo actuado por la misma vía. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a la autoridad exhortada, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles; asimismo, a efecto de que acuerde lo que en derecho corresponda, para lograr las diligencias exhortadas, verbigracia, redirigir con la denominación correcta las comunicaciones insertas, de negarse a recibir alguna de las autoridades responsables dichos oficios, por variación en su denominación. Lo anterior, a efecto de evitar dilaciones en perjuicio de la directa quejosa. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Respecto a su petición de que se autorice consultar el expediente electrónico, presentar promociones y las notificaciones electrónicas a través de los usuarios "********************" y "********************" dígase a los promoventes que se les autoriza en la forma propuesta. Ello de conformidad con los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase al Secretario de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia que su representado se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. Autorizados. En otro contexto, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, téngase como autorizados de la parte quejosa en términos amplios a ********************. Sin que se inadvierta que en el petitorio quinto de la demanda de cuenta, los promoventes hayan solicitado que se tuvieran por autorizadas a las mencionadas personas en términos del artículo 70 de la Ley de Migración; sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad esa solicitud, en virtud de que en el juicio de amparo, en relación con dicho tópico, rige lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo y al efecto, se les autorizó en eso términos tal como se advierte del párrafo que antecede. Juicio en línea. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo3 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órgano jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese; por exhorto a la directa quejosa, y mediante oficio a las autoridades responsables los cuales deberán anexarse al referido exhorto para su entrega.

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