Mercedes Díaz Alfaro

Expediente 1715/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1715/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Mercedes Díaz Alfaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que no obra la constancia de notificación del oficio dirigido a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por el que se le comunica el auto de sobreseimiento fuera de audiencia emitido el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés; por tanto, a fin de integrar debidamente el presente asunto, reenvíese el citado oficio para que la responsable, se imponga del mismo y surta los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito depositado en el buzón judicial el dos de octubre de dos mil veintitrés, recibido el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, y remitido por razón de turno el día siguiente a este órgano jurisdiccional, Mercedes Díaz Alfaro, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de la autoridad y acto siguientes: Del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: la omisión de acordar el escrito que presentó Mercedes Díaz Alfaro, por conducto de su apoderado legal Víctor Manuel González Hernández, mediante el cual solicitó que se dictara auto de requerimiento de pago en contra del demandado Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 580/2018, de su estadística. Lo anterior se precisa de esa manera, toda vez que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Además, cabe destacar que no se inadvierte que la parte quejosa señaló -de manera equivocada- como autoridad responsable a la Junta Especial como órgano colegiado; no obstante, dado que el acto reclamado se verifica en etapa de ejecución, es evidente que debe tenerse como autoridad responsable al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en términos de la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 200702 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Laboral, Común Tesis: 2a./J. 57/95 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Octubre de 1995, página 226 Tipo: Jurisprudencia JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado." Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que el mencionado acto reclamado resulta inexistente, por lo que debe declararse el sobreseimiento. Para justificar lo anterior, debe decirse que para determinar la certeza o inexistencia del acto impugnado a la autoridad responsable, es necesario atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al tribunal de amparo, existía o no un acto u omisión de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 206346 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 79, Julio de 1994, página 15 Tipo: Jurisprudencia ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sobre esa base, la quejosa reclama la omisión en que -aduce- incurrió el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, de acordar el escrito que presentó el catorce de abril de dos mil veintitrés, por conducto de su apoderado legal Víctor Manuel González Hernández, mediante el cual solicitó que se dictara auto de requerimiento de pago en contra del demandado Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 580/2018, de su estadística. Sin embargo, la indicada autoridad responsable, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada del acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés [documental a la cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de instrumentales públicas], mediante el cual ordenó requerir de pago al Instituto demandado por la cantidad de $1,077,600.30 (un millón setenta y siete mil seiscientos pesos 30/100 moneda nacional), con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le debían embargar bienes suficientes para garantizar el pago. Como puede verse, es evidente que la omisión reclamada resulta inexistente. Esto es así, porque el dos de octubre de dos mil veintitrés, Mercedes Díaz Alfaro instó el sumario constitucional en que se actúa, para controvertir la omisión de la Junta responsable de acordar la promoción que presentó el catorce de abril del mismo año; sin embargo, dicha autoridad demostró que en el veinticinco de esos mismos mes y año se proveyó respecto del indicado ocurso al requerir de pago al Instituto demandado para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio de origen. Por tanto, si la pretensión de la impetrante del amparo consistía en constreñir a la autoridad responsable para que se pronunciara respecto de la promoción que presentó el catorce de abril de dos mil veintitrés, empero, antes de la presentación de la demanda se emitió el acuerdo respectivo, es inconcuso que la omisión reclamada resulta inexistente. En consecuencia, si de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone SOBRESEER en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ricardo Mora Álvarez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito depositado en el buzón judicial el dos de octubre de dos mil veintitrés, recibido el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, y remitido por razón de turno el día siguiente a este órgano jurisdiccional, Mercedes Díaz Alfaro, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de la autoridad y acto siguientes: Del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: la omisión de acordar el escrito que presentó Mercedes Díaz Alfaro, por conducto de su apoderado legal Víctor Manuel González Hernández, mediante el cual solicitó que se dictara auto de requerimiento de pago en contra del demandado Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 580/2018, de su estadística. Lo anterior se precisa de esa manera, toda vez que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Además, cabe destacar que no se inadvierte que la parte quejosa señaló -de manera equivocada- como autoridad responsable a la Junta Especial como órgano colegiado; no obstante, dado que el acto reclamado se verifica en etapa de ejecución, es evidente que debe tenerse como autoridad responsable al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en términos de la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 200702 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Laboral, Común Tesis: 2a./J. 57/95 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Octubre de 1995, página 226 Tipo: Jurisprudencia JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado." Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que el mencionado acto reclamado resulta inexistente, por lo que debe declararse el sobreseimiento. Para justificar lo anterior, debe decirse que para determinar la certeza o inexistencia del acto impugnado a la autoridad responsable, es necesario atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al tribunal de amparo, existía o no un acto u omisión de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 206346 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 79, Julio de 1994, página 15 Tipo: Jurisprudencia ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sobre esa base, la quejosa reclama la omisión en que -aduce- incurrió el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, de acordar el escrito que presentó el catorce de abril de dos mil veintitrés, por conducto de su apoderado legal Víctor Manuel González Hernández, mediante el cual solicitó que se dictara auto de requerimiento de pago en contra del demandado Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 580/2018, de su estadística. Sin embargo, la indicada autoridad responsable, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada del acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés [documental a la cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de instrumentales públicas], mediante el cual ordenó requerir de pago al Instituto demandado por la cantidad de $1,077,600.30 (un millón setenta y siete mil seiscientos pesos 30/100 moneda nacional), con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le debían embargar bienes suficientes para garantizar el pago. Como puede verse, es evidente que la omisión reclamada resulta inexistente. Esto es así, porque el dos de octubre de dos mil veintitrés, Mercedes Díaz Alfaro instó el sumario constitucional en que se actúa, para controvertir la omisión de la Junta responsable de acordar la promoción que presentó el catorce de abril del mismo año; sin embargo, dicha autoridad demostró que en el veinticinco de esos mismos mes y año se proveyó respecto del indicado ocurso al requerir de pago al Instituto demandado para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio de origen. Por tanto, si la pretensión de la impetrante del amparo consistía en constreñir a la autoridad responsable para que se pronunciara respecto de la promoción que presentó el catorce de abril de dos mil veintitrés, empero, antes de la presentación de la demanda se emitió el acuerdo respectivo, es inconcuso que la omisión reclamada resulta inexistente. En consecuencia, si de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone SOBRESEER en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ricardo Mora Álvarez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el que remite copia certificada del testimonio de la resolución emitida el once de octubre de dos mil veintitrés, en los autos del toca 604/2022 y devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa con un cuaderno auxiliar. Dese a conocer a las partes la devolución de estos autos que se encontraban en revisión y comuníquese que el segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida de siete de septiembre de dos mil veintidós emitida por la Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativa y de Trabajo y de juicios Federales en el Estado de Puebla dentro del juicio de amparo número 1394/2022, de su índice. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alfonso Agustín Ramírez, en relación con el acto reclamado y autoridad precisados en el considerando segundo del fallo recurrido, por las razones expuestas en el último considerando de esta ejecutoria." Acúsese el recibo de estilo vía electrónica, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que hace referencia el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, que se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Respecto del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión, agréguese únicamente la carátula y las actuaciones originales; en el entendido de que las restantes deberán destruirse, en términos del artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción II y 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa es susceptible de CONSERVACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio en el que se sobreseyó sin embargo el Tribunal Colegiado revocó dicha determinación y negó el amparo. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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