Mercedes de la Concepcion Palacios Ordoñez
Expediente 2331/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2331/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Director de la Estación Migratoria en Reynosa, Tamaulipas del Instituto Nacional de Migración
- Mercedes de la Concepcion Palacios Ordoñez
Actuaciones
- Principal
...se declara que dicha sentencia en el que se sobreseyó este juicio de amparo promovido ...HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos correspondientes.... archívese este asunto como totalmente concluido...
- Principal
En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las diez horas con cuarenta y dos minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 2331/2022-4, promovido a favor de Mercedes Concepción Palacios Ordoñez. El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar el Secretario que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. A continuación, el Secretario procede a dar lectura al escrito de demanda (fojas 3 a 16), así como a las demás constancias de autos, entre las que se encuentra el informe rendido por la autoridad responsable (foja 33). A lo que se provee: téngase por relacionadas las constancias de autos y el informe con el que se da cuenta y tómense en consideración al momento de resolver este juicio de amparo. Enseguida, se abre y cierra el periodo probatorio, en virtud de que no existen pruebas por relacionar. No se formularon alegatos. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente S E N T E N C I A : Vistos los autos que integran el juicio de amparo 2331/2022-4; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil veintidós, ante el Secretario de Guardia de este órgano de control constitucional, fue promovido a favor de Mercedes Concepción Palacios Ordoñez, juicio de amparo contra acto del Instituto Nacional de Migración, Oficina de Representación en Reynosa, Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refiere el artículo 1, 4, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de siete de octubre de dos mil veintidós, previa ratificación de Mercedes Concepción Palacios Ordoñez, se admitió la demanda con el número 2331/2022-4, se ordenó pedir informe justificado a la autoridad responsable, dar la intervención al Representante Social de la Federación adscrito, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que se desarrolló en los términos que se anotan; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo en términos de lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que en este asunto el acto reclamado es la orden de deportación contra el quejoso a su país de origen. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 192097), del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, al rendir informe (foja 33) informó que a la quejosa se le otorgó salida de la estación migratoria el cinco de octubre de dos mil veintidós; por lo que se advierte que la impetrante se encontraba a su disposición en las instalaciones a su cargo. A la mencionada documental le corresponde pleno valor probatorio conforme los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de causa de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio. En el caso, es innecesario analizar el acto calificado de inconstitucional, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia que es de orden público y de estudio preferente. En efecto, este juicio de derechos fundamentales es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, según se expondrá. En efecto Mercedes Concepción Palacios Ordoñez, acudió el cuatro de octubre de dos mil veintidós, en demanda de protección constitucional reclamando la orden de deportación a su país de origen, ya que se encontraba privada de la libertad en las instalaciones de la Estación de Migración de esta localidad. Por otro lado, la autoridad responsable, al rendir su informe adjuntó copia simple del "Oficio de Salida del País" de cinco de octubre del año en curso, donde se advierte que en esa fecha se ordenó su salida de la estación migratoria donde se encontraba detenida (fojas 33 y 34). Por tanto, se actualiza el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de la detención reclamada, pues se constituyó una situación idéntica a la que habría existido si hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, pues la autoridad dejó de afectar su esfera jurídica, y con ello no deja huella que amerite ser borrada por la protección constitucional y sea restituida en el goce del derecho fundamental violado. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada como P. CL/97, consultable en la página 71, del Tomo VI, de Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 197367), cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracciones V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse este juicio de amparo. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta resolución son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 2331/2022-4M, promovido por Mercedes Concepción Palacios Ordoñez, en contra del acto y autoridad mencionada en el resultado primero de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta, ténganse por recibidos los oficios 17507/2022 y 18901/2022 de cinco y diecinueve de julio del año en curso, dirigidos al Comisario General de la Policía Estatal Investigadora con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, girados en el presente juicio de amparo, que fueron devueltos por la Oficina de Correos de esta ciudad, por la razón expuesta en los sobres y los acuses respectivos. En atención a lo anterior, toda vez que se encuentra pendiente la integración del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia de cinco de julio del año en curso, y a fin de no retrasar su tramitación, se ordena remitir dichas misivas vía mensajería acelerada a la Policía Estatal de Tamaulipas en el Complejo de Seguridad Pública en Ciudad Victoria. Notifíquese.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Norma Leticia Ramos Mier, a favor de ********************, de nacionalidad salvadoreña, contra actos del Director de la Estación Migratoria en Reynosa, Tamaulipas del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 2331/2022-4M, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Ahora bien, de la demanda se advierte que la quejosa se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta localidad, y como acto reclamado la privación de la libertad, deportación, o expulsión del país e incomunicación, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Atento a ello, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. En el caso, según lo expuesto por el promovente, la quejosa se encuentra interna en territorio mexicano y la restricción a la libertad se traduce en un alojamiento realizado por la autoridad migratoria. Y aunque lo anterior no implica que la quejosa en su calidad de extranjera (que goza de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales), se ubique en una situación de vulnerabilidad, pues no se advierte esta circunstancia, aunado a que se encuentra en defensa de sus derechos a través de abogados particulares; este órgano jurisdiccional no soslaya lo que prevé el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2013, que esencialmente refieren: ".A) Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención 1. Excepcionalidad de la detención 2. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad 3. Verificación de las condiciones de la detención 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria." Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además, que la propia ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo anterior, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, de no existir causa legal diversa que lo impida, no ejecute en agravio de la quejosa, deportación, rechazo, expulsión o devolución a su país de origen e incomunicación; asimismo, instruyan la inmediata libertad de ********************, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando satisfagan los supuestos para tal medida ante la autoridad migratoria, mismos que enseguida se disponen: a) Deberá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá y no se ausentará sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sea requerida para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Requisitos que deberán ser satisfechos ante la autoridad responsable quien cuenta con jurisdicción para proceder en la forma indicada. Apoya lo citado, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." Ello no implica que la quejosa pueda circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerán; luego, la medida cautelar únicamente permite a la agraviada circular en esta localidad. Sin que se le requiera garantía alguna, dada su calidad migratoria. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si la quejosa no acredita que inició el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrán ser detenida por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. Tampoco surtirá efectos dicha suspensión, si la quejosa, una vez liberada, en lugar de optar por regularizar su situación migratoria en el país, se compromete a abandonarlo por la frontera sur, por sus propios medios y dentro del término de los treinta días, y la autoridad migratoria demuestra con documento fehaciente que incumplió con dicha condición, ya sea porque transcurrió dicho lapso sin haber abandonado territorio nacional, o porque posteriormente fue sorprendida intentando ingresar a los Estados Unidos de América o luego de ser deportada por autoridades migratorias de ese país. En la inteligencia que para el sentido de este auto se toma en consideración el contenido de la resolución emitida en sesión de diez de enero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja 9/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, en el que se abordó similar supuesto jurídico, mismo que se invoca como hecho notorio y por tratarse de decisión emitida por un órgano revisor de los fallos de este juzgado. Si la privación de libertad de la quejosa obedeció a la comisión de delito: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la ley de la materia, se decreta la suspensión de plano en favor de ******************** para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad, siempre y cuando no hubiese existido flagrancia o urgencia u orden de autoridad judicial en la detención de ésta. Y, en caso de existir flagrancia o urgencia respecto a su detención, el efecto de la suspensión decretada será para que la misma no exceda de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que la justiciable fue puesta a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerla a disposición de las autoridades competentes; en la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, la autoridad responsable deberá informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrá hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 8999265163, de lo contrario, se le requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a la misma. En ese tenor, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento de la quejosa, el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente, se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 170578 y publicada en la página 15, del tomo XXVI, diciembre de 2007, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." Se comisiona a uno los Actuarios adscritos para que se constituya en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, o en lugar diverso destinado por esa dependencia como albergue de extranjeros, con el propósito de que verifique si en alguno de esos sitios permanece ********************; de ser así, le notifique personalmente el presente proveído y certifique el estado físico en que se encuentra, debiendo levantar acta de ello. Asimismo, la requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado en el caso de no estar ahí, se presente al local de este órgano de control constitucional y manifieste si ratifica o no la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias decretadas, conforme a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo. Igual determinación se adoptará, en el supuesto de que la quejosa no sea localizada como recluida o albergada en alguno de los lugares que la autoridad responsable destina para tal efecto. En el caso de que la quejosa hubiese sido puesta a disposición de una autoridad distinta a la señalada como responsable, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentre, para hacerle saber la suspensión concedida en su favor; asimismo, deberá requerirla para que manifieste si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición en su caso, se encuentre; asimismo, de ser ese supuesto, procédase a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Se instruye a uno de los Actuarios judiciales adscritos, para que a fin de realizar la notificación respectiva, y en caso de que la quejosa no entienda el idioma español, se auxilie de algún intérprete a efecto de que el mismo entienda y comprenda lo que se le está haciendo de su conocimiento. En cuanto a lo principal, se reserva fijar hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y pedir informe justificado a la autoridad responsable, asimismo, respecto a la apertura del incidente de suspensión solicitado, hasta que la demanda de mérito sea ratificada. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se previene al promovente que, en el supuesto de que la quejosa no ratifique la demanda por estimar que se presentó sin su autorización o de sus familiares, o porque quien promueve o alguien más presentó otra demanda en su nombre, se podrá hacer acreedor a una multa equivalente a cincuenta días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a la fecha, con apoyo en el numeral 258 de la Ley de Amparo. Como lo solicita la promovente, se tiene como domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, y como autorizada en los términos que señala, los citados en la demanda de amparo. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a la autoridad señalada como responsable, mediante el oficio que se gire, deberá verificar si la denominación con que fue señalada es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarla en estado de indefensión. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese, sin demora a la autoridad señalada como responsable para su inmediato cumplimiento, y personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en funciones de Jueza, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./001/4194/2022, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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