MERCEDES CECILIA TALAMANTE CABRERA y Otros.
Expediente 522/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- MERCEDES CECILIA TALAMANTE CABRERA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. De la misma manera, con apoyo en el mencionado numeral 21, inciso a), penúltimo párrafo de dicho acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, procederá a destruir este cuaderno principal, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito firmado por ********************, en su carácter de representante común de la parte quejosa, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que se le formuló en autos; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda y en razón de que se cumplió con lo prevenido provéase sobre la demanda intentada. En principio debe decirse que la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En consecuencia, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo y escrito aclaratorio, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que los promoventes del amparo de manera esencial reclaman del Congreso del Estado de Sinaloa, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Director de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado de Sinaloa, los tres con sede en Culiacán, y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La expedición, promulgación, orden de promulgación, y la aplicación del Decreto 864 por el que se expide la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, aprobada en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el diez de octubre del mismo año, de manera concreta, los artículos 133 y 141, respectivamente Establecido lo anterior, este juzgador considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque no está acreditada la afectación al interés jurídico ni legítimo del quejoso, en virtud de que viene reclamando la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Sinaloa, con motivo de su primer acto de aplicación (artículos 133 y 141), es decir, en su carácter de hetereoaplicativa. En principio, se estima que si el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como presupuesto procesal de procedencia de la acción constitucional, que ésta se siga siempre a instancia de la parte agraviada, indicando al respecto que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto o la norma reclamada viola los derechos reconocidos en la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico, es evidente que aun en la hipótesis del interés legítimo, es necesario que quien se ostenta como parte quejosa resienta un agravio en virtud de la situación especial que guarda frente a la norma jurídica. Por ello, para analizar la procedencia del juicio de amparo promovido contra normas con motivo de su primer acto de aplicación, sólo podrá acontecer hasta el momento en que se actualice ese supuesto, es decir, que se aplique por escrito al gobernado de manera personal y directa. Ahora bien, es oportuno citar el contenido del artículo a que alude la indicada causal de improcedencia, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." De igual forma es conveniente invocar el contenido del arábigo 5 del propio ordenamiento, al que hace referencia el precepto anteriormente transcrito, el cual establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". Asimismo, es pertinente traer a contexto el contenido del numeral 107, fracción I, de la Ley Suprema, que prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". De los dispositivos insertos con antelación, se desprende que el juicio constitucional únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto u omisión reclamado, teniendo ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma o acto impugnado violenta los derechos previstos por la ley suprema y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese orden, se tiene que el interés jurídico consiste en el derecho que asiste a los particulares para reclamar, vía amparo, cualquier acto de autoridad cometido en su contra que consideren vulnera sus derechos fundamentales protegidos por la carta magna, es decir, se refiere a un derecho subjetivo tutelado por alguna norma que se ve afectado por determinado acto de autoridad que ocasiona un perjuicio a su titular; circunstancia que faculta a este último para ocurrir al juicio constitucional a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio. Resulta aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, visible en la página 582, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1995, tomo VI, Octava época, que señala: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.". Bajo esa óptica, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. En ese entendido, cuando el peticionario acude a la instancia constitucional reclamando que el acto de autoridad vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, como en la especie, tal circunstancia debe demostrarse en forma fehaciente, es decir, no debe existir lugar a duda de que el acto impugnado le ocasiona un daño, un perjuicio o un menoscabo en sus derechos, de tal manera que si el interés jurídico no se encuentra plenamente acreditado la demanda de amparo resulta improcedente. Esto es, para que la parte quejosa se encuentre en posibilidad de reclamar constitucionalmente el acto pronunciado por la autoridad, primeramente debe demostrar de forma indubitable ser el titular del derecho subjetivo que se ve afectado con la emisión de ese acto, no así que su titularidad se infiera con base en presunciones. Cobra aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, página 225, Novena época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Asimismo, ilustra lo expuesto el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 205- 216, primera parte, página 135, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO PUEDE ESTABLECERSE A BASE DE PRESUNCIONES. La circunstancia de promover un juicio de amparo y de que las autoridades no hayan rendido en él los informes justificados no establece una presunción juris tantum que acredite el interés jurídico del quejoso, pues ningún precepto de la ley establece que la sola presentación de la demanda de amparo y la relación de los hechos afirmados en ella traiga aparejada esa presunción, dado que la eficacia de los mismos está condicionada a su demostración, y, porque la omisión de las autoridades responsables al rendir informes sólo acarrea la presunción de ser ciertos los actos reclamados conforme a lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, sin que ello signifique que esa presunción se extienda hasta el grado de relevar a los quejosos de la carga procesal de demostrar su interés jurídico para promover el juicio de garantías.". Asimismo, debe indicarse que si bien la causal de improcedencia relativa a la falta de interés se ha visto modificada con la incursión del interés legítimo en el sistema jurídico, ello no cambia la estructura de las normas generales en cuanto al momento en que se configura la afectación; sin que el concepto de interés legítimo haga subjetiva la apreciación de la afectación, porque esta depende necesariamente de que se actualicen los supuestos previstos en la norma. Así, en primer término, debe evaluarse el contenido de la norma, en ejercicio de los criterios de interpretación aplicables, para determinar su naturaleza, y luego la posición del gobernado frente a ella. Se cita como apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el libro 8, julio de 2014, tomo I, página 403, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CUANDO EN AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES SE ALEGUE SU AFECTACIÓN, ES NECESARIO EXAMINAR LA NATURALEZA DE AQUÉLLAS PARA IDENTIFICAR SI EXISTE AGRAVIO A LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO. Acorde con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interés legítimo individual o colectivo está condicionado a la afectación de la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que, aun cuando en un juicio de amparo contra normas generales se alegue que se afecta el interés legítimo y que se violan derechos reconocidos en la Constitución Federal, debe examinarse si se trata de normas heteroaplicativas o autoaplicativas, para identificar si se genera o no una afectación en la esfera jurídica del quejoso, sin que la vigencia de las normas, por sí sola, incida en su naturaleza, pues ésta depende del contenido particular de cada una, en el sentido de si las obligaciones de hacer o no hacer que establezcan requieren o no de un acto de aplicación para actualizar un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, o bien surgen con la entrada en vigor de la norma, caso en el cual lo que debe quedar de manifiesto es que quien acude al juicio de amparo se encuentre en el supuesto normativo correspondiente.". Del mismo modo, debe indicarse que en atención a su naturaleza las leyes se clasifican en autoaplicativas y heteroaplicativas; las primeras admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento en el que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho; en tanto que las segundas se distinguen cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación. Cabe destacar que el concepto de individualización constituye un elemento objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso concreto si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. En ese sentido, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella, independientemente de que no se actualice condición alguna se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, entonces nos encontramos ante una norma heteroaplicativa o de individualización condicionada. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, julio de 1997, página 5, Novena época, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.". Por otro lado, es necesario señalar que tratándose del juicio de amparo indirecto, la fracción I del arábigo 107 de la ley de la materia, establece que es procedente contra leyes u ordenamientos generales que por su sola vigencia o con motivo del primer acto de aplicación provoquen un agravio al quejoso. En el primer caso, es suficiente que el gobernado se ubique en el supuesto previsto en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obligue a hacer o a dejar de hacer cierto hecho, situación o acto jurídico, lo cual provoca una afectación en su esfera de derechos sin algún acto ulterior de autoridad para que esté en posibilidad de promover el juicio constitucional dentro del plazo de treinta días contado a partir de la entrada en vigor del precepto u ordenamiento jurídico que se reclame, en términos de lo dispuesto por el ordinal 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En tanto que en el segundo caso, es indispensable la realización de un acto de aplicación concreto y actual de la disposición reclamada que imponga la observancia del mandato legal que puede provenir de la autoridad o de los propios particulares para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el plazo con que el agraviado cuenta para promover el juicio de protección de los derechos fundamentales será de quince días, conforme a la regla general establecida por el primer párrafo del numeral invocado. Lo anterior evidencia que para la impugnación de las normas a través del juicio de amparo debe quedar acreditado que se produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque la entrada en vigor de éstas los produzca de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan producido por una actuación por tratarse de un acto de autoridad, o que tratándose de los actos de un particular éstos vinculen al quejoso con la ley por actualizarse los supuestos del precepto reclamado, lo cual revela la existencia de la aplicación de éste como presupuesto para el ejercicio de la acción constitucional. En el caso concreto, la parte quejosa controvierte la constitucionalidad de los artículos 133 y 141 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, con motivo del primer acto de aplicación, pues en sus antecedentes del acto reclamado, los que precisa bajo protesta de decir verdad, refiere que el once de agosto de dos mil veintidós, en la esquina que conforman los bulevares Justicia Social y Canuto Ibarra, Fraccionamiento Viñedos, en esta ciudad, inspectores dependientes de la Dirección de Vialidad y Transporte con auxilio de elementos de Policía de Tránsito y Policía Municipal, al percatarse que traían pasajeros en la parte de atrás en los vehículos de su propiedad que relacionan en su demanda, les hicieron la parada y les preguntaron si eran usuarios de plataforma a lo que respondieron que sí; que les indicaron que sus unidades serían detenidas en virtud de tener ordenes de detener todo carro que usara plataformas tecnológicas y no contar con permiso o concesión para realizar transporte público de pasaje (este actuar de los agentes lo considera el primer acto de aplicación de la ley reclamada). Del escrito aclaratorio de cuenta, que también se precisa bajo protesta de decir verdad, el quejoso ******************** y representante común, refiere que el día de los hechos motivo de la demanda de amparo, los elementos de tránsito y policía municipal, jamás mostraron, exhibieron, presentaron o entregaron orden u oficio alguno que contuviere o que se fundare en el precepto o preceptos legales de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Sinaloa. Una vez precisado lo anterior, se considera que las disposiciones normativas reclamadas en este juicio de amparo, se vienen reclamado en su carácter de heteroaplicativas, es decir, con motivo de su primer acto de aplicación, empero, la misma parte quejosa, indica que no le fue entregado documento alguno que se fundamentara en la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa; en consecuencia, no existe un acto formal de aplicación de la ley que produzca el agravio personal y directo que haga factible la procedencia del juicio de amparo en su contra. En efecto, para que los numerales 133 y 141 de la citada ley referencia incidan en la esfera jurídica del gobernado necesariamente se requiere que exista una expresión de voluntad formal de una autoridad competente en el sentido de que materialmente se ubica en el supuesto en ella establecido. Por lo que, se concluye, que si la parte quejosa combate los preceptos reclamados en su carácter de heteroaplicativos, y se desprende que no existe un acto de aplicación por escrito o formal, no se acredita que los artículos tildados de inconstitucionales le ocasionen a la parte quejosa alguna afectación a su esfera jurídica de derechos, derivado de su especial situación frente a las normas que reclama; motivo por el cual se considera que el juicio de amparo es improcedente. Sirve de sustento a lo expuesto, la jurisprudencia 3a./J. 9/94 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, abril de 1994, materia común, página 17, Octava época, que señala: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica.". Así también, los criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. XCVII/95 y P. LXVII/96, consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, noviembre de 1995, página 92, y tomo III, mayo de 1996, página 113, respectivamente, de la Novena época, de rubro y texto siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACION, EL ACTO DE APLICACION DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERES JURIDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente.". "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PARA QUE SE DEMUESTRE QUE SE APLICARON, NO BASTA QUE SE CITEN LAS NORMAS RECLAMADAS, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE ACTUALICEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN ELLAS. Aun cuando en una orden de visita o el acta relativa que se reclamen en amparo y que tuvieren por objeto verificar si la negociación de la quejosa cumple con la ley, también impugnada, las autoridades responsables mencionen las disposiciones reclamadas, esa circunstancia no es suficiente para considerar que éstas ya fueron aplicadas, si no existen actos concretos que actualicen lo dispuesto por las normas. En esas condiciones, si no se han actualizado las hipótesis previstas en las disposiciones legales, debido a que la autoridad administrativa no ha utilizado la facultad que le confieren, no puede estimarse que ya existía acto concreto de aplicación. Así las cosas, si las disposiciones legales, fueron reclamadas con motivo de su aplicación, sin haberse demostrado ésta, es claro que la sola existencia de las referidas normas no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, por lo que se surte en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 77/97, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 382, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 196954 , que dice: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio". Y, de forma orientadora, la tesis 2a. CXXXII/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, octubre de 1999, página 591, Novena época, del tenor siguiente: "TRANSPORTE DEL DISTRITO FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 1o.-A, 5o.-C, 6o., FRACCIONES II, V, X Y XXII, 18, 23, 27, 52, FRACCIÓN X Y 60, FRACCIONES I Y V, DE LA LEY RELATIVA, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998, TIENEN EL CARÁCTER DE NORMAS HETEROAPLICATIVAS. Los preceptos mencionados son de naturaleza heteroaplicativa puesto que por su sola vigencia no causan perjuicio a la parte quejosa, sino que es necesario un acto posterior de aplicación para que se acredite el agravio personal y directo, pues el artículo 1o.-A del ordenamiento jurídico citado, sólo establece definiciones o explicaciones generales de cargos, funciones, actos administrativos, servicios, espacios o personas prestadoras del servicio de transporte; por su parte, el artículo 5o.-C contiene la autorización del legislador para que opere la supletoriedad de la Ley del Régimen Patrimonial, de la Ley Ambiental, de la Ley de Procedimiento Administrativo y del Código Civil, todos del Distrito Federal, siempre que no exista disposición expresa en la Ley de Transporte del Distrito Federal; a su vez el artículo 6o., fracciones II, V, X, y XXII, regula el ejercicio de atribuciones conferidas a la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal vinculadas tanto a los actos de la dependencia como de los particulares interesados en obtener concesiones o permisos; el artículo 18 dispone que la explotación del servicio del transporte y los servicios auxiliares deberán ajustarse a los lineamientos que establece la secretaría; así mismo el artículo 23 previene, para evitar el monopolio y la competencia desleal, los mecanismos de control y vigilancia en las sociedades mercantiles y organizaciones de transporte y, el artículo 27, regula la facultad de la secretaría para llevar a cabo acciones necesarias para la construcción de centrales de carga y descarga, ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, a fin de evitar la circulación de vehículos pesados en ciertas vialidades y horarios. De lo que se advierte que de dichos preceptos no deriva afectación a situaciones concretas de derecho, ni desconocen las autorizaciones o concesiones otorgadas con anterioridad a su reforma, tampoco las condiciona, modifica, limita o restringe, sino que al tratarse de normas heteroaplicativas, se requieren de actos concretos de aplicación para que se actualice el perjuicio.". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.".
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito firmado por ********************, en su carácter de representante común de la parte quejosa, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que se le formuló en autos; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda y en razón de que se cumplió con lo prevenido provéase sobre la demanda intentada. En principio debe decirse que la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En consecuencia, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo y escrito aclaratorio, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que los promoventes del amparo de manera esencial reclaman del Congreso del Estado de Sinaloa, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Director de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado de Sinaloa, los tres con sede en Culiacán, y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La expedición, promulgación, orden de promulgación, y la aplicación del Decreto 864 por el que se expide la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, aprobada en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el diez de octubre del mismo año, de manera concreta, los artículos 133 y 141, respectivamente Establecido lo anterior, este juzgador considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque no está acreditada la afectación al interés jurídico ni legítimo del quejoso, en virtud de que viene reclamando la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Sinaloa, con motivo de su primer acto de aplicación (artículos 133 y 141), es decir, en su carácter de hetereoaplicativa. En principio, se estima que si el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como presupuesto procesal de procedencia de la acción constitucional, que ésta se siga siempre a instancia de la parte agraviada, indicando al respecto que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto o la norma reclamada viola los derechos reconocidos en la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico, es evidente que aun en la hipótesis del interés legítimo, es necesario que quien se ostenta como parte quejosa resienta un agravio en virtud de la situación especial que guarda frente a la norma jurídica. Por ello, para analizar la procedencia del juicio de amparo promovido contra normas con motivo de su primer acto de aplicación, sólo podrá acontecer hasta el momento en que se actualice ese supuesto, es decir, que se aplique por escrito al gobernado de manera personal y directa. Ahora bien, es oportuno citar el contenido del artículo a que alude la indicada causal de improcedencia, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." De igual forma es conveniente invocar el contenido del arábigo 5 del propio ordenamiento, al que hace referencia el precepto anteriormente transcrito, el cual establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". Asimismo, es pertinente traer a contexto el contenido del numeral 107, fracción I, de la Ley Suprema, que prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". De los dispositivos insertos con antelación, se desprende que el juicio constitucional únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto u omisión reclamado, teniendo ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma o acto impugnado violenta los derechos previstos por la ley suprema y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese orden, se tiene que el interés jurídico consiste en el derecho que asiste a los particulares para reclamar, vía amparo, cualquier acto de autoridad cometido en su contra que consideren vulnera sus derechos fundamentales protegidos por la carta magna, es decir, se refiere a un derecho subjetivo tutelado por alguna norma que se ve afectado por determinado acto de autoridad que ocasiona un perjuicio a su titular; circunstancia que faculta a este último para ocurrir al juicio constitucional a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio. Resulta aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, visible en la página 582, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1995, tomo VI, Octava época, que señala: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.". Bajo esa óptica, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. En ese entendido, cuando el peticionario acude a la instancia constitucional reclamando que el acto de autoridad vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, como en la especie, tal circunstancia debe demostrarse en forma fehaciente, es decir, no debe existir lugar a duda de que el acto impugnado le ocasiona un daño, un perjuicio o un menoscabo en sus derechos, de tal manera que si el interés jurídico no se encuentra plenamente acreditado la demanda de amparo resulta improcedente. Esto es, para que la parte quejosa se encuentre en posibilidad de reclamar constitucionalmente el acto pronunciado por la autoridad, primeramente debe demostrar de forma indubitable ser el titular del derecho subjetivo que se ve afectado con la emisión de ese acto, no así que su titularidad se infiera con base en presunciones. Cobra aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, página 225, Novena época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Asimismo, ilustra lo expuesto el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 205- 216, primera parte, página 135, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO PUEDE ESTABLECERSE A BASE DE PRESUNCIONES. La circunstancia de promover un juicio de amparo y de que las autoridades no hayan rendido en él los informes justificados no establece una presunción juris tantum que acredite el interés jurídico del quejoso, pues ningún precepto de la ley establece que la sola presentación de la demanda de amparo y la relación de los hechos afirmados en ella traiga aparejada esa presunción, dado que la eficacia de los mismos está condicionada a su demostración, y, porque la omisión de las autoridades responsables al rendir informes sólo acarrea la presunción de ser ciertos los actos reclamados conforme a lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, sin que ello signifique que esa presunción se extienda hasta el grado de relevar a los quejosos de la carga procesal de demostrar su interés jurídico para promover el juicio de garantías.". Asimismo, debe indicarse que si bien la causal de improcedencia relativa a la falta de interés se ha visto modificada con la incursión del interés legítimo en el sistema jurídico, ello no cambia la estructura de las normas generales en cuanto al momento en que se configura la afectación; sin que el concepto de interés legítimo haga subjetiva la apreciación de la afectación, porque esta depende necesariamente de que se actualicen los supuestos previstos en la norma. Así, en primer término, debe evaluarse el contenido de la norma, en ejercicio de los criterios de interpretación aplicables, para determinar su naturaleza, y luego la posición del gobernado frente a ella. Se cita como apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el libro 8, julio de 2014, tomo I, página 403, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CUANDO EN AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES SE ALEGUE SU AFECTACIÓN, ES NECESARIO EXAMINAR LA NATURALEZA DE AQUÉLLAS PARA IDENTIFICAR SI EXISTE AGRAVIO A LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO. Acorde con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interés legítimo individual o colectivo está condicionado a la afectación de la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que, aun cuando en un juicio de amparo contra normas generales se alegue que se afecta el interés legítimo y que se violan derechos reconocidos en la Constitución Federal, debe examinarse si se trata de normas heteroaplicativas o autoaplicativas, para identificar si se genera o no una afectación en la esfera jurídica del quejoso, sin que la vigencia de las normas, por sí sola, incida en su naturaleza, pues ésta depende del contenido particular de cada una, en el sentido de si las obligaciones de hacer o no hacer que establezcan requieren o no de un acto de aplicación para actualizar un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, o bien surgen con la entrada en vigor de la norma, caso en el cual lo que debe quedar de manifiesto es que quien acude al juicio de amparo se encuentre en el supuesto normativo correspondiente.". Del mismo modo, debe indicarse que en atención a su naturaleza las leyes se clasifican en autoaplicativas y heteroaplicativas; las primeras admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento en el que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho; en tanto que las segundas se distinguen cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación. Cabe destacar que el concepto de individualización constituye un elemento objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso concreto si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. En ese sentido, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella, independientemente de que no se actualice condición alguna se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, entonces nos encontramos ante una norma heteroaplicativa o de individualización condicionada. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, julio de 1997, página 5, Novena época, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.". Por otro lado, es necesario señalar que tratándose del juicio de amparo indirecto, la fracción I del arábigo 107 de la ley de la materia, establece que es procedente contra leyes u ordenamientos generales que por su sola vigencia o con motivo del primer acto de aplicación provoquen un agravio al quejoso. En el primer caso, es suficiente que el gobernado se ubique en el supuesto previsto en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obligue a hacer o a dejar de hacer cierto hecho, situación o acto jurídico, lo cual provoca una afectación en su esfera de derechos sin algún acto ulterior de autoridad para que esté en posibilidad de promover el juicio constitucional dentro del plazo de treinta días contado a partir de la entrada en vigor del precepto u ordenamiento jurídico que se reclame, en términos de lo dispuesto por el ordinal 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En tanto que en el segundo caso, es indispensable la realización de un acto de aplicación concreto y actual de la disposición reclamada que imponga la observancia del mandato legal que puede provenir de la autoridad o de los propios particulares para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el plazo con que el agraviado cuenta para promover el juicio de protección de los derechos fundamentales será de quince días, conforme a la regla general establecida por el primer párrafo del numeral invocado. Lo anterior evidencia que para la impugnación de las normas a través del juicio de amparo debe quedar acreditado que se produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque la entrada en vigor de éstas los produzca de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan producido por una actuación por tratarse de un acto de autoridad, o que tratándose de los actos de un particular éstos vinculen al quejoso con la ley por actualizarse los supuestos del precepto reclamado, lo cual revela la existencia de la aplicación de éste como presupuesto para el ejercicio de la acción constitucional. En el caso concreto, la parte quejosa controvierte la constitucionalidad de los artículos 133 y 141 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, con motivo del primer acto de aplicación, pues en sus antecedentes del acto reclamado, los que precisa bajo protesta de decir verdad, refiere que el once de agosto de dos mil veintidós, en la esquina que conforman los bulevares Justicia Social y Canuto Ibarra, Fraccionamiento Viñedos, en esta ciudad, inspectores dependientes de la Dirección de Vialidad y Transporte con auxilio de elementos de Policía de Tránsito y Policía Municipal, al percatarse que traían pasajeros en la parte de atrás en los vehículos de su propiedad que relacionan en su demanda, les hicieron la parada y les preguntaron si eran usuarios de plataforma a lo que respondieron que sí; que les indicaron que sus unidades serían detenidas en virtud de tener ordenes de detener todo carro que usara plataformas tecnológicas y no contar con permiso o concesión para realizar transporte público de pasaje (este actuar de los agentes lo considera el primer acto de aplicación de la ley reclamada). Del escrito aclaratorio de cuenta, que también se precisa bajo protesta de decir verdad, el quejoso ******************** y representante común, refiere que el día de los hechos motivo de la demanda de amparo, los elementos de tránsito y policía municipal, jamás mostraron, exhibieron, presentaron o entregaron orden u oficio alguno que contuviere o que se fundare en el precepto o preceptos legales de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Sinaloa. Una vez precisado lo anterior, se considera que las disposiciones normativas reclamadas en este juicio de amparo, se vienen reclamado en su carácter de heteroaplicativas, es decir, con motivo de su primer acto de aplicación, empero, la misma parte quejosa, indica que no le fue entregado documento alguno que se fundamentara en la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa; en consecuencia, no existe un acto formal de aplicación de la ley que produzca el agravio personal y directo que haga factible la procedencia del juicio de amparo en su contra. En efecto, para que los numerales 133 y 141 de la citada ley referencia incidan en la esfera jurídica del gobernado necesariamente se requiere que exista una expresión de voluntad formal de una autoridad competente en el sentido de que materialmente se ubica en el supuesto en ella establecido. Por lo que, se concluye, que si la parte quejosa combate los preceptos reclamados en su carácter de heteroaplicativos, y se desprende que no existe un acto de aplicación por escrito o formal, no se acredita que los artículos tildados de inconstitucionales le ocasionen a la parte quejosa alguna afectación a su esfera jurídica de derechos, derivado de su especial situación frente a las normas que reclama; motivo por el cual se considera que el juicio de amparo es improcedente. Sirve de sustento a lo expuesto, la jurisprudencia 3a./J. 9/94 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, abril de 1994, materia común, página 17, Octava época, que señala: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica.". Así también, los criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. XCVII/95 y P. LXVII/96, consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, noviembre de 1995, página 92, y tomo III, mayo de 1996, página 113, respectivamente, de la Novena época, de rubro y texto siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACION, EL ACTO DE APLICACION DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERES JURIDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente.". "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PARA QUE SE DEMUESTRE QUE SE APLICARON, NO BASTA QUE SE CITEN LAS NORMAS RECLAMADAS, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE ACTUALICEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN ELLAS. Aun cuando en una orden de visita o el acta relativa que se reclamen en amparo y que tuvieren por objeto verificar si la negociación de la quejosa cumple con la ley, también impugnada, las autoridades responsables mencionen las disposiciones reclamadas, esa circunstancia no es suficiente para considerar que éstas ya fueron aplicadas, si no existen actos concretos que actualicen lo dispuesto por las normas. En esas condiciones, si no se han actualizado las hipótesis previstas en las disposiciones legales, debido a que la autoridad administrativa no ha utilizado la facultad que le confieren, no puede estimarse que ya existía acto concreto de aplicación. Así las cosas, si las disposiciones legales, fueron reclamadas con motivo de su aplicación, sin haberse demostrado ésta, es claro que la sola existencia de las referidas normas no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, por lo que se surte en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 77/97, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 382, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 196954 , que dice: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio". Y, de forma orientadora, la tesis 2a. CXXXII/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, octubre de 1999, página 591, Novena época, del tenor siguiente: "TRANSPORTE DEL DISTRITO FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 1o.-A, 5o.-C, 6o., FRACCIONES II, V, X Y XXII, 18, 23, 27, 52, FRACCIÓN X Y 60, FRACCIONES I Y V, DE LA LEY RELATIVA, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998, TIENEN EL CARÁCTER DE NORMAS HETEROAPLICATIVAS. Los preceptos mencionados son de naturaleza heteroaplicativa puesto que por su sola vigencia no causan perjuicio a la parte quejosa, sino que es necesario un acto posterior de aplicación para que se acredite el agravio personal y directo, pues el artículo 1o.-A del ordenamiento jurídico citado, sólo establece definiciones o explicaciones generales de cargos, funciones, actos administrativos, servicios, espacios o personas prestadoras del servicio de transporte; por su parte, el artículo 5o.-C contiene la autorización del legislador para que opere la supletoriedad de la Ley del Régimen Patrimonial, de la Ley Ambiental, de la Ley de Procedimiento Administrativo y del Código Civil, todos del Distrito Federal, siempre que no exista disposición expresa en la Ley de Transporte del Distrito Federal; a su vez el artículo 6o., fracciones II, V, X, y XXII, regula el ejercicio de atribuciones conferidas a la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal vinculadas tanto a los actos de la dependencia como de los particulares interesados en obtener concesiones o permisos; el artículo 18 dispone que la explotación del servicio del transporte y los servicios auxiliares deberán ajustarse a los lineamientos que establece la secretaría; así mismo el artículo 23 previene, para evitar el monopolio y la competencia desleal, los mecanismos de control y vigilancia en las sociedades mercantiles y organizaciones de transporte y, el artículo 27, regula la facultad de la secretaría para llevar a cabo acciones necesarias para la construcción de centrales de carga y descarga, ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, a fin de evitar la circulación de vehículos pesados en ciertas vialidades y horarios. De lo que se advierte que de dichos preceptos no deriva afectación a situaciones concretas de derecho, ni desconocen las autorizaciones o concesiones otorgadas con anterioridad a su reforma, tampoco las condiciona, modifica, limita o restringe, sino que al tratarse de normas heteroaplicativas, se requieren de actos concretos de aplicación para que se actualice el perjuicio.". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.".
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta signado por Víctor Edmundo Valle Plascencia, en su carácter de autorizado legal de los quejosos ************ y ***************, mediante el cual, pretende dar cumplimiento a la prevención realizada a sus representados en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós; agréguese únicamente para que obre como corresponda, sin que haya lugar a tener por cumplida la prevención de mérito y se expone lo siguiente: Al tenor del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene que la parte quejosa ************* y ************** pueden autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Igualmente es verdad que, dicha autorización es limitativa, en virtud de que el artículo 108, de la Ley de Amparo, establece, en sus fracciones I, II y V, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, el nombre y domicilio del tercero interesado, -si no los conoce, debe manifestarlo así bajo protesta de decir verdad- la denominación de las autoridades responsables y, también, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Lo que implica que, la satisfacción del requisito de la protesta de decir verdad, debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I, señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por los quejosos en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad antecedentes de de los actos reclamados, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos de los quejosos que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Tiene completa observancia la tesis de jurisprudencia 50/2014 emitida por la Primera Sala del más Alto Tribunal Constitucional del país, consultable en la página 210, Libro 9, Tomo I, Agosto de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establece: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". En consecuencia, requiérase a los quejoso ****************y ***************, a fin de que cumplan con la prevención que se les formuló en auto de veintiséis de agosto del año en curso. En la inteligencia de que el auto dictado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se les notificó el día veintinueve del mismo mes y año, y el escrito con el que refiere dar cumplimiento a la prevención, lo presentó ante este Juzgado de Distrito en la misma fecha, por lo que aún tienen el plazo de cuatro días para cumplir con lo requerido en líneas precedentes.
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