Mercedes Carrasco Solís
Expediente 1036/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1036/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/07/2023
Partes del expediente
- Mercedes Carrasco Solís
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto que antecede de treinta de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Mercedes Carrasco Solís, por propio derecho. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, de dicho Acuerdo1 , pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20 del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos susceptibles de devolución por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Visto; el escrito de cuenta suscrito por la quejosa ********************, por medio del cual desahoga la prevención efectuada en proveído de veintiséis de junio del año en curso. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el escrito de cuenta. En atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención formulada a la parte quejosa en el proveído de referencia; por lo que, se procede a lo siguiente: CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el contexto anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto las autoridades señaladas como responsables y los actos reclamados, advertidos de la demanda de amparo y su escrito de aclaración, en los siguientes términos: 1. Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad. Omisión de notificarle el avaluó en el juicio ******************** y en consecuencia todo lo actuado a partir del auto de fecha cinco de septiembre del año dos mil veintidós. La orden de lanzamiento dictada en el juicio ******************** 2. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad. c) Su ejecución Respecto a los actos reclamados en el inciso a), este juzgado estima que el juicio constitucional es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Los anteriores preceptos legales, revelan que el juicio de amparo que se tramita ante el Juez de Distrito, solo procederá contra los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y que en el supuesto que se trate de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo; es decir, contra la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución, la cual determine como cumplida o no la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen del procedimiento citado. Asimismo, la parte quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, los hechos siguientes: 1. Que es parte demandada en el juicio mercantil ********************, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, residente en esta ciudad. 2. Refiere que en la secuela del procedimiento la parte actora exhibió un avalúo para la realización de la diligencia de remate, y lo hace con fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, con avalúo de fecha dos de ese mes y año, siendo que con el mismo se llevó a cabo el remate de su propiedad el nueve de enero de dos mil veintitrés, sin que dicho avalúo le fuera notificado de forma personal. 3. El veinticinco de enero del año en curso, el Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, residente en esta ciudad, ordenó requerir a la parte demandada (aquí quejosa) la desocupación y entrega voluntaria del bien inmueble adjudicado a favor de ********************, con el apercibimiento que de no hacerlo, sería lanzado a su costa, respecto del cual aduce que tuvo conocimiento el quince de enero del año en curso. Con base en lo anterior y como quedó expuesto, el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que en la especie se reclama la omisión de notificarle el avaluó en el juicio ******************** y en consecuencia todo lo actuado partir del auto de a partir del auto de fecha cinco de septiembre del año dos mil veintidós; siendo que la realización del avalúo es un trámite que se encuentra encaminado a coadyuvar para materializar y garantizar la condena contenida en el la sentencia definitiva que concluyó el citado juicio mercantil; lo que no constituye una resolución definitiva en dicha etapa, que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para cumplir; sino como quedó expuesto es acto en cumplimiento a la sentencia definitiva pronunciada en el juicio mercantil indicado. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada -de contenido similar a la fracción IV, del artículo 107 transcrito-, determinó que la ley establece una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual solo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En tanto que la fracción V del actual artículo 107, de la Ley de Amparo, prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo que se sigue que, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción V para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Las anteriores premisas derivan de la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, cuyo texto y rubro es del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Asimismo, el Alto Tribunal ha establecido, de manera general que, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, solo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquel que declara cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla. Entendiéndose, esto, que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del artículo 107, fracción IV. De ahí que la última resolución en etapa de ejecución en la especie, (de acuerdo a la confesión expresa de la parte quejosa) es el auto de veinticinco de enero del año en curso, donde el Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, residente en esta ciudad, ordenó requerir a la parte demandada (aquí quejosa) la desocupación y entrega voluntaria del bien inmueble adjudicado a favor de ********************, con el apercibimiento que de no hacerlo, sería lanzado a su costa, sin embargo por auto de veintiocho de junio del año en curso, este juzgado previno a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado dicho auto, sin embargo por escrito de treinta de junio del año en curso, dicha parte procesal expresó que no era su deseo reclamar dicho auto. Tiene aplicación la jurisprudencia de tenor literal siguiente: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XIII, abril de 2001, página 31, registro digital 190035, que versa: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así pues, ha sostenido que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, aun cuando se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada o norma general, por lo que, incluso en estos casos, el amparo procede contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en donde se podrán hacer valer las violaciones a la Constitución que se estimen conducentes. Es aplicable por sus consideraciones la tesis 2a./J. 17/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, página 187, tomo VII, abril de 1998, que indica: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie". En este contexto, el juicio amparo deviene improcedente, ya que la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, no constituye una resolución última emitida en el procedimiento de ejecución, puesto que se trata de un acto que deriva de lo ordenado en acuerdo dictado en la etapa de ejecución y cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio mercantil ********************; el cual se encuentra encaminado a materializar y garantizar la condena contenida en la citada resolución que concluyó el juicio de origen; por ende, no es ajeno a la cosa juzgada que en el caso impera en la precitada sentencia definitiva que se pretende cumplimentar. Así, tal y como quedó precisado, en el caso, no se actualiza la excepción relativa a que se trate de un acto que goce de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia o sea de imposible reparación, ajeno a la cosa juzgada que haga procedente el juicio de amparo. Acto bien respecto de los actos reclamados descritos en los incisos b y c, este órgano de control constitucional, considera que se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Pues el presente juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que la orden de lanzamiento reclamada por la quejosa, si bien, constituye un acto de la etapa de ejecución en el juicio de origen; sin embargo, es una resolución intermedia en dicha fase, pues no es la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o bien, ordena el archivo del expediente. Resulta aplicable, la Tesis: 1a./J. 52/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable en el Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y textos siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva". En el caso concreto, debe tenerse presente lo que establecen los artículos 61, fracción XIII y 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Así, si el acto reclamado en el presente juicio lo constituye la orden de lanzamiento ordenada en la etapa de ejecución en el juicio de origen, resulta evidente que no constituye la última resolución del procedimiento de remate a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ni forman parte de la etapa de "ejecución del procedimiento de remate", pues esa etapa de remate ya culminó, por lo que, la resolución reclamada al dictarse con posterioridad -en el que se ordenó la entrega del inmueble adjudicado con el auxilio de la fuerza pública-, forma parte de la etapa de ejecución de sentencia del juicio hipotecario de origen y no pueden ser impugnados a través del juicio de amparo indirecto de manera aislada del remate. Por lo tanto, al ser una determinación practicada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin que constituya la última resolución dictada en el mismo, es improcedente el juicio de amparo en su contra, de conformidad con el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, conforme al cual, tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento u ordena el archivo del expediente. Asimismo, es aplicable, la Tesis: 1a./J. 52/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro digital: 2022499, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ********************. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto, el oficio de cuenta suscrito por el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, por medio del cual, remite copia certificada del oficio 003383, signado por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas, en el cual adjuntó el diverso 1601 y auto de trece de junio de la presente anualidad, de los que se advierten que el exhorto 316-B/2022-E, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, fue devuelto diligenciado a su lugar de origen mediante diverso 1000 de uno de junio de dos mil veintitrés. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio de cuenta y anexos, para los efecto legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que de las manifestaciones realizadas por la autoridad oficiante, en el sentido que el exhorto 316-B/2022-E, de su índice, fue devuelto Juan Carlos de León Betanzos 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.6c.1c 05/09/24 08:30:20 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 2 - diligenciado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial, residente en Reynosa, Tamaulipas, mediante oficio 1000 de uno de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia, requiérase al Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, para que una vez que cuente con la comunicación antes citada, lo haga del conocimiento a este Juzgado; con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no manifestar el impedimento legal que tuviera para tal efecto, con fundamento en el artículo 234, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien unidades de Medidas y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Juan Carlos de León Betanzos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe.
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