Mercedes Carmela Ramírez Liborio
Expediente 345/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mercedes Carmela Ramírez Liborio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a ocho de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el veintidós de mayo de dos mil diecisiete; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la citada ley archívese el mismo. Por otro lado, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del Vigésimo Primero, fracción II, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 345/2017, promovido por Mercedes Carmela Ramírez Liborio, respecto del acto y autoridad indicados en el resultado primero de esta resolución, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Queda hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo al no encontrarse integrado debidamente el expediente, toda vez que aún está transcurriendo el término de la vista que se dio a las partes en proveído de veintiocho de abril del presente año, con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. A fin de dar margen a que la partes tengan conocimiento del contenido del informe con justificación que rindió la autoridad responsable, con la anticipación de ocho días a que se refiere el numeral 117, párrafo segundo de la Ley de amparo, la celebración de la audiencia señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo.
- Principal
Visto el estado de los autos de los que se aprecia que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de veintinueve de marzo del año en curso. Por lo tanto, en atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su presidente Bernardo Ortega León, para que: Dentro del término de tres días siguientes en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional si la parte demandada Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ayutla de los Libres, Guerrero, dio o no cumplimiento al requerimiento que le formuló en acuerdo de veintisiete de marzo del año en curso, o en su caso haga efectivo el apercibimiento ahí decretado. Apercibido que, de no hacerlo en el plazo que para ello se le concede, en términos del artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, constitucional y 258 de la ley de la materia, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, la cual de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del presente año, que reformó y adicionó diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, equivalente al salario mínimo general diario para todo el país, vigente al veintiocho de enero del presente año; además de que se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno y materia corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la legislación en comento. Es de precisarse que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento del fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para logar tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida (garantías de acceso a la impartición de justicia pronta, consagrada en el artículo 17 Constitucional) y de la particularidad de la obligación impuesta a la responsable.
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