Mercedes Cardoso Portillo

Expediente 89/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
89/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/04/2021

Partes del expediente

  • Mercedes Cardoso Portillo

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Mercedes Cardoso Portillo, contra un acto del Subdirector de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 89/2021- V. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, de rubro y datos de localización siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. (Registro: 180,663, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631). Así como la jurisprudencia número I.1o.A. J/4, cuyo rubro y datos de localización siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro 196196, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Página: 890). En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio se realiza en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, cuyo rubro y datos de localización son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Registro: 192,097, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, página: 32). De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara del contenido del escrito; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la demanda se desprende que la quejosa reclama la resolución contenida en el oficio SP/5661/2020, de once de agosto de dos mil veinte, emitida por el Subdirector de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Precisado lo anterior, debe señalarse que en el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. El presupuesto procesal señalado, tiene como fin, el hecho de que los agraviados hayan consentido los actos que estiman lesivos de garantías, al no haber promovido el juicio constitucional dentro del término de quince días, que en el caso es en el que nos ocupa por no encontrarse en los otros supuestos de excepción a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dice: Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Amparo señala: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. El precepto legal trascrito establece las distintas hipótesis de cómputo para el término de la interposición de la demanda de amparo, a saber: a) a partir al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; b) a partir al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y c) a partir al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De su interpretación puede advertirse que se hacen tres distinciones para el cómputo del plazo de quince días dentro de los cuales se debe presentar la demanda de amparo, o en su caso la ampliación de la misma. Además, los supuestos mencionados, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador, fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos supuestos; por ello no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición de la parte quejosa respecto del acto reclamado. El legislador tuvo la intención de establecer que el inicio del cómputo para presentar la demanda de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el creador de la ley distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado señalar que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso se enterara por cualquier medio del acto reclamado. Las anteriores ideas que por su trascendencia se citan, son las que sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis de jurisprudencia siguiente. DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. (Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Mayo de 2007, Tesis: 1a./J. 30/2007, Página: 286). En el caso concreto, la parte quejosa reclama el oficio SP/5661/2020, de once de agosto de dos mil veinte, emitido por el Subdirector de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y expresó, bajo protesta de decir verdad, que le fue notificada el veinticuatro de agosto de dos mil veinte. Por tanto, el plazo de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para reclamar ese oficio, transcurrió del veintiséis de agosto al dieciocho de septiembre de dos mil veinte, previo descuento de los días veintinueve y treinta de agosto, cinco, seis, doce, trece, catorce, quince y dieciséis de septiembre de ese año, por haber sido días inhábiles; sin embargo, esta demanda la presentó hasta el dieciocho de febrero de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, según se advierte de la papeleta que emite esa oficina, motivo por el cual es evidente que se presentó fuera del plazo legal que se tenía para hacerlo; por ende, se actualiza la causa de improcedencia precisada. No es óbice a lo anterior que la parte quejosa señale que el oficio SP/5661/2020 reclamado deriva del cumplimiento de una sentencia emitida en un juicio de nulidad; que en su contra promovió queja por defecto en el cumplimiento, que fue desechada por la sala y que, una vez agotado ese medio de defensa, en virtud de lo que se decidió en él, contaba con la oportunidad de acudir a esta vía para reclamarlo, lo que es cierto; sin embargo, debe aclararse que el hecho que haya agotado dicha queja no es una excepción para dejar de cumplir con el plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio en su contra, puesto que en dicho precepto no se establece que se interrumpa al promoverse esa queja por defecto, menos aún dispone ese hecho como excepción, ya que lo que prevé es el plazo genérico de quince días para promover la demanda y solo como excepciones las siguientes: -Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; -Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; -Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Sin que del oficio reclamado se desprenda que se ubique en estos supuestos de excepción. En consecuencia, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los artículos 61 fracción XXIII, y 7, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Mercedes Cardoso Portillo. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jair Álvarez Colín, Gloria Dávila Ladrón de Guevara y Maricela López Torres, quienes tienen inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente y con apoyo en la última parte del segundo párrafo del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala para tal efectos, así como a Hugo Gutiérrez Badillo, Giselle Ornela Cisneros Rojo, Josefina Martínez Osorio y Mariana García Millán, limitación que se establece hasta en tanto los profesionistas registren su cédula profesional que los acredite como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y hecho lo anterior, lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Por otra parte, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a para que: 1) De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberá proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a las partes o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza a la totalidad de las partes, su uso en el presente sumario, en el entendido de que ello será posible una vez que cumplan los requisitos previstos en el artículo 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro y datos de identificación: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (Registro 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página 2847). Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Con fundamento en el artículo 21, del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regulan entre otros, los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación denominado FIREL, previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Mercedes Cardoso Portillo, en el domicilio ubicado en Calle Francisco Fernández del Castillo número 2812 (dos mil ochocientos doce) Colonia Villa de Cortés, Código Postal 03530 (tres mil quinientos treinta), Alcaldía Benito Juárez, en esta ciudad. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

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