Mercedes Butanda Aguayo
Expediente 1116/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1116/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mercedes Butanda Aguayo
Actuaciones
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que en acuerdo de trece de septiembre del año en curso, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. - VALORACIÓN: No es de relevancia documental. - DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte promovente no allegó documentos al presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretados en sentido contrario y 21, inciso b), del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, trece de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra los actos que reclama del Juez Primero de Partido de Salamanca, Guanajuato, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1116/2022; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. Al respecto, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama: - La resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Juez Primero de Partido Civil en Salamanca, Guanajuato, en autos del juicio mercantil *****, en la que declaró improcedente el incidente de prescripción negativa de ejecución de sentencia, planteado por el demandado, aquí quejoso. Al respecto, este juzgado federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...); XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.); IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Lo resaltado es propio. De acuerdo con las disposiciones legales transcritas, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en la fase de ejecución de sentencia, siendo que solo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que será aquélla que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente; en donde deberán ser alegadas todas las transgresiones que el gobernado estime se cometieron en la respectiva etapa. Así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente" De lo relatado en la demanda, en los antecedentes del acto reclamado manifestados bajo protesta de decir verdad, se aprecia que el acto que por esta vía pretende reclamarse fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia, así como que dicha determinación no constituye el último acto realizado en esa etapa, así como que la promovente tiene el carácter de demandada en ese procedimiento, por lo que es parte formal y material en éste. En ese orden de ideas, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, como en el caso que se analiza, el amparo indirecto solo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo, lo que se traduce en aquella resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien aquella que ordene el archivo del expediente. Y si se trata de un procedimiento de remate, el amparo indirecto procede únicamente contra la última resolución, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior Lo que en el caso no es así, pues como se precisó, a través del acto reclamado, se definió lo relativo al incidente de prescripción negativa de ejecución de sentencia, negando que se actualizara dicha figura jurídica, lo que se traduce en que se continuará con la etapa o procedimiento de ejecución de la sentencia que seguirá su cauce; siendo, además, consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional dictada en el juicio natural, que se ha resuelto en su contra y que adquirió firmeza legal De ahí que esa determinación de ningún modo constituye alguna de las que la ley establece como la última en fase de ejecución, sino que es uno intermedio, cuyo objeto directo se vincula con ejecutar la determinación jurisdiccional que ya fue previamente analizada. Por consiguiente, si a la parte quejosa le causa agravio un acto procesal dictado en dicha etapa, como lo es la resolución del incidente de prescripción negativa de ejecución de sentencia, deberá esperar a la culminación del procedimiento relativo, es decir, a la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, para impugnar las violaciones cometidas en el mismo. Tampoco se está en el caso de que lo reclamado constituya un acto que goce de autonomía destacada en relación con la emisión y ejecución del acto reclamado, lo que torna la improcedencia del amparo, de forma manifiesta. Esto porque los actos de autonomía propia y destacada en la fase ejecutiva, son aquellos que resuelven cuestiones accesorias a la propia ejecución, dictados con independencia del resultado final con que concluya dicha ejecución, esto es, no son aquellos que pueden estimarse reparables en la última resolución que se pronuncie; mientras que, en el caso, como ya se anticipó, el acto que se impugna guarda relación con la ejecución de la sentencia firme, con ello lo que se pretende es lograr su cumplimiento, sin que esté dotado de autonomía destacada. Entonces, será hasta que mediante resolución definitiva se provea lo concerniente a la conclusión de la fase ejecutiva, es decir, hasta 1) la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de lo sentenciado, 2) se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o 3) se ordene el archivo definitivo del expediente; cuando se pueda activar el amparo y reclamar, en su caso, las violaciones cometidas por la autoridad responsable. Por otra parte, se tiene que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontece cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del quejoso, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el Máximo Tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En el caso no se actualiza el supuesto de excepción de que el acto reclamado, parte de un procedimiento de ejecución, produzca efectos de imposible reparación ajenos a la sentencia que se ejecuta, dado que la sentencia dictada en el juicio de origen es cosa juzgada y el acto reclamado es precisamente su consecuencia. Aun en el caso no admitido de que pudiera considerarse que sí trasciende a derechos sustantivos, lo importante es que esos efectos coinciden exactamente con lo resuelto y ejecutable. Lo resuelto por la responsable en la determinación reclamada no es ajeno a lo decidido en la sentencia, esto es, la supuesta o posible afectación no es autónoma a la cosa juzgada, sino precisamente materializando la ejecución de la condena. De modo que, la ejecución de sentencia no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el segundo párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia, en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, sino que deberá culminar ese procedimiento hasta que se emita la última resolución en esa etapa, en que tendrá la oportunidad de hacer valer las violaciones que considera se cometieron en dicha fase y que lo hayan dejado sin defensa. Por los motivos que informan, tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción número P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". (énfasis añadido) Por lo expuesto, el acto reclamado descrito en párrafos que anteceden, no es el último acto de ejecución en el procedimiento de origen sino uno intermedio, por lo que de ninguna forma puede ser impugnable a través del juicio biinstancial pues, de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución de sentencia, el amparo procederá en su caso contra la última resolución dictada en el mismo, entendiéndose aquélla como la que, en su caso, aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento; de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. Esto, sin que se pase por alto que de los datos que arroja la demanda no es factible advertir si por la naturaleza del juicio mercantil de origen, el fallo reclamado pudiera incluso ser impugnable a través de un recurso o medio de defensa ordinario, actualizándose de esa forma otra causa de improcedencia, por falta de definitividad. Sin embargo, sea cual fuere el caso, lo importante es que esa determinación que declaró improcedente la prescripción de la ejecución de sentencia, no es impugnable en amparo indirecto en los términos ampliamente explicados y ello basta para tener por actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio. En razón de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, de manera manifiesta e indudable; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES La parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; lo que de acuerdo con la Ley de la materia, corresponde a la notificación por lista. En consecuencia, se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pag eName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la administración del edificio, del tres de agosto de dos mil veinte al dos de octubre de dos mil veintidós, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A ***** y *****, se les tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a *****, *****, *****, ***** ni ***** se les tiene como autorizados de la parte quejosa en términos restringidos, en virtud de lo asentado en la certificación de cuenta. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO La parte promovente proporcionó una dirección de correo electrónico en la etiqueta con la que presento su demanda, la cual constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerada para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. Sin perjuicio de lo anterior, se invita a la parte quejosa a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General multicitado, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". De ser así, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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