Mercedes Arriaga Nuñez
Expediente 1750/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1750/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/11/2017
Partes del expediente
- Mercedes Arriaga Nuñez
Actuaciones
- Principal
II Por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Edgar Sierra López, por medio del cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo y atento a su contenido se provee: Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al promovente, bajo su costa, la copia certificada que solicita previa comparecencia que por su recibo se deje para constancia legal debida, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 280 de la codificación citada en primer término, e identificación oficial vigente y copia de la misma que presente, tendiendo por autorizada a la persona designada para tal fin. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III Téngase por recibido el oficio de cuenta a través del cual el Director General de Procedimientos Constitucionales en representación del Secretario de Gobernación, a través del cual informa haber requerido al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; asimismo, hace del conocimiento no ser el superior jerárquico del Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, por ende téngase por cumplido el requerimiento formulado mediante auto de veintitrés de octubre del año en curso y sin efectos el apercibimiento con el cual se le conminó. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que refiere la oficiante el oficio de cuenta. Por otra parte, téngase por recibidas las piezas postales devueltas que contiene los oficios 30093 y 30094, los cuales llevan inserta la determinación de seis de octubre del año en curso, dirigidos a las autoridades indicadas como "Comisionado y Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social", con las leyendas "Rehusado No hay oficialía de partes ni quien reciba". Atento a lo anterior, reenvíense los oficios de referencia al domicilio actual y correcto que para tal caso investigue el actuario de la adscripción.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta, a través de la cual el actuario de la adscripción asentó la imposibilidad de notificar a la parte quejosa la determinación emitida el diez de noviembre del año en curso, por los motivos ahí expuestos. A dicha razón se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del referido código supletorio, ya que al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Asimismo, en lo conducente, la tesis publicada en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1993, Tomo XI, que establece: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón actuarial referida para los efectos legales procedentes y notifíquese la presente determinación y la de diez de noviembre pasado, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en el juzgado, hasta en tanto proporcione domicilio donde sea posible notificarle. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV.- Demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por Mercedes Arriaga Núñez, contra actos del Presidente de la Asociación de Comerciantes de la Central de Abasto de Toluca, sociedad anónima y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1750/2017-IV. Precisión del acto reclamado. En esa tesitura, se estima pertinente señalar que del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa en esencia reclama en la presente vía de amparo la orden consistente en que sea desposeída del predio que ocupa los días viernes para ejercer el comercio, así como su ejecución. Desechamiento. De conformidad con el artículo 62 de la vigente Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, además de que de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, procederá desecharse de plano la demanda de amparo. Al caso es aplicable la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación, mayo 1991, Tomo VII Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5º, fracción II (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: -------(.)-------------------------------------------------------------XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.----------------Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo-------------- (.)------------------------------------------------------------- II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.------------------------------------------------------- Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.(.)." Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior, se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad, según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas concretas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Luego, es necesario que el acto reclamado cumpla con las referidas cuatro notas distintivas para que pueda considerarse un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que en caso de que no se satisfaga alguna, el medio de control constitucional será improcedente. Así, se considera que no se actualiza la nota distintiva de los actos de autoridad identificada como a), esto es, que se trate de una relación de supra a subordinación con un particular. Se afirma lo anterior dado que de acuerdo a lo narrado bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda, la promovente del amparo realiza su actividad comercial con motivo de un contrato de usufructo temporal que le fue otorgado por la Organización de Condóminos Comerciantes de Cenabastos de Toluca, asociación civil; lo anterior revela que la relación suscitada entre la promovente y los entes señalados como responsables deriva de una relación en que ambas partes actúan en un plano de coordinación; de ahí que no se actualice el primero de los requisitos mencionados. Por cuanto hace al requisito identificado como b), tampoco se actualiza, dado que de acuerdo con lo manifestado en el escrito de demanda, la relación entre los entes señalados como responsables y la promovente del amparo no tuvo su origen en una ley, sino en el contrato de usufructo que dice le otorgó la Organización de Condóminos Comerciantes de Cenabastos de Toluca, asociación civil, lo que revela que derivó de un acuerdo de voluntades y no del ejercicio de una facultad pública otorgada por imperio de ley. En el mismo tenor, no se actualice el requisito establecido en el inciso d), ya que los entes señalados como responsables carecen de facultades para ejercitar por sí y ante sí, actos que afecten derechos de terceros, sino que es necesario que sometan a los órganos jurisdiccionales sus pretensiones a efecto de que éstas le sean reconocidas y puedan ser ejecutadas por autoridad competente Luego, al no actualizarse tres de los requisitos que distinguen a las autoridades, se estima actualizada la causa de improcedencia que se analiza. Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, publicada en la página mil ochenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". Igualmente, por las razones que la contiene, la tesis pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 841, Tomo XII, diciembre de 1993, Octava Época, con número de registro 214009, de rubro y texto siguientes: "COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas, no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo, toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria, debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "de órgano de dirección y vigilancia del ejido", pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, no participa de la naturaleza jurídica del Estado, de consiguiente, sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo." En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Mercedes Arriaga Núñez, contra actos del Presidente de la Asociación de Comerciantes de la Central de Abasto de Toluca, sociedad anónima y otra autoridad. Domicilio para oír y recibir notificaciones. En otro orden, con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado en el escrito de demanda. Autorizados. En relación con la autorización de Wenceslao Tovar Fuentes, toda vez que éste cuenta con la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se aprecia de la certificación de cuenta, se le tiene por autorizado en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo y a las personas restantes de conformidad con la parte final del párrafo segundo del precepto legal indicado, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones, limitación que se establece hasta en tanto realicen el registro respectivo, lo cual deberán comunicar mediante nueva promoción. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a la parte quejosa para que exprese su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibido que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorga su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Meliton Medina Ramírez146/2014
- Melitón Molina Camacho1309/2016
- Melitón Molina Camacho1211/2016
- Melizandra Aguilar Lino719/2015
- Melquiadez Martínez Pérez174/2019
- Mercedes Alejandra Mojica Hernández695/2015
- Mercedes Gonzalez Ramirez207/2022
- Mercedes Hernández Aguilar852/2019
- Mercedes Hernandez Carrillo384/2023
- Mercedes Hernández Granados1243/2015
- Mercedes Zaragoza Nepamuceno y Otros.1249/2018
- Merlyn Arturo Garcia Velazquez1667/2015