Mercedes Alicia Fernandez Flores

Expediente 1169/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1169/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Mercedes Alicia Fernandez Flores
  • Vicefiscal de la Zona I, Región Laguna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de octubre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se certifica que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  2. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que causó ejecutoria la sentencia en el citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No se exhibió. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el incidente de suspensión original y su duplicado son susceptibles de destrucción, en términos del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Mercedes Alicia Fernández Flores, solicitó el amparo protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos reclamados siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: RECLAMO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENOMINADA VICAFISCAL DE LA ZONA I, REGIÓN LAGUNA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD LERDO DURANGO, LA ORDEN VERBAL O ESCRITO DE DESALOJO Y DESPOSECION MATERIAL DE LA FINCA URBANA DE LA CUAL SOY DERECHOSA, UBICADA EN CALLE ONCE No. 517, COLONIA FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS, GÓMEZ PALACIO, DURANGO ESTO MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA, PARA DARLE POSESIÓN MATERIAL A LOS TERCEROS INTERESADOS YAMIL MANSUR GONZÁLEZ Y MÓNICA GONZÁLEZ LOZANO, SIN MEDIAR ORDEN JUDICIAL, ORDE ESCRITA MINISTERIAL, FUERA DE PROCEDIMIENTO, COMO ACTO ARBITRARIO E ILEGAL,E EN FLAGRANTE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS, DE DEBIDO PROCESO Y DERECHO FUNDAMENTAL DE LEGALIDAD SIN ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL ACTO RECLAMADO. RECLAMO DE LOS CC. AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITOS A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS DIVERSOS RECLAMO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENOMINADA VICE FISCAL DE LA ZONA I, REGIÓN LAGUNA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD LERDO DURANGO, LA ORDEN VERBAL O ESCRITA DE DESALOJO Y DESPOSECION MATERIAL DE LA FINCA URBANA DE LA CUAL SOY DERECHOSA, UBICADA EN CALLE ONCE No. 517, COLONIA LOS ALAMOS GÓMEZ PALACIO, DURANGO ESTO MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA, PARA DARLE POSESIÓN MATERIAL A LOS TERCEROS INTERESADOS YAMIL MANZUR GONZALEZ Y MONICA GONZALEZ LOZANO, SIN MEDIAR ORDEN JUDICIAL, ORDEN ESCRITA MINISTERIAL, FUERA DE PROCEDIMIENTO, COMO ACTO ARBITRARIO E ILEGAL, EN FLAGRANTE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS, DE DEBIDO PROCESO Y DERECHO FUNDAMENTAL DE LEGALIDAD SIN ESAR FUNDADO Y MOTIVADO EL ACTO RECLAMADO. RECLMADO DEL C. COMANDANTE DE LA POLICIA INVESTIGADORA DE DELITOS ADSCRITA A LA VICE FISCALÍA DE ZONA I, REGIÓN LAGUNA LA EJECUCIÓN POR SI Y EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN VERBAL DEL VICE FISCAL Y DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PARA DESALOJARME, DESPOSERME MATERIALMENTE DE LA FINCA URBANA UBICADA EN CALLE ONCE No. 517, DE LA COLONIA FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS DE ESTA CIUDAD Y DARLE POSESIÓN MATERIAL A LOS TERCEROS INTERESADOS YAMIL MANSUR GONZALEZ Y MONICA GONZALEZ LOZANO, ESTO DE FORMA ARBITRARIA Y SIN FUNDAMENTO LEGAL ALGUNO". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad. Previa aclaración, por auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional la admitió a trámite; asimismo, se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1169/2022-VB, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Posteriormente, se tuvieron como inexistentes a las diversas autoridades responsables Coordinador de la Unidad Especializada en Delitos Diversos y Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Delitos Diversos del Estado de Durango, con sede en la ciudad de Lerdo, Durango, dado que la parte quejosa no desahogo la prevención formulada por este juzgado. Luego, seguida la secuela del procedimiento se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a dictar sentencia; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII del Acuerdo General 3/2013, con relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman actos cuya ejecución tienen lugar en la jurisdicción territorial de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: La orden verbal o escrita para desposeerla de la finca urbana ubicada en Calle Once número 517 (quinientos diecisiete), Fraccionamiento Los Álamos en Gómez Palacio, Durango. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Comandante Regional de la Policía Investigadora de Delitos Zona III, Región Laguna y Vicefiscal Zona I, Región Laguna del Estado de Durango, ambos con residencia en Lerdo, Durango, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por las autoridades responsables antes mencionadas al rendir su informe justificado, en torno a los actos reclamados a ellas atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dichas autoridades se hallan en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin". Luego, si las autoridades negaron la certeza de los actos que se trata y la parte promovente no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo; por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan. En congruencia con lo anterior, lo procedente, en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.). "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.). Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; once de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto lo de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista efectuada mediante auto de dos de agosto del presente año. Autoridades inexistentes. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido auto y se tienen como inexistentes las autoridades señaladas por la parte quejosa como Coordinador de la Unidad Especializada en Delitos Diversos y Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Delitos Diversos del Estado de Durango, con sede en la ciudad de Lerdo, Durango. Pedimento. Por otro lado, se recibe el pedimento a través del cual la agente Ministerio Público de la Federación adscrita, ofrece pruebas de su intención; por tanto, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Pruebas. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida las pruebas que refiere, sin perjuicio de tomarlas en cuenta al momento de resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Notifíquese.

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