Merced Vargas Salazar
Expediente 175/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 175/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Merced Vargas Salazar
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por MERCED VARGAS SALAZAR, contra actos de los Magistrados que integran la Segunda Sala Civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia de Estado; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso con el número 175/2021 y regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. Examinada en su integridad la demanda, se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley normativa del juicio de garantías, debe desecharse la misma. Ello es así, pues en el presente juicio se reclama la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 102/2020, en el que la Sala responsable declara mal admitido el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, que declaró improcedente el incidente innominado anexo al expediente civil 84/2017 del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Huajuapan de León, Oaxaca, interpuesto con el objeto de dejar sin efecto el dictamen en materia de arquitectura y construcción emitida por Cárcamo Bello Miguel Ángel, perito de la parte demandada y actor reconvencional, por no contar con título y cédula profesional; se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 107.- El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." De donde, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En esas condiciones, es evidente que el acto de procedimiento que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos personales de la inconforme (propiedades, posesiones o derechos); pues la resolución controvertida de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 102/2020, en el que la Sala responsable declara mal admitido el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, que declaró improcedente el incidente innominado anexo al expediente civil 84/2017 del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Huajuapan de León, Oaxaca, interpuesto con el objeto de dejar sin efecto el dictamen en materia de arquitectura y construcción emitida por Cárcamo Bello Miguel Ángel, perito de la parte demandada y actor reconvencional, por no contar con título y cédula profesional, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación a la ocursante, en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto, pues la sentencia que se emita incluso le puede resultar favorable en ese sentido, y aun en el caso de serle adversa, puede inconformarse contra dicha resolución a través del recurso que corresponda y luego en el amparo directo que en su caso se instaure. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y en términos del artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, las jurisprudencias números 244 y 232, visibles a fojas 164 y 157 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo respectivo rubro es: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." y "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Conforme a dicho criterio, y con relación a la redacción actual del artículo 107, fracción V, de la vigente Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que dicho precepto ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: «.los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.», por lo que con esta aclaración el legislador proporcionaba mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante la fórmula legal prevista respecto de esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a esos derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser tales que impidan de modo irreparable y en forma actual el ejercicio de un derecho de esa naturaleza y no una posible lesión de naturaleza formal o adjetiva (con independencia de que pueda no llegar a trascender al resultado del fallo); por lo que ha de recaer sobre derechos sustantivos, que rebasan lo puramente procesal. Interpretación de la que precisó se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos «que afecten materialmente derechos sustantivos», lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impida irreparablemente el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. De ahí que, la resolución reclamada tiene efectos meramente procesales y no afecta material e irremediablemente algún derecho sustantivo, y en el caso de que eventualmente se emita un fallo adverso a los intereses de la quejosa, podrá reclamarla en la vía directa. Por lo que es evidente la improcedencia de este juicio constitucional, actualizándose la causa de improcedencia invocada, y por ende, se DESECHA de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Ignacio de la Llave, número ciento siete, Colonia Reforma Agraria, en el Centro de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Homero Pérez Aquino, toda vez que su cédula fue localizada en el Registro Nacional de Profesiones, y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, a Jacinto Estrada Ortega, Cayetano López López, Karla Andrea Pérez Lavariega, Eduardo Hernández Herrera, Telma Ruth Velasco Salas y Roció López Bravo, sin las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o proporcionen su número de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Toda vez que proporciona el usuario "home_7676", dése de alta dicho usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para consultar el expediente electrónico, no así para seguir el juicio en "línea", dado que no solicitó expresamente las notificaciones de este asunto por esa vía, lo anterior, en términos del artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Así también, con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado el 31 de julio 2020, en el Diario Oficial de la Federación (vigente a partir del 3 de agosto de 2020), se le tiene proporcionando el correo electrónico home_7676@hotmail.com, únicamente como forma de contacto (no para establecer comunicaciones procesales), pues las notificaciones en este asunto se continuarán haciendo en los términos que establece la Ley de Amparo. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de Datos. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
previo aviso... Número de expediente: 175/2021 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por MERCED VARGAS SALAZAR, contra actos de los Magistrados que integran la Segunda Sala Civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia de Estado; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso con el número 175/2021 y regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. Examinada en su integridad la demanda, se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley normativa del juicio de garantías, debe desecharse la misma. Ello es así, pues en el presente juicio se reclama la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 102/2020, en el que la Sala responsable declara mal admitido el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, que declaró improcedente el incidente innominado anexo al expediente civil 84/2017 del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Huajuapan de León, Oaxaca, interpuesto con el objeto de dejar sin efecto el dictamen en materia de arquitectura y construcción emitida por Cárcamo Bello Miguel Ángel, perito de la parte demandada y actor reconvencional, por no contar con título y cédula profesional; se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 107.- El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." De donde, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En esas condiciones, es evidente que el acto de procedimiento que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos personales de la inconforme (propiedades, posesiones o derechos); pues la resolución controvertida de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 102/2020, en el que la Sala responsable declara mal admitido el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, que declaró improcedente el incidente innominado anexo al expediente civil 84/2017 del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Huajuapan de León, Oaxaca, interpuesto con el objeto de dejar sin efecto el dictamen en materia de arquitectura y construcción emitida por Cárcamo Bello Miguel Ángel, perito de la parte demandada y actor reconvencional, por no contar con título y cédula profesional, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación a la ocursante, en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto, pues la sentencia que se emita incluso le puede resultar favorable en ese sentido, y aun en el caso de serle adversa, puede inconformarse contra dicha resolución a través del recurso que corresponda y luego en el amparo directo que en su caso se instaure. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y en términos del artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, las jurisprudencias números 244 y 232, visibles a fojas 164 y 157 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo respectivo rubro es: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." y "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Conforme a dicho criterio, y con relación a la redacción actual del artículo 107, fracción V, de la vigente Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que dicho precepto ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: «.los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.», por lo que con esta aclaración el legislador proporcionaba mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante la fórmula legal prevista respecto de esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a esos derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser tales que impidan de modo irreparable y en forma actual el ejercicio de un derecho de esa naturaleza y no una posible lesión de naturaleza formal o adjetiva (con independencia de que pueda no llegar a trascender al resultado del fallo); por lo que ha de recaer sobre derechos sustantivos, que rebasan lo puramente procesal. Interpretación de la que precisó se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos «que afecten materialmente derechos sustantivos», lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impida irreparablemente el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. De ahí que, la resolución reclamada tiene efectos meramente procesales y no afecta material e irremediablemente algún derecho sustantivo, y en el caso de que eventualmente se emita un fallo adverso a los intereses de la quejosa, podrá reclamarla en la vía directa. Por lo que es evidente la improcedencia de este juicio constitucional, actualizándose la causa de improcedencia invocada, y por ende, se DESECHA de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Ignacio de la Llave, número ciento siete, Colonia Reforma Agraria, en el Centro de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Homero Pérez Aquino, toda vez que su cédula fue localizada en el Registro Nacional de Profesiones, y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, a Jacinto Estrada Ortega, Cayetano López López, Karla Andrea Pérez Lavariega, Eduardo Hernández Herrera, Telma Ruth Velasco Salas y Roció López Bravo, sin las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o proporcionen su número de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Toda vez que proporciona el usuario "home_7676", dése de alta dicho usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para consultar el expediente electrónico, no así para seguir el juicio en "línea", dado que no solicitó expresamente las notificaciones de este asunto por esa vía, lo anterior, en términos del artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Así también, con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado el 31 de julio 2020, en el Diario Oficial de la Federación (vigente a partir del 3 de agosto de 2020), se le tiene proporcionando el correo electrónico home_7676@hotmail.com, únicamente como forma de contacto (no para establecer comunicaciones procesales), pues las notificaciones en este asunto se continuarán haciendo en los términos que establece la Ley de Amparo. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de Datos. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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