Merced Alicia Jiménez Pérez

Expediente 246/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
246/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/03/2023

Partes del expediente

  • Baruch Sánchez Jiménez
  • Merced Alicia Jiménez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Secretario adscrito al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, informa que acepta la competencia declinada

  2. Principal

    Agréguese la razón actuarial de cuenta signada por el actuario adscrito, mediante la cual, informa la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa, el proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés, en razón de que el domicilio proporcionado es impreciso. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase la notificación de la determinación de tres de marzo de dos mil veintitrés, así como las subsecuentes - aún las de carácter personal- por medio de LISTA. SE NOTIFICA AUTO DE 03 DE MARZO DE 2023: "Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Merced ********, ********, ********* y ********, por propio derecho, contra actos del Juez de Control, Procedimiento Oral y Enjuiciamiento del Distrito XV, con residencia en la Ciudad de Orizaba Veracruz y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 246/2023-I. Incompetencia. Analizada la demanda, debe de indicarse previamente, que la competencia es de suma importancia y de previo, especial y oficioso pronunciamiento constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer como obligación de todo juez de Distrito la contenida en su primer párrafo. Dispositivo que en la parte conducente, establece lo siguiente: «Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.» Como se obtiene del citado precepto, cuando un juez de Distrito, estime carecer de competencia para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia, por lo que, el juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. En términos generales, la competencia en materia de amparo puede determinarse por tres circunstancias, a saber, por razón de la vía, por territorio y por materia. En ese contexto, la competencia en atención a la vía se subdivide en aquella para conocer del amparo indirecto o biinstancial, o bien del amparo directo o uni-instancial; la primera se encuentra establecida en el artículo 107, fracción VII, de la constitución, así como por el numeral 107 de la Ley de Amparo; mientras que la segunda se contempla en el precepto 107, fracción V, de la Carta Magna, y en el ordinal 48 y 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales. La competencia por materia se encuentra subdividida en las siguientes clases: penal, administrativa, civil y laboral, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 51, 52, 54 y 55 respectivamente, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por último, la competencia por territorio, se prevé en el numeral 37 de la ley en la materia y, para establecerse, se debe tomar en cuenta si el acto reclamado tiene ejecución o carece de ella. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, numeral que en lo conducente establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del numeral transcrito se obtienen tres hipótesis, en relación con la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: 1. El párrafo primero reproduce el principio genérico de que será competente para conocer del juicio el Juez de Distrito del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado. 2. La segunda hipótesis se refiere a que, cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presentó la demanda de amparo. 3. La tercera hipótesis establece que, cuando el acto reclamado no exige ejecución material, será competente el juez de Distrito, ante el que se haya promovido la demanda de amparo. En ese orden de ideas, del análisis de la demanda, se obtiene que los peticionarios del amparo, reclaman en esta instancia como acto destacado: la orden de aprehensión y su ejecución, pues así se advierte del contexto integral de su demanda. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis III.1o.A.31 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable a página 647, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO». Acto que lo atribuye a las autoridades responsables Juez de Control, Procedimiento Oral y Enjuiciamiento del Distrito XV, con residencia en la ciudad de Orizaba Veracruz; Fiscal General del Estado de Veracruz; Fiscal Regional Zona Centro Córdoba; Responsable de la Unidad Integral de Orizaba y Director General de la Policía Ministerial. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa, manifiesta bajo protesta de decir verdad: "(.) Después de ser vinculados a proceso, llegamos a la etapa de Juicio, el cual se tramitó ante la C. JUEZ DE CONTROL, PROCEDIMIENTO ORAL Y ENJUICIAMIENTO DEL DISTRITO XV, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE ORIZABA VERACRUZ, en la Carpeta de Enjuiciamiento número 31/2022, procedimiento en el cual no fuimos debidamente defendidos por nuestro defensor, que lo fue particular, ya que no ofreció pruebas a nuestro favor, cuando teníamos suficientes. Es así que llegamos a la sentencia, pero nuestro abogado defensor nos dice que ya tenemos una orden de aprehensión. En los días posteriores, ciertos sujetos sospechosos y armados han rondado por el domicilio de los suscritos, ubicado en la ciudad de Orizaba, Veracruz, por lo que no hemos podido salir, por temor a ser detenidos injustamente (.)" (sic). De lo narrado y atento a la naturaleza de los actos reclamados, este juzgador estima que conllevan una ejecución material, se estarán materializando fuera de la residencia de este juzgado de Distrito (ciudad de Orizaba, Veracruz), lo cual, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en su párrafo primero, se ejecutará fuera de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Por tanto, se considera que resulta ser competente un Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, para resolver este asunto, en términos de la primera parte del artículo 37 de la Ley de Amparo y que en la parte conducente establece lo siguiente: «[.] Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.] » Por tanto, al existir datos fundados de que los actos reclamados, se encuentran ejecutando fuera de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, esto es, en el municipio de Orizaba, resulta ser competente un Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida a página 15, Volumen 65, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO». De igual manera tiene sustento la jurisprudencia 2a./J. 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 107, Tomo: I, Junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES». En las relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, declina la competencia para conocer del asunto a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, en turno, a quien se ordena remitir lo actuado en el presente expediente para que conforme a sus atribuciones legales determine lo que en derecho corresponda, debiendo atentamente informar si acepta o no la competencia declinada. No obsta a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa, en su escrito de demanda, señale domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: despacho 1 de la casa marcada con el número 132, colonia Benito Juárez, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México; esto es, dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito; pues no obstante ello, esa sola circunstancia, no es ponderante para estimar que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio. Pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo cual no es permisible en esta instancia. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 12/95, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 97, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Septiembre de 1995, de texto siguiente: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar". Por tanto se itera que surte la competencia a favor del citado homólogo federal. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, archívese el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido; fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de amparo. Designación de domicilio. Por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Autorizados. Se tiene como autorizados sólo para oír y recibir notificaciones, en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere la parte quejosa, por así manifestarlo en forma expresa; sin embargo, se les podrá tener por autorizados en términos amplios de ese numeral, a los licenciados que acrediten tener registrada su cédula profesional de abogados en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Autorización de medios electrónicos. En atención a la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a las partes así como a sus autorizados para que se impongan del contenido de los acuerdos, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que las partes y sus autorizados serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos; apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes en días y horas inhábiles."

  3. Principal

    este órgano de control constitucional, declina la competencia para conocer del asunto a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, en turno, a quien se ordena remitir lo actuado en el presente expediente para que conforme a sus atribuciones legales determine lo que en derecho corresponda, debiendo atentamente informar si acepta o no la competencia declinada

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