Melyi Nayeli Caceres Suazo

Expediente 1228/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1228/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Melyi Nayeli Caceres Suazo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio firmado por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las providencias que ha dictado para dar cumplimiento a la suspensión definitiva de los actos reclamados en este incidente. En tal virtud, téngase por rendida la información de la autoridad administrativa oficiante y, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación del Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, sin que sea necesario dar vista con su contenido a las partes, por los motivos que a continuación se expondrán. SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable como apoyo a su informe justificado, las cuales gozan de valor probatorio pleno, por tratarse de documentales expedidas por servidor público autorizado en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 2 numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se desprende que en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés se admitió a trámite la solicitud de la condición de refugiado presentado por la aquí quejosa Melyi Nayeli Cáceres Suazo, por sí y en representación de la menor de iniciales B.Y.M.C., y, consecuentemente, les fue expedida la constancia relativa y se le asignó Clave Única de Registro de Población para Extranjeros. De ahí que resulta inconcuso que en el caso particular se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, en el presente juicio de amparo las citadas quejosas, propiamente, reclaman de la autoridad responsable, la omisión de admitir a trámite su solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, con la consecuente omisión de expedir a su favor la constancia relativa y de inscribirlos al Registro Nacional de Población, que se traducen en la falta de acceso de los quejosos a los servicios de salud; empero, de las constancias antes apuntadas se advierte que con posterioridad a la fecha de la presentación del libelo que originó este juicio, la autoridad administrativa admitió a trámite la solicitud de los quejosos y les asignó la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros, por lo que es válido colegir que a la fecha de la emisión del informe de la autoridad responsable han cesado los efectos del acto reclamado en esta vía. 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 3 Sobre todo, si se tiene en consideración que cualquier orden de detención, retención o deportación que se puedan ejecutar en contra de los quejosos, devienen inexistentes para los efectos del presente juicio de amparo, sino que con la admisión a trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugio a la parte quejosa, la asignación de la clave única de refugiados; la expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado y la constancia temporal de la Clave Única de Registro de Población para extranjeros, es indubitable que han cesado los efectos de los actos reclamados en la demanda inicial. Por tanto, ante la evidente actualización de la causa de improcedencia arriba invocada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad a la celebración de la audiencia constitucional relativa, pues, de hacerlo, se contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte relativa a la impartición pronta y expedita de justicia a los gobernados. Apoya este razonamiento, el criterio por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 59/99, publicada en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 4 revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Y la conclusión alcanzada por aquella misma instancia, en la jurisprudencia 10/2002, publicada en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 5 contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, que está señalada para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que encabeza este acuerdo se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Circular 28/2023, hizo del conocimiento que en sesión extraordinaria celebrada en la misma data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que debido a las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, con la finalidad de salvaguardar la seguridad y generar certidumbre a los usuarios del Sistema de Justicia Federal, declaró 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 3 inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre del año en curso, y que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. De igual forma, se señaló que de manera retroactiva, se declararon inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho del citado mes y año, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieran celebrado subsistirá su validez. En alcance a la referida circular, en oficio de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Titulares de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, comunicó que, con apoyo en el oficio de veinticuatro de octubre del año en curso, suscrito por el licenciado Jesús Gilberto González Pimentel, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así como derivado de las solicitudes formuladas por las y los trabajadores de los Juzgados de Distrito, por causas de fuerza mayor (paro de labores), se ampliaba dicha suspensión de labores en los referidos Juzgados, declarándose inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Que el nueve de octubre del año en curso, el Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, recibió el oficio mediante el cual se le solicitó su informe justificado; por ende, está transcurriendo el plazo de quince días que le concede el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que rinda esa información. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Por tanto, a fin de no dejar a la citada autoridad responsable en estado de indefensión, con apoyo en el 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 4 artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aplicado de manera analógica al caso particular, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio que está señala para hoy y se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo ese acto procesal. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Incidental

    En Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con ocho minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia incidental relativa al juicio de amparo 1228/2023, promovido por Melyi Nayeli Cáceres Suazo, por sí y en representación de la menor de iniciales B.Y.M.C., contra actos del Titular de la Oficina de Representación en Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y otra autoridad; inició este acto procesal Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Héctor Pérez Fonseca, Secretario de este tribunal, con quien actúa, sin la presencia de alguna de las partes ni representante legítimo de ellas. Iniciada la audiencia, el Secretario dio cuenta de las constancias que se estimaron relevantes, entre las que se cuentan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1. COPIA DE LA DEMANDA DE AMPARO. 1 a 14 2. AUTO RELATIVO A LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. 19 a 27 3. CONSTANCIA DE EMPLAZAMIENTO DE LAS AUTORIDADES. 30 Asimismo, se hace relación de los informes rendidos por las autoridades responsables, los cuales son los siguientes: NO. AUTORIDAD FOJAS SENTIDO 1. Encargado del Departamento Jurídico, en representación del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado. Ciudad. 31 Niega Y certifica: Que el Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 13:11:13 2 ciudad, no rindió su informe previo que se le solicitó mediante oficio 24906, aun cuando a foja 30 obra constancia de su recepción. Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, y por lo que toca al contenido de la certificación de cuenta, tómese en consideración al resolver este incidente. A continuación, se procede a la apertura del periodo pruebas, y el Secretario hace constar que obran en autos los siguientes medios de convicción: NO. PARTE MEDIO DE CONVICCIÓN FOJAS 1. Quejoso. DOCUMENTALES 15 a 17 Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Con apoyo en el numeral 144 de la Ley de Amparo, admítanse las referidas probanzas y desahóguense sin más trámite en atención a su propia y especial naturaleza. Cerrado el periodo probatorio y abierto el periodo de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Cerrada esta etapa, con apoyo en el ordinal antes invocado, se dicta la siguiente resolución. VISTOS para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1228/2023; y, RESULTANDO PRIMERO. Melyi Nayeli Cáceres Suazo, por sí y en representación de la menor de iniciales B.Y.M.C., solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclaman de las autoridades señaladas como responsables, consistentes en: La omisión de expedir la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 13:11:13 3 condición de refugiados, con la consecuente expedición de la Clave Única de Refugiados. Así, se solicita la suspensión de los actos reclamados a fin de que se ordene a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, la expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de condición de refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población, para que no se deje en estado de indefensión al impetrante y en estado de vulnerabilidad, a fin de tener acceso a la salud, educación, empleo, entre otros. Atento a lo anterior, esta juzgadora procede a analizar los elementos jurídicos de la medida cautelar solicitada. SEGUNDO. En proveído de seis de octubre del año en curso, se ordenó formar el presente cuaderno incidental, se solicitó su informe previo a la autoridad señalada como responsable en la demanda de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental relativa, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 107, fracciones X y XI de la Constitución General de la República, y el diverso numeral 144 de la Ley de Amparo, en virtud de que este órgano de control constitucional conoce del juicio de amparo del que emana el incidente en que se actúa, el cual se inició a petición de la parte agraviada con arreglo a las disposiciones relativas que prevé la ley de la materia citada. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 13:11:13 4 Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, registrada con el número 242 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 198, que determina: INCIDENTES EN EL AMPARO, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS. Es competente para conocer de los incidentes la autoridad que conoce del negocio principal, y si es competente un juez de Distrito para conocer del amparo, el mismo funcionario lo es para conocer de los incidentes que del propio juicio deriven. SEGUNDO. El encargado del Departamento Jurídico, en representación del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado, con residencia en esta ciudad, en su informe previo, negó la existencia de los actos que se le reclaman, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tales asertos con medio de convicción alguno en contrario. Por lo tanto, lo que procede es negar a la parte quejosa la suspensión definitiva respecto de tales actos reclamados, por no existir materia sobre la cual pueda recaer la medida cautelar que solicitó. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis aislada, cuyo rubro y texto establecen: INFORME PREVIO, DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.1 TERCERO. El Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta 1 visible en la página 133, tomo II, julio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 13:11:13 5 ciudad, no rindió su informe previo que se le solicitó mediante oficio 24906, aun cuando a foja 30 obra constancia de su recepción; por lo que de conformidad con el artículo 142, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que de éste se reclama, para el solo efecto de la suspensión. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 de su índice, que dio origen a la jurisprudencia 70/2019, de registro digital 2021263 de rubro: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA, al analizar e interpretar los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, denotó que la suspensión de los actos reclamados guarda un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea como medidas conservativas o de tutela anticipada. En ese sentido, la naturaleza de los actos mismos no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" que refiere el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, condicionando los efectos de la suspensión a que no coincida exactamente, agote o deje sin materia una Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 13:11:13 6 eventual sentencia estimatoria de amparo. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la falta de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento a la condición de refugiado [CUR] y la Clave Única de Registro de Población [CURP] para extranjeros, derivado de la omisión de admitir a trámite formalmente la solicitud de refugiado por parte de las autoridades responsables, por lo que este órgano jurisdiccional considera que con la concesión de esta medida suspensiva no quedaría sin materia una eventual sentencia protectora en el juicio principal, por ese acto reclamado. Lo anterior, toda vez que la naturaleza de vigencia de la Clave Única de Registro de Población [CURP], es de carácter temporal, lo cual tiene justificación en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, del que se desprende que los extranjeros tienen la posibilidad de ostentar ese documento, con la finalidad de acceder a diversos servicios públicos, entre ellos salud y educación, para evitar que su personalidad jurídica sea vulnerada. Corolario de lo anterior, debe destacarse que la temporalidad de los documentos de que se trata, depende de las condiciones previstas en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, es decir, uno de los documentos de identificación cuya expedición se solicitó, tiene una vigencia que no puede exceder de ciento ochenta días naturales, pudiendo darse de baja la clave, en las hipótesis que en dicho instrumento se describen. Al efecto, se destaca la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024808, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 13:11:13 7 Administrativa, Tesis: 1a./J. 76/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4170, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 13:11:13 8 Aunado a lo anterior, respecto a la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de Refugiado [CUR], si bien es cierto, que en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, se prevé que la autoridad debe emitir dicha constancia de trámite respecto a solicitudes que han sido admitidas; también lo es que ello no conduce a considerar que la vigencia de la constancia en mención sea definitiva, sino provisional, pues en el mismo precepto legal se precisa que la referida constancia establecerá la entidad federativa en la que el solicitante debe permanecer, en tanto se resuelva su solicitud, misma que tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días hábiles, que se contará a partir de la presentación de la solicitud, los cuales podrán ser prorrogados de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la propia ley. Máxime que en el mismo precepto legal se establece también, que en los casos que la Coordinación autorice al solicitante continuar su trámite en otra entidad federativa, se deberá expedir una nueva constancia, previo canje de la anterior, sin que ello implique la autorización de permanencia en territorio nacional bajo ninguna de las condiciones que señala la Ley de Migración. En ese contexto legal, se concluye que de concederse la suspensión provisional, no tendría como consecuencia dejar sin materia el juicio de amparo, pues no tendría por efecto ordenar de manera definitiva la expedición de los documentos de que se trata, pues las normatividades que los rige establecen un lapso de vigencia temporal, es decir, no se trata de un estatus definitivo. INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 13:11:13 9 SOCIAL De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que el promovente que solicite la medida cautelar demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por la especial situación en que se encuentra el gobernado. En esas condiciones, el otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda. En el presente asunto, el quejoso demuestra contar con interés suspensional suficiente para solicitarla, toda vez que exhibe copia simple del acuse de recibo de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Al efecto, es aplicable la tesis I.4o.A.15 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento sesenta y seis, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 13:11:13 10 III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego. Por otro lado, debe decirse que en esta estadía procesal no se advierte que con la concesión de la medida cautelar se contravenga el interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese sentido, éste órgano jurisdiccional considera que en atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos; por lo que, en esa relación subyace el deber del Estado, de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos; lo que en el caso puede lograrse justamente a través de la suspensión del juicio de amparo, porque sin otorgar de forma definitiva la validez de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 13:11:13 11 condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población (CURP) para extranjeros, puede concederse la medida cautelar para que esos documentos sean expedidos de forma provisional, logrando con ello alcanzar el objetivo de la suspensión del juicio de amparo y consecuentemente, la implementación de una medida cautelar que garantice el acceso a los migrantes de los derechos del juicio de amparo, al no constituir una medida definitiva. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024786, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 81/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4165, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REQUIERE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EJERCERLOS EFECTIVAMENTE. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP), pues ello les impedía acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. En el proceso, los quejosos alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales a personas migrantes se torna ilusorio si éstos no pueden acceder a los medios, instrumentos o herramientas necesarios para ejercerlos efectivamente. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de eliminar todos los obstáculos existentes que, de iure o de facto, enfrentan las personas migrantes en el acceso efectivo a sus derechos fundamentales. Justificación: La garantía de un derecho implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para "remover" los obstáculos que puedan existir, para que los individuos disfruten y efectivamente ejerzan los derechos fundamentales reconocidos. En atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 13:11:13 12 propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos. En esta relación subyace el deber de los Estados de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos. Por lo tanto, alcanzar la efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, sino que los Estados deben realizar actividades concretas para que las personas bajo su jurisdicción puedan disfrutar y ejercer sus derechos. Cabe agregar, que en el caso, se trata de una tutela provisional de derechos que son inherentes a las personas y la condición expresada sobre su vulnerabilidad por ser migrantes, mismos que se encuentran en condiciones de marginación públicamente sabida por el ámbito internacional, además de haber solicitado se les reconozca la condición de refugiados, siendo ese el motivo esencial que se debe valorar para decretar la medida cautelar. CUARTO. Con fundamento en el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que la autoridad administrativa responsable expida al quejoso, de forma provisional, la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR], así como la Clave Única de Registro de Población [CURP], hasta en tanto se le comunique que ha quedado firme la resolución que se dicte en cuanto al fondo del asunto. En el entendido de que la presente determinación no vincula a la autoridad responsable para admitir de facto la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados respectiva, quedando por tanto en libertad de jurisdicción para resolver, si así lo decidiere, sobre la admisión o no de la solicitud mencionada. Además, se comunica a la autoridad responsable, que la emisión de la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR], así Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 13:11:13 13 como de la Clave Única de Registro de Población (CURP), se encontrará sujeta a que la parte quejosa cumpla con los requisitos legales para su expedición. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. Se niega a Melyi Nayeli Cáceres Suazo, por sí y en representación de la menor de iniciales B.Y.M.C., la suspensión definitiva contra actos del encargado del Departamento Jurídico, en representación del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado, con residencia en esta ciudad, en términos del considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a Melyi Nayeli Cáceres Suazo, por sí y en representación de la menor de iniciales B.Y.M.C., la suspensión definitiva contra actos del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, en términos del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, y lístese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy Fe. RPCR/HPF/FJSE Juicio de amparo 1228/2023 Prom. En dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, la Secretaría da cuenta a la Jueza de Distrito con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el escrito signado por el quejoso, y en atención a su contenido, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copias simples de las constancias que indica, previa toma de razón que por su comparecencia y recibo se deje en autos para constancia legal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. *** Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 13

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