Melva Espinoza Flores
Expediente 927/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 927/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/01/2023
Partes del expediente
- Melva Espinoza Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d) del mismo ordenamiento legal, en contra del proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que, al haberse sobreseído fuera de audiencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, es susceptible de depuración, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Finalmente, en conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; se les comunica a las partes que a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/JDMA/Ara
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Incidental
R E S U E L V E: Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese.Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la copia simple de la demanda de cuenta, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 140, 142, 143, 144, 146 y 157 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 927/2022-IV, que promueve por su propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución, con sede en esta ciudad. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125,128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, indicando categóricamente si son ciertos o no los actos reclamados; bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así, se tendrá por cierto el acto que se le atribuye y se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del uno de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que los informes que se le solicitan y, en general, los oficios que remita a este Juzgado Federal, podrán ser enviados -desde una cuenta de correo electrónico oficial- a la cuenta de correo electrónico de este Juzgado Federal , o bien, a través del uso de la firma electrónica. Ahora bien, tomando en cuenta que del escrito inicial de demanda, se desprende que los actos materia de este incidente de suspensión consisten en lo siguiente: 1.- La omisión de acordar en breve término la petición relacionada con las CONDICIONES DE INTERNAMIENTO MÈDICAS de la suscrita, formulada mediante escrito de fecha 07 de octubre de este año, en el cuaderno de ejecución número ********************. 2.- La falta de administración de justicia dentro de los términos que señala la ley. En principio, es oportuno destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015, sostuvo que la suspensión del acto reclamado, es considerada como una medida cautelar, que tiene por objeto primordial mantener viva la materia del amparo impidiendo que, mientras éste se resuelve en definitiva, el acto reclamado pueda consumarse irreparablemente, caso en el cual ya no habría posibilidades de protección, así como también evitar al agraviado los perjuicios que el acto reclamado pudiera ocasionarle con motivo de la duración del juicio, mediante la anticipación de la tutela. Asimismo, la mencionada Primera Sala refirió que la suspensión opera sobre las consecuencias o efectos del acto, para que, por virtud de ella, el quejoso siga gozando del derecho fundamental que pretendía arrebatarle el acto violatorio, mientras se resuelve el juicio de amparo; no solamente mediante la paralización de un estado de cosas para impedir que el acto afectatorio se materialice (medidas conservativas), sino también mediante el restablecimiento al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado; siempre y cuando se demuestre la apariencia del buen derecho, no se siga perjuicio al interés social y sea jurídica y materialmente posible restablecer al quejoso en el goce de ese derecho; pues la suspensión produce los efectos prácticos de la sentencia de amparo, pero provisoriamente. En ese contexto, en el caso se reúnen los requisitos previstos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, ya que la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Además, se demuestra la apariencia del buen derecho, en términos de la fracción l artículo 107 constitucional, pues del análisis integral del escriicial de demanda se obtiene que no se trata de una pretensión infundada o temeraria, sino que existe una credibilidad objetiva sobre la afectación que sufriría el quejoso en caso de perpetuarse la omisión respecto de la cual solicita la medida cautelar, toda vez que la promovente se encuentra privada de su libertad y del contenido de su demanda bajo protesta de decir verdad señaló que la autoridad administrativa le ha proporcionado atención médica urgente para sus padecimientos; de ahí que se tenga por acreditado indiciariamente el derecho invocado. Por tanto, con fundamento en los artículos 147 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable provea lo conducente a fin de que se resuelva la solicitud formulada por la parte quejosa; ello, en atención que la naturaleza del acto lo permite, ya que es jurídica y materialmente posible; además, la medida cautelar no dejaría sin materia el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión. La medida cautelar surte efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, sin necesidad de fijar garantía alguna, al no advertirse que con su concesión puedan causarse daños y perjuicios a terceros. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial pendiente de public, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, de rubro siguiente: USPENSIÓN. NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve ei fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: a apariencia delbuen derecho; las posibles afectaciones al interés social; y la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, la representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a rinomento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 4/2019 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2019200, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, febrero de 2019, Tomo I, que dice lo siguiente: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." En el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno, en caso de que no exista la solicitud planteada por la aquí quejosa. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************toda vez que cuentan con cédula profesional registradas ante los órganos del Poder Judicial de la Federación que los acredita como licenciados en derecho; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Se tiene a la promovente señalando la cuenta de correo electrónico y el número de teléfono cuales deberán ser tomados en consideración para, en su caso, establecer contacto con la promovente durante la emergencia sanitaria que enfrenta el país y facilitar el proceso de notificación. Por otra parte, se faculta a los Actuarios de la adscripción para que las notificaciones que se ordenen en este asunto, se practiquen, incluso, a través de medios tecnológicos; en el entendido de que, en todos los casos, deberán recabar las constancias que permitan verificar plenamente la entrega al destinatario de la comunicación de que se trate. Por último, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Notifíquese.
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