Melquiades Velázquez Vázquez

Expediente 1394/2013 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1394/2013
Año
2013
Actuaciones
16
Última actuación
05/01/2016

Partes del expediente

  • Melquiades Velázquez Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de siete de diciembre de dos mil quince, que declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Por otra parte, tomando en consideración que el Director General del Organismo Público Descentralizado denominado "Operador de carreteras de Cuota, remitió las constancias para apoyar su informe justificado (foja 21 a 25) y la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, remitió copia certificada de los autos del expediente laboral 01/3457/2012-JE1 (foja 291); en consecuencia, por así permitirlo el estado procesal que guardan los autos remítase las citadas copias a las autoridades de referencia. Finalmente, si las autoridades se encuentran gozando de su periodo vacacional, instrúyase a los Actuarios de la adscripción para que, una vez que reanuden labores las autoridades, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de diciembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de veinticuatro de noviembre del dos mil quince (fojas 640 a 642) se dio vista a las partes en atención a lo ordenado por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, la parte quejosa si desahogó dicha vista. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el veintiocho de febrero de dos mil catorce (fojas 79 a 89), se determinó en el segundo punto resolutivo conceder el amparo y protección a Melquiades Velázquez Vázquez, contra el acto reclamado al Organismo Público Descentralizado Operador de Carreteras de Cuota, precisando los efectos siguientes: ".Por tanto, al acreditarse la violación del artículo 14 del Pacto Federal en perjuicio de la quejosa, de conformidad con el artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable, Organismo Público Descentralizado Operador de Carreteras de Cuota, una vez que esta sentencia causa ejecutoria, den cumplimiento al decreto trescientos cincuenta y seis emitido por el Congreso del Estado de Morelos publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" 5080 de veintisiete de marzo de dos mil trece, para lo cual se deberán cubrir de manera mensual en razón de cincuenta puntos porcentuales (50%) del último salario que percibió el quejoso como pensión, lo cual deberán hacer del conocimiento del quejoso." Por auto de veinticinco de marzo de dos mil catorce, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable Organismo Público Descentralizado Operador de Carreteras de Cuota, el cumplimiento de la sentencia constitucional (fojas 120 y 121). En acatamiento a lo anterior, el Director General del Organismo Públicos Estatal Descentralizado denominado "Operador de Carreteras de Cuota" y representante legal del organismo, por oficio recibido el dos de abril de dos mil catorce, informó que dio cumplimiento en esa misma fecha, toda vez que entregó al quejoso el cheque 0157 de la cuenta 18606 2741 de la Institución bancaria BBVA BANCOMER, por la cantidad de $34,069.44 (treinta y cuatro mil sesenta y nueve pesos 44/100 moneda nacional), por concepto de pago de diferencia en incremento de pensión, aguinaldo y despensa no pagados, correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014, asimismo, precisó que con relación a los conceptos "OTRAS PRESTACIONES", no se encontraba contemplado en el tabulador de salarios del Gobierno del Estado, siendo este concepto un bono de productividad del trabajador activo, teniendo su origen en una prestación accesoria, sin que en ningún momento se haya pactado de forma bilateral, por lo que no tiene carácter de obligatoria, por lo que no se podía otorgar tal prestación accesoria al quejoso como pensionado, asimismo, por lo que se refiere a la "PRIMA VACACIONAL 2013" consideró que el quejoso al tener carácter de pensionado, no se encuentra en el supuesto que establece el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo (fojas 126 a 129). De igual manera, el dos de mayo de dos mil catorce, se recibió el oficio de la autoridad responsable Director General del Organismo Públicos Estatal Descentralizado denominado "Operador de Carreteras de Cuota" y representante legal del organismo, informando que dio cumplimiento al decretó trescientos cincuenta y seis emitido por el Congreso del Estado de Morelos publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" de veintisiete de marzo de dos mil trece, al entregarle el veinticuatro de abril del dos mil catorce, de manera personal al quejoso el cheque 0161 por la cantidad de $8,067.37 (ocho mil sesenta y siete pesos 37/100 moneda nacional) por concepto de pensión del mes de abril de dos mil catorce, así como el cheque 0154 de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, por la cantidad de $127,059.85 (ciento veintisiete mil cincuenta y nueve pesos 85/100 moneda nacional), por concepto de pensión por cesantía en edad avanzada correspondiente al periodo de uno de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y del uno de enero al treinta y uno de marzo de dos mil catorce, anexando copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior (fojas 159 a 197). Por auto de veintitrés de mayo de dos mil catorce, se ordenó el incidente de cuantificación en ejecución de sentencia (fojas 210 a 217). El veintiocho de mayo de dos mil quince (fojas 529 a 536), se resolvió el incidente de cuantificación en ejecución de sentencia, en el que determinó lo siguiente: "PRIMERO. La autoridad responsable Organismo Público Descentralizado Operador de Carreteras de Cuota, debe pagar al quejoso Melquiades Velázquez Vázquez, la cantidad de $1,865.61 (Mil ochocientos sesenta y cinco pesos 61/100 M.N.), precisada en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se puntualiza al Organismo Público Descentralizado Operador de Carreteras de Cuota, que la pensión debe incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, pues así lo establece el Decreto de pensión, incremento que debe aplicar oficiosamente, sin que deba mediar petición del quejoso." En atención a lo anterior, el Director General del Organismo Públicos Estatal Descentralizado denominado "Operador de Carreteras de Cuota" y representante legal del organismo, por oficio recibido el ocho de junio de dos mil quince, exhibió copia certificada del recibo de pago y póliza de cheque 0213 de fecha tres de junio de dos mil quince, expedido a favor del quejoso por la cantidad de $1,865.61 (Mil ochocientos sesenta y cinco pesos 61/100 M.N.), por concepto de pago de diferencias en el salario mínimo general correspondiente a los conceptos de sueldo, despensa y aguinaldo dos mil trece y como sueldo del dos mil catorce (fojas 543 a 545). El quejoso Melquiades Velázquez Vázquez, por escritos recibidos el nueve y once de junio, ambos del año en curso, interpuso recurso de queja en contra de la resolución de veintiocho de mayo de dos mil quince, relativa al incidente de cuantificación en ejecución de sentencias (fojas 553 a 570 y 576 al 584). El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, mediante oficio recibido el treinta de junio del año en curso, admitió el recurso de queja, quedando registrado con el número de expediente 117/2015 (foja 594). Por oficio recibido el veintitrés de noviembre de dos mil quince, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, remitió testimonio de la ejecutoria de cuatro de noviembre del año actual, pronunciada en el recurso de queja 117/2015 (fojas 600 a 639), en el que concluyó con el punto resolutivo siguiente: "ÚNICO: Es fundado el recurso de queja." El Tribunal de Alzada, entre otras cosas precisó lo siguiente: ".Se afirma lo anterior, a virtud de que, tal y como se ha visto en la relatoría de antecedentes del juicio de amparo, el tema relativo a si los conceptos "otras prestaciones" y prima vacacional formaban o no parte del salario que deberá servir de base para cuantificar la pensión que corresponde al quejoso, no formó parte de la litis constitucional ni de la concesión de amparo y, como consecuencia, que tampoco debieran abordarse en el incidente de liquidación. Los lineamientos a que se constriñó cumplir a la responsable en el fallo protector se limitaban a dar cumplimiento al decreto mediante el cual se otorgó una pensión al impetrante. Sin que al respecto obste que el A quo señalara para lo cual deberán cubrir de manera mensual en razón de cincuenta puntos porcentuales (50%) del último salario que percibió el quejoso como pensión; pues dicho señalamiento únicamente constituye una reproducción de lo que dispone el artículo 2º del Decreto trescientos cincuenta y seis emitido por el Congreso del Estado de Morelos publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" 5080 de veintisiete de marzo de dos mil trece, mediante el cual se le concedió una pensión por cesantía en edad avanzada a Melquiades Velázquez Vázquez. Lo anterior se destaca, pues de lo señalado por el juez de Distrito, en contraposición con lo expuesto por el quejoso, se advierte que la verdadera intención de éste era que se realizara una interpretación de los alcances del citado Decreto en relación a los conceptos que su pensión por jubilación debe incluir; cuestión esta última que escapa a la materia del juicio de amparo, pues, como ya se ha visto, esa no fue la litis propuesta por el impetrante y, como consecuencia, que tampoco formara parte de la cuestión efectivamente dilucidada en el fallo protector. Así, en estricto acatamiento y respeto al derecho fundamental de acceso a la justica consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, la vía idónea para dilucidar el tópico que ahora pretende incorporar el quejoso deberá ser en la jurisdicción ordinaria y ante la autoridad laboral competente, desde luego, siguiendo las formalidades del procedimiento respectivo, para así no conculcar en su perjuicio el destacado derecho humano. Entonces, se tiene que lejos de reflejar un beneficio para el quejoso la apertura del incidente de liquidación, el mismo le podría ocasionar un perjuicio; pues la cuestión que ahora pretende sea resuelta debe, en su caso, dilucidarse primeramente ante las autoridades laborales competentes, donde el ahora impetrante podrá ventilar, en la vía jurisdiccional idónea, los tópicos que ahora propone conforme a las normas procesales aplicables y con una mayor gama probatoria para demostrar su pretensión. Ello es así, siendo que se correría el riesgo que el órgano de control constitucional, en la vía incidental, al sustituirse a la autoridad laboral que resulte competente, realice un pronunciamiento que no pudiera serle benéfico al impetrante en relación al monto y conceptos que deben integrar su pensión, cuando dicho tópico, se insiste, debe ventilarse en la vía jurisdiccional idónea y no mediante un incidente de liquidación de sentencia en la instancia constitucional. Máxime que al haberse ya fijado con precisión el alcance y materia de la concesión de amparo, a decir, el pago de la pensión que reclama el quejoso; no resulta dable realizar un pronunciamiento de fondo respecto de los conceptos que deben integrar la misma, pues, se reitera, hacerlo implicaría el grave riesgo de emitir un pronunciamiento que realmente le perjudique a éste, como sería que no le fueran incluidos diversos conceptos además de los que se duele. Además, de que precisamente por ese sentido concesorio, el cumplimiento al decreto por el que se concede la pensión será un nuevo acto y, como consecuencia, que lo relativo a su integración y monto no deba dilucidarse en el mismo juicio de amparo que le dio origen por no ser la vía idónea para ello, sino, como ya se dijo, ante la autoridad laboral competente, ante quien, de ser el caso, podría obtener un mayor beneficio. Estimar lo contrario, sería tanto como aceptar que en el caso particular que se analiza, en el incidente de liquidación no solo se trastoque la figura de la cosa juzgada en relación a los efectos para los que se concedió la Tutela Federal; sino, además, que el beneficio que ya obtuvo el impetrante con el fallo protector, adopte un alcance que pudiera resultarle perjudicial. Además, es de destacarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; pues es claro que incumbe en principio, a aquella autoridad el análisis de las constancias de autos, a efecto de cerciorarse si los conceptos "otras prestaciones" y prima vacacional deben o no integrarse al salario que deberá servir de base para la cuantificación de su pensión; máxime que si dicho tópico no fue dilucidado en el fondo del asunto, con mucha mas razón tampoco podría abordarse en el incidente de liquidación de que se trata. En conclusión, al constituir una cuestión ajena a la materia del incidente de cuantificación el razonamiento realizado por del juez de Distrito en el sentido de que resultaba improcedente integrar al salario que debía servir como base para cuantificar la pensión del quejoso los conceptos de "otras prestaciones" y prima vacacional, que el mismo resulte ilegal y, como consecuencia, deba quedar insubsistente por improcedente. Por otra parte, se estima que misma suerte debe seguir lo relativo al diverso pronunciamiento realizado por el juez de Distrito en lo tocante al monto a que debía ascender la pensión de la parte quejosa, de acuerdo a los incrementos de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente. Se hace tal afirmación, pues, aun y cuando pudiera guardar relación con el monto que debe reintegrársele al impetrante con motivo del fallo protector, lo verdaderamente relevante es que ante su estrecha vinculación casi indisociable con la materia de la debida o indebida cuantificación de la pensión de que se trata, el mismo deba dilucidarse en sede ordinaria, y no en el modo en que lo hizo el juez Federal, al escapar de la materia de la incidencia. Luego, ante lo fundado de los agravios hechos valer por el quejoso, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja y declarar improcedente el incidente de liquidación de sentencia de amparo así como la interlocutoria que lo resolvió. Sin que sea el caso de realizar mayor pronunciamiento respecto de los restantes motivos de disenso que esgrime el inconforme; pues basta imponerse de su lectura para advertir que los mismos están encaminados a demostrar que, a decir de éste, los conceptos "otras prestaciones" y prima vacacional sí deben integrarse al salario que deberá servir de base para la cuantificación de su pensión, tópico que, como ya se ha hecho patente, no pueden ser abordados en el incidente de cuantificación de sentencia. Cabe puntualiza que el sentido adoptado en la presente resolución de manera alguna vulnera el principio de non reformatio in peius; pues, por una parte, el asunto de que se trata guarda íntima vinculación con el cumplimiento de la sentencia de amparo, el cual constituye una cuestión de interés público y que debe ser velada por este Órgano Colegiado y, por otro lado, como ya se ha visto, de convalidar lo justipreciado por el A quo en la interlocutoria que se revisa, se correría el grave riesgo de que los efectos del fallo protector -los cuales ya le fueron benéficos al impetrante-, fueran trastocados en su perjuicio con un pronunciamiento realizado en una vía que no es la idónea. De ahí que se considere que lejos de pararle perjuicio, la conclusión alcanzada en esta ejecutoria le resulte aún más benéfica, pues así se salvaguardan derechos que deben ser dilucidados ante la autoridad laboral competente. Como consecuencia de la determinación alcanzada y, como ya se dijo, lo procedente es dejar insubsistente la sentencia interlocutoria recurrida, por resulta improcedente el incidente de liquidación que le dio origen. En efecto, el artículo 193, en su párrafo cuarto, establece: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. . En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. ." De la porción normativa transcrita se obtiene que el presupuesto para ordenar la apertura de un incidente innominado es precisamente que los lineamientos de la ejecutoria concesoria de amparo sean genéricos o ambiguos, de tal forma que resulte necesario precisarlos o definirlos, a fin de concretar la forma o términos en que la misma deberá ser cumplida. Ahora, se tiene que los efectos de la concesión de amparo decretados mediante sentencia de veintiocho de febrero de dos mil catorce, fueron los siguientes: "Por tanto, al acreditarse la violación al artículo 14 del Pacto Federal en perjuicio de la quejosa, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable, Organismo Público Descentralizado Operador de Carreteras de Cuota, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, de cumplimiento al decreto trescientos cincuenta y seis emitido por el Congreso del Estado de Morelos publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" 5080 de veintisiete de marzo de dos mil trece, para lo cual se deberán cubrir de manera mensual en razón de cincuenta puntos porcentuales (50%) del último salario que percibió el quejoso como pensión, lo cual deberá hacer del conocimiento del quejoso." Con motivo de la ejecutoria de amparo, se compelió a la autoridad responsable, esencialmente, a culminar con la contumacia que guardaba en relación a la solicitud del quejoso en cuanto hacía a dar cumplimiento al Decreto trescientos cincuenta y seis emitido por el Congreso del Estado de Morelos publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" 5080 de veintisiete de marzo de dos mil trece, mediante el cual se le concedió una pensión por cesantía en edad avanzada a Melquiades Velázquez Vázquez, para lo cual debía cubrir a éste dicho beneficio, de manera mensual, en razón de cincuenta puntos porcentuales (50%) del último salario que percibió y, además, hacérselo de su conocimiento. Como se ve, dados los efectos del fallo protector que fijó el juez de Distrito, resultaba injustificado que al efecto ordenara la apertura del incidente a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo; pues basta imponerse de su lectura para advertir que en los mismo no existía imprecisión alguna que ameritara dicha circunstancia, siendo que fue claro al establecer cuál era el actuar que debía realizar la autoridad responsable para restituir al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Sin que obste a lo anterior que con motivo de la sentencia protectora se debiera restituir al impetrante una cantidad de dinero y que éste no estuviera de acuerdo con el monto que la responsable le devolvió; pues la discrepancia que hace valer el quejoso está enderezada a introducir en el procedimiento de ejecución de la ejecutoria de amparo un tópico que, como ya se ha hecho patente, escapa a la jurisdicción del órgano constitucional, como lo es el obtener un mayor monto en su pensión con motivo de integrar en el salario que deberá servir de base para cuantificar la misma los conceptos de "otras prestaciones" y prima vacacional. De ahí que se estime improcedente el incidente de liquidación de donde deriva la interlocutoria que se revisa, al resultar injustificada su apertura. En atención a lo ordenado por el Tribunal de Alzada se dictó acuerdo el veinticuatro de noviembre del año en curso, ordenando dar vista a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo (fojas 640 a 642). En acatamiento a lo anterior, la parte quejosa por escrito recibido el dos de diciembre de dos mil quince, realizó diversas manifestaciones con relación a la vista ordenada por auto de veinticuatro de noviembre del año en curso; entre las cuales pretendió nuevamente inconformarse y promover cumplimiento defectuoso, el cual le fue desechado en términos del artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Documentales a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ahora bien, del análisis de la citada documental, se advierte que el fallo protector se encuentra cumplido, por las siguientes razones jurídicas: El Director General del Organismo Públicos Estatal Descentralizado denominado "Operador de Carreteras de Cuota", dio cumplimiento al decretó trescientos cincuenta y seis emitido por el Congreso del Estado de Morelos publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad", 5080 de veintisiete de marzo de dos mil trece, cubriendo de manera mensual en razón de cincuenta puntos porcentuales (50%) del último salario que percibió el quejoso como pensión, al entregarle al quejoso el cheque 0157 de fecha uno de abril de dos ml catorce, por la cantidad de $34,069.44 (treinta y cuatro mil sesenta y nueve pesos 44/100 moneda nacional), por concepto de pago de diferencia en incremento de pensión, aguinaldo y despensa no pagados, correspondiente a los años 2012 (dos mil doce), 2013 (dos mil trece) y 2014 (dos mil catorce) [foja 128], asimismo, entregó al impetrante de garantías el veinticuatro de abril del dos mil catorce, el cheque 0161 de fecha veintiuno de abril del año pasado, por la cantidad de $8,067.37 (ocho mil sesenta y siete pesos 37/100 moneda nacional) por concepto de pensión del mes de abril de dos mil catorce [foja 173], así como el cheque 0154 de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, por la cantidad de $127,059.85 (ciento veintisiete mil cincuenta y nueve pesos 85/100 moneda nacional), por concepto de pensión por cesantía en edad avanzada correspondiente al periodo de uno de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y del uno de enero al treinta y uno de marzo de dos mil catorce [foja 169] y cheque 0213 de tres de junio por la cantidad de $1,865.61 (mil ochocientos sesenta y cinco pesos 61/100 M.N.) [foja 545]. Consecuentemente, resulta valido afirmar que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, por cuanto a las manifestaciones que realizó la parte quejosa, en el sentido de que la autoridad ha cumplido parcialmente la sentencia de amparo; dígase al promovente que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden, toda vez que la autoridad responsable dio cumplimiento al Decreto trescientos cincuenta y seis emitido por el Congreso del Estado de Morelos publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" 5080 de veintisiete de marzo de dos mil trece, mediante el cual se le concedió una pensión por cesantía en edad avanzada, para lo cual debía cubrir a éste dicho beneficio, de manera mensual, en razón de cincuenta puntos porcentuales (50%) del último salario que percibió, que es el efecto precisado en la sentencia de amparo, quedando imposibilitado este órgano jurisdiccional, para analizar las prestaciones que reclama. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de diciembre de dos mil quince. Visto el escrito del quejoso Melquiades Velázquez Vázquez, mediante el cual, en atención a la vista ordenada el veinticuatro de noviembre del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como de los artículos 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se inconforma y denuncia el cumplimiento defectuoso de la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, por las razones que expone; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Al respecto, en términos de lo establecido por el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su precepto 2º, se desecha de plano el incidente planteado por la parte quejosa, atendiendo lo siguiente: Cabe precisar que el quejoso pretende hacer la misma petición que realizó por escrito de nueve de abril de dos mil catorce (fojas 132 a 135); sin embargo, en la ejecutoria de cuatro de noviembre del año en curso, emitida en el recurso de queja 117/2015 por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, precisó entre otras cosas, que la vía idónea para dilucidar los conceptos de "otras prestaciones" y prima vacacional, no eran parte de la litis constitucional ni de la concesión del amparo; por consiguiente, adujo que la cuestión que pretendía debe dilucidarse primeramente ante las autoridades laborales competentes, donde el ahora impetrante podrá ventilar, en la vía jurisdiccional idónea, los tópicos que propone conforme a las normas procesales aplicables y con una mayor gama probatoria para demostrar su pretensión, y no mediante un incidente en la instancia constitucional, toda vez que la materia de la concesión del amparo, no resultaba dable realizar un pronunciamiento de fondo respecto de los conceptos mencionados, pues, reitero que de hacerlo implicaría el grave riesgo de emitir un pronunciamiento que realmente le perjudique al quejoso, como sería que no le fueran incluidos diversos conceptos además de los que se duele. Asimismo, mencionó que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; máxime que los conceptos "otras prestaciones" y prima vacacional, no pueden ser abordados en el incidente de cuantificación de sentencia. Finalmente, determinó que los efectos de la concesión del amparo decretado el veintiocho de febrero de dos mil catorce, fueron para el efecto de que se diera cumplimiento al decreto trescientos cincuenta y seis emitido por el Congreso del Estado de Morelos publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" 5080 de veintisiete de marzo de dos mil trece, para lo cual se deberán cubrir de manera mensual en razón de cincuenta puntos porcentuales (50%) del último salario que percibió el quejoso como pensión. Por lo anterior, toda vez que ya fue analizado por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, la pretensión que nuevamente el quejoso presentó mediante escrito de dos de diciembre del año en curso, dígase que se esté a lo resuelto por ese Tribunal Colegiado. Apoya a la anterior determinación por similitud la tesis aislada 2a. CXXXIII/2008, emitida por la Segunda Sala, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, materia Común, Página 270 con número de registro 168906, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN COMPETENCIA DELEGADA ES, POR REGLA GENERAL, DEFINITIVA E INATACABLE, A MENOS DE QUE ÉSTOS ESTIMEN QUE LA AUTORIDAD INCUMPLIÓ DE MODO INEXCUSABLE LA SENTENCIA DE AMPARO. A través del Acuerdo General 5/2001, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció la atribución conferida por el séptimo párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito los amparos en revisión en los cuales hubiere establecido jurisprudencia, así como aquellos asuntos que a su criterio no revistieran interés o trascendencia, o estimara innecesaria su intervención, entre ellos, las inconformidades promovidas en términos de los artículos 105 y 108 de la Ley de Amparo, derivadas de sentencias en que se conceda la protección federal, dictadas por Jueces de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito; señalando con claridad que en estos casos, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito estimen que debe aplicarse la sanción prevista en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, previo dictamen suscrito por los tres Magistrados, deberá remitirse el asunto para esos efectos a la Suprema Corte. Por lo anterior, al encontrarse las inconformidades entre los asuntos que, aunque son de la competencia originaria del Alto Tribunal, su conocimiento se ha delegado a los Tribunales Colegiados de Circuito para mayor prontitud en su resolución y por su cercanía con los ciudadanos, es inconcuso que la determinación de dichos órganos, por regla general, debe considerarse como una resolución definitiva e inatacable, a menos que en ella el Tribunal Colegiado estime que la autoridad incumplió de manera inexcusable la sentencia de amparo, en cuyo caso la Corte podrá reasumir su competencia originaria y revisar esa determinación, a efecto de establecer la procedencia de la referida sanción, cuya imposición es facultad exclusiva del Tribunal en Pleno. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de noviembre de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 13730 suscrito por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el cuatro de noviembre del año en curso, en el recurso de queja 117/2015, a través de la cual, el Tribunal de Alzada resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO: Es fundado el recurso de queja." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo del testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 117/2015. Ahora bien, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, determinó lo siguiente: "En conclusión, al constituir una cuestión ajena a la materia del incidente de cuantificación el razonamiento realizado por el juez de Distrito en el sentido de que resultaba improcedente integrar al salario que debía servir como base para cuantificar la pensión del quejoso los conceptos de "otras prestaciones" y prima vacacional, que el mismo resulte ilegal y, como consecuencia, deba quedar insubsistente por improcedente. Por otra parte, se estima que misma suerte debe seguir lo relativo al diverso pronunciamiento realizado por el juez de Distrito en lo tocante al monto a que debía ascender la pensión de la parte quejosa, de acuerdo a los incrementos de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente. Se hace tal afirmación, pues, aun y cuando pudiera guardar relación con el monto que debe reintegrársele al impetrante con motivo del fallo protector, lo verdaderamente relevante es que ante su estrecha vinculación casi indisociable con la materia de la debida o indebida cuantificación de la pensión de que se trata, el mismo deba dilucidarse en sede ordinaria, y no en el modo en que lo hizo el juez Federal, al escapar de la materia de la incidencia. Luego, ante lo fundado de los agravios hechos valer por el quejoso, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja y declarar improcedente el incidente de liquidación de sentencia de amparo así como la interlocutoria que lo resolvió. Sin que sea el caso de realizar mayor pronunciamiento respecto de los restantes motivos de disenso que esgrime el inconforme; pues basta imponerse de su lectura para advertir que los mismos están encaminados a demostrar que, a decir de éste, los conceptos "otras prestaciones" y prima vacacional sí deben integrarse al salario que deberá servir de base para la cuantificación de su pensión, tópico que, como ya se ha hecho patente, no pueden ser abordados en el incidente de cuantificación de sentencia. Cabe puntualiza que el sentido adoptado en la presente resolución de manera alguna vulnera el principio de non reformatio in peius; pues, por una parte, el asunto de que se trata guarda íntima vinculación con el cumplimiento de la sentencia de amparo, el cual constituye una cuestión de interés público y que debe ser velada por este Órgano Colegiado y, por otro lado, como ya se ha visto, de convalidar lo justipreciado por el A quo en la interlocutoria que se revisa, se correría el grave riesgo de que los efectos del fallo protector -los cuales ya le fueron benéficos al impetrante-, fueran trastocados en su perjuicio con un pronunciamiento realizado en una vía que no es la idónea. De ahí que se considere que lejos de pararle perjuicio, la conclusión alcanzada en esta ejecutoria le resulte aún más benéfica, pues así se salvaguardan derechos que deben ser dilucidados ante la autoridad laboral competente. Como consecuencia de la determinación alcanzada y, como ya se dijo, lo procedente es dejar insubsistente la sentencia interlocutoria recurrida, por resulta improcedente el incidente de liquidación que le dio origen. En efecto, el artículo 193, en su párrafo cuarto, establece: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. . En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. ." De la porción normativa transcrita se obtiene que el presupuesto para ordenar la apertura de un incidente innominado es precisamente que los lineamientos de la ejecutoria concesoria de amparo sean genéricos o ambiguos, de tal forma que resulte necesario precisarlos o definirlos, a fin de concretar la forma o términos en que la misma deberá ser cumplida. Ahora, se tiene que los efectos de la concesión de amparo decretados mediante sentencia de veintiocho de febrero de dos mil catorce, fueron los siguientes: "Por tanto, al acreditarse la violación al artículo 14 del Pacto Federal en perjuicio de la quejosa, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable, Organismo Público Descentralizado Operador de Carreteras de Cuota, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, de cumplimiento al decreto trescientos cincuenta y seis emitido por el Congreso del Estado de Morelos publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" 5080 de veintisiete de marzo de dos mil trece, para lo cual se deberán cubrir de manera mensual en razón de cincuenta puntos porcentuales (50%) del último salario que percibió el quejoso como pensión, lo cual deberá hacer del conocimiento del quejoso." Con motivo de la ejecutoria de amparo, se compelió a la autoridad responsable, esencialmente, a culminar con la contumacia que guardaba en relación a la solicitud del quejoso en cuanto hacía a dar cumplimiento al Decreto trescientos cincuenta y seis emitido por el Congreso del Estado de Morelos publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" 5080 de veintisiete de marzo de dos mil trece, mediante el cual se le concedió una pensión por cesantía en edad avanzada a Melquiades Velázquez Vázquez, para lo cual debía cubrir a éste dicho beneficio, de manera mensual, en razón de cincuenta puntos porcentuales (50%) del último salario que percibió y, además, hacérselo de su conocimiento. Como se ve, dados los efectos del fallo protector que fijó el juez de Distrito, resultaba injustificado que al efecto ordenara la apertura del incidente a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo; pues basta imponerse de su lectura para advertir que en los mismo no existía imprecisión alguna que ameritara dicha circunstancia, siendo que fue claro al establecer cuál era el actuar que debía realizar la autoridad responsable para restituir al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Sin que obste a lo anterior que con motivo de la sentencia protectora se debiera restituir al impetrante una cantidad de dinero y que éste no estuviera de acuerdo con el monto que la responsable le devolvió; pues la discrepancia que hace valer el quejoso está enderezada a introducir en el procedimiento de ejecución de la ejecutoria de amparo un tópico que, como ya se ha hecho patente, escapa a la jurisdicción del órgano constitucional, como lo es el obtener un mayor monto en su pensión con motivo de integrar en el salario que deberá servir de base para cuantificar la misma los conceptos de "otras prestaciones" y prima vacacional. De ahí que se estime improcedente el incidente de liquidación de donde deriva la interlocutoria que se revisa, al resultar injustificada su apertura..." En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, se deja sin efectos la resolución interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil quince, relativa al incidente de cuantificación en ejecución de sentencia. En consecuencia, dése vista a las partes para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano