Melquiades Ruiz Hernández

Expediente 1004/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1004/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Melquiades Ruiz Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Del estado de autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de siete de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio, con fundamento en el artículo 2º, de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    Notifíquese vía electrónica a la parte promovente. Boca del Río, Veracruz, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo, sus copias y anexos promovida por Melquiades Ruiz Hernández, contra actos del Consejo Consultivo Delegacional Adscrito a la Delegación Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1004/2019-II. DESECHAMIENTO Ahora, con independencia de cualesquiera otras consideraciones, este juzgador resuelve lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado. Además, el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia de que las hayan invocado las partes, o no; dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualizan en el presente asunto. En principio, debe decirse que en cuanto al acto reclamado al Consejo Consultivo Delegacional Adscrito a la Delegación Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el suscrito advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, pero ésta en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo... De esos dispositivos legales se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente contra "actos de autoridad", concepto que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado al referido Consejo Consultivo Delegacional Adscrito a la Delegación Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aclarado lo anterior, cabe afirmar que, al Consejo Consultivo Delegacional Adscrito a la Delegación Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, no le resulta el carácter de autoridad para los efectos del amparo; lo cual se sostiene así, partiendo de la base de que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 103, fracción I, constitucional y el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en el mismo se reclamen provengan de autoridad. En el caso, el acto reclamado constituye la resolución de tres de septiembre de dos mil diecinueve, CC.VRN 404/2019, mediante la cual el Instituto Mexicano del Seguro Social resolvió el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso en contra de la diversa resolución para el otorgamiento de pensión de incapacidad permanente parcial. Por su parte, los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, disponen: "Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente. Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente, se entenderán consentidos." "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa." Del precepto 294 en cita se advierte la posibilidad que tienen los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, de interponer recurso de inconformidad, cuando consideren impugnable cualquier acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, la norma contenida en el numeral 295 distingue la posición jurídica que guardan los patrones y demás sujetos obligados frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de aquella que se presenta entre asegurados o sus beneficiarios y el propio instituto; pues, en relación con los primeros determina que las controversias que existan entre ellos serán dirimidas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en tanto que los segundos tienen que acudir ante los Tribunales Federales en materia Laboral. Esa distinción tiene su justificación en la medida en que la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social no es similar cuando actúa frente a los patrones y demás sujetos obligados, que cuando lo hace con los asegurados o sus beneficiarios. La naturaleza de organismo fiscal autónomo con que se encuentra investido el Instituto Mexicano del Seguro Social, está relacionada con las facultades que la ley le otorga en materia de recaudación, administración, determinación y liquidación de las contribuciones que conforme al artículo 2o., fracción II y penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, tienen la naturaleza de aportaciones de seguridad social. Entonces, si el artículo 15, fracción III, de la Ley del Seguro Social impone a los patrones la obligación de determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al Instituto Mexicano del Seguro Social, resulta que éste se erige como órgano fiscal autónomo siempre que, en ejercicio de sus facultades, despliegue su potestad jurídica para exigir el cumplimiento a los patrones y demás sujetos obligados de sus obligaciones en materia de seguridad social. En cambio, la relación jurídica que une al Instituto Mexicano del Seguro Social con los asegurados y sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad. En efecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo público descentralizado encargado de administrar el seguro social, como instrumento básico de la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. La seguridad social prevista en la Ley del Seguro Social, y que se encuentra a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra dirigida, en un primer nivel, a la protección de los trabajadores, y en un nivel ulterior a sus beneficiarios, quienes para ser acreedores a las prestaciones de seguridad social deberán satisfacer los requisitos previstos por la misma ley y sus reglamentos. Por tanto, cuando un asegurado o su beneficiario solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social cualquier prestación de seguridad social prevista en la ley, dicho instituto se encuentra en la relación jurídica como ente asegurador, porque al resolver cualquier petición sobre ese particular, no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de cualquier pensión que será garantizada por el Estado, de forma que está sometido al imperio de la ley, a favor del asegurado. Lo anterior pone de manifiesto que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados, y como órgano asegurador frente a los asegurados y sus beneficiarios. Como consecuencia de lo expuesto, puede afirmarse que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social resuelve un recurso de inconformidad que interpone un patrón o sujeto obligado, lo hace en su carácter de organismo fiscal autónomo en cuyo caso, se erige en autoridad con plena potestad de decisión. En cambio, cuando el recurso de inconformidad es planteado por un asegurado o beneficiario, aun cuando sea optativo interponerlo, respecto de las prestaciones en especie o dinero de seguridad social que otorga la Ley del Seguro Social, si bien el citado instituto cuenta con atribuciones para decidir sobre la procedencia de la prestación mediante la resolución del recurso de inconformidad, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2ª./J.134/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos once, del Tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no estáinvestido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia. En las relatadas condiciones, es evidente que en el caso a estudio se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113, en relación con el último párrafo del numeral 62, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Melquiades Ruiz Hernández. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. AUTORIZADOS Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia a Marcelino Guillermo Miranda Solís, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. Asimismo, y en virtud de que solicita la consulta vía internet del presente expediente electrónico en el nuevo portal que el Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición para tal efecto; en consecuencia, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de amparo y el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se autoriza al citado autorizado dicha consulta, para lo cual refiere que su nombre de usuario es "elmarino68", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/; en consecuencia, toda vez que la parte quejosa solicita se realicen todas las notificaciones vía electrónica, se autoriza a efectuar todas las notificaciones de las resoluciones aun las de carácter personal, que en lo subsecuente se emitan en el presente expediente por la vía electrónica, al aludido quejoso por conducto de su autorizado. EXPEDICIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de sus autorizados para tal fin, puedan hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal.

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