Melquiades Rosas Resendiz

Expediente 714/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
714/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
23/07/2021

Partes del expediente

  • Melquiades Rosas Resendiz
  • Director General de Prestaciones de Servicios Medicos de Urgencias del Imss

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran el auto de ocho de abril del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Finalmente, vista la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, lo anterior de conformidad con los artículos 12, 14, 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General.". Además, se precisa que no se ordenó la apertura del incidente de suspensión; asimismo, que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO ".. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Directora en cita, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado remite copia del acta de defunción del aquí quejoso ---, lo que implica que en la especie se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción III del numeral 63 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona." Así, se tiene presente que conforme al artículo 6° de la Ley de la Materia, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o apoderado; asimismo, que el trámite del juicio sólo puede seguirse por la agraviada, por su representante legal o por su defensor; empero, si el impetrante de garantías a la fecha en que se actúa se encuentra finado tal como se aprecia de la respectiva acta de defunción adjunta, es evidente la imposibilidad que se tiene para seguir con el juicio planteado, ya que los actos reclamados en el presente afectaban únicamente intereses personales, esto es así, por tratarse del tratamiento médico recibido por ésta y el cual constituía el acto reclamado en el juicio de garantías, de ahí la imposibilidad que se tiene para seguir con el trámite del mismo y se insiste, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en los preceptos 63 fracción III, 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo en que se actúa; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables; háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo y en su oportunidad archívese el expediente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada número de registro 305438, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 552, del Tomo: LXXXIII, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que con el texto: "SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO POR LA MUERTE DEL QUEJOSO. La muerte del quejoso ocurrida durante la sustanciación del juicio de amparo, rige el sobreseimiento en relación con las garantías que sólo afectan a su persona." Asimismo, en sentido contrario, la tesis aislada número de registro 3779012, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3152, del Tomo: LXI, Cuarta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO, FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO COMO CAUSA DE. La muerte del agraviado durante la tramitación del juicio de amparo, es una causa para sobreseer en éste, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley de Amparo; pero esta disposición no comprende como motivo de sobreseimiento, el caso de que sea uno de los interesados en el juicio quien fallezca y no el quejoso." Se ordena dejar sin efectos la fecha señalada dentro del presente juicio, para la celebración de la audiencia constitucional de mérito (doce horas con veinte minutos del catorce de abril del año en curso). Notifíquese personalmente...." NOTIFICACIÓN QUE SE HACE POR LISTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN III Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por la autoridad precisada en supra líneas, a través del cual informa que en el libro de juicios de amparo que se llevan en dicho Organismo, no existe ningún asunto con los datos proporcionados por diverso 18 del índice de este Juzgado, en tal virtud, agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia, toda vez que como se hizo constar en la cuenta secretarial, el juicio de amparo en que se actúa, fué sobreseído fuera de audiencia el ocho de abril del año en curso.

  4. Principal

    Como se asienta en la constancia secretarial de cuenta, el proveído de ocho de abril del año en curso, pronunciado dentro del presente juicio de amparo, no se encuentra publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; por tanto, se ordena la publicación del mismo en esta data.

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