Melquiades Rodríguez Altamirano
Expediente 632/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 632/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 15/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Melquiades Rodríguez Altamirano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
MESA II B Visto el cómputo secretarial que antecede, como del mismo se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes quejosa y tercero interesada hubieren hecho valer recurso alguno en contra del auto de dieciocho de noviembre del año en curso, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Asimismo, mediante oficio que al efecto se gire al Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, devuélvasele la copia certificada de la causa penal 121/2012 de su índice, respecto del cual en proveído de veintisiete de mayo de dos mil quince, se ordenó formar el anexo I del cuaderno de pruebas (foja 35).
- Incidental
MESA II B Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por auto de siete de mayo de este año e interlocutoria de catorce siguiente (fojas 20 y 21 y 27 a 29), se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por el quejoso; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de dicha interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido las medidas cautelares respecto de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II B Vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, transcurrió del nueve al once del actual; así también que únicamente el quejoso hizo manifestaciones en relación a la misma, mediante escrito agregado y reservado en auto de nueve de este mismo mes y año, por lo que se procede al análisis del cumplimiento del fallo dictado en este expediente. En principio, cabe destacar que por sentencia dictada en este juicio el once de septiembre de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Melquiades Rodríguez Altamirano (fojas 191 a 206), respecto del acto atribuido al Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para los efectos siguientes: a) Deje insubsistente la resolución de veintiocho de abril de dos mil quince, dictada contra el quejoso Melquiades Rodríguez Altamirano, dentro de la causa penal 121/2012 de su índice, y b) Hecho lo anterior, dicte una nueva resolución, la cual, podrá ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando legalmente su determinación, siguiendo los lineamientos puntualizados en el considerando tercero. Lineamientos que, en esencia, consisten en relación con el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja: 1. Motivar por qué consideró que a los declarantes sí les constaron los hechos, incluso, en las circunstancias especiales en las que se encontraban al momento de lo sucedido. 2. Por qué consideró que los testigos tenían probidad e independencia de su posición y, por tanto, imparcialidad. 3. Establecer a qué hechos llegó con las probanzas relativas al dictamen de criminalística de once de mayo de dos mil doce, y al dictamen planimétrico de veinte de marzo del mismo año, para establecer el primer elemento del delito de que se trata. 4. Precisar el grado de valor convictivo que le ameritan las restantes probanzas, ya sea como indicio, prueba plena, circunstanciada -entre otros juicios de valor-, que tomó en consideración para tener por acreditado el cuerpo del delito en cita. En relación con el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa: 1. Precisar el grado de valor convictivo, ya sea como indicio, prueba plena, circunstanciada -entre otros juicios de valor-, en relación con las probanzas que tomó en consideración para tener por acreditado el cuerpo del delito de que se trata. 2. En relación con las citadas testimoniales, señalar si dichos testigos contaban con la edad, capacidad e instrucción para deducir que tuvieron el criterio necesario para juzgar el acto, que por su probidad, independencia de su posición y antecedentes personales se aseguraba su imparcialidad, que el hecho sobre el cual testificaron era susceptible de conocerse por medio de los sentidos, que declararon con claridad y precisión sobre la naturaleza del hecho y sus circunstancias y que actuaron por su propia voluntad, libre de coacción, miedo, engaño o soborno y, por ende, las razones en que se deben sustentar dichos requisitos adminiculándolas con el resto del material probatorio para tener por comprobado el cuerpo del delito en estudio. En relación con ambos delitos: 1. Analizar cada uno de los elementos que integran los antisociales de mérito, incluyendo la hipótesis delictiva que considera encuadra con los hechos que fueron consignados y, exponer de forma fundada y motivada con qué pruebas se tienen por acreditados los mismos, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos suficientes tendentes a demostrar el porqué de dicha valoración. Por lo que respecta a la probable responsabilidad del quejoso, en: 1. Citar y valorar las pruebas de las que se desprenda la participación del inculpado, de manera individual y no conjuntamente, en cada uno de los hechos delictivos denunciados. 2. Precisar la intervención del quejoso de forma individual, en la comisión de los hechos ilícitos, es decir, si le resulta el carácter de autor material o partícipe del hecho por el cual se le sigue la causa penal. 3. Exponer de forma razonada cómo fue la forma de intervención del aquí quejoso en la comisión de los delitos que se le imputan (autor material o intelectual o partícipe de los delitos). 4. Explicar por qué consideró que los indiciados en sus declaraciones sólo se concretaron a negar los hechos que se les imputaron; y porqué dichas declaraciones junto con las pruebas de descargo aportadas eran insuficientes para desvirtuar los señalamientos efectuados en su contra. 5. Precisar si la conducta que se le atribuye al peticionario fue realizada de forma dolosa o culposa; en el entendido que de considerar que ésta fue dolosa, deberá explicar cómo es que llegó a esa conclusión, así como exponer si los quejosos conocían los alcances y repercusiones de su proceder. Asimismo, que en cumplimiento al fallo protector, mediante proveído de catorce de octubre de dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio 6430 signado por la responsable Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, al que anexó copia certificada de la resolución dictada el trece de octubre de dos mil quince, en la causa penal 121/2012 de su registro (foja 268). Sin embargo, en proveído de veintitrés de octubre de dos mil quince (fojas 284 a 286), al realizar el análisis relativo al cumplimiento adoptado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo dictada en este expediente, se determinó que no cumplió a cabalidad con la ejecutoria de amparo, puesto que no siguió los lineamientos puntualizados en la sentencia de que se trata, ya que: Con relación al delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja: 1. No estableció a qué hechos llegó con las probanzas relativas al dictamen de criminalística de once de mayo de dos mil doce, y al dictamen planimétrico de veinte de marzo del mismo año, para establecer el primer elemento del delito de que se trata. En relación con ambos delitos: 2. Continuaba sin exponer los razonamientos lógico-jurídicos suficientes para demostrar el porqué del valor de las pruebas que tomó en consideración para tener por acreditados cada uno de los elementos que integran los antisociales de mérito. Por otro lado, en lo que respecta a la probable responsabilidad del quejoso: 3. Seguía sin valorar las pruebas de las que se desprenda la participación del inculpado, de manera individual y no conjuntamente, en cada uno de los hechos delictivos denunciados, y 4. Continuaba sin exponer de forma razonada cómo fue la forma de intervención del aquí quejoso en la comisión de los delitos que se le imputan. Motivo por el cual se ordenó requerir nuevamente al Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que dejara sin efecto la resolución dictada el trece de octubre de dos mil quince, en la causa penal 121/2012 de su registro, y emitiera otra en la cual cumpliera de manera cabal la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Melquiades Rodríguez Altamirano. En atención a lo cual, mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil quince (foja 331), se tuvo por recibido el oficio 6861 signado por el Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución dictada el treinta de octubre del año en curso, relativa al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, del análisis que se practica a la resolución en comento se concluye que la autoridad judicial responsable dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado el veintiocho de abril de dos mil quince, única y exclusivamente en lo que respecta al inculpado Melquiades Rodríguez Altamirano, así como la resolución de trece de octubre siguiente, y en su lugar dictó una nueva resolución, en la que de igual manera dictó auto de formal prisión contra Melquiades Rodríguez Altamirano, como probable responsable en la comisión de los delitos de homicidio calificado con premeditación y ventaja, y homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, cometidos el primero en agravio de quien en vida respondió al nombre de Miguel Gómez Cruz, y el segundo en agravio de los menores de edad Juan Carlos Gómez Santana, Gerardo Arturo Pacheco Reyes y Juan Carlos Mendoza Velasco, en la cual siguió los lineamientos puntualizados en la sentencia de que se trata. En efecto, con relación al delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja: 1. Estableció a qué hechos llegó con las probanzas relativas al dictamen de criminalística de once de mayo de dos mil doce, y al dictamen planimétrico de veinte de marzo del mismo año, para establecer el primer elemento del delito de que se trata. En relación con ambos delitos: 2. Expuso los razonamientos lógico-jurídicos suficientes para demostrar el porqué del valor de las pruebas que tomó en consideración para tener por acreditados cada uno de los elementos que integran los antisociales de mérito. Por otro lado, en lo que respecta a la probable responsabilidad del quejoso: 3. Expuso que la forma de intervención del impetrante en la comisión de los delitos que se le imputan, se efectuó como autor material indeterminado, consistente en que cuando no se sepa en la concurrencia de varios sujetos en el hecho criminal quién causó el resultado y ante la imposibilidad de saber qué conducta es la que ha realizado el comportamiento típico, debe tenerse por acreditada la citada coautoría. 4. Determinación ante la cual, evidentemente, quedó sin materia el lineamiento establecido en la falta de valoración de las pruebas de las que se desprende la participación del inculpado, de manera individual y no conjuntamente, en cada uno de los hechos delictivos denunciados; toda vez que ante tal afirmación se genera la imposibilidad de que el juez especifique su participación individual más allá de su intervención en los ilícitos de manera global. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Una vez precisado lo anterior, debe decirse que de autos se advierte que en proveído de nueve de noviembre actual, se reservó proveer lo conducente respecto a las manifestaciones que realizó la parte quejosa, a través de su autorizado legal Jorge Santiago Nolasco, en atención a la vista otorgada con el cumplimiento que adoptó la autoridad judicial responsable en relación con la ejecutoria de amparo, hasta en tanto transcurriera el plazo concedido a la parte tercera interesada en el presente asunto, lo que al efecto acontece. Ahora, visto el contenido del ocurso de referencia, se advierte que la parte quejosa manifiesta que la autoridad judicial responsable nuevamente incumple los lineamientos arriba destacados, como se le indicó en proveído de veintitrés de destacados, como se le indicó en proveído de veintitrés de octubre pasado; asimismo, que si bien los efectos de la concesión del amparo son para que la responsable dicte una nueva resolución fundando y motivando legalmente su determinación, ésta debe observar que el Juez que resolvió el presente juicio de amparo, estimó que la probable responsabilidad del aquí quejoso no se encuentra debidamente acreditada; además, que si bien es cierto que en la sentencia de amparo se le está concediendo un amplio margen de apreciación del caso a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, también es verdad que dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites, ya que cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero no puede llegar al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se pueda arribar a cualquier tipo de decisión como ocurre en el caso; razones por las cuales solicita se le requiera nuevamente a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en este juicio, así como a su superior jerárquico para que ordene a ésta a cumplir la ejecutoria. Al respecto, contrario a lo que señala el promovente, el suscrito juzgador estima que la autoridad judicial responsable en relación con el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, cumplió con el lineamiento de fundamentación y motivación que se le indicó, pues al efecto estableció que de la probanza relativa al dictamen de criminalística de once de mayo de dos mil doce, se obtiene el desarrollo secuencial de la mecánica de los hechos en los cuales perdió la vida Miguel Gómez Cruz, y del dictamen planimétrico de veinte de marzo del mismo año, en conjunto con la versión de los hechos de los testigos de cargo, se obtiene la circunstancia de lugar, es decir, la existencia real del espacio geográfico en el cual se desarrolló el hecho delictivo que analizó, así como sus características, además de que corrobora el dictamen en criminalística, especialmente en lo referente a la posición final de la víctima. Asimismo cumplió con el lineamiento destacado en relación con ambos delitos, pues del análisis de la resolución en comento (fojas 308, 321 vuelta y 322), se advierte que en atención al primero, señaló que los medios de prueba reseñados en ese apartado eran suficientes para tener por acreditado que la privación de la vida de Miguel Gómez Cruz fue debida a la conducta de unas personas, ya que del análisis en lo individual tanto de las declaraciones de cargo como de las periciales, valoradas con base en las reglas de justipreciación del sistema legal tasado, se advertía que éstas no son irracionales, arbitrarias o incoherentes, y fueron desahogadas con la finalidad de acreditar la privación de la vida del pasivo en cita, siguiendo un proceso mental lógico; por tanto, la determinación emitida por esa autoridad judicial basándose en medios de convicción, lógicos, legales y coherentes, debía aceptarse como jurídica y, consiguientemente legal, lo que estimó era suficiente para tener por acreditado el cuerpo del delito en análisis. Además, con relación al segundo ilícito indicó que las declaraciones de los pasivos y testigos Juan Carlos Gómez Santana, Gerardo Arturo Pacheco Reyes, y Juan Carlos Mendoza Velasco, revisten el carácter de una denuncia, las cuales se encuentran apoyadas por las versiones de hechos de los testigos de cargo Moisés Gómez Gómez, Abisai Aragón Hernández y Jorge Miguel Santana, mismas que analizadas en su conjunto, le permiten acreditar la intención de los activos de querer privar de la vida a los primeros señalados, pues una vez valoradas con base en las reglas de justipreciación establecidas en el artículo 355 del Código de Procedimientos en vigor, se advierte que dichas declaraciones guardan una conexión lógica y natural entre sí, y lo conducen de igual manera a esclarecer la verdad que se busca, además de acuerdo a su desahogo y su propia relatoría de hechos se advierte que no infringen los principios tutelares de todo razonamiento lógico, pues no son irracionales, arbitrarias o incoherentes, pues evidentemente que su desahogo fue con la finalidad de acreditar la intención de los activos de querer privar de la vida a los pasivos de delito; amén de que dichas declaraciones tampoco se encuentran aisladas ya que se corroboran con los demás medios de convicción, a saber, la diligencia de inspección ocular en el lugar de los hechos, diligencia de inspección ocular de vehículo de motor marca Nissan, Tipo Tsuru, color rojo con blanco, dictámenes médicos de lesiones de quince de marzo y dos de mayo de dos mil doce, dictamen en materia de criminalística de once de mayo de dos mil doce, y dictamen planimétrico de veinte de marzo del mismo año (fojas 308 y 321 vuelta y 322) Razonamientos expuestos por la responsable que evidentemente tienden a demostrar el porqué del valor de las pruebas que tomó en consideración para tener por acreditados los elementos que integran los antisociales de mérito. De igual forma, se aprecia que la citada autoridad, contrario a lo que alega el promovente, sí expuso de forma razonada la forma de intervención del aquí quejoso en la comisión de los delitos que se le imputan, pues al efecto explicó que ésta se acredita de manera probable en términos del artículo 13 del Código Penal vigente en el Estado, como autor material indeterminado, ya que dada la mecánica de los hechos que se le atribuyen, se advierte que en la hora y fecha de los eventos delictivos cuando la víctima Miguel Gómez Cruz, salió de su casa con un tubo para defender a su hijo, el citado quejoso junto con otras personas se le fueron a golpes, vulnerándolo varias veces con un objeto contundente, quedando en plano de sustentación inferior a los de los sujetos activos, quedando el sujeto pasivo en posición decúbito ventral con la cabeza orientada hacia el viento poniente con la rotación de la cabeza hacia la izquierda apoyada sobre la superficie (suelo) con la extremidades superiores semiflexionadas y pegadas al cuerpo con las extremidades inferiores extendidas y dirigidas hacia el viento oriente, es decir, que la totalidad de los activos le infirieron golpes en repetidas ocasiones y en diversas partes de su cuerpo, sin que de las testimoniales de cargo analizadas en los considerandos que anteceden o bien de las demás pruebas y periciales que obran en la causa, se pueda determinar con claridad qué acción, entendida ésta como movimientos corporales, desplegó cada uno de los inculpados y, en lo especial, el aquí inculpado; asimismo, señaló, tampoco existe medio de convicción que determine quién del grupo de siete personas fue quien propinó al pasivo el golpe que le causó la lesión mortal al pasivo, ya que en un mismo instante todos en conjunto le infirieron golpes; además, determinó que en dicha circunstancia grupal también causaron las lesiones a los demás pasivos, por cual también quedó acreditada en autos, de manera probable, su autoría material indeterminada, consistente ésta en que cuando no se sepa en la concurrencia de varios sujetos en el hecho criminal quién causó el resultado (lesión mortal) y ante la imposibilidad de saber qué conducta es la que ha realizado el comportamiento típico, debe tenerse por acreditada la citada coautoría. Determinación ante la cual, evidentemente, quedó sin materia el lineamiento establecido en la falta de valoración de las pruebas de las que se desprende la participación del inculpado, de manera individual y no conjuntamente, en cada uno de los hechos delictivos denunciados; pues como ya se dijo, tal afirmación, genera la imposibilidad de que el juez especifique su participación individual más allá de su intervención en los ilícitos de manera global. Asimismo, es importante agregar que la sentencia dictada en este juicio de amparo, dejó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para que una vez que fundara y motivara legalmente su determinación, siguiendo los lineamientos puntualizados en la misma, emitiera resolución en el mismo sentido o en uno diverso; por tanto, contrario a lo que señala la parte quejosa, para que en el caso se estime cumplida la sentencia de amparo de que se trata, únicamente se requiere que la responsable atienda los lineamientos fijados en la sentencia de mérito, sin que pueda condicionársele que resuelva en un determinado sentido. Por tanto, al haber cumplido la responsable con la emisión de una nueva determinación siguiendo los lineamientos puntualizados en la citada sentencia de amparo, fundando y motivando su determinación, es evidente que se cumple la misma. En tal virtud, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA II B Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes, el oficio 6861 suscrito por el Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, de los que se advierte que en atención al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de octubre pasado, remite copia certificada de la resolución dictada el treinta de octubre pasado en el expediente penal 121/2012 de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con dichas documentales, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. Notifíquese personalmente.
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