Melquiades Bautista Ángel

Expediente 1152/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1152/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
27/01/2021

Partes del expediente

  • Melquiades Bautista Ángel

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que sólo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y sólo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, sólo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circular SECNO/6/2021. Finalmente, a través de la Circular SECNO/6/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Jalisco (Tercer Circuito), Nuevo León (Cuarto Circuito), Coahuila (Octavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Querétaro (Vigesimosegundo Circuito), Tlaxcala (Vigesimoctavo Circuito) e Hidalgo (Vigesimonoveno Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, c. Que en el resto de los Circuitos Judiciales (entre ellos el Sexto: Puebla), el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales sería el Acuerdo General 21/2020; esto es, el relativo que reanuda plazos y dispone el regreso escalonado en los órganos. Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/6/2021, que establece las medidas vigentes del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del diecisiete de diciembre de dos mil veinte, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General citado, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; (.)" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Cumple prevención y desechamiento. Visto el escrito de cuenta de ... mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló el uno de diciembre de dos mil veinte y para tal efecto indica lo siguiente: el acto reclamado lo constituye la ejecución de cobros que la institución bancaria señalada como responsable me descuenta de mi salario que percibo como profesor, desde el día veintiocho de octubre del año en curso. Por tanto, se le tiene dando cumplimiento a lo requerido y se procede a acordar lo conducente. Desechamiento. En principio conviene destacar que el quejoso pretende reclamar al representante legal de la persona moral Banco Santander, sociedad anónima, institución de banca múltiple grupo financiero Santander, la ejecución de cobros o movimientos de su cuenta en dicha institución bancaria que afirma no reconoce. Acto de autoridad para efectos del juicio de amparo En ese contexto, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza a las personas juzgadoras a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Lo anterior lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, la Suprema Corte, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. En este caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Para abordar dicho planteamiento, es importante traer a colación el contenido de los artículos referidos, los cuales son del tenor literal siguiente. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los preceptos legales transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen derechos humanos de las y los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo señalado pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1 de la ley de la materia, que establece la procedencia de ese juicio contra leyes o actos de autoridad. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de las y los particulares. Lo anterior, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad de la persona afectada, por lo cual debe analizarse, en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica de la parte quejosa. En otras palabras, para atribuir el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre las personas y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte quejosa tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; d. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Precisado lo anterior, es relevante recordar que el quejoso reclama al representante legal de la persona moral Banco Santander, sociedad anónima, institución de banca múltiple grupo financiero Santander, la ejecución de cobros o movimientos de su cuenta en dicha institución bancaria que afirma no reconoce. Al respecto, se estima que el acto reclamado no puede catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, relativo a la ejecución de cobros o movimientos de su cuenta en dicha institución bancaria que afirma no reconoce. En este sentido, cabe precisar que en su demanda de amparo el quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los siguientes antecedentes. Es titular de dos tarjetas de crédito y una de débito en la institución bancaria señalada como responsable, siendo ésta última en donde recibe su salario como profesor de nivel telesecundaria. Indica que en enero de este año contrató un seguro con la institución bancaria denominado súper blindaje Santander, con vigencia hasta el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, que lo cubre ante diversos eventos. Afirma que el diez de octubre del año en curso recibió una llamada por parte de la institución bancaria en la que le informaron de un movimiento que no reconoció, por lo que autorizó la cancelación de su tarjeta de débito. El quince de octubre de dos mil veinte acudió a las instalaciones de la institución bancaria, en donde tuvo que autorizar una vez más la cancelación de su tarjeta de débito y, además, se le informó que había aceptado un crédito por trescientos noventa y seis mil doscientos pesos, lo que éste no reconoció. Asimismo, refirió que tampoco no reconocía un retiro por veinticinco mil pesos efectuado el diez de octubre pasado. Por lo anterior, el mismo quince de octubre de dicho año el quejoso solicitó una aclaración vía telefónica. Además, el veinte de octubre siguiente, presentó una querella ente la Fiscalía General del Estado de Puebla, por la probable comisión de los delitos ejecutados en su contra de fraude, robo de identidad y suplantación de persona. El veintiocho octubre de dos mil veinte, el promovente observó que la institución bancaria le había hecho un descuento con motivo del crédito que, afirma, nunca aceptó, situación que se reiteró el trece de noviembre de este año. El siete de noviembre siguiente, el promovente se comunicó a la institución bancaria, en donde se le informó que su aclaración no había resultado favorable a sus intereses. Finalmente, afirmó que el veinticuatro de noviembre de este año tenía agendada una cita en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. De lo reseñado se obtiene que el quejoso se encuentra inconforme con que la institución bancaria señalada como responsable le descuente de su salario -el cual se le deposita en una cuenta de débito que tiene aperturada con dicha entidad financiera- el pago de un crédito que afirma no solicitó. Lo anterior revela que el acto reprochado derivó de una relación entre particulares, en primer lugar, porque el promovente reconoce que contrató los servicios financieros de dicha institución bancaria, con la finalidad de obtener dos tarjetas de crédito y una de débito. En segundo lugar, indica que de dicha relación contractual han surgido controversias, en atención a que existen movimientos que no reconoce, como lo es la aceptación de un crédito y la ejecución del cobro por dicha prestación. Incluso, el quejoso manifiesta que cuenta con un seguro denominado súper blindaje Santander, con vigencia hasta el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, que contrató con la institución bancaria de mérito con la finalidad de protegerse ante diversas eventualidades. Así, se advierte que el quejoso reprocha, toralmente, que se le vincule a un crédito que no solicitó y que se le efectúe el cobro correspondiente, con lo que pretende evidenciar un ejercicio indebido del acuerdo de voluntades que originó su relación contractual con la institución bancaria señalada como responsable, así como el eventual incumplimiento del diverso contrato de seguro denominado súper blindaje Santander, con vigencia hasta el veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Por lo tanto, se colige que el acto reclamado no se erigió en una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano igualdad en el que las partes decidieron contratar ciertos servicios financieros con determinadas condiciones. En efecto, ese tipo de relación de servicios bancarios difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado, por lo que al suscitarse entre dos particulares la fórmula para dirimir las desavenencias es acudiendo ante la potestad común y no mediante el juicio de amparo, toda vez que la decisión de una de las partes contratantes, aunque sea unilateral, no tiene el carácter de acto de autoridad. Para demostrar lo anterior, resulta conveniente desentrañar el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Es verdad que este concepto ha ido evolucionando a lo largo de la historia del juicio de amparo, debido a que las atribuciones del Estado mexicano han incrementado con el curso del tiempo. Tal situación condujo a estimar que los gobernados quedaban indefensos, pues algunos organismos públicos, con independencia de la disposición directa que llegaran a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. En relación con el tema, resulta necesario referir que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente y estableció que las administradoras de fondos para el retiro [AFORES], al retener el impuesto sobre la renta derivado de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que no actúan de manera unilateral y con imperio en un plano de supra a subordinación respecto de los trabajadores. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que el proceso legislativo que dio origen a la Ley Amparo vigente consideró que el concepto autoridad debía modificarse, porque en la actualidad la vulneración más importante de derechos humanos no solo proviene del Estado sino también de la actuación de particulares. En razón de ello, el legislador estableció que los actos de particulares podrían ser equivalentes a los de autoridad, y ello dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y de la posibilidad de evaluar si el acto reclamado es lesivo o no de la esfera de derechos fundamentales. Asimismo, la Segunda Sala precisó que no todos los actos de particulares pueden reclamarse en el juicio de amparo, sino únicamente aquellos homologables a los de autoridad que tengan su origen en una norma general. Así, de conformidad con el marco legal expuesto, las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad son los siguientes: Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien que omitan actuar en determinado sentido; Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confieran las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos del juicio de amparo que ofrece el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, resulta ser más flexible que la de la ley abrogada, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad cuando afecten derechos fundamentales de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, para determinar si bajo el nuevo modelo del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo una institución bancaria reúne las características apuntadas, procede establecer que Banco Santander, sociedad anónima, institución de banca múltiple grupo financiero Santander es una sociedad financiera que forma parte del sistema financiero mexicano, de acuerdo con una interpretación sistemática de los artículos 46 y 46 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, lo que implica que sus operaciones sean reguladas por dicha ley, así como por las diversas disposiciones que, en su caso, emitan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tal como lo revela el contenido de dichos preceptos: Artículo 46. Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes: I. Recibir depósitos bancarios de dinero: a) A la vista; b) Retirables en días preestablecidos; c) De ahorro, y d) A plazo o con previo aviso; II. Aceptar préstamos y créditos; III. Emitir bonos bancarios; IV. Emitir obligaciones subordinadas; V. Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior; VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos; VII. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente; VIII. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como de la expedición de cartas de crédito; IX. Operar con valores en los términos de las disposiciones de la presente Ley y de la Ley del Mercado de Valores; X. Promover la organización y transformación de toda clase de empresas o sociedades mercantiles y suscribir y conservar acciones o partes de interés en las mismas, en los términos de esta Ley; XI. Operar con documentos mercantiles por cuenta propia; XII. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divisas, incluyendo reportes sobre estas últimas; XIII. Prestar servicio de cajas de seguridad; XIV. Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos créditos y realizar pagos por cuenta de clientes; XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones; Las instituciones de crédito podrán celebrar operaciones consigo mismas en el cumplimiento de fideicomisos, mandatos o comisiones, cuando el Banco de México lo autorice mediante disposiciones de carácter general, en las que se establezcan requisitos, términos y condiciones que promuevan que las operaciones de referencia se realicen en congruencia con las condiciones de mercado al tiempo de su celebración, así como que se eviten conflictos de interés; XVI. Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de títulos o valores y en general de documentos mercantiles; XVII. Actuar como representante común de los tenedores de títulos de crédito; XVIII. Hacer servicio de caja y tesorería relativo a títulos de crédito, por cuenta de las emisoras; XIX. Llevar la contabilidad y los libros de actas y de registro de sociedades y empresas; XX. Desempeñar el cargo de albacea; XXI. Desempeñar la sindicatura o encargarse de la liquidación judicial o extrajudicial de negociaciones, establecimientos, concursos o herencias; XXII. Encargarse de hacer avalúos que tendrán la misma fuerza probatoria que las leyes asignan a los hechos por corredor público o perito; XXIII. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda, y XXIV. Celebrar contratos de arrendamiento financiero y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos; XXV. Realizar operaciones derivadas, sujetándose a las disposiciones técnicas y operativas que expida el Banco de México, en las cuales se establezcan las características de dichas operaciones, tales como tipos, plazos, contrapartes, subyacentes, garantías y formas de liquidación; XXVI. Efectuar operaciones de factoraje financiero; XXVI bis. Emitir y poner en circulación cualquier medio de pago que determine el Banco de México, sujetándose a las disposiciones técnicas y operativas que éste expida, en las cuales se establezcan entre otras características, las relativas a su uso, monto y vigencia, a fin de propiciar el uso de diversos medios de pago; XXVII. Intervenir en la contratación de seguros para lo cual deberán cumplir con lo establecido en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y en las disposiciones de carácter general que de la misma emanen, y XXVIII. Las análogas o conexas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las instituciones de banca múltiple únicamente podrán realizar aquellas operaciones previstas en las fracciones anteriores que estén expresamente contempladas en sus estatutos sociales, previa aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de lo dispuesto por los artículos 9o. y 46 Bis de la presente Ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, dentro de la regulación que deban emitir en el ámbito de su competencia, deberán considerar las operaciones que las instituciones de banca múltiple estén autorizadas a realizar conforme a lo previsto en los artículos 8o., 10 y 46 Bis de esta Ley, y diferenciar, cuando lo estimen procedente, dicha regulación en aspectos tales como la infraestructura con que deberán contar y la información que deberán proporcionar, entre otros. Asimismo, se podrán considerar los modelos de negocios o características de sus operaciones. Artículo 46 Bis. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizará a las instituciones de banca múltiple el inicio de operaciones o la realización de otras adicionales a las que le hayan sido autorizadas, de entre las señaladas en el artículo 46 de esta Ley, cuando acrediten el cumplimiento de lo siguiente: I. Que las operaciones de que se trate se encuentren expresamente señaladas en sus estatutos sociales; II. Que cuenten con el capital mínimo que les corresponda conforme a lo establecido en el artículo 19 de esta Ley, en función de las operaciones que pretendan realizar; III. Que cuenten con los órganos de gobierno y la estructura corporativa adecuados para realizar las operaciones que pretendan llevar a cabo, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en las disposiciones técnicas u operativas de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendientes a procurar el buen funcionamiento de las instituciones; IV. Que cuenten con la infraestructura y los controles internos necesarios para realizar las operaciones que pretendan llevar a cabo, tales como sistemas operativos, contables y de seguridad, oficinas, así como los manuales respectivos, conforme a las disposiciones aplicables, y V. Que se encuentren al corriente en el pago de las sanciones impuestas por incumplimiento a esta Ley que hayan quedado firmes, así como en el cumplimiento de las observaciones y acciones correctivas que, en ejercicio de sus funciones, hubieren dictado la citada Comisión y el Banco de México. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores practicará las visitas de inspección que considere necesarias a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo. La Comisión consultará con el Banco de México el cumplimiento de las medidas y sanciones que éste hubiere impuestos (sic) en el ámbito de su competencia. La institución de que se trate deberá inscribir en el Registro Público de Comercio, para efectos declarativos, la autorización que se le haya otorgado para el inicio de operaciones en términos del presente artículo, a más tardar a los treinta días posteriores a que le haya sido notificada." A partir de lo anterior, se colige que las instituciones bancarias tienen sus funciones determinadas por la Ley de Instituciones de Crédito y por las diversas disposiciones que, en su momento, dicten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México. Sin embargo, no por eso se puede considerar autoridad responsable a una institución bancaria en el supuesto de que, como acontece en el caso, se alegue la ejecución de cobros no reconocidos por la vinculación a un crédito que se afirma no ha sido solicitado, así como el posible incumplimiento de un contrato de seguro celebrado con la misma institución, ya que ello tiene su origen evidentemente en disposiciones del orden privado. Además, de conformidad con lo previsto en los artículos 1, último párrafo, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien omita dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación. En esa tesitura, válidamente puede afirmarse que el acto que reclama el quejoso consistente en la ejecución de cobros de su cuenta en dicha institución bancaria derivado de la contratación de un crédito que no reconoce, no constituye, de acuerdo a su naturaleza, un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional, pues se trata de un acto que deriva de un acuerdo de voluntades que, en su momento, celebraron de manera voluntaria la impetrante y el Banco Santander, sociedad anónima, institución de banca múltiple grupo financiero Santander, sociedad anónima, en un mismo plano. A mayor abundamiento, es relevante destacar que al resolver el amparo en revisión 327/2017, en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que la sola relación contractual entre las partes no es motivo suficiente para considerar que no se está frente a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Al respecto, se sostuvo que lo realmente relevante consistía en evaluar el acto en concreto y determinar si su contenido se relaciona con el cumplimiento de una norma jurídica que atribuya al particular la potestad de emitir actos de que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del particular, con independencia de su voluntad, así como que la materialidad de esa potestad sea susceptible de calificarse como una función con relevancia pública. Bajo este contexto, se especificó que para caracterizar a un acto de particular como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, deben transitarse por dos pasos, a saber: (i) paso del nexo; y (ii) constatación de la función pública. En el primer paso -del nexo- lo que se pretende es comprobar que una autoridad pública, a través de una norma jurídica, otorgó a un particular los medios para posicionarlo en una situación diferenciada con el objeto de generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho humano. Este primer paso del test es formal y busca excluir dentro del ámbito de actos justiciables en amparo aquellos de los particulares cuyo fundamento es únicamente una relación de coordinación, esto es, aquellos que no tengan un nexo con una potestad normativa de naturaleza estatal. El segundo paso del test -constatación de la función pública- es material, y se refiere a la evaluación de si la prerrogativa utilizada por el particular reviste un carácter equivalente al de autoridad, esto es, determinarse si materialmente el acto reviste un interés público diferenciado. Así, con este segundo paso se busca verificar que el Estado no es neutral respecto del contenido del acto, sino que lo apuntala afirmativamente como relevante, desde una perspectiva pública. Con base en lo expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte sostuvo que de comprobarse los dos pasos del test, resultaría válido concluir que el acto atribuido a un particular actualiza el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, al considerarse que existe una semejanza material relevante entre el acto del particular y uno típicamente de autoridad, por lo que de no existir otro impedimento procesal, debe declararse la procedencia del juicio de amparo en su contra. En la especie, como se señaló en párrafos precedentes, la ejecución de cobros o movimientos no reconocidos en la cuenta que el quejoso tiene aperturada ante la institución señalada como responsable, es un acto cuya generación deriva de una fuente contractual y, por tanto, deriva únicamente de un acuerdo de voluntades celebrado entre particulares; de ahí que se considere que el acto aquí reclamado no acredite el nexo entre el acto de particular y una potestad normativa atribuida al Estado. Además, si bien las operaciones de la institución bancaria señalada como responsable se encuentran reguladas por la Ley de Instituciones de Crédito, lo cierto es que no determina las condiciones de contratación de sus servicios con los particulares, lo que evidencia la neutralidad de la legislación, razón por la que la negativa de devolver la cantidad reprochada a la quejosa no puede estimarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el reproche atribuido a Banco Santander, sociedad anónima, institución de banca múltiple grupo financiero Santander, no constituye un acto que sea impugnable a través del juicio de amparo indirecto, ya que a través de éste no es procedente que se obtenga su modificación o anulación; máxime que los contratos de crédito son de naturaleza mercantil y lo procedente es, en todo caso, combatirlos ante una autoridad judicial del orden común. Incluso, cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que respecto de la impugnación de cargos no reconocidos en tarjetas de débito, resultan aplicables disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley de Instituciones de Crédito y demás aplicables en materia bancaria, lo que corrobora la necesidad de acudir a la instancia ordinaria correspondiente para hacer el reclamo conducente. La conclusión alcanzada no desconoce la doctrina que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los derechos fundamentales están vigentes, aun en las relaciones entre particulares. Sin embargo, como la propia Sala lo reconoció, la vigencia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, no se puede sostener de forma hegemónica y totalizadora sobre todas y cada una de las relaciones que se suceden de conformidad con el derecho privado; de ahí que corresponda a los jueces decidir, en cada caso concreto, qué derechos son solo oponibles frente al Estado y qué otros cobran vigencia en las relaciones entre particulares, cuestión esta última que no se actualiza en el caso concreto, dado que los actos reclamados emanan de un acuerdo de voluntades que, en su momento, celebraron la impetrante y una institución financiera en un mismo plano y sin afectar derechos fundamentales. Finalmente, no se soslaya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el auto inicial no es posible analizar si un acto es de autoridad o no; sin embargo, en este caso no se requiere hacer un análisis profundo sobre la naturaleza del acto reclamado, pues basta advertir que en este caso solamente se reclama una actuación que deriva del acuerdo celebrado entre particulares [quejoso e institución] bancaria, lo que a todas luces no puede dirimirse en esta instancia constitucional, lo que no podría desvirtuarse con algún medio de prueba, cuestiones que ponen de manifiesto que sería ocioso tramitar la demanda. Conclusión. En ese orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; en forma manifiesta e indudable y, por tanto, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, conforme al artículo 113 de la propia Ley de Amparo. Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 03 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de diciembre de dos mil veinte. Radicación. Vista la demanda y atento a su contenido, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado y en Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número de expediente 1152/2020-VII. Prevención. Previamente, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra el establecido en la fracción IV, que es del tenor siguiente: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: ... IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; ... Como se advierte de dicho precepto legal, uno de los requisitos de la demanda de amparo consiste en señalar el acto reclamado. Ahora, del capítulo de actos reclamados se advierte que el quejoso señaló lo siguiente: IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. Del REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA BANCO SANTANDER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER, en su CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA reclamo: la orden y ejecución de una supuesta resolución emitida por ésta, que se dice proviene de la aclaración solicitada por el suscrito el día quince de octubre de dos mil veinte, misma resolución que desconozco cuándo fue dictada en razón de que no me ha sido notificada de manera formal, sin embargo fue ejecutada por la citada responsable el día veintiocho de octubre del presente año, y de manera verbal y por la vía telefónica me enteré hasta el día siete de noviembre del presente año, que la supuesta resolución emitida por el citado banco le favorece a éste, sin que se me diera una explicación del porque ni de los medios probatorios que se hayan tomado en consideración para el dictado de tal determinación, actos que desde luego son violatorios de mis garantías y derechos humanos fundamentales por las razones que en el renglón correspondiente detallaré." Por otra parte, en el punto cuatro del apartado de antecedentes de acto reclamado, hace mención a la apertura de un crédito por trescientos noventa y seis mil doscientos pesos, y de la disposición de la cantidad de veinticinco mil pesos de sus tarjetas crediticias sin su consentimiento, así como que la referida institución bancaria no le ha dado a conocer la respuesta a la aclaración que solicitó vía telefónica con motivo de dichos movimientos. Posteriormente, en el punto sexto del mismo apartado manifiesta: "y fue de ésta manera que pude enterarme que para cubrir el pago del crédito que no solicite el banco me descontó la cantidad seis mil seiscientos cincuenta punto noventa y nueve pesos, como puede verse, precisando que de mi salario que me fue depositado el trece de noviembre de este año, se volvió a descontar aproximadamente la misma suma ya que se me dejó con la sola cantidad de dos mil seiscientos pesos, por lo que considero que al ejecutar el banco el cobro señalado a pesar de que solicité una aclaración al banco por los actos precisados, misma que no ha sido resuelta hasta éste momento porque no me ha sido notificada, se viola en mi perjuicio mi garantía de audiencia y legalidad" En esas condiciones, este juzgado estima que la demanda de amparo resulta ambigua, debido a que el quejoso no señala con exactitud el acto que reclama a la institución bancaria, toda vez que por una parte refiere reclamar la ejecución de una resolución que habría recaído a la aclaración que solicitó vía telefónica el quince de octubre de este año, pero posteriormente refiere que realmente no se le ha dado a conocer la respuesta a dicha aclaración. . Luego, el quejoso señala también encontrarse inconforme con la apertura de un crédito por trescientos noventa y seis mil doscientos pesos, y de la disposición de la cantidad de veinticinco mil pesos de sus tarjetas crediticias, dado que afirma que se realizaron sin su consentimiento. Por lo anterior, al existir incertidumbre sobre el acto que el quejoso pretende reclamar en esta instancia, es necesario requerirlo para que precise de manera clara el acto que desea cuestionar, pues solo así se podrá configurar adecuadamente la litis. Se afirma lo anterior, pues es obligación de la parte quejosa referirse con exactitud respecto de los actos que reclama, lo que debe señalarse con claridad y precisión, aspectos que resultan de importancia a fin de estar en condiciones de fijar la litis constitucional, así como también para que las partes cuenten con los elementos indispensables a efecto de defender sus intereses y las autoridades estén en posibilidad, en su caso, de rendir su informe justificado. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis cuyo rubro es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que en el término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Precise de manera clara y concreta el acto que pretende reclamar al representante legal de la persona moral Banco Santander, sociedad anónima, institución de banca múltiple grupo financiero Santander, esto es, si reprocha la falta de contestación a la aclaración que solicitó vía telefónica el quince de octubre de este año; su falta de notificación; la ejecución de dicha respuesta; o los movimientos de su cuenta bancaria que afirma no reconoce. Copias del escrito aclaratorio. Asimismo, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibimientos. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con los requerimientos citados, en el plazo de cinco días concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Por otra parte, en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, con fundamento en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días; numeral que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)" Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, quien tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Mejora de comunicación. En atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, únicamente para mejorar la comunicación -no procesal- entre el quejoso y este órgano jurisdiccional dentro del presente juicio, se tiene por designado el número telefónico y correo electrónico que proporciona. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, y tomando en cuenta que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, manifiesten si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, es menester que observen lo siguiente: Para acceder al juicio en línea, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación o bien, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y se registren en el sistema. La firma electrónica se puede obtener mediante la aplicación web (App) del Consejo de la Judicatura Federal denominada "FIREL", disponible para sistemas Android o IOS, y para mayor información sobre cómo obtenerla, puede consultar el video tutorial disponible en su canal de Youtube, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ac8PJvfpfGU Además, deberá indicar su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, crear un nombre de usuario y una contraseña, así como vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del referido Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis y cuatro de mayo de dos mil quince, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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