Meliton Solis Mendez

Expediente 149/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 39 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
149/2017
Año
2017
Actuaciones
39
Última actuación
25/04/2019

Partes del expediente

  • Federico Romano Galicia
  • Meliton Solis Mendez
  • Municipio de Papalotla de Xicohtencatl
  • Junta Especial número Cuarenta y Seis de Conciliación y Arbitraje
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que hayan transcurrido más de seis meses de haberse archivado este asunto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veinte de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en sesión de seis de julio de dos mil diecisiete (fojas 65 a 117), el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, dictó sentencia en el amparo directo 149/2017, en la que concedió a Melitón Solís Méndez, Nicolás Solís Méndez, Sergio Solís Zempoalteca y Albino Xochitiotzi Tetlalmatzi, la protección constitucional, para el efecto que la autoridad responsable: ".deje insubsistente el laudo reclamado, y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria; 1. Ordene la reposición del procedimiento, para el único efecto de que, conforme a las facultades que le confiere el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, recabe las constancias conducentes de los expedientes 258/2010, 929/2008 y 1008/2009 de los de su índice, y en copia certificada las glose al expediente laboral de origen, para que surtan sus efectos legales en el mismo. 2. Hecho lo anterior, emita nuevo laudo, en el que reitere las consideraciones ajenas a la concesión de amparo, y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria: a) Fundada y motivadamente, realice la calificación del ofrecimiento de trabajo, y, b) Se pronuncie en relación con la procedencia de la totalidad de las prestaciones demandadas por los actores, aquí quejosos." (Fojas 115 vuelta y 116). I. Mediante acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 293 a 298), se determinó que la ejecutoria de amparo no había quedado cumplida en su totalidad, por las siguientes razones: ".En la ejecutoria de amparo se determinó que la responsable debía pronunciarse, entre otros, respecto del reclamo consistente en la regularización del pago de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores e Instituto Mexicano del Seguro Social, pues había omitido hacerlo en el laudo reclamado, pese a que se trata de una prestación independiente de la acción principal de indemnización constitucional. No obstante, en el laudo emitido para tratar de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la responsable decide absolver a la patronal Telas y Mezclillas Mac, Sociedad Anónima de Capital Variable, del pago de aquellas aportaciones, como una consecuencia de haber absuelto de la acción principal de indemnización constitucional, pues se basó en la consideración errónea que se trata de una reclamo accesorio de aquélla, pese a que en la ejecutoria de amparo se puntualizó que se trata de una acción independiente. Lo cual pone de manifiesto que en el nuevo laudo, la responsable dejó de pronunciarse sobre la procedencia o no del pago de dichas aportaciones en los términos ordenados en el fallo protector; es decir, si resultaba o no procedente la condena por ese concepto, como reclamo autónomo. Tan es así, que para absolver del pago de dichas aportaciones la responsable no examinó alguna de las pruebas ofrecidas en autos del juicio laboral." Por ello, nuevamente se requirió a la responsable que diera cumplimiento a la sentencia de amparo, y se le precisó que debería dejar insubsistente el nuevo laudo, con el que pretendió acatar la ejecutoria (fojas 297 vuelta y 310). II. De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe, así como con diverso oficio y anexos, recibidos previamente, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 326), pero únicamente la primera de ellas la desahogó en el sentido que no se encuentra cumplida la sentencia protectora (fojas 331 a 341). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. III. Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el laudo reclamado de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (foja 248), y tácitamente ordenó la reposición del procedimiento, ya que con fundamento en el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, dispuso que se recabara copia certificada de las constancias que integran los expedientes laborales 258/2010, 929/2008 y 1008/2009, radicados en la misma Junta, para que fueran glosadas al juicio laboral de origen. Respecto al segundo de aquellos expedientes, la responsable solicitó al Director de Archivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el entonces Distrito Federal, la remisión del asunto, debido a que éste previamente había sido enviado al archivo, y ordenó que una vez que se contara con las actuaciones del mismo, se obtuvieran copias certificadas para integrarlas al juicio laboral (foja 248). Además, por acuerdo de dieciocho de septiembre siguiente, la responsable tuvo por recibidas las actuaciones del juicio laboral 929/2008, y aunque previamente había ordenado agregar copias certificadas del mismo a los autos del expediente de origen, dispuso que se agregaran los originales, aduciendo austeridad de recursos materiales. En el mismo proveído, la responsable mencionó que ya habían sido agregados a los autos los diversos expedientes 1008/2009 y 258/2010 y ordenó turnar el asunto para la elaboración del proyecto de laudo (foja 259). Medida con la cual, este órgano también estima satisfecha la exigencia de agregar copias autorizadas al juicio laboral, pues tanto los originales como las constancias certificadas tendrían el mismo valor probatorio, por tratarse de documentos públicos. Asimismo, mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la responsable dejó insubsistente el diverso laudo de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, con el que pretendió inicialmente cumplir la sentencia protectora (foja 308). IV. Seguida la secuela procesal, el quince de octubre de dos mil dieciocho, la responsable emitió un nuevo laudo (foja 314), en el que reiteró las siguientes consideraciones ajenas a la concesión del amparo: a) La absolución al Instituto Mexicano del Seguro Social, del reconocimiento y pago de la pensión de incapacidad permanente parcial por enfermedades profesionales, reclamada por los actores Melitón Solís Méndez, Nicolás Solís Méndez, Sergio Solís Zempoalteca y Albino Xochitiotzi Tetlalmatzi y prestaciones accesorias a la misma, así como de los reclamos a dicho Instituto de seguridad social, que se hicieron depender de la diversa acción de indemnización constitucional por despido injustificado (foja 324). b) La absolución del codemandado físico José Hugo Elías González Cervantes (foja 324 vuelta). c) La determinación en el sentido que son cuatro los elementos que deben analizarse para calificar el ofrecimiento de trabajo, es decir: la categoría del trabajador; el salario percibido por sus servicios; la jornada con la que se realiza el ofrecimiento y la actitud procesal de las partes; y que en el caso, la oferta de trabajo realizada por la persona moral demandada Telas y Mezclillas Mac, Sociedad Anónima de Capital Variable, a cada uno de los actores, fue realizada en los mismos términos y condiciones en que venían desempeñando sus actividades, esto es, con la misma categoría, salario y jornada (foja 317). V. Asimismo, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de mérito: a) Analizó las actuaciones de los diversos juicios laborales 258/2010, 929/2008 y 1008/2009, a las que les otorgó pleno valor probatorio en términos de los artículos 795 y 841 de la Ley Federal del Trabajo, y con libertad de jurisdicción expuso las razones por las cuales consideró que cada uno de dichos asuntos no revelaba una conducta procesal de la patronal demandada, que evidenciara mala fe en el ofrecimiento de trabajo; en particular, indicó que en el segundo de ellos no existía identidad de actores y demandados. Por ende, también con plenitud de jurisdicción, calificó de buena fe la oferta de trabajo realizada a cada uno de los actores, por el patrón Telas y Mezclillas Mac, Sociedad Anónima de Capital Variable; como consecuencia, revirtió a los accionantes la carga de la prueba para acreditar el despido injustificado (foja 320). Citó como apoyo, entre otros, los criterios de rubro: "OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. SU CALIFICACIÓN DEBE REALIZARSE EN EL LAUDO Y NO DURANTE LA ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS"; OFRECIMIENTO DE TRABAJO. PRESUPUESTOS Y REQUISITOS PARA QUE OPERE LA REVERSIÓN DE LA CARGA PROBATORIA [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA II.1º.T.J/46 (9a)]; OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA ACTITUD PROCESAL DE LAS PARTES ES UNO DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES QUE LAS JUNTAS DEBEN TOMAR EN CUENTA PARA CALIFICARLO DE BUENA O MALA FE"; OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SU CALIFICACIÓN CUANDO EN EL PROPIO JUICIO SE AFIRMA UN SEGUNDO DESPIDO POSTERIOR A LA REINSTALACIÓN DEL TRABAJOR", y; DESPIDO. SU NEGATIVA Y EL OFRECIMIENTO DE TRABAJO DE BUENA FE, REVIERTE LA CARGA PROBATORIA" b) De manera adicional y en uso de las facultades establecidas en el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, la responsable analizó con libertad de decisión las actuaciones del diverso juicio laboral 928/2008 radicado en el mismo órgano, también para analizar la conducta procesal del mismo patrón en la oferta de trabajo, pues mencionó que en dicho asunto, fue donde figuró como demandado el mismo patrón y que entre los accionantes se encontraba también Nicolás Solís Méndez, pero concluyó que dichas actuaciones tampoco evidenciaban mala fe en la propuesta de trabajo. c) A continuación, también con libertad de jurisdicción, la responsable estimó que con las pruebas ofrecidas en autos, la parte actora no logró demostrar la existencia del despido; por ende, absolvió a la patronal de la acción principal de indemnización constitucional, así como del pago salarios caídos (fojas 320 vuelta y 321). d) Se pronunció sobre los reclamos autónomos, consistentes en aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, días de descanso obligatorio, salarios devengados y no pagados, y reparto de utilidades, y con libertad de jurisdicción decidió absolver al patrón demandado del pago de dichas prestaciones (fojas 321 vuelta y 322). e) Finalmente, también con libertad de decisión, la responsable determinó absolver a la demandada Telas y Mezclillas Mac, Sociedad Anónima de Capital Variable, del reclamo consistente en la aportación retroactiva o regularización del pago de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores e Instituto Mexicano del Seguro Social, al considerarlas improcedentes, por las razones que precisó. VI. Ahora bien, al desahogar la vista dada por este Tribunal Colegiado en auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho (foja 326), la parte quejosa, a través de su autorizado, se pronunció en el sentido que la ejecutoria no se encuentra cumplida, por las siguientes razones: 1. Al calificar el ofrecimiento de trabajo la responsable no analiza la acción intentada por la parte actora (indemnización constitucional), ya que la obligación de la junta responsable, de calificar la buena o la mala fe en la oferta de trabajo, previamente a requerir los trabajadores para ser reinstalados, sólo opera cuando se demanda la reincorporación y no la indemnización constitucional. 2. Al momento de la calificación de la oferta de trabajo, la responsable cambia la acción de indemnización constitucional por la de reinstalación, cuando ello le está vedado. Los anteriores argumentos resultan inoperantes, pues en esa parte son tendentes a controvertir una cuestión sobre la que existe cosa juzgada, como es el hecho que la calificación de la oferta de trabajo también tiene cabida cuando se demanda como acción principal la indemnización constitucional, ya que en la ejecutoria de amparo se impuso a la responsable la obligación de examinar la propuesta de reincorporación y determinar si fue o no de mala fe, considerando desde luego, que la acción intentada fue precisamente dicha indemnización. Ello, al margen que no le asista razón a la parte quejosa, cuando asegura que tal examen únicamente opera cuando se demanda la reinstalación. De ahí que tampoco resulte dable pronunciarse sobre la aplicabilidad o no de los criterios que los quejosos invocan para sostener el fondo de aquellos argumentos. Por su idea jurídica se invoca la jurisprudencia 2a./J. 29/2016 (10a.), registro 2011178, visible en la página 1074 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE CONTROVIERTEN EL CRITERIO DEL JUZGADOR FEDERAL CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Uno de los elementos indispensables a verificar en el recurso de inconformidad, para determinar si la resolución que declara cumplido el fallo protector está apegada a derecho, radica en el análisis de las consideraciones en las que se sustentó. Ahora bien, tal estudio tiene el fin de revisar que exista congruencia entre esos razonamientos y los alcances y efectos ahí delimitados, mas no tiene el propósito de reexaminar la litis del juicio constitucional. Por ello, se concluye que el criterio adoptado por los órganos federales en sus sentencias de amparo constituye cosa juzgada en el recurso de inconformidad, por lo que los agravios que lo controvierten son ineficaces". Otras de las razones por las cuales la parte quejosa considera que no quedó cumplida la sentencia de amparo, son las que a continuación se sintetizan: 1. Ante la negativa de los actores de aceptar la oferta de trabajo, se incumple con los presupuestos de la reversión de la carga probatoria de la existencia del despido, contrario a lo que sostuvo la responsable. 2. Es ilegal la absolución del pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, días de descanso obligatorio, salarios devengados y no pagados, porque la reversión de la carga probatoria del despido hacia el trabajador, no tiene por qué extenderse al momento de la culminación de la relación laboral. 3. No existió un estudio minucioso de las pruebas existentes en el juicio de origen, a efecto de determinar la procedencia o no de tales prestaciones reclamadas por los actores, y no existe prueba alguna ofrecida por la parte demandada, con la que acreditara la excepción de pago de las mismas. Las anteriores manifestaciones de los peticionarios de amparo, también se califican como inoperantes, pues con ellas se pretenden cuestionar aspectos del nuevo laudo, respecto de los cuales no estaba vinculada la autoridad responsable, sino que fueron emitidos con la libertad de jurisdicción que tenía para hacerlo. Ello es así, pues la calificación de buena fe en el ofrecimiento de trabajo y, por ende, la reversión de la carga probatoria para el trabajador para acreditar la existencia del despido, así como la absolución, no sólo de la acción principal sino también de las demás prestaciones reclamadas al demandado con quien se entabló la relación laboral, no obedecieron a la ejecutoria de amparo, ya que no se impuso a la responsable la obligación de resolver en ese sentido, sino que tenía la alternativa de hacerlo en uno u otro, subsanando las violaciones ya destacadas. De ahí que la legalidad o no de la absolución respecto de tales reclamos hechos a la patronal, no puedan ser materia de examen en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apoya esta consideración la jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), registro 2010983, publicada en la página 717 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, emitida también por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto y tomando en consideración que por Acuerdo General 3/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión ordinaria de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se autorizó el cambio de residencia y domicilio de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito al cuarto piso del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Predio "Rústico", en Santa Anita Huiloac, código postal 90407, Municipio de Apizaco, Tlaxcala, hágase saber a las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, por lista a la parte quejosa, por oficio al tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social y personalmente a Telas y Mezclillas Mac, Sociedad Anónima de Capital Variable y Hugo Elías González Cervantes. Así lo acordó y firma el Magistrado Octavio Chávez López, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien actúa con la licenciada Miriam Ramírez Alanis, secretaria de acuerdos que da fe.- Doy fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Acuerdo que se lista en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a veinte de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en sesión de seis de julio de dos mil diecisiete (fojas 65 a 117), el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, dictó sentencia en el amparo directo 149/2017, en la que concedió a Melitón Solís Méndez, Nicolás Solís Méndez, Sergio Solís Zempoalteca y Albino Xochitiotzi Tetlalmatzi, la protección constitucional, para el efecto que la autoridad responsable: ".deje insubsistente el laudo reclamado, y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria; 1. Ordene la reposición del procedimiento, para el único efecto de que, conforme a las facultades que le confiere el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, recabe las constancias conducentes de los expedientes 258/2010, 929/2008 y 1008/2009 de los de su índice, y en copia certificada las glose al expediente laboral de origen, para que surtan sus efectos legales en el mismo. 2. Hecho lo anterior, emita nuevo laudo, en el que reitere las consideraciones ajenas a la concesión de amparo, y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria: a) Fundada y motivadamente, realice la calificación del ofrecimiento de trabajo, y, b) Se pronuncie en relación con la procedencia de la totalidad de las prestaciones demandadas por los actores, aquí quejosos." (Fojas 115 vuelta y 116). I. Mediante acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 293 a 298), se determinó que la ejecutoria de amparo no había quedado cumplida en su totalidad, por las siguientes razones: ".En la ejecutoria de amparo se determinó que la responsable debía pronunciarse, entre otros, respecto del reclamo consistente en la regularización del pago de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores e Instituto Mexicano del Seguro Social, pues había omitido hacerlo en el laudo reclamado, pese a que se trata de una prestación independiente de la acción principal de indemnización constitucional. No obstante, en el laudo emitido para tratar de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la responsable decide absolver a la patronal Telas y Mezclillas Mac, Sociedad Anónima de Capital Variable, del pago de aquellas aportaciones, como una consecuencia de haber absuelto de la acción principal de indemnización constitucional, pues se basó en la consideración errónea que se trata de una reclamo accesorio de aquélla, pese a que en la ejecutoria de amparo se puntualizó que se trata de una acción independiente. Lo cual pone de manifiesto que en el nuevo laudo, la responsable dejó de pronunciarse sobre la procedencia o no del pago de dichas aportaciones en los términos ordenados en el fallo protector; es decir, si resultaba o no procedente la condena por ese concepto, como reclamo autónomo. Tan es así, que para absolver del pago de dichas aportaciones la responsable no examinó alguna de las pruebas ofrecidas en autos del juicio laboral." Por ello, nuevamente se requirió a la responsable que diera cumplimiento a la sentencia de amparo, y se le precisó que debería dejar insubsistente el nuevo laudo, con el que pretendió acatar la ejecutoria (fojas 297 vuelta y 310). II. De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe, así como con diverso oficio y anexos, recibidos previamente, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 326), pero únicamente la primera de ellas la desahogó en el sentido que no se encuentra cumplida la sentencia protectora (fojas 331 a 341). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. III. Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el laudo reclamado de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (foja 248), y tácitamente ordenó la reposición del procedimiento, ya que con fundamento en el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, dispuso que se recabara copia certificada de las constancias que integran los expedientes laborales 258/2010, 929/2008 y 1008/2009, radicados en la misma Junta, para que fueran glosadas al juicio laboral de origen. Respecto al segundo de aquellos expedientes, la responsable solicitó al Director de Archivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el entonces Distrito Federal, la remisión del asunto, debido a que éste previamente había sido enviado al archivo, y ordenó que una vez que se contara con las actuaciones del mismo, se obtuvieran copias certificadas para integrarlas al juicio laboral (foja 248). Además, por acuerdo de dieciocho de septiembre siguiente, la responsable tuvo por recibidas las actuaciones del juicio laboral 929/2008, y aunque previamente había ordenado agregar copias certificadas del mismo a los autos del expediente de origen, dispuso que se agregaran los originales, aduciendo austeridad de recursos materiales. En el mismo proveído, la responsable mencionó que ya habían sido agregados a los autos los diversos expedientes 1008/2009 y 258/2010 y ordenó turnar el asunto para la elaboración del proyecto de laudo (foja 259). Medida con la cual, este órgano también estima satisfecha la exigencia de agregar copias autorizadas al juicio laboral, pues tanto los originales como las constancias certificadas tendrían el mismo valor probatorio, por tratarse de documentos públicos. Asimismo, mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la responsable dejó insubsistente el diverso laudo de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, con el que pretendió inicialmente cumplir la sentencia protectora (foja 308). IV. Seguida la secuela procesal, el quince de octubre de dos mil dieciocho, la responsable emitió un nuevo laudo (foja 314), en el que reiteró las siguientes consideraciones ajenas a la concesión del amparo: a) La absolución al Instituto Mexicano del Seguro Social, del reconocimiento y pago de la pensión de incapacidad permanente parcial por enfermedades profesionales, reclamada por los actores Melitón Solís Méndez, Nicolás Solís Méndez, Sergio Solís Zempoalteca y Albino Xochitiotzi Tetlalmatzi y prestaciones accesorias a la misma, así como de los reclamos a dicho Instituto de seguridad social, que se hicieron depender de la diversa acción de indemnización constitucional por despido injustificado (foja 324). b) La absolución del codemandado físico José Hugo Elías González Cervantes (foja 324 vuelta). c) La determinación en el sentido que son cuatro los elementos que deben analizarse para calificar el ofrecimiento de trabajo, es decir: la categoría del trabajador; el salario percibido por sus servicios; la jornada con la que se realiza el ofrecimiento y la actitud procesal de las partes; y que en el caso, la oferta de trabajo realizada por la persona moral demandada Telas y Mezclillas Mac, Sociedad Anónima de Capital Variable, a cada uno de los actores, fue realizada en los mismos términos y condiciones en que venían desempeñando sus actividades, esto es, con la misma categoría, salario y jornada (foja 317). V. Asimismo, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de mérito: a) Analizó las actuaciones de los diversos juicios laborales 258/2010, 929/2008 y 1008/2009, a las que les otorgó pleno valor probatorio en términos de los artículos 795 y 841 de la Ley Federal del Trabajo, y con libertad de jurisdicción expuso las razones por las cuales consideró que cada uno de dichos asuntos no revelaba una conducta procesal de la patronal demandada, que evidenciara mala fe en el ofrecimiento de trabajo; en particular, indicó que en el segundo de ellos no existía identidad de actores y demandados. Por ende, también con plenitud de jurisdicción, calificó de buena fe la oferta de trabajo realizada a cada uno de los actores, por el patrón Telas y Mezclillas Mac, Sociedad Anónima de Capital Variable; como consecuencia, revirtió a los accionantes la carga de la prueba para acreditar el despido injustificado (foja 320). Citó como apoyo, entre otros, los criterios de rubro: "OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. SU CALIFICACIÓN DEBE REALIZARSE EN EL LAUDO Y NO DURANTE LA ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS"; OFRECIMIENTO DE TRABAJO. PRESUPUESTOS Y REQUISITOS PARA QUE OPERE LA REVERSIÓN DE LA CARGA PROBATORIA [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA II.1º.T.J/46 (9a)]; OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA ACTITUD PROCESAL DE LAS PARTES ES UNO DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES QUE LAS JUNTAS DEBEN TOMAR EN CUENTA PARA CALIFICARLO DE BUENA O MALA FE"; OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SU CALIFICACIÓN CUANDO EN EL PROPIO JUICIO SE AFIRMA UN SEGUNDO DESPIDO POSTERIOR A LA REINSTALACIÓN DEL TRABAJOR", y; DESPIDO. SU NEGATIVA Y EL OFRECIMIENTO DE TRABAJO DE BUENA FE, REVIERTE LA CARGA PROBATORIA" b) De manera adicional y en uso de las facultades establecidas en el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, la responsable analizó con libertad de decisión las actuaciones del diverso juicio laboral 928/2008 radicado en el mismo órgano, también para analizar la conducta procesal del mismo patrón en la oferta de trabajo, pues mencionó que en dicho asunto, fue donde figuró como demandado el mismo patrón y que entre los accionantes se encontraba también Nicolás Solís Méndez, pero concluyó que dichas actuaciones tampoco evidenciaban mala fe en la propuesta de trabajo. c) A continuación, también con libertad de jurisdicción, la responsable estimó que con las pruebas ofrecidas en autos, la parte actora no logró demostrar la existencia del despido; por ende, absolvió a la patronal de la acción principal de indemnización constitucional, así como del pago salarios caídos (fojas 320 vuelta y 321). d) Se pronunció sobre los reclamos autónomos, consistentes en aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, días de descanso obligatorio, salarios devengados y no pagados, y reparto de utilidades, y con libertad de jurisdicción decidió absolver al patrón demandado del pago de dichas prestaciones (fojas 321 vuelta y 322). e) Finalmente, también con libertad de decisión, la responsable determinó absolver a la demandada Telas y Mezclillas Mac, Sociedad Anónima de Capital Variable, del reclamo consistente en la aportación retroactiva o regularización del pago de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores e Instituto Mexicano del Seguro Social, al considerarlas improcedentes, por las razones que precisó. VI. Ahora bien, al desahogar la vista dada por este Tribunal Colegiado en auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho (foja 326), la parte quejosa, a través de su autorizado, se pronunció en el sentido que la ejecutoria no se encuentra cumplida, por las siguientes razones: 1. Al calificar el ofrecimiento de trabajo la responsable no analiza la acción intentada por la parte actora (indemnización constitucional), ya que la obligación de la junta responsable, de calificar la buena o la mala fe en la oferta de trabajo, previamente a requerir los trabajadores para ser reinstalados, sólo opera cuando se demanda la reincorporación y no la indemnización constitucional. 2. Al momento de la calificación de la oferta de trabajo, la responsable cambia la acción de indemnización constitucional por la de reinstalación, cuando ello le está vedado. Los anteriores argumentos resultan inoperantes, pues en esa parte son tendentes a controvertir una cuestión sobre la que existe cosa juzgada, como es el hecho que la calificación de la oferta de trabajo también tiene cabida cuando se demanda como acción principal la indemnización constitucional, ya que en la ejecutoria de amparo se impuso a la responsable la obligación de examinar la propuesta de reincorporación y determinar si fue o no de mala fe, considerando desde luego, que la acción intentada fue precisamente dicha indemnización. Ello, al margen que no le asista razón a la parte quejosa, cuando asegura que tal examen únicamente opera cuando se demanda la reinstalación. De ahí que tampoco resulte dable pronunciarse sobre la aplicabilidad o no de los criterios que los quejosos invocan para sostener el fondo de aquellos argumentos. Por su idea jurídica se invoca la jurisprudencia 2a./J. 29/2016 (10a.), registro 2011178, visible en la página 1074 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE CONTROVIERTEN EL CRITERIO DEL JUZGADOR FEDERAL CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Uno de los elementos indispensables a verificar en el recurso de inconformidad, para determinar si la resolución que declara cumplido el fallo protector está apegada a derecho, radica en el análisis de las consideraciones en las que se sustentó. Ahora bien, tal estudio tiene el fin de revisar que exista congruencia entre esos razonamientos y los alcances y efectos ahí delimitados, mas no tiene el propósito de reexaminar la litis del juicio constitucional. Por ello, se concluye que el criterio adoptado por los órganos federales en sus sentencias de amparo constituye cosa juzgada en el recurso de inconformidad, por lo que los agravios que lo controvierten son ineficaces". Otras de las razones por las cuales la parte quejosa considera que no quedó cumplida la sentencia de amparo, son las que a continuación se sintetizan: 1. Ante la negativa de los actores de aceptar la oferta de trabajo, se incumple con los presupuestos de la reversión de la carga probatoria de la existencia del despido, contrario a lo que sostuvo la responsable. 2. Es ilegal la absolución del pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, días de descanso obligatorio, salarios devengados y no pagados, porque la reversión de la carga probatoria del despido hacia el trabajador, no tiene por qué extenderse al momento de la culminación de la relación laboral. 3. No existió un estudio minucioso de las pruebas existentes en el juicio de origen, a efecto de determinar la procedencia o no de tales prestaciones reclamadas por los actores, y no existe prueba alguna ofrecida por la parte demandada, con la que acreditara la excepción de pago de las mismas. Las anteriores manifestaciones de los peticionarios de amparo, también se califican como inoperantes, pues con ellas se pretenden cuestionar aspectos del nuevo laudo, respecto de los cuales no estaba vinculada la autoridad responsable, sino que fueron emitidos con la libertad de jurisdicción que tenía para hacerlo. Ello es así, pues la calificación de buena fe en el ofrecimiento de trabajo y, por ende, la reversión de la carga probatoria para el trabajador para acreditar la existencia del despido, así como la absolución, no sólo de la acción principal sino también de las demás prestaciones reclamadas al demandado con quien se entabló la relación laboral, no obedecieron a la ejecutoria de amparo, ya que no se impuso a la responsable la obligación de resolver en ese sentido, sino que tenía la alternativa de hacerlo en uno u otro, subsanando las violaciones ya destacadas. De ahí que la legalidad o no de la absolución respecto de tales reclamos hechos a la patronal, no puedan ser materia de examen en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apoya esta consideración la jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), registro 2010983, publicada en la página 717 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, emitida también por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto y tomando en consideración que por Acuerdo General 3/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión ordinaria de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se autorizó el cambio de residencia y domicilio de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito al cuarto piso del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Predio "Rústico", en Santa Anita Huiloac, código postal 90407, Municipio de Apizaco, Tlaxcala, hágase saber a las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, por lista a la parte quejosa, por oficio al tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social y personalmente a Telas y Mezclillas Mac, Sociedad Anónima de Capital Variable y Hugo Elías González Cervantes. Así lo acordó y firma el Magistrado Octavio Chávez López, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien actúa con la licenciada Miriam Ramírez Alanis, secretaria de acuerdos que da fe.- Doy fe

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintidós de octubre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndolo la primera de las mencionadas; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre anterior, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.

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