Meliton Flores Arguello
Expediente 443/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 443/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- LIZETTE VIRIDIANA SANDOVAL PRADO y Otros.
- Juan Abraham Quezada Mosqueda
- Meliton Flores Arguello
Actuaciones
- Incidental
...CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, al rendir sus respectivo informe previo, aceptaron el acto que se le atribuye; razón suficiente para tenerlo como cierto. QUINTO. Ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público. Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y exista materia para la medida cautelar. En el caso, los quejosos solicitaron que se conceda la medida cautelar, medularmente, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y las autoridades responsables se abstengan de aplicar el Acuerdo general impugnado contra los quejosos. Para realizar el estudio correspondiente, se precisa que el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Sobre esa base, por lo que hace a los efectos para los que se solicita la medida cautelar respecto de los actos reclamados, no se encuentra satisfecho el requisito en estudio, pues se considera que, de otorgar la suspensión en los términos propuestos, se contravendrían disposiciones de orden público y el interés social, en detrimento del numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la fracción V del diverso ordinal 129 del propio ordenamiento legal prevé que se causarán perjuicios al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público de impedirse la ejecución de medidas para contrarrestar epidemias de carácter grave, dado que, en la especie, se está en una situación que trasciende al ámbito internacional porque el virus SARSCoV2 y la enfermedad COVID-19, también conocida como coronavirus, están considerados como pandemia. En efecto, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud determinó que el virus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 debían calificarse como una pandemia. Como respuesta a dicha contingencia, el Ejecutivo Federal y algunas dependencias que integran la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, realizaron las siguientes acciones: - El Pleno del Consejo de Salubridad aprobó el "Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de marzo de dos mil veinte. - Por su parte, el Presidente de la República emitió el "Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)," publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de marzo de dos mil veinte. Luego, el Pleno del Consejo de Salubridad General emitió el "Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)," publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil veinte. Posteriormente, el Secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se modifica el similar antes descrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de abril de dos mil veinte, ampliando la suspensión de actividades no esenciales hasta el treinta de mayo de dos mil veinte. Finalmente, el catorce y veintinueve de mayo de dos mil veinte, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, de manera respectiva, el "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias"; así como el diverso "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas". Documentos en los que, si bien no se establecieron las condiciones específicas para la reactivación de las actividades ordinarias en los centros de impartición de justicia, cierto es que tienen efecto de observancia general pues se emitieron por las autoridades a quienes compete la prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID 19, que es de atención prioritaria en el país, y se encuentran dirigidas a todos los centros de trabajo, a fin de que retomen o continúen sus actividades bajo protocolos de seguridad sanitaria, que garanticen tanto a su personal como al público en general, que se está cumpliendo con estándares que reduzcan los riesgos asociados a la citada enfermedad, en el marco de la estrategia general para la Nueva Normalidad vigente a partir del uno de junio de dos mil veinte. Además, porque en tales ordenamientos se precisó que, en caso de que fueran emitidos lineamientos sectoriales de carácter específico, éstos siempre debían tomar como referencia los contenidos incluidos en los referidos lineamientos técnicos, por ser su aplicación de carácter obligatorio. Ahora bien, del contenido de tales ordenamientos, se aprecia que a partir del uno de junio de dos mil veinte, se llevaría cabo la reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y cauta, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. Asimismo, que la impartición de justicia debía ser considerada como una actividad esencial, por lo que los centros de trabajo ubicados en una región que se encuentre en color amarillo, como en el caso acontece con el Estado de Guanajuato,1 se permitiría el aforo de personas con restricciones. Siguiendo ese orden, como parte del inicio de la reapertura, propusieron seguir ciertas reglas determinadas, entre las que se encuentran, en lo que interesa: La disminución del aforo de personas y del personal en trabajo presencial, así como establecer horarios alternados de actividades cotidianas a fin de evitar el hacinamiento en espacios y minimizar el contacto entre personas; y, El establecimiento de filtros sanitarios para la detección de síntomas antes del ingreso de cualquier persona al recinto judicial correspondiente. Por su parte, el Acuerdo general impugnado se emitió para atender tales lineamientos, pues su finalidad es implementar una serie de medidas preventivas tendentes a preservar y proteger la salud e integridad de los justiciables y los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, partiendo de la reducción del contacto físico entre personas, pues estableció un sistema de control y programación de citas para la presentación de promociones y consulta de expedientes, entro otros servicios. Las normas reseñadas constituyen un hecho notorio revestido de publicidad, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que fueron difundidas en diversos medios de comunicación oficial y en portales de internet de instituciones públicas. De lo anterior, hecho un análisis preliminar del acto impugnado, no se advierte que sea notoriamente inconstitucional, porque la finalidad del Acuerdo General de fecha veintitrés de julio de dos mil veinte, emitido por el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, es minimizar el contacto físico y evitar la aglomeración de personas en los recintos de impartición de justicia del fuero común del Estado, con el objeto de minimizar la propagación y el contagio del virus SAR COVID 19, causante de la enfermedad conocida como coronavirus, los cuales están catalogados como pandemia, pues una de las principales formas de transmisión es por contacto entre las personas. En ese sentido, la colectividad se encuentra interesada en que se sigan las normas que establezcan las medidas de protección de la población en general, como son las relativas a la salvaguarda de la salud pública y, en el caso concreto, el acto impugnado, pues tiene como propósito minimizar el riesgo de contagio y propagación del virus SAR COVID 19 y la enfermedad coronavirus, los cuales están catalogados como pandemia, pues resulta un hecho notorio actualmente se ha convertido en un problema de salud pública en el ámbito local e internacional. De ahí que, se consideren de interés público las medidas adoptadas por los diversos órganos de la administración pública, al igual que los Poderes Judicial y Legislativo, en sus diferentes niveles de gobierno, así como el sector privado, para contribuir a evitar el contagio del virus imperante en la actualidad, pues la enfermedad del coronavirus representa un riesgo para la salud pública, dado el creciente índice de enfermos a nivel nacional y mundial Así, dado el interés social que subyace en ello, la gestión de medidas de prevención de salud pública, por sí mismas, no operan como generadoras de afectación al interés jurídico de la parte quejosa, pues en el caso, no se advierte que el derecho particular de éste sea oponible al interés general que tiene la colectividad, en cuanto a que se informe a la población del daño que provoca el uso de vaporizadores y las sustancias utilizadas en ellos. Incluso, se precisa que no se considera que los quejosos queden en estado de indefensión, puesto que del "Comunicado de Prensa 01/2020", emitido el uno de junio de dos mil veinte, por el Poder Judicial del Estado, se aprecia que ese organismo ha efectuado diversos trabajos para la implementación del uso de medios digitales en la impartición de justicia con el objeto de hacer frente a la emergencia sanitaria generada por el virus Covid-19; lo que representa una alternativa para que los justiciables puedan acceder a los servicios que prestan los órganos jurisdiccionales del fuero común del Estado.2 Así, queda demostrado que con el otorgamiento de la medida suspensiva se contravendrían disposiciones de orden público y se causarían perjuicios al interés social, en detrimento de lo previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo; de ahí que, para resolver no se atiende a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, pues no obstante que se alegue la inconstitucionalidad del acto impugnado, en la especie, se actualiza el impedimento previsto en la fracción V del diverso ordinal 129 de la propia legislación para conceder la suspensión. Por tanto, en el caso en específico, no es posible restablecer a los quejosos en el goce del derecho que aducen violentado, hasta en tanto se dicte sentencia que resuelva el fondo del asunto, esto, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no reunirse los requisitos exigidos por el artículo 128 y 147, de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sentido, procede negar la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a *** la suspensión definitiva de los actos reclamados, por las razones aludidas en el considerando quinto de la presente interlocutoria...
- Incidental
...Téngase por recibido el oficio signado por la autoridad responsable Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, mediante el cual rinde informe previo, con esa calidad, así como en representación del mencionado Consejo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de mérito. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia incidental. Asimismo, se tiene a la autoridad en mención designando como delegados de su parte, a las personas que mencionan en su oficio, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia. Con fundamento en el numeral 143 de la Ley de la materia, se le tiene ofreciendo como pruebas las documentales descritas en la certificación secretarial de esta fecha, las cuales se ponen a la vista de las partes, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia respectiva. CORREO ELECTRÓNICO Por otra parte, también la parte promovente proporcionó una cuenta de correo electrónico, el cual será considerado para efecto de que personal del juzgado pueda establecer contacto por tales medios, en los casos en que se estime pertinente...
- Incidental
...Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con copia de la demanda y anexos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y en cuerda separada el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 443/2020 promovido por *** todos por propio derecho, contra actos que reclaman del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y otra autoridad, que consideran violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INFORME PREVIO Requiérase a las autoridades responsables para que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento en que reciban el oficio correspondiente, rindan por duplicado informe previo, en el que manifiesten si son ciertos o no los actos reclamados por la parte quejosa y en su caso, las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. En el entendido, de que el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía fax al teléfono 462 62 4 40 81, vía telegráfica, por correo electrónico a la dirección institucional 10jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, por vía ordinaria; pero únicamente por una de las vías antes señaladas. En ese orden, con la finalidad de incentivar el uso de tecnologías en la impartición de justicia, se precisa a las autoridades responsables que pueden proporcionar una cuenta de correo electrónico a efecto de que se establezca como medio de contacto con el personal del juzgado, o bien, para que la práctica de notificaciones judiciales. Asimismo, para facilitar la integración y consulta del expediente electrónico, se solicita que se envíen las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo, debidamente digitalizadas, a través de medios tecnológicos tales como discos magnéticos o memorias "USB" corroborando que los archivos electrónicos que se adjunten se encuentren libres de virus, o bien, de no ser posible, las remita de manera física. En la inteligencia, que de no rendir su informe previo se presumirá cierto el acto que se les reclama y se impondrá por omisa, una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente. Para efecto de lo anterior, remítase a las responsables copia simple de la demanda de amparo y escritos aclaratorios. Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental durante el transcurso del incidente, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrán consultarlo en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar" AUDIENCIA INCIDENTAL Para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia incidental se señalan las TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. ESTUDIO DE LA MEDIDA CAUTELAR De la interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del artículo 107 constitucional, se tiene que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la integración de todos los presupuestos jurídicos siguientes: Solicitud de la medida y señalamiento del acto que pretende paralizarse. Certeza de los actos reclamados. Existencia de materia para la suspensión o medida cautelar. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e, Interés jurídico que, de ser el caso, implica que se compruebe la apariencia del buen derecho (juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado); lo cual de colmarse, debe sopesarse respecto del perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. Se precisa que la ausencia de cualquiera de dichas condiciones tiene como consecuencia que deba negarse la medida cautelar. SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR FIJACIÓN DEL ACTO A PARALIZAR El numeral 128, fracción I de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión que exista petición de parte; en tal virtud, es necesario que el quejoso señale claramente los actos cuya suspensión se solicita. En el caso, se cumple con dicho requisito, pues la parte quejosa solicitó la medida cautelar e indicó que los actos que pretenden paralizar consisten en: El Acuerdo general relativo a la presentación de promociones subsecuentes, consulta de expedientes y solicitud de otros servicios ante los Juzgados Civiles de Partido Especializados en Materia Familiar, Civiles de Partido, Menores Civiles y Menores Mixtos, a fin de reforzar las medidas de contingencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivado de la enfermedad covid-19, emitido por el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en sesión extraordinaria de veintitrés de julio de dos mil veinte; y, su ejecución. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADOS Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos, salvo que las manifestaciones vertidas por la parte quejosa desvirtúen su existencia, pues no puede partirse del supuesto de que los actos son ciertos cuando el propio inconforme lo reconoce en los hechos de la demanda; sin que ello prejuzgue sobre su procedencia pues para tal efecto deben analizarse los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, para efectos de la suspensión solicitada, el acuerdo impugnado se tiene por cierto pues su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que no se encuentra sujeto a prueba, dado que fue publicando en el portal de internet de un organismo público. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS (materia para la suspensión) Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, los quejosos solicitaron que se conceda la medida cautelar, medularmente, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y las autoridades responsables se abstengan de aplicar el Acuerdo general impugnado contra los quejosos. Para estudiar lo anterior, resulta necesario señalar que el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Sobre esa base, por lo que hace a los efectos para los que se solicita la medida cautelar respecto de los actos reclamados, no se encuentra satisfecho el requisito en estudio, pues se considera que, de otorgar la suspensión en los términos propuestos, se contravendrían disposiciones de orden público y el interés social, en detrimento del numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la fracción V del diverso ordinal 129 del propio ordenamiento legal prevé que se causarán perjuicios al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público de impedirse la ejecución de medidas para contrarrestar epidemias de carácter grave, dado que, en la especie, se está en una situación que trasciende al ámbito internacional porque el virus SARS CoV2 y la enfermedad COVID 19, también conocida como coronavirus, están considerados como pandemia. En efecto, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud determinó que el virus SARSCoV2 y la enfermedad COVID 19 debían calificarse como una pandemia. Como respuesta a dicha contingencia, el Ejecutivo Federal y algunas dependencias que integran la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, realizaron las siguientes acciones: El Pleno del Consejo de Salubridad aprobó el "Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS CoV2 (COVID 19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia" publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de marzo de dos mil veinte. Por su parte, el Presidente de la República emitió el "Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS CoV2 (COVID 19) " publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de marzo de dos mil veinte. Luego, el Pleno del Consejo de Salubridad General emitió el "Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS CoV2 (COVID 19) " publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil veinte. Posteriormente, el Secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se modifica el similar antes descrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de abril de dos mil veinte, ampliando la suspensión de actividades no esenciales hasta el treinta de mayo de dos mil veinte. Finalmente, el catorce y veintinueve de mayo de dos mil veinte, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, de manera respectiva, el "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias" así como el diverso "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas" Documentos en los que, si bien no se establecieron las condiciones específicas para la reactivación de las actividades ordinarias en los centros de impartición de justicia, cierto es que tienen efecto de observancia general pues se emitieron por las autoridades a quienes compete la prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS CoV2, COVID 19, que es de atención prioritaria en el país, y se encuentran dirigidas a todos los centros de trabajo, a fin de que retomen o continúen sus actividades bajo protocolos de seguridad sanitaria, que garanticen tanto a su personal como al público en general, que se está cumpliendo con estándares que reduzcan los riesgos asociados a la citada enfermedad, en el marco de la estrategia general para la Nueva Normalidad vigente a partir del uno de junio de dos mil veinte. Además, porque en tales ordenamientos se precisó que, en caso de que fueran emitidos lineamientos sectoriales de carácter específico, éstos siempre debían tomar como referencia los contenidos incluidos en los referidos lineamientos técnicos, por ser su aplicación de carácter obligatorio. Ahora bien, del contenido de tales ordenamientos, se aprecia que a partir del uno de junio de dos mil veinte, se llevaría cabo la reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y cauta, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. Asimismo, que la impartición de justicia debía ser considerada como una actividad esencial, por lo que los centros de trabajo ubicados en una región que se encuentre en color naranja, como en el caso acontece con el Estado de Guanajuato, debían tener una operación reducida. Siguiendo ese orden, como parte del inicio de la reapertura, propusieron seguir ciertas reglas determinadas, entre las que se encuentran, en lo que interesa: La disminución del aforo de personas y del personal en trabajo presencial, así como establecer horarios alternados de actividades cotidianas a fin de evitar el hacinamiento en espacios y minimizar el contacto entre personas; y, El establecimiento de filtros sanitarios para la detección de síntomas antes del ingreso de cualquier persona al recinto judicial correspondiente. Por su parte, el Acuerdo general impugnado se emitió para atender tales lineamientos, pues su finalidad es implementar una serie de medidas preventivas tendentes a preservar y proteger la salud e integridad de los justiciables y los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, partiendo de la reducción del contacto físico entre personas, pues estableció un sistema de control y programación de citas para la presentación de promociones y consulta de expedientes, entro otros servicios. Las normas reseñadas constituyen un hecho notorio revestido de publicidad, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que fueron difundidas en diversos medios de comunicación oficial y en portales de internet de instituciones públicas. De lo anterior, hecho un análisis preliminar del acto impugnado, no se advierte que sea notoriamente inconstitucional, porque la finalidad del Acuerdo General de fecha veintitrés de julio de dos mil veinte, emitido por el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, es minimizar el contacto físico y evitar la aglomeración de personas en los recintos de impartición de justicia del fuero común del Estado, con el objeto de minimizar la propagación y el contagio del virus SAR COVID 19, causante de la enfermedad conocida como coronavirus, los cuales están catalogados como pandemia, pues una de las principales formas de transmisión es por contacto entre las personas. En ese sentido, la colectividad se encuentra interesada en que se sigan las normas que establezcan las medidas de protección de la población en general, como son las relativas a la salvaguarda de la salud pública y, en el caso concreto, el acto impugnado, pues tiene como propósito minimizar el riesgo de contagio y propagación del virus SAR COVID-19 y la enfermedad coronavirus, los cuales están catalogados como pandemia, pues resulta un hecho notorio actualmente se ha convertido en un problema de salud pública en el ámbito local e internacional. De ahí que, se consideren de interés público las medidas adoptadas por los diversos órganos de la administración pública, al igual que los Poderes Judicial y Legislativo, en sus diferentes niveles de gobierno, así como el sector privado, para contribuir a evitar el contagio del virus imperante en la actualidad, pues la enfermedad del coronavirus representa un riesgo para la salud pública, dado el creciente índice de enfermos a nivel nacional y mundial. Así, dado el interés social que subyace en ello, la gestión de medidas de prevención de salud pública, por sí mismas, no operan como generadoras de afectación al interés jurídico de la parte quejosa, pues en el caso, no se advierte que el derecho particular de éste sea oponible al interés general que tiene la colectividad, en cuanto a que se informe a la población del daño que provoca el uso de vaporizadores y las sustancias utilizadas en ellos. Incluso, se precisa que no se considera que los quejosos queden en estado de indefensión, puesto que del "Comunicado de Prensa 01/2020" emitido el uno de junio de dos mil veinte, por el Poder Judicial del Estado, se aprecia que ese organismo ha efectuado diversos trabajos para la implementación del uso de medios digitales en la impartición de justicia con el objeto de hacer frente a la emergencia sanitaria generada por el virus Covid 19; lo que representa una alternativa para que los justiciables puedan acceder a los servicios que prestan los órganos jurisdiccionales del fuero común del Estado. Sobre esa base, queda demostrado que con el otorgamiento de la medida suspensiva se contravendrían disposiciones de orden público y se causarían perjuicios al interés social, en detrimento de lo previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo; de ahí que, para resolver no se atiende a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, pues no obstante que se alegue la inconstitucionalidad del acto impugnado, en la especie, se actualiza el impedimento previsto en la fracción V del diverso ordinal 129 de la propia legislación para conceder la suspensión. Por tanto, en el caso en específico, no es posible restablecer provisionalmente a los quejosos en el goce del derecho que aducen violentado, mientras se dicta la suspensión definitiva en el presente incidente, esto, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no reunirse los requisitos exigidos por el artículo 128 y 147, de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sentido, procede negar la suspensión provisional solicitada. PRUEBAS Se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que exhibió con la demanda y escrito aclaratorio, sin perjuicio de su relación en la audiencia respectiva. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES La parte quejosa proporcionó un nombre de usuario a efecto de que se le realicen las notificaciones vía electrónica, así como para que se le autorice el acceso al expediente electrónico en el presente asunto. Por tanto, como el usuario *** cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diversos Acuerdos Generales Conjuntos 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 55 del precitado Acuerdo General 12/2020, practíquense a la parte promovente, por vía electrónica, las notificaciones que tengan el carácter de personales. Asimismo, se autoriza a la parte promovente la consulta electrónica del presente expediente, de conformidad con los numerales 35, 36, párrafo primero y 37 , del Acuerdo General 12/2020 en consulta. DUDAS O REPORTE SOBRE FALLAS DEL SISTEMA Se informa a los usuarios que para la resolución de dudas sobre el uso del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, podrán contactarse al Escritorio de Soporte a través del correo electrónico escritoriodesoporte@correo.cjf.gob.mx, o bien, comunicarse a los números telefónicos: (55) 5449 9500 extensión 1507. (55) 5647 6050. 800 836 95 25 (Lada sin costo). Por otra parte, en caso de que el Sistema presente fallas técnicas que impidan el envío de documentación y la consulta de las actuaciones judiciales, deberán informar sobre la respectiva problemática en el vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", o bien, de no poder utilizar dicha herramienta, levantar un reporte al correo electrónico: soportejuridicopslpjf@correo.cjf.gob.mx, para que el área correspondiente rinda un informe en que precise la existencia o no de la falla reportada y, de ser el caso, la causa, el momento a partir del cual se suscitó, su alcance y el día y la hora en que se subsanó, a efecto de que este juzgado provea lo conducente. De modo que, este juzgado no podrá pronunciarse sobre la existencia de fallas que llegaran a alegar las partes, sin que medie el informe que rinda el área correspondiente, por lo que es obligación del usuario dar aviso a dicha unidad administrativa en los términos señalados en el párrafo que antecede. Sin perjuicio de lo anterior, se hace del conocimiento que el expediente físico queda a su disposición para su consulta; en el entendido que para su revisión se deberá agendar una cita para que se permita el acceso a este juzgado, lo cual se tendrá que realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx . Además, se le comunica que, al contar con acceso al expediente electrónico, podrá descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. SE INVITA A PROPORCIONAR MEDIOS DE CONTACTO La parte promovente proporcionó un correo electrónico en la etiqueta con la que se presentó la demanda, el cual constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerados para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. No obstante lo anterior, se invita a la parte quejosa y al resto de las partes a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A *** y *** se les tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General multicitado, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". De ser así, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación...
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02/10/2020...Notifíquese por vía electrónica a la parte quejosa...
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