Melitón Cordero Morales
Expediente 53/2018 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 01/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Tlaxcala
- Melitón Cordero Morales
- José Roberto Durán Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Queja
Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante la cual acusa recibo del diverso del índice de este tribunal colegiado. Al advertirse de autos que no existe trámite pendiente por realizar, archívese este asunto. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de depuración
- Queja
ÚNICO: Es infundado el recurso de queja.
- Queja
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término concedido al recurrente, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la vista ordenada; en tales condiciones, devuélvase de inmediato el presente asunto, a la ponencia del Magistrado Miguel Nahim Nicolás Jiménez.
- Queja
Vista la cuenta que antecede y atento a lo dispuesto por el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dese vista al recurrente ***, con la determinación que el Pleno de este órgano colegiado, en sesión de veintiséis de julio del año en curso, consensó por unanimidad de votos, en el sentido de que en el juicio de amparo de donde deriva el presente recurso, es factible que se actualice la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, por las razones que a continuación se exponen: El Juez de Distrito prescindió en pronunciarse de manera expresa respecto del acto reclamado consistente en: "(.) a) LA ILEGAL DETENCIÓN DE MI DEFENDIDO, ***, EFECTUADA CON FECHA DOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA, EN ATENCIÓN A QUE FUE COMETIDA EN AGRAVIO DE SUS DERECHOS HUMANOS, COMO LO SON EL DE LA LIBERTAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, PUESTO QUE EN DICHA DETENCIÓN NO SE OBSERVARON LAS FORMALIDADES QUE PARA TAL EFECTO SEÑALA EL PROTOCOLO NACIONAL DE PRIMER RESPONDIENTE (.)" Sin embargo, en criterio de este órgano colegiado, en relación a dicho acto reclamado, se actualiza en forma manifiesta e indudable en términos del numeral 113, de la Ley de Amparo, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la legislación en cita. El precepto legal 113, de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 113. (Se reproduce)." Tal disposición autoriza desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, que este órgano colegiado comparte, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 203196, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. (Se reproduce)." En ese contexto, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. (Se reproduce)" Del precepto legal transcrito se advierte en lo que interesa, que la causal de improcedencia en estudio, deviene principalmente del avance en las etapas procesales que regularmente se presentan en un juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y no obstante que dichas fases guardan relación entre sí, lo cierto es que las mismas son autónomas e independientes unas de otras, de tal manera que completándose una se inicia otra, la cual conforma una nueva etapa procesal o situación jurídica, por lo que una vez cerrada una e iniciada la nueva no procede el juicio de garantías, toda vez que de concederse el amparo y protección de la justicia federal invariablemente se afectaría la nueva etapa procesal. Ahora bien, a fin de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia en estudio, es dable precisar los siguientes antecedentes derivados del escrito de demanda, en relación con las constancias que adjuntó a la misma, el aquí inconforme: 1. El dos de septiembre de dos mil diecisiete, el quejoso fue detenido por elementos de seguridad pública Municipal de Texoloc, Tlaxcala; dictándose en esa misma fecha el auto de inicio de la carpeta de investigación UITLAXD-I/208/2017, del índice del Agente del Ministerio Público del Tercer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido, Región Sur. 2. Luego, en audiencia de cinco de septiembre de ese mismo año, se calificó de legal la detención, dentro de la causa judicial 92/2017 del índice del Juzgado Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. 3. Asimismo, en tal audiencia inicial de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó en su contra resolución de medidas cautelares, en la cual se le impuso la consistente en la prisión preventiva. 4. El siete de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó en contra del quejoso auto de vinculación a proceso, por su probable participación en la comisión del delito de robo calificado. Como se ve, es patente la actualización de la causal de improcedencia en cita, toda vez que el quejoso reclama la detención de que fue objeto por parte de los elementos de seguridad pública Municipal de Texoloc, Tlaxcala, el dos de septiembre de dos mil diecisiete; sin embargo, para los efectos del presente juicio de amparo, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones que se hubieran cometido, pues como se destacó en audiencia inicial de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, desahogada dentro de la causa judicial 92/2017, se calificó de legal la detención de la cual fue objeto el imputado y se le impuso como medida cautelar la consistente en la prisión preventiva. De ahí que, este Tribunal Colegiado se encuentra imposibilitado para examinar la constitucionalidad del acto reclamado en cita -detención-, ya que de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica del quejoso, creada como consecuencia de la calificación de la detención y la prisión preventiva impuesta. Al respecto, es conveniente destacar las consideraciones vertidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 669/2015: - Estimó que el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en etapas, cada una de las cuales tiene una función específica. - Estas etapas se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. - Lo anterior, se apoya en el principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, el cual ordena que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo. - En ese sentido, del señalado principio se desprende la necesidad de que cada una de las etapas en el procedimiento penal cumpla su función a cabalidad y, una vez agotadas, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior. Las consideraciones destacadas derivan de la tesis 1a. LI/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 01 de junio de 2018 10:07 h, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. DE SU INTERPRETACIÓN SE DESPRENDE LA OBLIGACIÓN DE LA PARTES DE HACER VALER SUS INCONFORMIDADES EN EL MOMENTO O ETAPA CORRESPONDIENTE. (Se reproduce)." Conforme a tales consideraciones, se insiste, este Tribunal Colegiado se encuentra imposibilitado para examinar la constitucionalidad de la detención reclamada, en virtud que como lo afirma el quejoso bajo protesta de decir verdad, en el proceso natural ya se concluyó con la etapa inicial en la cual se calificó de legal su detención y se le impuso como medida cautelar la consistente en la prisión preventiva, incluso actualmente se está desahogando la etapa intermedia; circunstancia que hace patente que tales etapas se sucedieron irreversiblemente unas a otras, lo que significa que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Es aplicable, en lo conducente, la tesis II.2o.P.44 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, diciembre de 2016, Tomo II, página 1702, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. (Se reproduce)." En consecuencia, si el quejoso reclama la detención por parte de los elementos de seguridad pública Municipal de Texoloc, Tlaxcala, de fecha dos de septiembre de dos mil diecisiete, y del contenido de la demanda de amparo, en relación con las constancias que se adjuntaron a la misma, se pone de manifiesto que en audiencia inicial de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se calificó de legal la detención de la cual fue objeto y se le impuso como medida cautelar la consistente en la prisión preventiva; es inconcuso que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la legislación en cita. En consecuencia, hágase saber al quejoso, aquí recurrente, que dentro del término de tres días al en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, deberá desahogar la vista decretada, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacerlo en ese lapso se tendrá por conforme con esa decisión para los efectos que correspondan.
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