Melitina Torres Gastelum
Expediente 1285/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1285/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Melitina Torres Gastelum
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Sin que sea el caso de requerir a la parte quejosa por documentales originales, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no obran en el presente expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 20/diciembre/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Cumplimiento de prevención. Visto el escrito de cuenta, suscrito por Melitina Torres Gastélum, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno; agréguese a sus autos para conocimiento de las partes y para que surta sus efectos legales conducentes. Análisis de procedencia. De la lectura integral de la demanda y los escritos aclaratorios, se advierte que el juicio de amparo propuesto es improcedente. En efecto, el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Correlativo a lo anterior, el numeral 113 de la Ley de la Materia, textualmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". La agraviada señala como autoridad responsable al jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación en Hermosillo del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien le reclama el descuento sin causa a su salario, lo cual le hace percibir menos del salario mínimo. Al respecto, quien resuelve considera que el acto que le relama la quejosa a la autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social, no es de autoridad para efectos del amparo, y por tanto, se actualiza de manera indubitable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y la fracción II del artículo 5, ésta a contrario sensu, de la propia legislación. Los numerales en mención, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (...)." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Así, de la interpretación en sentido contrario del artículo 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, se deduce que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se haga valer contra actos provenientes de una autoridad que no tenga tal carácter para efectos del amparo. En efecto, conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen provengan de autoridad; entendiéndose por tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De modo que, de la exégesis de los preceptos normativos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. Por tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquélla que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Cabe señalar en relación con el concepto de autoridad, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de acuerdo con la doctrina, que existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados. Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que son las que surgen entre los órganos de autoridad por una parte, y el gobernado por la otra. En estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Así, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, que ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Lo anterior tiene sustento en la Tesis XXXVI/99, 5 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, página 307, con número de registro digital 194367, que es del tenor literal siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La Teoría General del Derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los expresados por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro digital: 161133, de rubro y texto: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Expuesto lo anterior, es preciso destacar que la quejosa Melitina Torres Gastélum, manifestó bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa, lo siguiente: Refiere que, en año dos mil dieciocho, a la edad de setenta y cinco años, se le otorgó pensión por viudez y que el número que le asignó el propio Instituto Mexicano del Seguro Social fue el 24 61 44 11 63 5, y que el depósito se lo efectúan en una cuenta bancaria a su nombre cada mes. No obstante lo anterior, en el mes de octubre únicamente le depositaron la cantidad de $2,985.44 (dos mil novecientos ochenta y cinco pesos 44 /100 moneda nacional), descontándole la cantidad de $1,322.24 (un mil trescientos veintidós pesos 24/100 moneda nacional). Por lo anterior, acude a esta instancia en busca del amparo y la protección de la justicia Federal. Sin embargo, quien resuelve advierte que en relación con el reclamo planteado por la parte quejosa, el jefe del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, señalado como responsable, éste actúa como ente asegurador, dado que la relación con la peticionaria es de naturaleza laboral; es decir, de coordinación, regulada por el derecho laboral, no así, de supra a subordinación. Ello es así, pues como se aprecia, el acto reclamado se relaciona con lo relativo al ingreso que obtiene como pensionada respecto del cual se le efectuó el descuento reclamado, lo que hace evidente que no se trata de actos de autoridad, considerando que existe un vínculo laboral entre las partes, en el cual se encuentran en un plano de igualdad en cuanto a la relación patrón-trabajador. En efecto, el acto reclamado no reúne las características de unilateralidad, imperatividad y coercibilidad. No es unilateral, pues no crea, modifica o extingue por sí o ante sí, una situación jurídica que afecte la esfera legal de la quejosa, esto es, la autoridad responsable, en el particular, no ejerce facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley y que por ende, constituyan una potestad administrativa cuyo ejercicio sea irrenunciable, y que por tanto, se traduzca en verdaderos actos de autoridad; por el contrario, el conflicto nació en el ejercicio de un derecho surgido con motivo de la relación laboral existente entre la parte quejosa y la autoridad responsable del Instituto Mexicano del Seguro Social. Igualmente, el actuar de la autoridad responsable en relación con el acto tildado de inconstitucional, tampoco reviste el carácter de imperativo, ya que su ejecución sería, en todo caso, una consecuencia de la relación laboral a que está sujeta la quejosa por los derechos laborales que en vida pertenecieron a su extinto esposo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que cualquier controversia que se suscite tendrá que dirimirla en la vía ordinaria ante las autoridades competentes, a través de los medios legales correspondientes, previo a acudir al juicio de amparo. Así las cosas, no hay duda que las cuestiones que la impetrante de amparo somete a la consideración constitucional de esta Juzgador, no puede ser ventilada a través del juicio de amparo, dado que al tenor de las consideraciones antes sustentadas, se concluye que la autoridad señalada como responsable no tienen tal carácter para los efectos del amparo. Se cita como apoyo la tesis 2a./J. 134/201, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1511, Novena Época, con registro 160995, de rubro y texto siguientes: SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Asimismo, se cita la diversa tesis VIII.2o.P.A. J/32 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 2032, Novena Época, con registro de localización 164027, de rubro y texto son: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS., UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. y AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES., se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo." De igual forma, la tesis I.6o.T.26 L, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 347, Tomo III, Abril de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Laboral, que dice: AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad de Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación a que ya se hizo mérito." Y, por último, se cita la tesis IV.1o.14 L del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Diciembre de 1997, página 667, Novena Época, con registro 197332, de rubro y texto siguientes: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA MODIFICACIÓN DE LA PENSIÓN QUE AFECTA SU CUANTÍA, POR ERROR DEL INSTITUTO, EN PERJUICIO DEL ASEGURADO, DEBE REALIZARSE DESDE QUE SE DICTE EL ACUERDO RESPECTIVO. Si el actor reclamó del Instituto Mexicano del Seguro Social la nulidad de los descuentos efectuados a su pensión por invalidez y la consecuente devolución con base en el artículo 273, fracción II, de la Ley del Seguro Social (vigente en la época de los hechos), que prevenía que en los casos en que una pensión se hubiere concedido por error que afectase su cuantía, la modificación entraría en vigor, si era en perjuicio del asegurado, desde la fecha en que se dictó el acuerdo modificatorio si la imprecisión fue del instituto, y si en la especie el Seguro Social efectuó descuentos en forma retroactiva de la pensión del asegurado, sin cumplir con el requisito de procedibilidad previsto en la hipótesis antes relacionada, la Junta responsable estuvo en lo correcto al condenar al instituto a nulificar las deducciones que realizó en perjuicio del actor sin dictar el acuerdo de modificación que exige la ley de la materia, en virtud de que fue un error del instituto en perjuicio del asegurado, y así, la modificación en la pensión debe surtir efectos desde que se dicte el acuerdo correspondiente." En ese sentido, al actualizarse las causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción II del artículo 5, ésta, a contrario sensu, en relación con el diverso 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo, promovida por Melitina Torres Gastélum. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. 1. Se agrega escrito. Visto el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual refiere cumplir con la prevención que se le hizo mediante acuerdo de tres de noviembre de este año; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes, sin que haya lugar a tener por cumplida la prevención, dado que es ambiguo y no es preciso en cumplir con el requerimiento que se le hizo en el inciso b) del acuerdo de referencia, cuenta habida que al efecto expone que: ".como lo explico en la demanda, que el derecho que tengo a percibir el salario mínimo general como pensión."; amén de que en la demanda concretamente no se expuso acto reclamado; de ahí, la necesidad de la aclaración precisa al respecto. De igual modo, debe indicar con precisión la denominación completa y correcta de la autoridad que señala como responsable, cuenta habida que, si bien, es claro en indicar al Instituto Mexicano del Seguro Social como responsable, lo cierto es, que ésta dependencia cuenta con diversidad de Departamentos y Áreas, como parte integrante de la Administración Pública Paraestatal, dado que es un organismo descentralizado, en términos de lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley del Seguro Social, que al efecto establece: "Artículo 5. La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo". Asimismo, es de apuntarse que conforme al numeral 3 del Reglamento Interior de dicho instituto, se desprende que para el estudio, planeación, atención y ejecución de los asuntos y actos que le competen existen diversos funcionarios con distintas atribuciones. En el entendido que de no expresar la denominación correcta de la autoridad responsable y que cumpla cabalmente con el diverso inciso del requerimiento, atento a su manifestación en el tercer párrafo de su escrito, se entenderá tácitamente que la autoridad que señala como responsable tiene la denominación de "Área de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social" Por lo anterior, no ha lugar a tener por cumplimentada la prevención que se le hizo a la promovente en el presente expediente. Hágase del conocimiento de la agraviada que, deberá cumplir cabalmente con el cumplimiento efectuado, dentro del plazo decretado en el acuerdo de tres de noviembre de este año; en el entendido que el mismo le fue notificado el ocho del mes y año en curso, por lo que ya le transcurrieron los tres días hábiles; de modo que cuenta con dos días hábiles, a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para dar cumplimiento a la prevención efectuada. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DOS MIL VEINTIUNO. (SE PREVIENE A LA PARTE QUEJOSA)
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