Melissa Monserrat Anaya Barrientos

Expediente 454/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
454/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
23/06/2016

Partes del expediente

  • Melissa Monserrat Anaya Barrientos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA AFORE XXI BANORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Acapulco, Guerrero; treinta de mayo de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y remite copia certificada de diversas actuaciones que integran el expediente 725/2015, radicado en dicho órgano jurisdiccional, de la cual se advierte que el trece de mayo de la presente anualidad emitió un acuerdo por el cual requirió a la Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de México, a fin de que señale fecha y hora para que tenga verificativo el cotejo de las documentales ofertadas por la parte quejosa, así como también dar vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a su interés legal convenga, con motivo de la prueba superviniente exhibida por Melissa Monserrat Anaya Barrientos; a esta documental se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. Ahora, tomando en consideración de que la parte quejosa reclama la omisión de la junta responsable en desahogar las ofertadas en el juicio laboral 725/2015. Bajo ese contexto, se tiene que en este asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. Por otra parte, el diverso numeral 107, fracción V, dispone que el juicio de amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, los cuales son definidos como aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales. Para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. La interpretación de lo que debe entenderse por "imposible reparación" para calificar la procedencia de la demanda de amparo indirecto contra un acto emitido dentro del juicio, en los términos mencionados, fue explicado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 37/2014, publicada el viernes 06 de junio de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". De la jurisprudencia antes transcrita se obtiene que las condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento son: Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos"; lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Que esos "derechos afectados materialmente" revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015, determinó sobre el tema de procedencia del juicio de amparo indirecto que tratándose de omisiones de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, atribuidas a autoridades jurisdiccionales, constituyen violaciones intraprocesales que no afectan derechos sustantivos, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. El fallo emitido en la referida contradicción dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes seis de mayo de dos mil dieciséis, Décima Época, registro 2011580, del siguiente contenido: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Del criterio antes citado se desprende que: Cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Aun cuando dicha afectación pueda transgredir los artículos 8o., 14 y 17; no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. De tal manera que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Bajo ese contexto, el acto reclamado en el presente juicio consistente en la omisión de desahogar las pruebas de en el juicio laboral 725/2015; sólo produce una afectación sobre un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal; lo cual no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, en virtud de que sus consecuencias como ya se explicó no son de imposible reparación, aunado a que en el caso no se observa una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total, ya que a decir del quejoso bajo protesta de decir verdad, desde el veinticuatro de febrero del año en curso, la junta responsable llevo a cabo la audiencia de demanda, excepciones, ofrecimiento de pruebas y resolución, estando pendiente por desahogar la prueba de cotejo ofrecida por Afore XXI, Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual tendrá su verificativo en la ciudad de México, asimismo se encuentra pendiente el desahogo de la prueba superviniente ofertada por la quejosa el tres de marzo pasado, por lo que desde esa data al día en que se presentó la demanda de amparo (dos de mayo del año en curso), sólo han transcurrido alrededor de sesenta y un días hábiles para el primer medio de convicción descrito anteriormente y once días desde que la responsable dictada en auto por el cual se da vista a las parte de la prueba superviniente a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga (trece de mayo de dos mil dieciséis). Temporalidad que a criterio del suscrito juzgador no constituye una dilación prolongada del procedimiento laboral, y menos, una razón para asumir que éste se encuentre paralizado, aunado al hecho de que la junta responsable el trece del mes en curso, dicto el auto por el cual requiere el desahogo de las citadas probanzas. De ahí que no es dable asumir que se surta un caso de excepción al criterio asumido, y en esa guisa, el presente juicio de amparo deviene improcedente. Bajo ese contexto, al sobrevenir de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; lo que procede es decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido..."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  3. Principal

    CITATORIOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MELISSA MONSERRAT ANAYA BARRIENTOS Y A LA PARTE TERCERO INTERESADA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, QU EN LO CONDUCENTE DICE: : Acapulco, Guerrero; treinta de mayo de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y remite copia certificada de diversas actuaciones que integran el expediente 725/2015, radicado en dicho órgano jurisdiccional, de la cual se advierte que el trece de mayo de la presente anualidad emitió un acuerdo por el cual requirió a la Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de México, a fin de que señale fecha y hora para que tenga verificativo el cotejo de las documentales ofertadas por la parte quejosa, así como también dar vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a su interés legal convenga, con motivo de la prueba superviniente exhibida por Melissa Monserrat Anaya Barrientos; a esta documental se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. Ahora, tomando en consideración de que la parte quejosa reclama la omisión de la junta responsable en desahogar las ofertadas en el juicio laboral 725/2015. Bajo ese contexto, se tiene que en este asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. Por otra parte, el diverso numeral 107, fracción V, dispone que el juicio de amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, los cuales son definidos como aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales. Para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. La interpretación de lo que debe entenderse por "imposible reparación" para calificar la procedencia de la demanda de amparo indirecto contra un acto emitido dentro del juicio, en los términos mencionados, fue explicado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 37/2014, publicada el viernes 06 de junio de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". De la jurisprudencia antes transcrita se obtiene que las condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento son: Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos"; lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Que esos "derechos afectados materialmente" revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015, determinó sobre el tema de procedencia del juicio de amparo indirecto que tratándose de omisiones de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, atribuidas a autoridades jurisdiccionales, constituyen violaciones intraprocesales que no afectan derechos sustantivos, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. El fallo emitido en la referida contradicción dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes seis de mayo de dos mil dieciséis, Décima Época, registro 2011580, del siguiente contenido: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Del criterio antes citado se desprende que: Cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Aun cuando dicha afectación pueda transgredir los artículos 8o., 14 y 17; no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. De tal manera que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Bajo ese contexto, el acto reclamado en el presente juicio consistente en la omisión de desahogar las pruebas de en el juicio laboral 725/2015; sólo produce una afectación sobre un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal; lo cual no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, en virtud de que sus consecuencias como ya se explicó no son de imposible reparación, aunado a que en el caso no se observa una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total, ya que a decir del quejoso bajo protesta de decir verdad, desde el veinticuatro de febrero del año en curso, la junta responsable llevo a cabo la audiencia de demanda, excepciones, ofrecimiento de pruebas y resolución, estando pendiente por desahogar la prueba de cotejo ofrecida por Afore XXI, Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual tendrá su verificativo en la ciudad de México, asimismo se encuentra pendiente el desahogo de la prueba superviniente ofertada por la quejosa el tres de marzo pasado, por lo que desde esa data al día en que se presentó la demanda de amparo (dos de mayo del año en curso), sólo han transcurrido alrededor de sesenta y un días hábiles para el primer medio de convicción descrito anteriormente y once días desde que la responsable dictada en auto por el cual se da vista a las parte de la prueba superviniente a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga (trece de mayo de dos mil dieciséis). Temporalidad que a criterio del suscrito juzgador no constituye una dilación prolongada del procedimiento laboral, y menos, una razón para asumir que éste se encuentre paralizado, aunado al hecho de que la junta responsable el trece del mes en curso, dicto el auto por el cual requiere el desahogo de las citadas probanzas. De ahí que no es dable asumir que se surta un caso de excepción al criterio asumido, y en esa guisa, el presente juicio de amparo deviene improcedente. Bajo ese contexto, al sobrevenir de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; lo que procede es decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido....; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; tres de mayo de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Melissa Monserrat Anaya Barrientos, contra actos de la Junta Federal Número 43 de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 454/2016, y fórmese expediente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. Sin que haya lugar a proveer respecto de la suspensión del acto reclamado por no haberlo solicitado. Se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad designada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrá la razone y fundamento que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberá informar sí con anterioridad el quejoso promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirá las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se les informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo hagan sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Igualmente, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se les deba notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del quejoso, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa para el primer caso de treinta a trecientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. Conforme a lo previsto por el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como terceros interesados a Afore XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable y al Instituto Mexicano del Seguro Social; por tanto, con fundamento en el numeral 27, fracción l, de la ley de la materia, se comisiona a la actuaria adscrita para que le notifique personalmente esta resolución por conducto de quien legalmente las represente, en los domicilios indicados en el escrito de demanda. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en su escrito de demanda; por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que designa en la demanda, en virtud de la naturaleza del juicio. Así también, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la misma ley de la materia, se faculta al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Finalmente, cabe indicar que la sentencia que se dicte en el presente juicio de amparo, constituye una información pública, en términos de los artículos 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; sin embargo, las partes pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, por lo tanto, hágase de su conocimiento que queda expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, segundo párrafo y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos, con independencia de que, de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la mencionada ley, en la versión pública que se elabore de la sentencia o en su caso, de la resolución que ponga fin al juicio se suprimirá la información legalmente considerada como reservada, confidencial o datos personales.Notifíquese.

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