Melissa Jacqueline Camacho Enriquez

Expediente 1778/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1778/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Melissa Jacqueline Camacho Enriquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, once de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo Genera. Finalmente, háganse las anotaciones que corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, ocho de marzo de dos mil veintitrés ...Vistos, para resolver el juicio de amparo 1778/2022-3, promovido por ********************, por conducto de su apoderada legal ********************, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y de otra autoridad. R E S U L T A N D O Primero. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, recibido en la propia fecha en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y, finalmente, receptado el mismo día en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, ********************, por conducto de su apoderada legal ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a las autoridades que a continuación se precisan: Autoridades responsables Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y Actuario adscrito. Actos reclamados "1.- Respecto de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California: Se reclama la paralización, retraso, abstención y/o la dilación dentro del juicio laboral ----, al no haber agotado dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo la etapa de Conciliación, demanda y excepciones. 2.- Respecto del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California: Se reclama la omisión de realizar el emplazamiento al tercero interesado dentro de los plazos establecidos por Ley, lo que ha llevado a la falta del agotamiento de la etapa procesal antes mencionada." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente, el cual no se transcribe, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. Mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda relativa, quedando registrada bajo el expediente 1778/2022-3; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que en derecho le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, y 107, constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda y las constancias que obran en autos, se aprecia que los actos reclamados consisten en: -De la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California: La omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio de origen, dentro de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. -Del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California: La omisión de emplazar a las demandadas ********************, sociedad anónima de capital variable, ********************, sociedad anónima de capital variable y ********************, sociedad anónima de capital variable. Tercero. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, consistente en la omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio de origen, dentro de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, ya que de las constancias que obran en autos no se advierte que la autoridad responsable haya estado en condiciones de realizar dicha conducta y que haya incumplido con esa obligación, como a continuación se verá. En primer lugar, es importante señalar que desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, es ampliamente aceptado que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Sin embargo, el examen que se realiza para determinar la existencia de las conductas positivas que se atribuyen a las autoridades responsables, es distinto al que debe efectuarse tratándose de actos de naturaleza negativa u omisivos. Así, tratándose de conductas positivas, al traducirse en un "hacer" de las autoridades, cuando éstas niegan la existencia de los actos -positivos- que se les reclaman, en términos de las reglas de la carga de la prueba previstas en los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, corresponde al quejoso demostrar que la autoridad actuó en el sentido que refiere, precisamente, por ser quien lo afirma. Empero, tratándose de conductas negativas, que implican una abstención o "no hacer" por parte de las autoridades, no basta con constatar que la autoridad no ha realizado algo, sino que es indispensable corroborar que exista la obligación, posibilidad, condiciones o aptitud de actuar en el sentido que se pretende y que se haya incumplido con aquella. Al respecto, se cita la tesis 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cincuenta y tres, tomo VII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, registro 196080, que señala (énfasis añadido): "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Amparo en revisión 1241/97. Super Car Puebla, S.A. de C.V. 25 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga." Entonces, cuando no exista la omisión que se le atribuye a las responsables, lo que en realidad implica es que sí actuó -en los términos pretendidos por el quejoso-, es decir, no incurrió en la omisión que se le reclama; o bien, no actuó porque no estaba en condiciones de hacerlo; de manera que la negación de la omisión, envuelve una afirmación en cualquiera de los sentidos antes precisados. En este supuesto, conforme a las cargas procesales antes indicadas, corresponde a la autoridad responsable acreditar su afirmación, esto es, que sí actuó o que no estaba obligada a hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veintisiete, volumen sesenta, tercera parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 238592, que señala: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". Por tanto, en el caso de que los actos reclamados sean omisiones, la verificación de si la autoridad está en el momento de resolver una petición o procedimiento o, incluso, emitir un pronunciamiento, debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues -se insiste- en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable o de la parte quejosa, sino que es necesario verificar si realmente estaba o no constreñida a su realización y, en su caso, si la inactividad no corresponde a una "omisión como acto de autoridad" y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. Sin que el análisis que se realice al respecto pueda considerarse como un "estudio de fondo", puesto que no involucra el examen de constitucionalidad de la omisión reclamada, sino únicamente del entorno fáctico y normativo en el que se denuncia la conducta de la autoridad, para establecer si se ha incumplido una obligación o no y, por ende, si existe o no la "omisión como acto de autoridad". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página novecientos veintiséis, tomo I, libro cincuenta y nueve, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de octubre de dos mil dieciocho, Décima Época, registro 2018110, que señala: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Precisado lo anterior, se destaca que de la documental que obra en autos, consistente en copia certificada de las actuaciones que integran el juicio laboral 2627/2021-2A, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que hasta el momento no se ha practicado el emplazamiento a las demandadas ********************, sociedad anónima de capital variable, ********************, sociedad anónima de capital variable y ********************, sociedad anónima de capital variable, no obstante que mediante autos de diecisiete de enero, tres de junio, veintidós de agosto, veintiséis de septiembre, tres de octubre, tres de noviembre y siete de diciembre de dos mil veintidós, se haya ordenado su emplazamiento por medio de exhorto girado al Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Ciudad de México. Entonces, tomando en cuenta que para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demandada y excepciones, es indispensable que todas las partes hayan sido debidamente emplazadas al juicio laboral y, en el caso, como se indicó, aún no obra constancia de emplazamiento a las partes demandadas antes mencionadas, es inconcuso que la Junta responsable no está en condiciones de desahogar la multicitada diligencia y, por ende, no puede concluirse que ha incumplido con la obligación respectiva. De ahí, que no resulte cierto el acto que se le reclama. Por similares razones, no es cierto el acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, consistente en la omisión de emplazar a las demandadas ********************, sociedad anónima de capital variable, ********************, sociedad anónima de capital variable y ********************, sociedad anónima de capital variable, en el juicio laboral 2627/2021-2A, ya que de las constancias que obran en autos no se advierte que exista el deber de realizar dicha conducta y que la responsable haya incumplido con dicha obligación, como a continuación se verá. Ello es así, en virtud de que de las constancias que obran en autos, se aprecia que mediante autos de diecisiete de enero, tres de junio, veintidós de agosto, veintiséis de septiembre, tres de octubre, tres de noviembre y siete de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó su emplazamiento por medio de exhorto girado al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. En ese contexto, se concluye que, de acuerdo con las circunstancias fácticas del caso concreto, no existía el deber de realizar la conducta que se atribuye al Actuario responsable -emplazar a las codemandadas- y que éste haya incumplido con dicha obligación. En ese orden de ideas, debe concluirse que no es cierta la omisión que se atribuye al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, de emplazar a las codemandadas dentro del juicio laboral -----. Es oportuno destacar que, en el caso concreto, no es procedente examinar la actuación de la Junta responsable en relación con la diligenciación de los exhortos girados al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para emplazar a las demandadas en el juicio de origen. Ello es así, toda vez que tales actuaciones fueron materia del diverso juicio de amparo 803/2022 de este índice, en el que se otorgó la protección constitucional para el efecto de que la Junta responsable dictara las medidas necesarias a fin de que se diligenciara en sus términos el exhorto por el cual se ordenó llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada en el expediente -----. Entonces, dado que dicho asunto se encuentra en etapa de ejecución, es claro que la cumplimentación de las comunicaciones oficiales giradas para emplazar a las demandadas debe ser materia de aquel procedimiento. En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y Actuario de su adscripción, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexo que remite el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, mediante el cual, remite copia certificada de diversa constancia que integra el expediente laboral ******************** de su índice y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido. Asimismo, se le tiene anunciando como prueba de su parte la documental que anexa, la cual será tomada en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de la materia. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, específicamente de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el juicio laboral ********************, de su índice, se advierte que el emplazamiento de la parte demandada en el citado asunto cuya omisión se reclama, fue ordenado mediante exhorto girado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste si desea ampliar la demanda por lo que hace a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y Actuario de su adscripción. En el entendido que el señalamiento correspondiente deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento, que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo señalado, se continuará con la secuela procesal en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y tres minutos del ocho de marzo de dos mil veintitrés, como la nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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