Melissa Hobson Lindegren
Expediente 494/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Melissa Hobson Lindegren
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, tres de octubre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio 3597-A, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja administrativo número 162/2016 interpuesto por Karla Lindegren Mora, en ejercicio de la patria potestad de la menor Melissa Hubson Lindegren; acúsese recibo de estilo. De la citada ejecutoria se desprende: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja promovido por Karla Lindegren Mora, en ejercicio de la patria potestad de su menor hija Melissa Hubson Lindegren, en contra del proveído de quince de julio de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo 494/2016, por el cual desechó la demando de amparo." Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Se tiene por recibido el escrito, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de quince de julio de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda que refiere al juicio de amparo.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, quince de julio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito aclaratorio signado por Karla Lindegren Mora en ejercicio de la patria potestad de la menor Melissa Hobson Lindegren, mediante el cual desahoga la prevención realizada en acuerdo de doce de julio del presente año, ya que al respecto señalan lo siguiente: DECISIÓN SOBRE LA INSTANCIA CONSTITUCIONAL. Del análisis de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que resulta improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Es oportuno citar los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De éstos se obtiene que la demanda constitucional debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con lo anterior, diversos Tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Por su parte, los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: --- I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; --- II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; --- III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; --- IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza a partir del día siguiente al en que: Hubiese surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; El quejoso hubiese tenido conocimiento del acto o resolución que reclama, o de sus actos de ejecución; El quejoso se hubiese ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que su intención fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable al caso concreto de cualquiera de los tres establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto señalan: "Registro: 239520 Séptima ÉpocaInstancia: Tercera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Cuarta Parte Página: 105Tesis AisladaMateria(s): Común DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado." En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en la orden de desocupación de la casa habitación ubicada en calle Circuito Julio Berdegue 1001, (antes Circuito el Campeador), sección La Isla del fraccionamiento El Cid de esta ciudad, pronunciada en la sentencia ejecutoria de veintiocho de junio del presente año, relativa al juicio ordinario civil de extinción de usufructo 637/2014, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad; también refiere que su menor hija Melissa Hobson Lindegren, es totalmente ajena al juicio ya que no fue llamada a comparecer a defender sus derechos. De igual manera de los antecedentes del acto reclamado se aprecia que el mencionado juicio lo promovió Karla Lindegren Mora, por su propio derecho el cinco de septiembre de dos mil catorce, en contra de Patrick William Hobson Mc. Donald, el cual se radicó el dos de octubre de dos mil catorce. Asimismo, el demandado contestó la demanda el trece de noviembre de dos mil catorce y reconvino por la desocupación del citado inmueble, el juicio se siguió en sus etapas procesales, el veinticinco de septiembre del año próximo pasado, se dictó sentencia. Inconforme con dicha determinación la actora interpuso recurso de apelación, por ejecutoria de veintiocho de junio del año en curso, se ordenó la desocupación del inmueble de que se trata. Por otra parte, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, tener conocimiento, del acto reclamado el treinta de junio de este año; sin embargo, esa aseveración está desvirtuada, como se verá a continuación. De lo anterior se desprende que Karla Lindegren Mora, por lo menos desde el dos de octubre de dos mil catorce, tuvo conocimiento de la instauración del juicio, fecha en la que se admitió la demanda que dio origen al juicio 637/2014, dado que la propia promovente interpuso la demanda que dio lugar al citado expediente. Lo anterior cobra especial relevancia, ya que Karla Lindegren Mora Interpone la demanda de amparo en ejercicio de la patria potestad de su menor hija Melissa Hobson Lindegren; de tal suerte, que lo que conoció por su propio derecho, no lo puede desconocer en ejercicio de la patria potestad de la mencionada menor. Orientan sobre el particular, por las razones que las informan, las tesis siguientes: "Época: Novena Época Registro: 197543 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Octubre de 1997 Materia(s): Común Tesis: IV.3o. J/30 Página: 682 REPRESENTANTE LEGAL. NO PUEDE IGNORAR HECHOS QUE CONOCIÓ EN LO PERSONAL. Si el quejoso, quien es representante legal de la empresa codemandada, tuvo conocimiento de los actos impugnados, es evidente que también lo tuvo como representante de dicha empresa, pues es materialmente imposible que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal de la empresa, por lo cual, si un emplazamiento a una negociación mercantil debe realizarse por conducto de una persona física que al mismo tiempo, por la ficción legal del desdoblamiento de su personalidad, es apoderado o representante de esa persona moral, no es legalmente posible que el referido representante desconozca la existencia del juicio origen del emplazamiento, si este último como codemandado fue emplazado al mismo juicio como persona física." "Época: Novena Época Registro: 197544 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Octubre de 1997 Materia(s): Civil Tesis: XXI.1o. J/7 Página: 686 REPRESENTANTES LEGALES. NO PUEDEN IGNORAR, CON TAL CARÁCTER, LO QUE CONOCEN EN LO PERSONAL. Si en autos se encuentra acreditado que el apoderado de la empresa recurrente, misma que se ostentó como tercero extraño en el juicio de garantías, conoció los actos reclamados por haber sido demandado en el sumario del que emanan aquéllos, es ilógico que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal." Luego, si se considera que todo aquello que Karla Lindegren Mora conoció por su propio derecho en virtud de que promovió el juicio de origen, por tanto, el acto que ahora reclama en ejercicio de la patria potestad de la citada menor es materialmente imposible que lo ignore con tal carácter, es indudable que legalmente estaba facultada para promover el juicio constitucional a nombre y en ejercicio de la patria potestad de la menor quejosa. Por tanto, si conoció de la existencia de los actos reclamados, por lo menos desde el dos de octubre de dos mil catorce, fecha en que se admitió la demanda que originó el juicio 637/2014, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, es evidente que el plazo de quince días que establece el ordinal 17 de la legislación de la materia, transcurrió en exceso. En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó el once de julio del presente año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, es claro que transcurrió en exceso el plazo de quince días que la ley otorga para la presentación de la demanda de amparo y, por ende, la quejosa consintió tácitamente los actos que pretende reclamar; razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, por las razones que las informan, los siguientes criterios: "Quinta Época Registro: 370682 Instancia: Cuarta Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XCV Materia(s): Laboral Tesis: Página: 1533 TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO DEBE EMPEZARSE A CONTAR. Ni literal ni lógica ni jurídicamente puede estimarse, que en el caso de que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, deba tomarse necesariamente como punto de partida, para hacer el cómputo del término para la interposición del amparo, la notificación del propio acto, en primer lugar porque la interpretación gramatical no permite hacer esa distinción, y en segundo, porque no existe precepto alguno en la ley que lo autorice. Por el contrario, es lógico admitir que el legislador estimó que el elemento principal a tomarse en cuenta, es el de que el afectado tenga conocimiento de los actos, de hecho, pues esto está de acuerdo con la teoría jurídica de los actos de autoridad, que si por una parte deben tener firmeza, por la otra, tienen la presunción de legalidad, mientras no se demuestre lo contrario, mediante el juicio constitucional y ello, dentro del término perentorio de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, no siendo otro el principio en que descansa el motivo de improcedencia que se contiene en la fracción XII del artículo 73 del propio ordenamiento, y cuya consecuencia es la de que no siendo combatidos en tiempo los actos de autoridad, queden éstos firmes y su legalidad no puede ser objeto de discusión. En tal virtud, debe concluirse que no es la naturaleza del procedimiento del que emana el acto reclamado, la que debe servir de base para determinar el momento a partir del cual debe empezarse a computar el término aludido, sino simplemente el hecho de que el quejoso conozca el acto y de esta manera esté en posibilidad de atacarlo, surgiendo esta posibilidad desde el momento mismo en que se entere del acto o legalmente se le tenga por enterado mediante una notificación, independientemente de la naturaleza del procedimiento del que se haya derivado." "Novena Época Registro: 204707 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291 ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En las relatadas condiciones se desecha la demanda por notoriamente improcedente en términos del artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XIV todos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, doce de julio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito de demanda promovido por Karla Lindegren Mora en ejercicio de la patria potestad de la menor de edad Melissa Hobson Lindegren. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 494/2016, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, previo acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que quede legalmente notificado de este proveído, bajo protesta de decir verdad, aclare la demanda respecto de lo siguiente: Deberá manifestar los antecedentes del acto reclamado, es decir, la data en que presentó la demanda que dio origen al juicio ordinario civil de extinción de usufructo 637/2014, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad; así como la fecha de radicación, actuaciones practicadas en el mismo, sentencia y ejecutoria, toda vez que se advierte que la peticionaria de amparo Karla Lindegren Mora, promovió el aludido juicio en contra de Patrick William Hobson MC Donald. Lo requerido es con el fin de conocer íntegramente los antecedentes del acto reclamado, de conformidad con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, ello para estar en aptitud de proveer respecto de la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo, y en su caso, de la suspensión de los actos reclamados. Así como, por las razones que la informan, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, página , 54, con registro 227883, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." Tiene aplicación a lo anterior, la tesis I.7o.A.100 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Abril de 2006, página 990, con registro 175345, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En virtud de lo anterior, se previene al promovente para que presente ocho copias de su escrito aclaratorio, conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 106/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede ver Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 170, con registro 177046, del tenor literal siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." Así como, las Jurisprudencias 35/2001 y 36/2001, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA." "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Apercibido que en caso de no cumplir íntegramente con la presente prevención dentro del lapso indicado, la demanda se tendrá por no presentada conforme a lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario o secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherente a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE.
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