Melissa Guadalupe Tec Baquedano

Expediente 1147/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1147/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Melissa Guadalupe Tec Baquedano

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 5750 remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa ********************, contra la sentencia emitida en los presentes autos, formándose el toca ********************. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    I. Se notifica por lista de estrados a la parte QUEJOSA ****, la sentencia de 18 de 04 de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Mérida, Yucatán; dieciocho de abril de dos mil veintitrés. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 226/2023-I, promovido por ***, contra actos de la Jueza Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, [...] OCTAVO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. 111. Cabe destacar que, no obstante que se ha concedido la protección constitucional contra el auto de vinculación a proceso, en virtud que ello sólo implicará que la Jueza de Control, con libertad de jurisdicción, emita de nueva cuenta una resolución sobre la petición de vinculación a proceso, es necesario analizar lo relativo a la imposición de prisión preventiva justificada. 112. Lo anterior, dado que al ser posible que la Jueza responsable reitere una vinculación a proceso, ello podría generar la subsistencia de la medida cautelar indicada. 113. En ese contexto, como se ha precisado, se reclama en esta instancia constitucional el auto de medidas cautelares emitido en audiencia de veintidós de octubre de dos mil veintidós y reiterada el veintisiete siguiente, dentro de la carpeta administrativa 337/2022, del índice de la responsable, por el que se le impuso la prisión preventiva justificada a la parte quejosa, por todo el tiempo que subsista el proceso. 114. Ahora, la parte quejosa sustancialmente expone como motivo de disenso, que la medida cautelar resulta desproporcional.[...] 115. Dicho concepto de violación es fundado. [...] APARTADO UNO. DE LA FALTA DE ARRAIGO. 129. Como puede verse de lo antes sintetizado, en el caso, la Jueza de Control consideró que la carga para demostrar arraigo le corresponde a los imputados, dado que no fue suficiente con que señalaran un domicilio en el que podían ser localizados, sino que además les impuso la obligación de acreditar que ahí podían ser localizados. 130. No se comparte esa postura. 131. Se afirma lo anterior, dado que, en principio, para considerar que existe una falta de arraigo conforme el artículo 168, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no basta con afirmar que los imputados carecen de un domicilio, sino que la citada fracción exige que el Juez de Control tome en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: El domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. [...] 132. Por tanto, a fin de establecer la inexistencia de arraigo se debió analizar todos los aspectos ya precisados y no sólo afirmar que no se cuenta con un domicilio, cuando los propios imputados refirieron un lugar en el que se les podía localizar. 133. Sin que les correspondiera a los imputados acreditar que sí podrán ser localizados en los domicilios que proporcionaron, pues en el caso no se puede perder de vista que fueron llevados a la audiencia privados de su libertad y sin que estuvieran enterados de ello con la debida anticipación, como para exigirles que probaran su dicho. 134. Se afirma ello, porque en el análisis de las medidas cautelares, los argumentos de las partes deben analizarse a la luz de los elementos de convicción aportados, correspondiendo en todo momento la carga de la prueba a la parte que solicita la medida cautelar, pues así se desprende del derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Norma Fundamental. 135. De cuyo contenido sustancial, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido que es un derecho de carácter poliédrico, entendido así, porque se representa durante el proceso penal, en tres vertientes, como regla de trato, regla probatoria y regla estándar de prueba o de juicio. 136. De la primera de las tres vertientes, que se ha denominado regla de trato procesal, se desprende que los jueces deben impedir en la mayor consideración posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. 137. De lo anterior, se puede concluir válidamente que corresponde la carga de demostrar con elementos de convicción la procedencia de la imposición de las medidas cautelares exclusivamente al Ministerio Público, pues estimar lo contrario, conllevaría a asimilar al imputado como culpable y obligarlo a justificar un hecho negativo, como lo es lo innecesario, desproporcional e inidóneo de la medida cautelar que se solicita en su contra [...]138. Es decir, se permitiría que la medida se imponga con la mera argumentación de la Fiscalía, sin un dato de prueba objetivo que demuestre la validez de su argumentación. 139. APARTADO DOS. DE LA EXISTENCIA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. 140. Por otra parte, la Jueza de Control consideró que por el hecho de que a los imputados se les condujo para formularles imputación mediante una orden de aprehensión, por esa razón, se debería considerar que hay un peligro de sustracción. 141. Tampoco se comparte tal postura. 142. Al respecto, cabe destacar que en la contradicción de tesis 300/2019, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se determinó que la orden de aprehensión, al ser una forma de conducción al proceso, tiene como única finalidad guiar o dirigir a una persona al proceso penal para que en una audiencia43 frente a un juez de control, entre otras cuestiones, el fiscal le formule imputación [...] 158. APARTADO CUATRO. DEL MÁXIMO DE LAS PENAS. 159. La jueza de control consideró que atendiendo a la pena máxima que en su caso se pudiera imponer, no habría lugar a la autorización de salidas alternas y, por ello, consideró que se advertía un factor de riesgo procesal contemplado en el artículo 168, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 160. El suscrito comparte parcialmente ese razonamiento. 161. Esto es así, puesto que con base en la propia legislación procesal al momento de ponderar sobre la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de una medida cautelar sí se debe tomar en consideración la pena máxima que en su caso se podría llegar a imponer.164. No obstante, en el caso, en suplencia de la queja se advierte que la Jueza de Control dejó de considerar la clasificación jurídica por la que finalmente dictó el auto de vinculación, pues a pesar de que determinó que no era posible vincular por las agravantes contenidas en el artículo 335, fracción VII, del Código Penal de esta entidad, al momento de reiterar la imposición de medidas cautelares en los términos que lo resolvió en la audiencia de veintidós de octubre de dos mil veintidós, dejó de tomar en cuenta que finalmente vinculó por un delito con una penalidad menor a aquella por la que se imputó. APARTADO CINCO. Test de proporcionalidad. 165. Finalmente, en suplencia de la queja, se debe establecer que para la justificación de la necesidad de imponer una medida tan lesiva como lo es la prisión preventiva justificada, no basta con enumerar los riesgos procesales que se advierten en el caso, sino que además de enlistar los factores de riesgo advertidos, se debe justificar por qué esos riesgos sólo se pueden atemperar con la imposición de la prisión, esto es, se debe argumentar porque sólo la prisión preventiva justificada sería la medida necesaria, idónea y proporcional para este caso. 166. Se afirma lo anterior, en virtud que, para justificar la necesidad de mantener a una persona privada de su libertad durante todo el proceso, que es como se fijó la medida cautelar, no basta con enumerar una serie de riesgos procesales para que de ello en automático se justifique la necesidad de imponer una medida tan lesiva como lo es la prisión preventiva. 173. En cambio, en favor de la parte imputada es que se deberá realizar ese análisis oficioso para salvaguardar su derecho fundamental a la libertad, de tal forma que sólo se imponga la prisión justificada cuando sea necesaria, idónea y proporcional. 174. Sin que ello implique un desequilibrio procesal entre las partes, puesto que entre mejorar el argumento de la Fiscalía (y en su caso de la víctima u ofendida) y, analizarlo de manera estricta, a fin de tutelar la libertad de la parte imputada durante el proceso, siempre debe privilegiarse esto último. 175. Ello, dado que en un verdadero estado de derecho, ante la posibilidad de la materialización de alguno de los peligros antes invocados, pero bajo la insuficiente justificación de la necesidad de la imposición de la prisión preventiva, lo primero debe verse como costo dispuesto a pagarse, en aras de preservar el derecho a la libertad de toda persona que se encuentre procesada. 176. Es así, pues parafraseando al renombrado catedrático Luigi Ferrajoli, conforme el capítulo nueve denominado "El Juicio. Cuándo y cómo Juzgar", de su obra intitulada "Derecho y razón Teoría del garantismo penal", editorial Trotta, se puede afirmar que: 177. No existe, en efecto, ninguna resolución judicial y tal vez ningún acto de poder público que suscite tanto miedo e inseguridad y socave tanto la confianza n el derecho como el encarcelamiento de un ciudadano sin sentencia, en ocasiones durante años. 178. La prisión preventiva se debe evitar al máximo, pues tiene el impacto devastador en cuanto a la legitimidad del proceso penal, de situar al imputado en una condición de desigualdad frente al órgano acusador, lo que de suyo implica obstaculizarle su defensa, ya que durante el tiempo que se encuentra recluido, no puede allegarse de recursos económicos ni recopilar pruebas para preparar su defensa. 179. El proceso penal no sirve, como se ha dicho, para tutelar a la mayoría, sino para proteger, incluso contra la mayoría, a los individuos que, aunque fueran sospechosos, sin pruebas no pueden ser considerados culpables. 180. Así, una vez que ya se escuchó la pretensión de la Fiscalía y con observancia de los argumentos de las demás partes, conforme el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez deberá resolver aplicando el principio de mínima intervención, tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada persona. 181. Cabe señalar que conforme tal principio el derecho penal sólo puede intervenir en los casos y formas que expresamente el Estado regulador ha determinado, de tal suerte que, en los casos que no sean de prisión preventiva oficiosa, se preserve como último recurso la privación de la libertad, pues sólo así es posible mantener la vigencia del garantismo penal en el reconocimiento y protección de los derechos humanos, que permea en el sistema acusatorio penal que regula el texto constitucional actual. 182. En adición a lo anterior, debe clarificarse que el hecho de que se justifique la necesidad no conlleva su imposición, puesto que adicionalmente también se debe analizar su idoneidad y proporcionalidad.183. A fin de corroborar esto último, basta con observar el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece excepciones a la imposición de la prisión preventiva en centros de reinserción social, casos en los cuales, se podrá cumplimentar en el domicilio del imputado, en centros médicos o geriátricos, bajo las medidas cautelares que procedan. 184. Dichas excepciones pueden ser por ejemplo: cuando la persona tenga más de setenta años, padezca una enfermedad grave o terminal, o bien, se trate de una mujer embarazada o en etapa de lactancia. 185. Siempre y cuando, a criterio del juez, no se considere posible la sustracción de la acción de la justicia o se haga presumible su riesgo social. 186. Ahora, en aras de analizar la idoneidad y proporcionalidad, en los casos de imposición de cualquier medida cautelar por primera vez o de su revisión, el Juez deberá tomar en consideración la evaluación de riesgo que emita la autoridad encargada de la vigilancia y supervisión de medidas cautelares, como lo disponen los artículos 156 y 164 del código nacional adjetivo penal. Esto, siempre que hubiere formado parte del debate. 187. Sin que el arbitrio judicial pueda considerarse sujeto a la opinión de ninguna otra autoridad administrativa, pues la imposición de medidas cautelares reside en el principio de jurisdiccionalidad, conforme el cual corresponde al legislador establecer los espacios en que se pudiera imponer la prisión preventiva y señalar los elementos que pudieran legitimarla, y al NOVENO. Efectos de la protección constitucional. 204. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos correspondientes. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto de que Diana Yadira Garrido Colonia, Jueza Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 205. A. Al recibir la sentencia de amparo y sin que obste que no haya causado ejecutoria, deberá citar a una audiencia que se le deberá dar atención de manera urgente, por lo que se fijará de inmediato. Lo que deberá informar a este órgano jurisdiccional con la misma prontitud. 206. B. Hecho lo anterior, se deberá iniciar una audiencia en la que, sin abrir debate, se deje sin efectos el auto de vinculación a proceso decretado el pasado veintisiete de octubre de dos mil veintidós. 207. C. Luego, tomando en consideración los argumentos expresados en esta sentencia, deberá: 208. I. Considerar procedente el trámite del incidente de nulidad de actos y, en consecuencia, con libertad de jurisdicción, deberá, en su caso, declarar la nulidad de los datos de prueba que se hubieren recabado con la finalidad de realizar la investigación y la persecución del delito, sin la conducción del Ministerio Público. 209. II. Una vez resuelto lo anterior, de subsistir todos o alguno de los datos de prueba que no hubieren sido afectados por el vicio de nulidad alegado, con base en ellos y, con libertad de jurisdicción, deberá resolverse sobre la petición de vinculación a proceso. 210. En el entendido que, de dictarse un auto de no vinculación a proceso, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de inmediato, deberá dejarse sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se les impuso a los aquí quejosos en audiencia de veintidós de octubre de dos mil veintidós y que se les reiteró el veintisiete siguiente. 211. Y en caso de dictarse un auto de vinculación a proceso, sin que sea posible agravar la situación de la parte quejosa, se deberá fundar y motivar en términos de lo que exigen los artículos 19, párrafo primero, constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisando el delito por el que se vincule; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión; y, la inexistencia de alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. 212. III. Finalmente, sólo en el caso de que se haya dictado un auto de vinculación, sin abrir debate, se deberá emitir una nueva resolución de medidas cautelares en la que se deje de considerar que: 213. i. Los imputados tienen la carga de probar que cuentan con arraigo; 214. ii. Que la existencia de una orden de aprehensión librada es una razón que justifica la existencia de un riesgo procesal; y, 215. iii. Que hay afectación para la comunidad porque se dañó el cajero. 216. Y, por lo anterior, se deberá considerar que no se actualiza un peligro de sustracción derivado de la falta de arraigo ni un riesgo para la comunidad, en términos de lo que exigen los artículos 168, fracción I, y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 217. Luego, exclusivamente, en términos del artículo 168, fracción II, del código citado, con base en el máximo de la pena que, en su caso, se pudiera llegar a imponer -de acuerdo con la clasificación por la que se haya dictado el auto de vinculación-, deberá determinar, con libertad de jurisdicción, cuál o cuáles son las medidas cautelares que resultan aplicables al caso concreto, siempre que no sean más graves y se estime necesario, idóneo y proporcional. 218. En el entendido que debido a que sólo subsistió uno de los aspectos que se consideraron para imponer la medida cautelar, en la nueva resolución se deberá prescindir de imponer la prisión preventiva justificada.219. Los efectos inmediatos respecto a esta sentencia, obedecen a que se está resolviendo la inconstitucionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva justificada decretada y reiterada con posterioridad al dictado del auto de vinculación reclamado, por lo que el cumplimiento de toda la sentencia debe ser en forma inmediata en aras de no dividir la continencia de la causa y en atención al principio de concentración que rige en el juicio de amparo, dado que ante el reclamo de un auto de vinculación y una medida cautelar restrictiva de libertad, aun y cuando se haya concedido el amparo por vicios formales contra la vinculación, al haberse concedido el amparo contra la medida cautelar, debe privilegiarse el cumplimiento total de la sentencia, a fin de garantizar la protección del derecho a la libertad. 220. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***, contra los actos reclamados a la Jueza Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, consistentes en el auto de vinculación a proceso emitido y la medida cautelar de prisión preventiva justificada, decretados en audiencias de veintidós y veintisiete de octubre de dos mil veintidós; respectivamente, en la carpeta administrativa ***, de su índice, por las razones expuestas en el considerandos séptimo y octavo para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.[...]

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