Melissa Evangelio Alarcon

Expediente 631/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 34 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
631/2019
Año
2019
Actuaciones
34
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • Melissa Evangelio Alarcon
  • Junta Directiva, Órgano de Gobierno del Instituto de Seguridad Social Para las Fuerzas Armadas Mexicanas
  • MELISSA EVANGELIO ALARCON y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por Juan Pablo Remis Menchaca, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se requiera a las autoridades Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que den cumplimiento al pago indemnizatorio a favor de la quejosa; asimismo adjunta copia del contrato de apertura de cuenta número 0000298610. Ahora bien, antes de proveer al respecto, resulta necesario precisar que, en la ejecutoria de diez de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el amparo en revisión 46/2021, se resolvió: "PRIMERO. No es materia el sobreseimiento en el juicio por lo que hizo la promulgación, expedición de decreto, orden de publicación y publicación del artículo 198 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicana, ni la negativa del amparo, en relación con el citado numeral; de conformidad con los motivos y fundamentos legales que se exponen en el considerando sexto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MELISSA EVANGELIO ALARCÓN, en representación de su menor hijo EMILIANO SÁNCHEZ EVANGELIO respecto de la autoridad y acto precisados en el considerando séptimo y para los efectos señalados en el considerando noveno de la sentencia que se revisa". De igual manera se indica que, en la sentencia de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se otorgó el amparo para el efecto de que la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, realizara lo siguiente: Deje insubsistente la resolución reclamada de treinta de enero de dos mil diecinueve. En su lugar, una vez que atienda de manera congruente los argumentos expuestos por la quejosa en su escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, dicte una nueva resolución con libertad de jurisdicción. Así, y toda vez que el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, dejó insubsistente la resolución de treinta de enero de dos mil diecinueve y dictó una diversa resolución con libertad de jurisdicción, fue que este juzgado de Distrito mediante acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo del expediente que nos ocupa. Bajo las consideraciones anteriores, indíquese al promovente, que este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para atender la solicitud planteada, toda vez que, como ha quedado precisado, el pago indemnizatorio a favor de la quejosa, no fue el efecto de la concesión del amparo en el presente juicio. Notifíquese. Lo proveyó y firma, Nelson Loranca Ventura, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Mahatma Jetzán Jesús Andrade Ocampo, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Coronel y Titular de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, mediante el cual solicita copia certificada del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, por el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo del juicio de amparo que nos ocupa, por las consideraciones que expone. En ese sentido, remítasele copia certificada del proveído solicitado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a tres de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por el apoderado general de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el oficio 6676/2022, al referir que se encuentra mal dirigido. Atento a lo anterior y en obvio de evitar dilaciones procesales, reexpídase el oficio en comento, a la autoridad responsable Secretario de Gobernación, para los efectos legales conducentes. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los señalamientos que realiza la autoridad oficiante, en relación al domicilio procesal, delegados, correo, número telefónico y la consulta del expediente electrónico, en virtud de que no es autoridad responsable en el juicio de amparo que nos ocupa. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa omitió desahogar la vista otorgada en proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, a pesar de haber sido legalmente notificada de dicho acuerdo. Cabe señalar que, con anterioridad a la vista ordenada en el proveído de referencia, la quejosa manifestó que no se encuentra conforme con la resolución emitida por la autoridad responsable, al referir que ésta, emitió una resolución prácticamente sin cambio respecto a la combatida en el presente juicio de amparo. Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra obligado a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que, con base en los elementos existentes en el expediente y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, se procede a analizar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Lo anterior además, en observancia a la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, con número de registro digital 192174, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que literalmente reza: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Ahora, en la resolución dictada por este juzgado el veintisiete de agosto de dos mil veinte, en sus puntos resolutivos segundo y tercero, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Melissa Evangelio Alarcón, en representación de su menor hijo Emiliano Sánchez Evangelio, para el efecto de que la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, realizara lo siguiente: Deje insubsistente la resolución reclamada de treinta de enero de dos mil diecinueve. En su lugar, una vez que atienda de manera congruente los argumentos expuestos por la quejosa en su escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, dicte una nueva resolución con libertad de jurisdicción. Inconforme con lo anterior, el Subdirector General y Secretario de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en ausencia temporal del Presidente de dicha Junta, interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, bajo el expediente 46/2021. En ese sentido, mediante oficio recibido el uno de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal de Alzada devolvió los autos del presente juicio, junto con la ejecutoria de diez de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual determinó lo siguiente: "PRIMERO. No es materia el sobreseimiento en el juicio por lo que hizo la promulgación, expedición de decreto, orden de publicación y publicación del artículo 198 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicana, ni la negativa del amparo, en relación con el citado numeral; de conformidad con los motivos y fundamentos legales que se exponen en el considerando sexto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MELISSA EVANGELIO ALARCÓN, en representación de su menor hijo EMILIANO SÁNCHEZ EVANGELIO respecto de la autoridad y acto precisados en el considerando séptimo y para los efectos señalados en el considerando noveno de la sentencia que se revisa". Por lo que, en auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con motivo del citado requerimiento, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, registrado bajo el folio 16478, el Coronel y Titular de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, remitió copia certificada de lo siguiente: La resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, mediante la cual dejó insubsistente la resolución de treinta de enero de dos mil diecinueve y dictó una diversa con libertad de jurisdicción. El documento mencionado tiene valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara cumplida ejecutoria de amparo Bajo esa tesitura, atento al estudio íntegro efectuado a la constancia de referencia, es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, toda vez que, en atención al efecto de la concesión del amparo, la autoridad responsable mediante resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución de treinta de enero de dos mil diecinueve y dictó una diversa con libertad de jurisdicción; y, por así solicitarlo la parte quejosa, dicha resolución le fue notificada por este órgano jurisdiccional el uno de febrero de dos mil veintidós; por tanto, es dable concluir que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. No obsta a lo aquí precisado la manifestación realizada por Melissa Evangelio Alarcón, en el escrito recibido por este juzgado de Distrito el ocho de febrero de dos mil veintidós, en el sentido de que la determinación dictada por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria contenida en este juicio de amparo, es prácticamente la misma, sin cambios, afirmando que la autoridad responsable se limitó a hacer mención de que ha dado cumplimiento bajo los principios pro homine, de convencionalidad, de control constitucional, de suplencia en la deficiencia en la deficiencia del planteamiento de derecho y de perspectiva de la niñez, mediante la únicamente referencia de dichos principios. Sin embargo, en consideración de este juzgado de Distrito, la autoridad responsable sí dio contestación, en términos de lo ordenado por la ejecutoria dictada, a los principios de referencia al precisar que las autoridades administrativas no estaban facultadas para realizar un control constitucional concentrado o difuso, es decir, no pueden declarar la invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de una reparación de derechos humanos, ya que ello implicaría desatender los requisitos de procedencia señalados por las leyes para interponer un medio de defensa, y que deben cumplirse de manera previa a un pronunciamiento de fondo del asunto, principio contenido en el criterio de tesis 2ª. CIV/2014 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Además de que se pronunció en relación al valor probatorio de la prueba consistente en el dictamen médico retrospectivo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, lo cual también fue materia de la concesión del amparo. En consecuencia, este juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. Se ordena archivo En ese contexto, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este juzgado de Distrito, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de constancias Por otra parte, en virtud de tratarse de un asunto totalmente concluido, se ordena devolver al Jefe de la Sección de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, las documentales exhibidas en el presente asunto, consistentes en dos anexos; en el entendido que la constancia que se emita con motivo del envío de los citados tomos, a su vez será el acuse de recibo correspondiente. En ese contexto, se requiere a la parte quejosa, para que comparezca ante este órgano de control constitucional (sito en Boulevard del Lago, número 103, Edificio B, primer piso, Colonia Villas Deportivas, en Cuernavaca, Morelos), con identificación vigente que cuente con fotografía (INE, PASAPORTE O CÉDULA PROFESIONAL), a recoger los documentos exhibidos en la demanda de amparo. Lo anterior, previa cita que tenga a bien realizar la parte quejosa, en la "Agenda OJ", localizable en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, en atención al artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se requiere para que el día que comparezca a cumplir con la obligación impuesta, cumpla con las medidas sanitarias correspondientes que en el caso conviene citar, como lo es el uso obligatorio de cubre bocas; no tener temperatura corporal mayor a 37.5°C; o que haya presentado tos, dolor de garganta, dificultad para respirar o escurrimiento nasal. En el entendido que, de incurrir en alguno de los supuestos anteriores, no se le permitirá el acceso a las instalaciones de este juzgado de distrito, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. En la inteligencia que de no presentarse dentro de un plazo de noventa días a recoger los documentos exhibidos por dicha parte procesal, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Notifíquese; y, personalmente.

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