Melisa Medina Rodríguez

Expediente 174/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
174/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
26/07/2016

Partes del expediente

  • Melisa Medina Rodríguez
  • Allen Mark N

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, en contra de la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil dieciséis; en consecuencia, y con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, dese aviso a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por lo tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, por virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído, estableciéndose como fecha probable para tal efecto, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente a la Casa de la Cultura Jurídica de Toluca, en el Estado de México, el veintinueve de junio de dos mil diecinueve.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes, que mediante oficio número SEADS/597/2016, de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del uno de abril de dos mil dieciséis, se acordó la adscripción del licenciado Oscar Alejandro Zúñiga Vidales, como titular de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Ello, para que en su caso, de conformidad con el numeral 52 de la Ley de Amparo, puedan plantear como causa de recusación, cualquiera de los impedimentos señalados en el artículo 51 del referido ordenamiento legal. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y se señalan las once horas con treinta minutos del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el informe con justificación rendido por la Subadministradora Desconcentrada de la Administración Desconcentrada Jurídica de Baja California "2", en representación de la Administradora de la Aduana Tijuana, unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria (en su correcta denominación), con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera AUA400160048, de veinte de enero de dos mil dieciséis; en consecuencia, con apoyo en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, déjense a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, téngase a la autoridad responsable de mérito, señalando como domicilio procesal, el ubicado en avenida Línea Internacional, sin número, Fraccionamiento Garita de Otay, en esta ciudad; y designando como delegados a los profesionistas que indica, en términos de lo dispuesto en el artículo 9, de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo la documental pública consistente en: Copia certificada del acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera AUA400160048, de veinte de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, se tiene como medio de prueba, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Elementos de prueba antes descritos, que por no requerir de una preparación especial se tienen por desahogados, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional y valorarlos al resolverse este juicio. Ahora, visto el contenido Íntegro del informe justificado rendido por la Subadministradora Desconcentrada de la Administración Desconcentrada Jurídica de Baja California "2", en representación de la Administradora de la Aduana Tijuana, unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad, se advierte la participación de la verificadora de Mercancías adscrita a la Aduana de Tijuana. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a los peticionarios del amparo, con fundamento en los artículos 108, fracción III, en relación con el 110, ambos de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término legal, manifiesten si es de su interés ampliar la demanda de amparo y señalar como autoridad responsable a la Verificadora de Mercancías adscrita a la Aduana de Tijuana, con sede en esta ciudad. En caso de señalar como responsable a la autoridad que se cita, exhiba una copia más de su escrito de demanda para el traslado correspondiente; apercibidos que de no cumplir con lo anterior, la autoridad en cita no será llamada a juicio, y se resolverá el asunto únicamente por lo que respecta al acto y autoridad señalada en su escrito inicial de demanda. Asimismo, como dicha manifestación constituye un acto propio de la acción de amparo, la que exige como regla general que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, por lo que deberá ser desahogada por las promoventes y no por conducto de sus autorizados. En mérito de lo anterior, a fin de no dejar a las partes en estado de indefensión, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y se fijan las diez horas con treinta minutos del quince de abril de dos mil dieciséis, para su celebración.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Melisa Medina Rodríguez o Melissa Medina Rodríguez y Allen Mark N, por su propio derecho, contra acto de la licenciada Dina Alicia Madrid Rosas, Administradora de la Aduana de Tijuana, residente en esta ciudad; por tanto, se ordena registrar en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 174/2016-4. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, y 117 todos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de que se trata; sin que se abra a trámite el incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente. Con fundamento en el artículo 13, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se designa como representante común a Melisa Medina Rodríguez o Melissa Medina Rodríguez, sin perjuicio de que sea sustituida con posterioridad. Se señalan las nueve horas del quince de marzo de dos mil dieciséis, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Pídase el informe con justificación a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo sin falta dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, y acompañará, en su caso, copia certificada de todas las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que, en caso de ser omisa a lo anterior, se presumirán ciertos los actos que se le atribuyen; y, con apoyo en lo dispuesto en el citado artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, se impondrá en su contra una multa de cien días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez constituido en la dirección en la que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir el comunicado a ella dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que se le aplique la sanción que establece el numeral 245, de la Ley de Amparo. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, Constitucional, y 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado, o bien, ocurra una causa de notoria improcedencia, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; apercibidos que de no hacerlo así, de conformidad con lo que dispone el artículo 251 de la Ley de Amparo, se harán acreedores a una multa de treinta días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se tiene como medio de prueba de la parte quejosa, la documental que acompaña a su escrito inicial de demanda, consistente en: Copia simple del acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, número AUA400160048, de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis. Medio de prueba que dada su naturaleza no requiere de preparación especial, y será relacionado al momento de celebrarse la audiencia constitucional conforme a lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora, no es caso tener como medio de probanza la diversa documental que refiere la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, a virtud de que la misma no fue exhibida. De conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia certificada que solicita, previa toma de razón que por su recibo obre en autos. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 19333, interior 8, colonia Nueva Tijuana, código postal 22435, en esta ciudad, y autorizando en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, al licenciado Sergio Vázquez Durán; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Germán Acuña Barra, Juan Manuel Salas García y María de los Ángeles Cruz García, por así haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que se originen con motivo de la tramitación de este juicio. Con apoyo en lo dispuesto en el numeral 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y tomando en consideración que deben hacerse públicas las sentencias que hayan causado ejecutoria, sus resoluciones incidentales, así como las que recaigan a los recursos interpuestos en ellas, para su consulta u obtención por personas distintas a las partes, aún en relación con expedientes de naturaleza penal o familiar, se hace del conocimiento de las promoventes el derecho que tienen de oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido que de no hacer manifestación alguna en contrario, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener las resoluciones que se dicten en términos del artículo 8 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Por último, en atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto.

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