Melisa García Alvarado

Expediente 1585/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1585/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • Melisa García Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De....

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta, de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Presidenta, por medio del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, téngase a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad responsable al informe justificado de cuenta -documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente-, se advierte que el veinticinco de agosto de dos mil veinte, acordó el escrito presentado por el apoderado de la actora Melisa García Alvarado, aquí quejosa, en la misma fecha -veinticinco de agosto de dos mil veinte-, dentro del juicio laboral 1749/2019, de su índice, por el que solicitó que se señalara nueva fecha en la que se escuchará a los presuntos beneficiarios de José Francisco García González, se recibirán pruebas y en su caso se dictará la resolución correspondientes, seguida de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. De lo anteriormente precisado se advierte que es inexistente el acto reclamado por la parte quejosa de la autoridad responsable consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veinte, en el juicio laboral de origen. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, de las constancias remitidas por la autoridad responsable con su informe justificado, se aprecia que el veinticinco de agosto de dos mil veinte acordó el escrito presentado por el apoderado de la actora Melisa García Alvarado, aquí quejosa, en la misma fecha -veinticinco de agosto de dos mil veinte-, dentro del juicio laboral de origen 1749/2019, de su índice; al respecto, la Junta responsable determinó que debería estarse a lo acordado en el diverso proveído de nueve de julio de dos mil veintiuno (sic). Inclusive, se aprecia que mediante autos de treinta de octubre de dos mil veinte, catorce de enero, quince de abril, nueve de julio y veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia en la que se escuchará a los presuntos beneficiarios de José Francisco García González, se recibirán pruebas y en su caso se dictará la resolución correspondientes, seguida de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, del juicio laboral de origen 1749/2019. Por otra parte, del estado que guardan los autos se advierte que la demanda de amparo fue presentada ante el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales el once de octubre de dos mil veintiuno y admitida por este órgano jurisdiccional el quince de octubre del actual; esto es, después de que la autoridad responsable ya se había pronunciado al respecto. Tiene aplicación la jurisprudencia siguiente: "Época: Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Núm. 79, Julio de 1994 Página 15 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Asimismo, resulta orientadora la tesis siguiente: Registro digital: 210237 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Tesis: II. 1o. C. T. 217 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación.Tomo XIV, Octubre de 1994, página 313 Tipo: Aislada "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, el veinticinco de agosto de dos mil veinte acordó el escrito presentado por el apoderado de la actora Melisa García Alvarado, aquí quejosa, en la misma fecha -veinticinco de agosto de dos mil veinte, dentro del juicio laboral de origen 1749/2019, de su índice, de su índice, es inconcuso que deviene inexistente la omisión reclamada. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente el acto reclamado de la autoridad responsable en los términos antes apuntados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Registro digital: 2006485 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 772 Tipo: Jurisprudencia "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada para el día de hoy a las nueve horas con treinta minutos. Háganse las anotaciones correspondientes. Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Rolando Hernández Hernández, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta, de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Presidenta, por medio del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, téngase a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad responsable al informe justificado de cuenta -documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente-, se advierte que el veinticinco de agosto de dos mil veinte, acordó el escrito presentado por el apoderado de la actora Melisa García Alvarado, aquí quejosa, en la misma fecha -veinticinco de agosto de dos mil veinte-, dentro del juicio laboral 1749/2019, de su índice, por el que solicitó que se señalara nueva fecha en la que se escuchará a los presuntos beneficiarios de José Francisco García González, se recibirán pruebas y en su caso se dictará la resolución correspondientes, seguida de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. De lo anteriormente precisado se advierte que es inexistente el acto reclamado por la parte quejosa de la autoridad responsable consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veinte, en el juicio laboral de origen. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, de las constancias remitidas por la autoridad responsable con su informe justificado, se aprecia que el veinticinco de agosto de dos mil veinte acordó el escrito presentado por el apoderado de la actora Melisa García Alvarado, aquí quejosa, en la misma fecha -veinticinco de agosto de dos mil veinte-, dentro del juicio laboral de origen 1749/2019, de su índice; al respecto, la Junta responsable determinó que debería estarse a lo acordado en el diverso proveído de nueve de julio de dos mil veintiuno (sic). Inclusive, se aprecia que mediante autos de treinta de octubre de dos mil veinte, catorce de enero, quince de abril, nueve de julio y veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia en la que se escuchará a los presuntos beneficiarios de José Francisco García González, se recibirán pruebas y en su caso se dictará la resolución correspondientes, seguida de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, del juicio laboral de origen 1749/2019.Por otra parte, del estado que guardan los autos se advierte que la demanda de amparo fue presentada ante el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales el once de octubre de dos mil veintiuno y admitida por este órgano jurisdiccional el quince de octubre del actual; esto es, después de que la autoridad responsable ya se había pronunciado al respecto. Tiene aplicación la jurisprudencia siguiente: "Época: Octava Época Registro: 206346Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Núm. 79, Julio de 1994 Página 15 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Asimismo, resulta orientadora la tesis siguiente: Registro digital: 210237 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Tesis: II. 1o. C. T. 217 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación.Tomo XIV, Octubre de 1994, página 313 Tipo: Aislada "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, el veinticinco de agosto de dos mil veinte acordó el escrito presentado por el apoderado de la actora Melisa García Alvarado, aquí quejosa, en la misma fecha -veinticinco de agosto de dos mil veinte, dentro del juicio laboral de origen 1749/2019, de su índice, de su índice, es inconcuso que deviene inexistente la omisión reclamada. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente el acto reclamado de la autoridad responsable en los términos antes apuntados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Registro digital: 2006485 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 772 Tipo: Jurisprudencia"PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada para el día de hoy a las nueve horas con treinta minutos. Háganse las anotaciones correspondientes. Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Rolando Hernández Hernández, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través del cual remite copia certificada del proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, pronunciado en el juicio laboral ********************, de su estadística, del cual se advierte lo siguiente: Fijó las catorce horas del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, para que el actor compareciera debidamente identificado a recibir el título de crédito exhibido a su favor por la institución bancaria ********************. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la autoridad responsable; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. ...

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