Melisa Fuentes Blanco

Expediente 1265/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1265/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Melisa Fuentes Blanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1265/2022-8, promovido por *********, contra los actos que reclama del Titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 21, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el cuatro de agosto de dos mil veintidós, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y turnado a éste órgano jurisdiccional en esta misma fecha, Eliseo López González en favor de 1) Melisa Fuentes Blanco, 2) Yisel Herrera Matos, 3) Daynet Leyva Duran, 4) Dionis Campo Borges y 5) Lusdenys Paumier Pupo, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO Privación de la libertad. La aplicación del inconstitucional artículo 111 de la Ley de Migración. La prolongación de la detención, excediendo las 36 horas por parte de la autoridad migratoria. La negativa de permitir que los quejosos se acojan al beneficio de la libertad en términos del artículo 102 de la Ley de Migración. Deportación y/o ejecución de solicitud de retorno asistido. La omisión de la autoridad migratoria de aplicar el beneficio contenido en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Migración. La incomunicación La exposición de los quejosos a un ambiente propicio al virus COVID 19, por estar en hacinamiento en una estación migratoria poniendo en riesgo sus vidas.? AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco. 2 Director de la Estación Migratoria Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO Y PREVENCIÓN. Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decretó la suspensión de plano a favor de los quejosos 1) Melisa Fuentes Blanco, 2) Yisel Herrera Matos, 3) Daynet Leyva Duran, 4) Dionis Campo Borges y 5) Lusdenys Paumier Pupo, a fin de que cesaran inmediatamente los actos consistente en privación de la libertad, alojamiento y/o detención fuera del procedimiento y cualquier otro que pusiera en peligro la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues de tratarse de algún otro acto que se llegare a consumar, haría físicamente imposible restituir a los quejosos del goce de la garantía individual peticionada y se establecieron las bases para que la autoridad responsable diera el debido cumplimiento. De igual forma, se ordenó al actuario de la adscripción diera fe de la integridad física y requiriera a los directos quejosos 1) Melisa Fuentes Blanco, 2) Yisel Herrera Matos, 3) Daynet Leyva Duran, 4) Dionis Campo Borges y 5) Lusdenys Paumier Pupo, para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes a ésta manifestaran si ratificaba o no la demanda de amparo de que se trata en el entendido que de no hacerlo se tendrá por no presentada, acorde lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, y se dejarían sin efectos las providencias tomadas en el presente acuerdo. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Ratificada que fue la demanda, por proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 1265/2022-8; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo en los términos que anteceden. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. EGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: Privación de la libertad. La aplicación del inconstitucional artículo 111 de la Ley de Migración. La prolongación de la detención, excediendo las 36 horas por parte de la autoridad migratoria. La negativa de permitir que los quejosos se acojan al beneficio de la libertad. Deportación y/o ejecución de solicitud de retorno asistido. La omisión de aplicar el beneficio contenido en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Migración. La incomunicación Exposición de los quejosos a un ambiente propicio al virus COVID 19, por estar en hacinamiento en una estación migratoria poniendo en riesgo sus vidas.? TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" de la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, en representación del Titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco y la Directora de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, al rendir informe justificado admiten parcialmente los actos reclamados consistentes en la orden de detención, retención, privación de la libertad y deportación emitida en su contra y su ejecución; sin embargo, de las constancias que anexó a su referido informe evidencia la certeza de los actos que se le reclama de ahí que, deban tenerse por ciertos. Documentos a los que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetadas su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo a lo anterior la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En ese sentido, esta juzgadora estima que en la especie, no será necesario el análisis de fondo, por lo que hace a los actos reclamados, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)". Ahora, para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) Un acto de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. 3) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. Sostiene lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 193758, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca los actos mismos, y estos dan lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente los actos, constituyen una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos de los actos reclamados significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de los actos, que pueden verse acompañada o no de la insubsistencia misma de los actos, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Así, se debe sobreseer en el presente juicio de amparo, en virtud de que el efecto de los actos reclamados han desaparecido, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior se explica, pues de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte lo siguiente: 1). Los quejosos 1) Melisa Fuentes Blanco, 2) Yisel Herrera Matos, 3) Daynet Leyva Duran, 4) Dionis Campo Borges y 5) Lusdenys Paumier Pupo, de nacionalidad cubana, fueron trasladados de la Oficina de Representación en Baja California, a la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, a fin de que se continuara el procedimiento administrativo migratorio en su contra (acuerdo de traslado) hasta su conclusión. 2) Mediante escrito de demanda recibido el cuatro de agosto de dos mil veintidós, a través del portal en línea del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, Eliseo López González en favor de 1) Melisa Fuentes Blanco, 2) Yisel Herrera Matos, 3) Daynet Leyva Duran, 4) Dionis Campo Borges y 5) Lusdenys Paumier Pupo, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal. 3) Posteriormente, el siete de agosto siguiente, se otorgó salida provisional de la estación migratoria a 1) Melisa Fuentes Blanco, 2) Yisel Herrera Matos, 3) Daynet Leyva Duran, 4) Dionis Campo Borges y 5) Lusdenys Paumier Pupo, sujetándolos al control de firmas semanalmente ante el Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, sin que se presentaran a firmar el doce y diecinueve del citado mes y año, ni acudieran a esas instalaciones donde se encuentra la autoridad, motivo por el cual se emitió un acta de hechos de evasión de control migratorio con lo cual dio por concluido los procedimientos administrativos de los citados quejosos. En tales condiciones, toda vez que en la presente vía constitucional, los actos reclamados se hicieron consistir en la detención ejecutante con fines de "aseguramiento/alojamiento/detención", en la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, la orden de deportación, aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración, negativa de que se acojan al beneficio de la libertad, la omisión de aplicar el beneficio contenido en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Migración y su exposición a un ambiente propicio al virus COVID 19, por estar en hacinamiento en una estación migratoria poniendo en riesgo sus vidas; pues como ya se precisó se les otorgó salida de la estación migratoria a los aquí quejosos 1) Melisa Fuentes Blanco, 2) Yisel Herrera Matos, 3) Daynet Leyva Duran, 4) Dionis Campo Borges y 5) Lusdenys Paumier Pupo, desde el siete de agosto del año en curso. Por tanto, en la especie se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados, y se concluye que la violación de la que estaba siendo objeto por parte de la autoridad responsable, fue subsanada, de ahí que con su actuar, repuso al quejoso en el goce de sus derechos violados. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere la citada legislación; como en el caso sucede, por haber cesado los efectos del acto reclamado, en términos del diverso precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Finalmente, es importante señalar, que la causa por la que se sobresee en el presente juicio, no transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugna con el principio pro persona, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, toda vez que existe la obligación del órgano jurisdiccional de verificar los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, para la promoción del medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución. Así se advierte de lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, materia Constitucional, página 487, registro 2005717, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" de la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, en representación del Titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco y la Directora de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, autoridades señaladas como responsables y anexos que acompaña, consistente en copia de diversas constancias a nombre de los quejosos en el presente juicio de amparo, en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por la apoderada legal del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco, a través del cual en cumplimiento al fallo protector informa que el doce de julio del año actual celebró un convenio de pago parcial por cumplimentación de laudo emitido en el expediente laboral 57/2004 y acumulado, del índice de la autoridad responsable, celebrado por la quejosa Adriana Patricia Berdón Sordo y el Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco, en el cual se hizo entrega a la impetrante del título de crédito correspondiente al mes de julio de dos mil veintidós, por la cantidad de $23,321.36 (veintitrés mil trescientos veintiún pesos 36/100 moneda nacional), ya con el descuento del ISR aplicado. Adicionalmente, manifestó que se encuentran gestionando el sexto pago parcial correspondiente al mes de agosto de dos mil veintidós, para lo cual adjuntó diversas constancias en copia simple que demuestran su dicho. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes y se tiene a la autoridad vinculada en vías de cumplimiento al fallo protector. No obstante lo anterior, a fin de velar por el debido cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IX, del artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, y sus reformas contenidas en los diversos 25/2020 al 9/2022, que posibilita a los órganos jurisdiccionales a fijar los plazos que permita a las responsables a dar cumplimiento a sus mandatos, a fin de garantizar la salud pública de la colectividad, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de CINCO DÍAS HABILES, contados a partir del día siguiente al en que quede notificada del presente acuerdo, remitan copia certificada de las constancias con las cuales acredite el total cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, concedido para los siguientes efectos: "...En mérito de lo anterior, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco con residencia en esta ciudad, deberá: Realizar con la mayor celeridad posible, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los trámites conducentes y hacer uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para procurar la pronta, expedita y completa ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 57/2004 acumulado al 218/2005 de su índice, esto es, pague la cantidad de $907,752.38 (novecientos siete mil setecientos cincuenta y dos pesos 38/100 moneda nacional), por lo cual deberá adoptar las medidas necesarias y eficaces en la forma y términos que a su juicio sean procedentes para conseguir su cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco." Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Penales Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" Finalmente, debido a la voluminosidad del presente expediente en que se actúa, y a fin de facilitar su manejo, se ordena la apertura un nuevo tomo, el cual quedará identificado como Tomo II. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante oficio CJF/CAP/DGGJ/STG/4815/2022 de tres de los actuales, signado electrónicamente por el Secretario Técnico "A" de la Dirección General de Gestión Judicial, con sede en la Ciudad de México, se designó a Manuel Alfredo Gordillo Pérez, Coordinador Técnico Administrativo de este órgano jurisdiccional federal, para que tenga acceso al directorio de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil veintidós. Con motivo de lo anterior, con fundamento en los artículos 86, fracción XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 7 y 9, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA Y ADICIONA EL QUE REGULA LA INTEGRACIÓN DE LA LISTA DE PERSONAS QUE PUEDEN FUNGIR COMO PERITOS ANTE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LA INTEGRACIÓN DE LA LISTA, esta juzgadora designa a Daniel Alejandro Rodríguez Asencio, para que funja como perito en materia de contabilidad por parte de este juzgado. En ese contexto, con fundamento en el artículo 9, fracción IV, requiérase al precitado perito para que manifieste por escrito bajo protesta de decir verdad o en el acto de la notificación ante el actuario de este juzgado, si se encuentra en aptitud de prestar el auxilio y su conformidad con el "Arancel para el cálculo de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritas y peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación", aprobado por la Comisión de Administración del Concejo de la Judicatura Federal, correspondiente a la materia de su dictamen pericial. Asimismo, se le programa cita para que comparezca ante este órgano jurisdiccional a revisar las constancias relacionadas con el objeto de la prueba pericial de referencia, a fin de que determine el monto de sus honorarios de acuerdo con el aludido arancel. Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la hora y fecha en la cita agendada mediante el programa "Agenda OJ", será agregada al expediente para constancia y una copia será proporcionada al momento de la diligencia de la notificación, la cual contendrá un código QR, que deberá presentar al momento de ingresar al juzgado, así como una identificación oficial vigente. Se hace saber al referido perito que, una vez que haya revisado las constancias que servirán de base para el dictamen correspondiente, deberá presentar escrito con la precisión del monto de sus honorarios, mismos que deberán estar debidamente justificados, especificando circunstancias de tiempo, modo y lugar, las horas que empleará en la realización del dictamen pericial, el cual deberá ajustarse al arancel vigente. Finalmente, a efecto de realizar la notificación correspondiente, se instruye al actuario para que realice la consulta de datos de localización del domicilio del aludido perito, a través del Coordinador Técnico Administrativo de este juzgado, toda vez que se trata de información confidencial y deberá mantenerse en reserva. Notifíquese y personalmente al perito.

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