Melinna Gutierrez Contreras

Expediente 435/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
435/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
04/09/2019

Partes del expediente

  • Melinna Gutierrez Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de veinte de agosto de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, dejado en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve, por lista y por lista en una página electrónica al QUEJOSO que dice...Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por*** contra actos de la siguiente autoridad ? Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sección Ensenada. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 435/2019-VII-B. DESECHAMIENTO En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos se refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, a que haya certidumbre y plena convicción de que es operante. En el particular el promovente se duele del acto consistente en De la autoridad responsable ORDENADORA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: la omisión de llevar a cabo los trámites necesarios para la procedencia de mi solicitud presentada en fecha 01 de agosto de 2019, para ser miembro del SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA SECCION ENSENADA, solicitud que presente de acuerdo a los estatutos que rigen a esta responsable, quebrantando con dicha omisión lo dispuesto en el artículo 123 apartado B fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vulnerando a su vez los artículos 1 y 8 constitucional así como el artículo 5 de los estatutos que rigen a la responsable, el artículo 7 del pacto de San Salvador tratado internacional que respeta el artículo 133 constitucional y del cual es parte nuestro país. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 8 de la Constitución Federal, que dispone Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. De conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene el derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En ese sentido sí el gobernado estima que su derecho de petición ha sido infringido por la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición, causándole con ello un perjuicio o agravio, puede acudir al juicio de amparo, a efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado. No obstante, para instar la acción constitucional como presupuesto de procedencia, el promovente debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído. En otras palabras, para poder controvertir una omisión por parte de la autoridad responsable es menester que haya trascurrido el plazo que la ley dispone para dar contestación a las peticiones, y de no existir, se debe acudir al plazo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al definir qué debe entenderse por breve término, que es de cuatro meses a partir de la petición. De este modo, para determinar si una autoridad omite contestar una petición hecha por un gobernado en breve término, debe atenderse a la naturaleza de la petición que se le hace, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el acuerdo correspondiente. Ahora, en el caso el quejoso acudió a la instancia constitucional el dieciséis del presente mes y año, y de la lectura integral de la demanda, se advierte que se duele de la falta de respuesta a la solicitud de uno de agosto de dos mil diecinueve, que atribuye al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sección Ensenada. De ahí que no ha transcurrido un breve término o plazo razonable a efecto de que la autoridad responsable dé contestación a su petición, pues de la fecha en que presentó su solicitud (uno de agosto del presente año), a la fecha en que presentó la demanda de amparo (dieciséis de agosto de dos mil diecinueve), transcurrieron once días hábiles, sin contar el tres, cuatro, diez y once, todos del mes y año que transcurre, por ser inhábiles. Lo cual no justifica la procedencia del juicio de amparo, porque para darle respuesta a su petición, la autoridad responsable debe realizar una serie de trámites internos y hacerlo del conocimiento de la peticionaria mediante notificación. Y al no haber trascurrido un plazo razonable que convierta la abstención de la autoridad en responder en una vulneración de la esfera de derechos del gobernado, la demanda de amparo es notoriamente improcedente. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 41, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXXI, Tercera Parte, Sexta Época, registro 266384, que a la letra dice*** En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por***. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el domicilio que indica y autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia a Guillermo González Muñoz, Óscar Alberto Castillo Ramírez y Nuvia Hernández Madera, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, en términos del artículo 24 de la ley de la materia, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Lizzette Brunn Ayon, al no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a Iván Lucero Román y Esteban Lucero Crisci, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

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