Melina Inés Hernández Cano
Expediente 1039/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1039/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Melina Inés Hernández Cano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Apoderado legal del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, informando y remitiendo unas constancias en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dése vista a las partes para que en el término de tres días expresen lo que a su derecho convenga. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, el escrito de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del siete de septiembre de esta anualidad, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas. En ese sentido, se requiere a la Jefa de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acompañe las constancias necesarias en su apoyo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 267 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, respecto del escrito del autorizado de la parte quejosa, estese a lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del trece de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1039/2023-VI, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, (ISSEMYM) y otras autoridades, ante la presencia de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Acto continuo se acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar y por rendido el informe justificado. Periodo de pruebas. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas como pruebas las documentales que la parte quejosa ofreció en su escrito inicial, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza y que deberá tomarse en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. Sin más pruebas pendientes por desahogar se cierra este periodo. Periodo de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que las partes no los formularon; asimismo, el Secretario hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal no formuló pedimento. Se cierra este periodo. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional, de la que se levanta el acta para constancia legal. A continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo indirecto 1039/2023-VI; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado por ********************, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra una omisión del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, (ISSEMYM) y otras autoridades. II. Por auto del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado admitió a trámite la demanda, la registró con el número 1039/2023-VI, solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados no tienen ejecución, mismos que son atribuidos a una autoridad de carácter administrativo. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que de una revisión integral de la demanda, la parte quejosa reclama la falta de respuesta a la solicitud de aceptación de pago de pensión por jubilación, ingresada el treinta de mayo de dos mil veintitrés. TERCERO. El apoderado y representante legal de las autoridades responsables Director General y Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, negaron los actos reclamados, sin que el quejoso haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia 284 sustentada por el Pleno de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, página doscientos treinta y seis, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a dichas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. CUARTO. Es cierto el acto reclamado a la Jefa de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, toda vez que así lo manifestó su apoderado al rendir su informe justificado. Al respecto, resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, tomo XIII, página 775 y registro digital 811057, que a la letra se integra de la siguiente forma: "INFORME JUSTIFICADO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado". CUARTO. Las autoridades responsables refieren que el juicio de amparo es improcedente, dado que la quejosa no promovió juicio contencioso administrativo en contra del acto reclamado, previo a la presentación del juicio de amparo. Al respecto, dicha causa de improcedencia es infundada, dado que el quejoso no se encontraba obligado a agotar dicho medio de impugnación, ya que hace valer violaciones directas a la constitución. QUINTO. Se dan por reproducidos los conceptos de violación vertidos en la especie los cuales, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo en vigor, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos, de conformidad con lo que dispone la tesis jurisprudencial 477 publicada en las páginas 414 y 415, Segunda Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa aduce en esencia que la autoridad responsables ha omitido dar respuesta a su solicitud de aceptación de pensión para el pago de pensión por jubilación que le fue decretada previamente, presentada el treinta de mayo de dos mil veintitrés, no obstante que tiene la obligación de regular el régimen de seguridad social a su favor, no obstante de haber cumplido con los requisitos necesarios para obtener el pago de la pensión por jubilación, lo que considera transgrede en su perjuicio lo previsto entre otros numerales, lo establecido en los artículos 17 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), ambos de la Constitución Federal. El sintetizado concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, atento a las consideraciones que a continuación se exponen. En principio resulta pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deduce que los tribunales deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Asimismo, cabe señalar que respecto del cumplimiento del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se encuentran obligados a observarlo los tribunales judiciales formalmente instituidos, sino también las autoridades administrativas, que en el ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, tienen la obligación de emitir las resoluciones correspondientes en los procedimientos planteados ante tales autoridades, así como las autoridades en el ámbito de su competencia deben dar vigencia y efectividad a dichas resoluciones. Asimismo, debe precisarse que el derecho a la pensión, se encuentra consagrado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal; este precepto constitucional, no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que del mismo también deriva el principio constitucional de la previsión social, que se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida. Ahora bien, del contenido del Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tiene que conforme al número de estructura orgánica "207C0401520101L", publicada en la gaceta antes referida, corresponde al Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, entre otras funciones el calcular y determinar las cantidades a pagar para los pagos por primera vez por concepto de pensiones. Por lo que, atento a la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerarse que, como se aprecia de autos, la autoridad responsable ha omitido dar respuesta sobre el trámite derivado de la aceptación de pago pensión presentada el treinta de mayo de dos mil veintitrés, no obstante que, conforme a las funciones previstas en la legislación aplicable al caso y constancias que obran en autos, se advierte que obra el copia de la solicitud de aceptación de pensión para el pago de pensión por jubilación enderezada por la parte quejosa, aunado a la manifestación de certeza de la autoridad; y, de cuya documental, se advierte el sello de recibo ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sin que se encuentre acreditado que la autoridad responsable atendiera la solicitud que presentara la parte quejosa para su atención y respuesta correspondiente. Documental que no fue objetada en el presente juicio, a la que se le concede valor probatorio suficiente de acuerdo con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y a la que se otorgó valor probatorio, conforme lo expuesto en el considerando tercero; y, por tanto, que resulte idónea para tener por acreditado plenamente la solicitud de aceptación de pensión por jubilación, formulado por la parte quejosa. Por lo que, si la autoridad cuenta con diversas funciones, como lo es, el cálculo y determinación de pensiones, así como altas y bajas en la nómina de personas pensionadas, sin que al caso se advierta la determinación correspondiente al trámite otorgado a la solicitud enderezada por la parte quejosa, conforme a las constancias que obran en el presente sumario constitucional; resulta evidente que a la fecha en que este juzgado federal emite la presente sentencia, la autoridad responsable ha sido omisa en sus funciones, ya que conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente, el pago para la pensión respectiva, atiende al día siguiente en que cause baja el trabajador . Por ello, si la responsable no demostró de manera fehaciente haber realizado el pago de pensión a la parte quejosa previamente reconocido, no se dio cumplimiento a los derechos fundamentales establecidos en los artículos 17 y 123 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se estima que se vulneró en perjuicio de la aquí parte quejosa tales preceptos. Por tanto, si la parte quejosa no ha recibido respuesta alguna, ni la autoridad responsable ofreció algún medio de prueba para acreditar que realizó el trámite respectivo para la emisión de la resolución referente a la aceptación del pago de pensión, es evidente que la omisión reclamada lesiona el derecho a la seguridad social del promovente del amparo, por no hacer accesible este derecho a su favor, conforme al principio de eficacia material que le es propio. Es aplicable la tesis VI.1o.230 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 189, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables." En ese contexto, al estar en presencia de una abstención total de parte de la autoridad responsable, pues como se advirtió, ha omitido resolver lo conducente, retardando así el procedimiento tendente a obtener el pago de pensión en perjuicio de la parte quejosa, violando lo dispuesto por el artículo 17 y 123 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, como se adelantó, es esencialmente fundado el concepto de violación de la parte quejosa. En las relatadas condiciones, a fin de restituir a la agraviada en el goce de su derecho fundamental violado, conforme a lo que establece el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente determinación: - Se emita de forma inmediata la determinación con relación a la solicitud enderezada por la parte quejosa correspondiente a la aceptación de pensión por jubilación que previamente se haya decretado en favor de la quejosa y, proceda al pago de la pensión previamente decreta a su favor. -Así como, se haga del conocimiento dentro del término de tres días la resolución que al efecto se emita con relación a la solicitud de aceptación de pensión por jubilación que previamente se haya decretado en favor de la quejosa, por conducto de la Unidad de Atención al Derechohabiente en la que presentó tal solicitud. -Debiendo remitir a este Juzgado de Distrito las constancias que así lo acrediten lo ordenado en la presente sentencia. Finalmente, no pasa inadvertido para este juzgador que a la fecha aún transcurre el término otorgado con relación al informe justificado rendido en autos por la autoridad responsable, puesto que el postergar el dictado de la presente resolución a nada práctico llevaría, como es, el que transcurriera en su integridad dicho plazo, atento al sentido de la presente sentencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 77, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo por los motivos expuestos en el tercer considerando de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, para los efectos descritos en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase a la representante legal del Director General, del Jefe de Prestaciones y Seguridad Social, y de la Jefa del departamento de Pensiones, todos ellos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, rindiendo sus informes justificados; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con ellos dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Conforme a los numerales 9o. y 28 de la misma legislación, se tienen como delegadas a las personas que designan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Se tienen por autorizados los usuarios "**********" e "**********" para la consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que cuentan con el registro correspondiente. Se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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